La Cámara de Comercio de Tijuana (Canaco), a través de su presidente Olivaldo Paz, declaró que han solicitado en múltiples ocasiones una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), José Alejandro Avilés Amezcua, sin éxito hasta la fecha.

Los comerciantes denuncian que la extorsión por parte de elementos policiales sigue afectando la economía local y la imagen de la ciudad.

El Licenciado Esteban Capella, enlace ejecutivo de seguridad de Canaco Tijuana, informó que en aproximadamente seis ocasiones han solicitado un encuentro con las autoridades de seguridad, pero estas solicitudes han sido negadas en repetidas ocasiones.

Por su parte, el presidente Canaco, señaló que durante la campaña electoral y el actual mandato del alcalde Ismael Burgueño ha sido informado en varias reuniones sobre la problemática, la cual afecta principalmente a los turistas, quienes son víctimas de extorsiones por parte de algunos elementos de seguridad. 

Los representantes de Canaco reiteraron su petición al secretario de Seguridad Pública para que brinde el apoyo necesario y permitan la realización de una reunión con el titular de la dependencia.

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Eloína Gómez Morales, originaria de Chiapas, interpuso una denuncia formal en contra de Olivaldo Paz Gómez, con quien trabajó durante varios años en un centro cambiario ubicado en el bulevar Agua Caliente. 

La denuncia, presentada hace año y medio, involucra hechos de abuso sexual en una oficina del establecimiento. Sin embargo, la víctima afirma que las autoridades no han dado una atención adecuada a su caso, ya que cada vez que intenta denunciar amenazas relacionadas, le indican que no hay sistema para atender su situación y que regrese otro día, repitiendo esta misma respuesta en cada citación.

Eloína asegura que no solo ella ha sido víctima, sino que otras personas también han sufrido abusos por parte del mismo individuo. Además, denuncia que el presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) ha presumido de sus influencias y recursos económicos, señalando que puede pagar para que sus asuntos no sean esclarecidos, lo que, según ella, favorece al denunciado y obstaculiza la justicia. 

La afectada expresa su temor por su vida y solicita a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que revise su carpeta de investigación y garantice que se haga justicia.

Por su parte, Olivaldo Paz Gómez negó las acusaciones y calificó la denuncia como infundada. Reconoció que ha estado involucrado en diversos escándalos familiares, incluyendo el secuestro de su madre, y afirmó que esas situaciones solo buscan dañar su imagen. El empresario aseguró que no ha sido llamado a declarar por la Fiscalía General del Estado y que se declara inocente. 

Frente a su esposa, expresó sentirse apenado por el escándalo y reiteró su inocencia en medio de las acusaciones que pesan en su contra.

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expresó su postura tras la decisión de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana de separarse del organismo, asegurando que el manejo del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se ha realizado con total transparencia y en apego a los acuerdos históricos entre las cámaras empresariales.

En conferencia de prensa, el presidente del CCE Tijuana, Roberto Lyle Fritch, resaltó que, aunque respeta la decisión de Canaco, la unidad del sector empresarial debe prevalecer como eje fundamental para fortalecer la representación del sector productivo en la región. “Desde el CCE hemos sostenido que la unidad empresarial es clave, por lo que hacemos un llamado a analizar y reflexionar sobre esta decisión, pero respetamos su autonomía”, declaró.

El dirigente explicó que el SIEM es un instrumento público del Gobierno de México que recopila información empresarial y cuyo manejo fue asignado al CCE en 2011, a solicitud de las propias cámaras. Durante más de una década, este sistema ha operado sin controversias, distribuyendo recursos de manera transparente y conforme a un esquema previamente establecido y avalado por los organismos participantes.

Lyle Fritch detalló que los recursos generados por el sistema se distribuyen según los registros y giros empresariales de cada cámara, y que, en el caso de Canaco, se solicitó la documentación correspondiente para realizar la transferencia de recursos de este año, pero aún no se concreta, debido a diferencias en los montos que ha manifestado la propia cámara.

El presidente del CCE Tijuana mencionó que, tras las inconformidades de Canaco, se convocaron reuniones con todas las cámaras involucradas para buscar una solución consensuada, sin embargo, Canaco no asistió a los encuentros posteriores. Asimismo, informó que las demás cámaras ya han recibido su asignación de recursos.

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La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana anunció la ruptura de relaciones institucionales con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tras denunciar la retención indebida de recursos económicos correspondientes al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

El presidente de la Cámara, Olivaldo Paz Gómez, afirmó que el organismo ha documentado irregularidades en la captación, retención, administración y distribución de recursos por parte del CCE, fuera del marco legal establecido. Hasta el momento, señaló, no ha recibido respuesta alguna ante las solicitudes formales para la restitución de estos fondos.

“La decisión que hoy tomamos responde a hechos documentados. Los recursos del comercio organizado no pueden ser retenidos ni administrados fuera de la ley. Esto es un asunto de legalidad y responsabilidad institucional”, subrayó Paz Gómez.

El líder empresarial recordó que dichos recursos corresponden legalmente a las cámaras autorizadas por la Secretaría de Economía, por lo que su manejo fuera de ese marco constituye una grave irregularidad que requiere aclaración inmediata.

En respaldo a la decisión, el Consejo Directivo de Canaco Tijuana emitió comunicaciones oficiales en las que advierte que estas prácticas contravienen los reglamentos del SIEM, así como los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir a los organismos empresariales.

La Cámara informó que estableció un plazo máximo de 24 horas para la entrega de los recursos correspondientes al primer trimestre de 2026. Dicho plazo ya fue cumplido, y de no hacerse la devolución, se procederá mediante las vías legales correspondientes para salvaguardar los intereses del comercio organizado.

Canaco Tijuana aclaró que esta determinación no obedece a un conflicto personal, sino a una decisión institucional motivada por el incumplimiento y la necesidad de garantizar certeza jurídica al sector empresarial de la región.

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El Senador del Grupo Parlamentario del PAN, Max García hizo uso de la tribuna para mostrar su preocupación por el decrecimiento económico que registra Baja California y solicitar a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, su intervención para evitar que esto siga sucediendo.

“Hoy en Baja California, tenemos 42 mil 556 empresas que se han dado de baja en el seguro social en los últimos 4 años, un promedio de 820 empresas que de manera mensual cierran sus operaciones, lo que significa 50 mil empleos menos y 3 millones de metros cuadrados de naves industriales vacíos”, señaló el Senador.

Por ello, dijo que la industria restaurantera, el comercio y todos los sectores productivos en Baja California muestran una tendencia a la baja, lo que debe de ser

“Solicitamos al Ejecutivo Federal, a la Gobernadora del Estado y al alcalde de Tijuana que se implementen medidas extraordinarias de incentivos que puedan beneficiar a la economía de nuestro Estado, además que la región está seriamente siendo afectada por algunas políticas públicas, pero sobre todo por la inseguridad, la delincuencia y la extorsión”

En este sentido, resaltó que desgraciadamente algunas autoridades locales son parte de esta terrible práctica de extorsión tanto a negocios, fábricas, empresas, restaurantes, impactando en su cierre, turismo e imagen de la ciudad.

“Solicitamos desde esta tribuna al alcalde, Ismael Burgueño que atienda de manera inmediata esta situación y aquellos funcionarios públicos que se están viendo involucrados en actos delictivos que tanto perjudican en la imagen y que han sido un detonante para el cierre de empresas en la ciudad”, finalizó.

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Esta mañana, un grupo de aproximadamente 30 viudas, se congregaron en la explanada de Palacio Municipal para exigir el cumplimiento de sus derechos, específicamente la pensión por viudez y el acceso a servicios médicos.

La señora María de Lourdes Santana Ruiz, explicó que en agosto del año pasado participaron en una mesa de trabajo en el Palacio Municipal, donde se abordó la creación de un fideicomiso destinado a otorgar pensiones a las viudas. Sin embargo, hasta la fecha, estas promesas no se han materializado, y algunas mujeres llevan más de 20 años esperando que se les otorgue la pensión, lo que las ha dejado en situación de total desamparo.

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Además, señaló que le entregaron al alcalde Ismael Burgueño unos acuerdos que supuestamente se firmaron en la mesa de trabajo, pero aseguran desconocer si estos han sido revisados o si han tenido algún avance, ya que sus peticiones siguen sin resolverse.

El grupo de viudas, junto con policías jubilados, también llevó a cabo la manifestación durante el acto cívico con motivo del Día de la Bandera, en la misma explanada. En ese momento, encararon al alcalde, con cartulinas en las que expresaban sus demandas. 

Al término del evento, en varias ocasiones le gritaron "mentiroso", a lo que el alcalde respondió solicitando respeto y prometiendo analizar su caso de manera individual. Además, invitó a las manifestantes a pasar a las oficinas del gobierno municipal para tratar sus peticiones.

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