La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, afirmó ante medios de comunicación que, antes de finalizar su administración municipal, sostuvo una reunión con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

La ex funcionaria destacó la buena relación que mantiene con Bonilla, señalando la importancia de tener vínculos sólidos en momentos críticos.

"Es importante tener una buena relación antes de los momentos catastróficos", expresó Caballero.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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El ingeniero Jorge Hank Rhon expresó "Este loco el pobre, pobre loquito", al ser cuestionado acerca de la reciente inhabilitación del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Baja California determinó que Bonilla no podrá desempeñar cargos públicos durante un período de tres años, tras hallarlo responsable de una falta administrativa grave. Esta decisión implica que el exmandatario, quien gobernó la entidad entre 2019 y 2021, está impedido de ocupar cualquier puesto en la función pública.

La inhabilitación surge a raíz de una denuncia formulada por la Secretaría Anticorrupción, que consideró que las acciones de Bonilla durante su gestión constituían una falta administrativa grave, motivo por el cual el caso fue remitido al TEJA para su resolución.

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Teresita Balderas Beltrán, Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, informó que el pasado 29 de noviembre se vinculó a proceso al ex Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del XXIV Ayuntamiento, Conrado ¨N¨. Este proceso se originó durante la administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de un software por más de 92 millones de pesos.

La sindica también señaló que están involucrados en este caso otros exfuncionarios, como el ex oficial mayor Marcelo de Jesús Machain Servín, el ex director de Tecnologías de la Información, Gabino Orrostieta Soto; el exconsejero jurídico del Ayuntamiento, Rodolfo Epifanio Adame Alba; y el ex Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento, Raymundo Vega Andrade, quien dejó su cargo dos meses antes de que finalizara la administración de Caballero Ramírez.

Balderas Beltrán precisó que en la audiencia de imputación, celebrada este martes, se determinará, según los resultados, si se les fincará el proceso penal a cada uno de los involucrados. 

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz expresó que el tema está siendo revisado por la Sindicatura, y que en este momento no puede emitir un posicionamiento oficial para respetar el esquema de las investigaciones en curso.

Cabe mencionar que el exfuncionario vinculado, Conrado ¨N¨, es sobrino del ex fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. Además, fungió como Secretario Particular de la Presidencia Municipal en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana y coordinador de Gabinete en la administración del ex alcalde Arturo González Cruz.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, por presuntos vínculos con crimen organizado, es un proceso que lleva varios meses y que la institución encargada es la autoridad federal, no la Fiscalía General del Estado (FGE). 

La mandataria afirmó que "aquí no es cacería de brujas", y destacó que la investigación que se sigue en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) responde a una denuncia formal recibida por la Fiscalía Federal.

Avila Olmeda puntualizó que la investigación está en una etapa inicial y que, dependiendo de los hallazgos que vaya arrojando, se determinarán los siguientes pasos. Aseguró que la FGR es una institución seria en materia de delincuencia organizada y que se respeta el proceso legal en curso.

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