Laura Luisa Mendoza Corpus, jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal de San Quintín, afirmó que durante la comparecencia del 5 de noviembre se presentó información sin sustento y se omitió el procedimiento previsto en el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Durante la sesión, la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez exhibió un documento que fue señalado como una factura por $674,209.50 correspondiente a flores de temporada. Mendoza Corpus sostuvo que el documento no corresponde a una factura ni a un pago realizado, sino a una solicitud interna dirigida a Oficialía Mayor para trámite administrativo, sin que exista erogación.

La funcionaria indicó que, conforme al Artículo 95 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los titulares de dependencias cuentan con un plazo de tres a diez días hábiles a partir de la notificación para remitir la información solicitada a los integrantes del Ayuntamiento para su análisis. 

Señaló que dicho plazo no fue otorgado previo a la exhibición pública del documento, lo que constituyó una violación al procedimiento legal aplicable.

Mendoza Corpus expuso que la difusión de documentos sin verificación previa impide el desarrollo adecuado de la glosa del informe y provoca conclusiones anticipadas sin los elementos establecidos por la norma.

Sostuvo que la falta de observancia del procedimiento establecido limita el derecho de los funcionarios a entregar la información en los tiempos legales y genera distorsiones en el análisis de los asuntos públicos.

El Gobierno Municipal de San Quintín reiteró que la información exhibida es incorrecta y que no existe registro de gasto derivado del documento presentado.

La administración municipal afirmó que continuará proporcionando información oficial conforme a los mecanismos previstos en el reglamento y que los procesos de revisión deberán mantenerse dentro de los plazos y formalidades establecidos.

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San Quintín enfrenta una carrera contra el tiempo para atender alrededor de 4 mil 600 expedientes de familias que podrán avanzar en la regularización de su patrimonio, como parte de las acciones vinculadas al Plan de Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló la alcaldesa Miriam Cano Núñez.

La presidenta municipal afirmó que el reto obliga al Ayuntamiento a fortalecer su capacidad operativa, particularmente en la Dirección de Administración Urbana, que actualmente cuenta con siete personas para atender un municipio de más de 32 mil kilómetros cuadrados y una población cercana a 180 mil habitantes.

“Claudia Sheinbaum decidió enfrentar un rezago que San Quintín arrastra desde hace décadas. La Federación está avanzando y a nosotros nos corresponde estar preparados para hacer nuestra parte. No podemos permitir que el Ayuntamiento se convierta en el cuello de botella de un proceso que puede cambiar la vida de miles de familias”, expresó.

Cano Núñez explicó que la dimensión del desafío puede entenderse con números: 4 mil 600 expedientes entre siete trabajadores representan alrededor de 657 por persona. Del 11 de agosto al 31 de diciembre quedan poco más de 100 días de lunes a viernes, lo que exigiría procesar más de seis expedientes diarios por trabajador, aun cuando la Dirección debe continuar atendiendo sus responsabilidades ordinarias.

“Y no estamos hablando de poner un sello. Hay expedientes que requieren revisión de antecedentes, inspección, trabajo de campo, levantamientos, integración documental y dictámenes técnicos. No es un argumento político, es aritmética”, sostuvo.

La alcaldesa señaló que la regularización representa el punto de partida para romper un rezago histórico, al generar certeza jurídica sobre la tierra y mejores condiciones para avanzar en ordenamiento territorial, infraestructura, servicios y patrimonio familiar.

“Durante años hemos vivido un círculo vicioso: irregularidad, incertidumbre, falta de ordenamiento y rezago. La visión de la Presidenta es comenzar a convertirlo en un círculo virtuoso de certeza jurídica, desarrollo, servicios y bienestar”, indicó.

Cano Núñez sostuvo que el fortalecimiento municipal deberá ser transparente, justificable y sujeto a resultados, pero advirtió que mantener una estructura insuficiente frente al volumen de trabajo también tendría consecuencias.

“No pedimos cheques en blanco. Cada peso debe justificarse y cada resultado debe medirse. Pero quien considere que siete personas pueden enfrentar este reto también tiene que explicar cómo”, puntualizó.

La presidenta municipal adelantó que el objetivo es avanzar antes de la próxima visita de Claudia Sheinbaum a San Quintín y presentar resultados concretos a las familias.

“Cuando la Presidenta regrese, queremos recibirla con resultados, no con explicaciones. Son 4 mil 600 familias contra reloj y San Quintín tiene que estar a la altura.”

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La presidenta municipal de Miriam Cano Núñez afirmó que la no aprobación de recursos para un programa destinado a los trabajos técnicos de regularización de la tenencia de la tierra mantiene a amplios sectores de San Quintín fuera del acceso a servicios básicos, al no contar con certeza jurídica sobre los predios.

Indicó que el Ayuntamiento mantiene respeto al ejercicio de los regidores en el Cabildo, pero hizo un llamado a la revisión del tema en comisiones, al señalar que la regularización territorial es un componente necesario para el desarrollo del municipio.

Explicó que San Quintín presenta una alta proporción de asentamientos irregulares, derivados de procesos históricos de ocupación de suelo sin acompañamiento institucional, lo que ha generado colonias sin registro catastral ni delimitación oficial.

Señaló que esta condición impide la inversión pública en infraestructura básica, ya que la normatividad prohíbe destinar recursos en predios sin certeza jurídica, lo que limita proyectos de electrificación, agua potable y equipamiento urbano.

Detalló que la administración municipal impulsó la creación de un programa específico para financiar trabajos técnicos de campo y acciones jurídicas enfocadas en la regularización de la tenencia de la tierra.

Precisó que no se trata de una asesoría individual, sino de un esquema operativo que contempla personal especializado para la delimitación territorial, levantamiento de información y resolución de conflictos de propiedad, conforme a las condiciones particulares de cada colonia.

Agregó que el programa fue turnado a comisiones para su análisis, luego de que no se aprobara su discusión como asunto de urgente resolución, por lo que será revisado en instancias como Hacienda, Infraestructura y Bienestar.

La alcaldesa expuso que el municipio trabaja de manera coordinada con instancias federales y estatales, como la Secretaría Agraria y organismos inmobiliarios, pero señaló que la capacidad operativa resulta insuficiente ante la dimensión territorial de San Quintín.

Advirtió que la falta de regularización también afecta la ejecución de programas federales, al no poder asignar terrenos para infraestructura educativa, centros de atención infantil u otros proyectos sociales por la ausencia de certeza legal.

Indicó que existen casos de escuelas asentadas en predios irregulares, así como colonias que no aparecen en registros oficiales, lo que complica su incorporación a esquemas de inversión pública.

Mencionó que el proceso requiere trabajo directo en territorio, con levantamientos físicos, identificación de límites y diálogo con habitantes, debido a que cada colonia presenta condiciones jurídicas distintas.

Finalmente, sostuvo que detener o retrasar la implementación de este programa implica mantener a sectores de la población sin acceso a servicios básicos, al reiterar que sin regularización no es posible ejecutar obras públicas en apego a la ley.

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La presidenta municipal Miriam Cano Núñez informó que su administración consolidó una coordinación estratégica con la Secretaría de Turismo de Baja California para impulsar una agenda turística común, con objetivos, prioridades y mecanismos de gestión compartidos.

La alcaldesa destacó la cooperación directa con el secretario Miguel Ángel Badiola Montaño, con quien —dijo— se estableció una visión conjunta orientada a detonar el potencial del municipio mediante una misión integral que articule infraestructura, promoción y fortalecimiento del capital humano del sector.

Cano Núñez precisó que el trabajo coordinado prioriza el mejoramiento de la imagen urbana y la rehabilitación de vialidades y accesos a zonas con vocación turística, como acciones base para fortalecer la conectividad y la experiencia del visitante en un territorio de amplia extensión.

Añadió que se acordó avanzar en programas de capacitación y certificación para prestadores de servicios, con el objetivo de elevar estándares operativos y alinear la oferta local a criterios estatales y nacionales de calidad.

La presidenta municipal señaló que otro componente de la misión integral es la estructuración de proyectos técnicos que permitan gestionar fondos estatales, enfocados en infraestructura turística con impacto directo en la actividad económica y el empleo local.

En materia de posicionamiento, indicó que se trabaja con la Secretaría de Turismo en estrategias de promoción que proyecten a San Quintín en mercados nacionales e internacionales, comunicando una identidad clara y una oferta basada en naturaleza, producción, gastronomía y experiencias de amplio alcance territorial.

En la reunión de trabajo participaron también la subsecretaria de Turismo del Estado, Martha Inés Domínguez Uscanga; el director de Turismo Municipal, Alfredo Ortega; representantes de la Promotora Turística de San Quintín A.C., y el subdelegado estatal de Turismo, Ramón Villavicencio.

Finalmente, Miriam Cano afirmó que la coordinación interinstitucional con Sectur BC se mantendrá como eje permanente de gestión, al considerar al turismo como un instrumento para diversificar la economía, fortalecer la cadena de valor y generar resultados medibles para el municipio.

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El Primer Ayuntamiento de San Quintín acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California para intentar presentar una denuncia por el impedimento de acceso a instalaciones públicas, daños materiales y afectaciones operativas derivadas de las manifestaciones.

En el lugar, autoridades municipales expresaron gran preocupación, al confirmar que es la segunda ocasión en que la Fiscalía se niega a recibir la denuncia, situación que —advirtieron— vulnera el estado de derecho y coloca al Ayuntamiento en una posición de riesgo legal al impedirle cumplir con sus obligaciones formales.

Carlos Andrés Sánchez Luna, Director de Asuntos Jurídicos del municipio, informó que la querella se presenta “contra quien resulte responsable”, para que sea la autoridad ministerial quien realice los actos de investigación correspondientes, mientras el Ayuntamiento cumple con el debido proceso y evita incurrir en omisiones.

El funcionario explicó que los hechos incluyen el bloqueo del ingreso del personal a laborar, cambios de chapas, daños en oficinas y restricciones para que ciudadanos realicen trámites y pagos, lo que ha generado afectaciones administrativas y financieras al gobierno municipal.

Precisó que ya existen impactos directos en áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos y Administración Urbana, además de procesos relacionados con permisos, liberación de vehículos y atención a contribuyentes.

Indicó que la falta de recaudación puede derivar en dificultades para cubrir compromisos operativos, pagos a proveedores y obligaciones laborales, escenario que ya fue advertido públicamente por la alcaldía.

Sánchez Luna sostuvo que la instrucción institucional es documentar los hechos y respetar el debido proceso, ya que no actuar podría configurar responsabilidades legales para los servidores públicos, motivo por el cual se insiste en formalizar las denuncias.

Agregó que existen reportes sobre accesos abiertos durante la noche, posibles pérdidas de documentación y material audiovisual difundido en redes sociales, información que también está siendo canalizada a sindicatura como parte de los reportes internos.

Recordó que, durante una visita reciente a la región, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no habría acciones contra manifestantes; sin embargo, el Ayuntamiento aclaró que su comparecencia ante la Fiscalía responde exclusivamente al cumplimiento de sus responsabilidades legales.

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José Plascencia Galindo, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, hizo un llamado a que las manifestaciones en San Quintín, dejen de bloquear la carretera Transpeninsular, al señalar impactos directos en la competitividad de Baja California.

El dirigente expuso que el cierre intermitente o prolongado de la principal vía de comunicación trastoca el libre tránsito de personas y mercancías, con efectos inmediatos en la operación de empresas, cadenas de suministro y servicios esenciales.

Indicó que la competitividad estatal depende, entre otros factores, de la conectividad logística y la certeza operativa. Refirió que indicadores nacionales de competitividad consideran la infraestructura, la movilidad y el estado de derecho como variables que influyen en la atracción y permanencia de proyectos productivos.

Añadió que cuando se afecta la movilidad, la evaluación de riesgo para invertir se incrementa. Esto, dijo, se refleja en decisiones de posposición o cancelación de inversiones, así como en mayores costos para la actividad económica regional.

Plascencia Galindo sostuvo que Baja California debe ser un estado donde la ley se cumpla y se salvaguarden los derechos de todas las personas, incluido el derecho al libre tránsito, al trabajo y al acceso a bienes y servicios.

Subrayó que no es viable proteger los derechos de un grupo cuando, con ello, se vulneran los derechos de cientos de miles de ciudadanos que dependen de la carretera para trasladarse, producir, comerciar o recibir atención.

Desde el sector construcción, explicó, los bloqueos impactan obras públicas y privadas, tiempos de entrega, suministro de materiales y empleo, con efectos acumulativos en la productividad estatal.

Finalmente, el presidente de Comice llamó a la paz, la reconciliación y al desarrollo productivo de Baja California, al considerar que la base para avanzar es garantizar los derechos de todos mediante el respeto a la legalidad y el restablecimiento del tránsito en la entidad.

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