Denuncian violencia institucional y negligencia en caso de víctima de abuso
Integrantes del Colectivo CESODI se congregaron frente a los juzgados familiares de Tijuana para denunciar la creciente violencia institucional, el abandono y la revictimización que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales, específicamente en el caso de la menor “Aranza” y su madre, Marlene Padilla.
La madre de la menor expresó su profunda preocupación y tristeza ante lo que calificó como un grave fallo del sistema judicial: “Desde que mi hija tenía tres años, hemos denunciado el abuso por parte del padre, pero la justicia no ha protegido a mi hija. Hoy, ella vive con miedo y en peligro, y la justicia parece favorecer al agresor”.
Por su parte, Shamanta Yunuel Sesma Valdez, cofundadora de CESODI, señaló que el pasado 28 de julio, la familia fue revictimizada por funcionarios judiciales, en particular por el actuario Oscar Ledezma, quien mostró un trato prepotente y una actitud que, desde su perspectiva, refleja una falta de perspectiva de género y protección infantil en el proceso.
La madre de Aranza lamentó que, en medio de denuncias penales y familiares desde hace años, la justicia haya fallado en proteger a la víctima, permitiendo que el agresor siga en libertad. “No es justo que la justicia proteja al agresor y que mi hija siga viviendo con miedo, siendo víctima de violencia física y sexual, mientras que la justicia parece haberle dado la espalda”, afirmó.
CESODI también recordó que desde hace tiempo han solicitado la creación de salas especializadas para atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, pero hasta ahora no han recibido respuesta, evidenciando la falta de interés de las autoridades en proteger a la infancia.
Finalmente, anunciaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja ante las omisiones en las investigaciones y la falta de protección efectiva para “Aranza”. La denuncia busca no solo justicia para la menor, sino también llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las prácticas judiciales que garantice la protección infantil y los derechos de las víctimas.
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