La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, expresó su preocupación por la situación de seguridad en Tijuana, responsabilizando tanto al Ayuntamiento como al gobierno estatal por el estado de abandono en que se encuentra la corporación policiaca. Desde 2018, señaló, a los municipios se les retiraron recursos federales destinados específicamente a la protección policial, lo que ha afectado la adquisición de mejores equipos, patrullas y salarios dignos para los policías.

Mata Lozano afirmó que esta falta de recursos ha contribuido a que las corporaciones se encuentren en condiciones precarias, lo cual, según ella, genera un ambiente propicio para actos de corrupción. Sin embargo, aclaró que esto no exime a los oficiales de su responsabilidad de cumplir con su trabajo de manera adecuada. 

La dirigente panista advirtió que los policías están siendo exhibidos por actos delictivos, pero culpó a la administración municipal y estatal por no brindarles las condiciones necesarias para desempeñar su labor.

“Responsabilizo al Ayuntamiento de Tijuana y al gobierno porque están en un abandono total, hay una ausencia de autoridad y apoyo. Ni siquiera somos de los municipios con los mejores salarios para los policías; por ejemplo, en Yucatán tienen mejores condiciones”, subrayó.

Mata Lozano destacó la importancia de Tijuana como la ciudad que responde primero en emergencias y aseguró que la falta de chalecos antibalas en buen estado, patrullas nuevas y armamento adecuado representan una grave falta de gobierno y un desorden total.

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La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, expresó que, en su opinión, las dirigencias de Morena se respaldan en encuestas que ella califica como "pago por evento", pagadas por ellos mismos para crear una percepción que, asegura, no corresponde con la realidad actual en Baja California.

Mata Lozano destacó que los bajacalifornianos somos ciudadanos democráticos y que, con una pluralidad constante, hemos ejercido nuestro derecho al voto de manera diversa. Señaló que en las urnas, los ciudadanos han dado su apoyo tanto a los gobiernos en turno como a las causas ciudadanas, y que el Partido Acción Nacional ha sido parte activa en esa participación.

"Creo que en el 2027 va a haber sorpresas y, sobre todo, sorpresas democráticas y de exigencia, porque hoy la gente está observando, señalando, alzando la voz y, por supuesto, el 'carro completo' que ellos llaman en 2027 no va a suceder", expresó Lizbeth Mata.

Refirió que la realidad será la que prevalezca en la voluntad de la ciudadanía, quien tendrá la responsabilidad de acudir a votar en ese año y de levantar la voz para exigir cambios. Señaló que las circunstancias han cambiado, pues los ciudadanos ya no creen en la narrativa de austeridad y honestidad que Morena prometió, y que, en su opinión, esa narrativa ha sido incumplida. 

Mata Lozano también criticó la supuesta corrupción y el enriquecimiento de algunos funcionarios, ejemplificando con la alcaldesa de Ensenada, a quien acusó de vivir ahora en un hotel de lujo, tras pasar de no tener nada a ser millonaria.

En conclusión, la líder panista afirmó que en 2027 se vivirán momentos de cambio y que la ciudadanía demostrará su fuerza y voluntad democrática para definir el rumbo del estado y del país.

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Tras la intoxicación de más de 200 niños en diversas escuelas primarias de Tijuana, la dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, manifestó su preocupación y criticó la gestión del programa "Pancita Llena Corazón Contento". 

La líder partidista señaló que, pese a la millonaria inversión en el proyecto, no se aseguraron las medidas necesarias para proteger la salud de los menores.

Mata afirmó que la situación revela una grave irresponsabilidad por parte de las autoridades, y advirtió que, además de ser un asunto de salud pública, existen indicios claros de corrupción en el manejo del programa. La dirigente criticó que el gobierno estatal, liderado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya promovido el programa con tanto énfasis, pero ahora esté enfrentando señalamientos por irregularidades y negligencias que pudieron haber puesto en riesgo la vida de los niños.

Asimismo, expresó su preocupación por la opacidad en el proceso de contratación y suministro de los alimentos, señalando que la empresa responsable recibe aproximadamente 2 millones de pesos diarios y que, debido a la eliminación de mecanismos de transparencia, es difícil obtener información clara sobre cómo se manejan estos recursos. La dirigente anunció que están en búsqueda de aliados y que preparan acciones jurídicas para investigar a fondo el caso y determinar responsabilidades.

A pesar de que en esta ocasión no se reportan muertes, Mata advirtió que la situación pudo haber sido mucho peor y que la gravedad de la intoxicación requiere una respuesta inmediata y responsable. Consideró que el acto de negligencia y posible corrupción en el suministro de alimentos a los niños refleja una gestión deficiente y una falta de compromiso con la protección de los derechos y la salud de los menores.

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El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echeverría acusó a la Fiscalía General de Baja California de falta de transparencia y de un grave rezago en la atención a delitos en la entidad. Durante una rueda de prensa, Echeverría manifestó que cuestionó a la fiscal sobre el número oficial de desaparecidos en la región, específicamente hasta febrero de este año. Sin embargo, la fiscalía se reservó esa información por un período de cinco años, negándose a hacerla pública, lo que generó preocupación en el legislador.

El diputado relató que, ante su pregunta, la fiscal afirmó no tener datos precisos y que, en lugar de ello, solicitó que el Partido Acción Nacional (PAN) compartiera con ellos la información. Además, invitó a los representantes del partido a una reunión privada, situación que, según Echeverría, generó incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del organismo.

Echeverría no solo criticó la opacidad, sino también el desempeño de la fiscalía en términos de eficiencia y costos. Señaló que la Fiscalía General del Estado de Baja California es la séptima más costosa del país y, al mismo tiempo, una de las de peor rendimiento en resultados. Además, resaltó que ocupa el cuarto lugar en eficiencia a nivel nacional, y que en primer lugar en incumplimiento de órdenes judiciales, con un total de 363,148 órdenes de aprehensión y otras comparecencias que no se han cumplido en la entidad.

El legislador también abordó el alarmante rezago en la investigación de denuncias. De aproximadamente 115,000 denuncias que se presentan en Baja California, solo se investigan alrededor de 20,000, dejando un gran número sin respuesta.

Entre los casos más preocupantes, Echeverría destacó las altas tasas de impunidad en delitos como

• Narcomenudeo (97%)
• Extorsión (94%)
• Violencia familiar (97%)
• Violación (89%)

Asimismo, lamentó que, desde 2023, de los 2,389 homicidios registrados, solo 618 hayan sido procesados ante los juzgados, y de estos, apenas 18 hayan recibido sentencia.

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Tras el asesinato del subcomandante de la zona del Valle de Mexicali, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció para señalar que este hecho refleja la grave situación que enfrenta Baja California en materia de seguridad. 

La presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, expresó que este crimen es solo una muestra de los problemas que enfrentan los municipios de la entidad, caracterizados por una rotación constante en los mandos policiales y la ausencia de un plan estratégico claro para combatir la inseguridad. Además, criticó las cifras oficiales que indican una disminución en delitos y homicidios, señalando que esas estadísticas son engañosas y no reflejan la realidad que viven los habitantes día a día.

Mata Lozano resaltó que la ciudadanía exige resultados concretos en seguridad y salud, y que las autoridades deben actuar con mayor responsabilidad. Recordó las recientes manifestaciones, como la protesta en la inauguración de un hospital en Ensenada y la trágica muerte de una menor en San Quintín, hechos que evidencian la grave crisis en estos sectores y la necesidad de atención urgente por parte de las autoridades.

El senador Gustavo Sánchez también se pronunció respecto a la problemática, indicando que la oposición ha sido responsable en sus advertencias, ya que desde hace años han señalado el deterioro en estos ámbitos. Explicó que, aunque no tienen la mayoría en el Senado, han mantenido una postura firme y han alzado la voz para denunciar la falta de acciones por parte del gobierno federal y estatal en materia de seguridad y salud.

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La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata, declaró que llevan 25 días atravesando una crisis política en el estado tras la revocación de visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entre las acciones que han exigido, destaca la salida de su esposo, Carlos Torres Torres, quien manejaba millones de pesos del erario público. 

Además, solicitó que la gobernadora Marina del Pilar deje de participar en las mesas de seguridad, argumentando que, a la fecha, no se han obtenido resultados concretos, principalmente por los temas relacionados con lavado de dinero y casos de corrupción investigados por el gobierno de Estados Unidos.

En respuesta a esta situación, el PAN solicitó información a la cancillería mexicana sobre el caso, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum desconocía las razones por las cuales se le retiró la visa. Hasta el momento, no han recibido respuesta oficial del gobierno mexicano, y señalaron que también harán gestiones ante las autoridades estadounidenses para esclarecer la situación.

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