La Fiscalía General de la República (FGR) podría emitir una orden de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, en el marco de una investigación que involucra a más de 200 órdenes de captura dirigidas a agentes aduanales, empresarios, personal militar y funcionarios relacionados con el ingreso ilegal de combustibles al país.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su opinión respecto a las acciones del gobierno federal. En entrevista, señaló que "la estrategia que está llevando a cabo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este asunto es muy importante", y afirmó que el sábado pasado revisaron las investigaciones y las órdenes de aprehensión giradas. La mandataria aseguró que estarán muy atentas a las determinaciones de las autoridades federales, incluso si involucran a un exgobernador del PAN en el estado.

Por su parte, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, indicó en conferencia de prensa que el tema corresponde a una investigación federal y que su dependencia está atenta a cualquier requerimiento de las autoridades federales. Aunque su función se limita a la coordinación en temas locales, reconoció que, en caso de que la orden de captura se ejecute en Baja California, la fiscalía participaría en la detención si así lo solicitan las autoridades federales.

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El diputado federal César Damián Retes declaró que, de no haberse filtrado los audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exgobernador del estado, Ernesto Ruffo Appel, actualmente detenido, no estaría en esa situación. 

Retes afirmó que a Ruffo Appel le han negado su derecho a una audiencia pública, una de las principales transformaciones en materia de justicia, y que además fue sometido a un juicio sumario en la conferencia matutina del gobierno federal.

El legislador expresó su preocupación por la falta de respuestas de la presidenta, señalando que, en el caso de Ruffo Appel, sí hubo una reacción contundente que lo declaró culpable, violando así la presunción de inocencia y el debido proceso legal. 

Retes lamentó que estas acciones puedan considerarse una vulneración de derechos fundamentales y llamó a respetar los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia en todos los casos.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, manifestó que Baja California está perdiendo debido al conflicto entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez. Consideró que estas disputas distraen la atención de los asuntos que realmente importan para la entidad.  

Caballero Ramírez señaló que sería recomendable que ambos actores políticos avancen y dejen de lado estos temas, aunque reconoció que no está en sus manos decidirlo. 

Además, expresó la necesidad de darle un nuevo rumbo a la política en Baja California, señalando que el conflicto se diera hasta 2027 y que, en ese momento, se sabrá quién tiene la razón. Sin embargo, aclaró que no le gustaría que esta situación divida aún más a los bajacalifornianos.  

Finalmente, la ex alcaldesa expresó su deseo de ser una pieza para fomentar la cordialidad entre la gobernadora y el ex gobernador y que, si dependiera de ella, sería esa figura de cambio por el bien de los californianos.

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El diputado federal con licencia, Fernando Castro Trenti, afirmó que durante el mandato del exgobernador Ernesto Ruffo Appel se cometieron diversas irregularidades, incluyendo casos de robo de elecciones y la presencia de su familia con vínculos a hechos delictivos. 

Enfatizó que, en su opinión, no es lo mismo que a un funcionario le quiten la visa que estar sujeto a un proceso por huachicol fiscal.

El ahora aspirante a la gubernatura por Morena recordó una situación concreta relacionada con el hermano del exfuncionario, Claudia Ruffo Appel, quien se convirtió en un problema grave en los noventas y una historia que, según él, "le llegó el tiempo a la familia resolver". Además, aseguró que el exmandatario tendrá que rendir cuentas por sus vínculos, razones y motivos.

"No prejuzgo, les toca, no se les desea nada mal a nadie", expresó el ex priista, dejando en claro que su intención no es emitir juicios definitivos, sino que las autoridades correspondientes sean quienes determinen las responsabilidades.

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En una rueda de prensa convocada por 15 ex gobernadores de la oposición, los exfuncionarios señalaron su profunda preocupación por la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como un preso político. Los ex mandatarios manifestaron su inconformidad y lamentaron que este tipo de acciones puedan poner en jaque la estabilidad democrática del país.

Durante la conferencia de prensa, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, afirmó que México atraviesa por un momento de gran fractura social y que la economía no crece de manera adecuada. Señaló que la corrupción ha drenado cientos de millones de pesos en bolsillos de quienes han dirigido tanto el país como diversos estados, mientras la inseguridad continúa siendo un problema persistente bajo el gobierno de Morena.

Cárdenas expresó que, aunque respetan la ley, la narrativa del líder de Morena, quien ha declarado que la ley es la ley, está contribuyendo a que el país se desmorone. Enfatizó que hoy es Ernesto Ruffo, pero mañana puede ser cualquiera que le inventen una acusación y caiga en la cárcel.

Los ex gobernadores coincidieron en que este proceso judicial está elevando el costo y el riesgo de ser oposición en México. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse amedrentar y a dar un paso adelante en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Asimismo, recordaron que ellos fueron partícipes de una transición ejemplar, sin violencia ni revolución armada, logrando un cambio de régimen desde la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha llevado a proceso a ocho personas posiblemente vinculadas con una red de contrabando de hidrocarburos, en el marco de una investigación de alta complejidad.

La Fiscalía expuso datos de prueba sólidos que sustentaron la vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto "N", así como de Ricardo "N" y José "N", por su posible participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además, Juan "N" y Luis "N" enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María "N", Guillermo "N" y Adriana "N" fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que retrasó la resolución definitiva. Sin embargo, el juez otorgó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva oficiosa en diferentes centros penitenciarios: para Ernesto "N", José "N", Ricardo "N", Juan "N" y Luis "N" en el CEFERESO 1 Altiplano; para Guillermo "N" y José María "N" en sus domicilios; y para Adriana "N", en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resultado de una investigación que revela operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. La investigación indica que estos individuos participaban en un esquema de contrabando de hidrocarburos, que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, reportando menos de lo transportado o disfrazando el producto para evadir impuestos.

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