En un video difundido en medios de comunicación y redes sociales, el empresario agrícola de San Quintín, Carlos Hafen López, solicitó la intervención inmediata del gobierno federal ante los bloqueos que desde hace una semana mantienen cerrado el único acceso carretero de la península, al advertir que la situación podría escalar a un conflicto social similar al registrado en 2015.

Señaló que miles de jornaleros y sus familias se han visto afectados en su derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso diario, y que existe un creciente nivel de inconformidad entre este sector, cuyos integrantes han expresado su disposición a movilizarse para liberar las vías de comunicación si no hay una respuesta institucional.

En un mensaje dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a senadores y diputados federales, Hafen López afirmó que los cierres son realizados por un grupo reducido de personas que mantiene interrumpida una vía estratégica para la movilidad de toda la península.

Indicó que el cierre carretero afecta no solo al municipio de San Quintín, sino también a Baja California Sur, al impedir el paso de mercancías, transporte público y suministros esenciales, con impacto directo en la actividad agrícola y comercial.

El empresario explicó que trabajadores jornaleros han perdido jornadas laborales completas, han sido regresados de sus centros de trabajo o han tenido que caminar varios kilómetros para regresar a sus hogares, al no permitírseles el paso vehicular.

Añadió que los productores agrícolas enfrentan incumplimientos contractuales y pérdidas económicas por cosechas que permanecen detenidas en el campo, en cuartos fríos o en unidades de transporte, debido a la falta de circulación.

Hafen López recordó que en 2015 un conflicto social en la región derivó en enfrentamientos y personas lesionadas, y señaló que la repetición de un escenario similar representa un riesgo si no se restablece la gobernabilidad.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales para atender de manera inmediata la problemática, restablecer el tránsito y evitar que el conflicto escale a un escenario de confrontación social en San Quintín.

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José Plascencia Galindo, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, hizo un llamado a que las manifestaciones en San Quintín, dejen de bloquear la carretera Transpeninsular, al señalar impactos directos en la competitividad de Baja California.

El dirigente expuso que el cierre intermitente o prolongado de la principal vía de comunicación trastoca el libre tránsito de personas y mercancías, con efectos inmediatos en la operación de empresas, cadenas de suministro y servicios esenciales.

Indicó que la competitividad estatal depende, entre otros factores, de la conectividad logística y la certeza operativa. Refirió que indicadores nacionales de competitividad consideran la infraestructura, la movilidad y el estado de derecho como variables que influyen en la atracción y permanencia de proyectos productivos.

Añadió que cuando se afecta la movilidad, la evaluación de riesgo para invertir se incrementa. Esto, dijo, se refleja en decisiones de posposición o cancelación de inversiones, así como en mayores costos para la actividad económica regional.

Plascencia Galindo sostuvo que Baja California debe ser un estado donde la ley se cumpla y se salvaguarden los derechos de todas las personas, incluido el derecho al libre tránsito, al trabajo y al acceso a bienes y servicios.

Subrayó que no es viable proteger los derechos de un grupo cuando, con ello, se vulneran los derechos de cientos de miles de ciudadanos que dependen de la carretera para trasladarse, producir, comerciar o recibir atención.

Desde el sector construcción, explicó, los bloqueos impactan obras públicas y privadas, tiempos de entrega, suministro de materiales y empleo, con efectos acumulativos en la productividad estatal.

Finalmente, el presidente de Comice llamó a la paz, la reconciliación y al desarrollo productivo de Baja California, al considerar que la base para avanzar es garantizar los derechos de todos mediante el respeto a la legalidad y el restablecimiento del tránsito en la entidad.

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El Consejo Agrícola de Baja California informó que el bloqueo carretero iniciado desde la noche del lunes en la carretera Transpeninsular mantiene detenida la movilidad en ambos sentidos, lo que ha paralizado la actividad productiva y comercial en el municipio de San Quintín.

Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, señaló que tras varias horas de cierre continuo, las afectaciones económicas y sociales se han intensificado, particularmente para el sector agrícola, que enfrenta problemas para movilizar sus productos fuera de la región.

De acuerdo con el posicionamiento del Consejo, algunas empresas se han visto obligadas a desechar fruta debido a la imposibilidad de transportarla, lo que ha generado pérdidas económicas directas y desperdicio de alimentos destinados al consumo.

El dirigente explicó que, de no resolverse la situación de manera inmediata, las cosechas podrían detenerse, ya que no existen rutas alternas en condiciones adecuadas para el tránsito de camiones de carga ni opciones logísticas viables.

Indicó que actualmente toda la cadena agrícola y comercial permanece detenida, lo que afecta no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, sus familias y las comunidades que dependen de la actividad productiva y del flujo regular de bienes y servicios.

Solorio Meza afirmó que el sector reconoce el derecho a la manifestación y las inconformidades sociales; sin embargo, sostuvo que el bloqueo de una vía federal vulnera el derecho al libre tránsito y afecta a una región completa.

Señaló que, hasta el momento, el sector productivo no ha contado con el acompañamiento de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de movilidad, gobernabilidad y respeto al estado de derecho.

El Consejo Agrícola de Baja California hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan la situación de manera inmediata, restablezcan el tránsito en la carretera Transpeninsular y eviten mayores afectaciones a la economía regional y a la vida social de San Quintín.

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Laura Luisa Mendoza Corpus, jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal de San Quintín, afirmó que durante la comparecencia del 5 de noviembre se presentó información sin sustento y se omitió el procedimiento previsto en el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Durante la sesión, la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez exhibió un documento que fue señalado como una factura por $674,209.50 correspondiente a flores de temporada. Mendoza Corpus sostuvo que el documento no corresponde a una factura ni a un pago realizado, sino a una solicitud interna dirigida a Oficialía Mayor para trámite administrativo, sin que exista erogación.

La funcionaria indicó que, conforme al Artículo 95 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los titulares de dependencias cuentan con un plazo de tres a diez días hábiles a partir de la notificación para remitir la información solicitada a los integrantes del Ayuntamiento para su análisis. 

Señaló que dicho plazo no fue otorgado previo a la exhibición pública del documento, lo que constituyó una violación al procedimiento legal aplicable.

Mendoza Corpus expuso que la difusión de documentos sin verificación previa impide el desarrollo adecuado de la glosa del informe y provoca conclusiones anticipadas sin los elementos establecidos por la norma.

Sostuvo que la falta de observancia del procedimiento establecido limita el derecho de los funcionarios a entregar la información en los tiempos legales y genera distorsiones en el análisis de los asuntos públicos.

El Gobierno Municipal de San Quintín reiteró que la información exhibida es incorrecta y que no existe registro de gasto derivado del documento presentado.

La administración municipal afirmó que continuará proporcionando información oficial conforme a los mecanismos previstos en el reglamento y que los procesos de revisión deberán mantenerse dentro de los plazos y formalidades establecidos.

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La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, informó que el ayuntamiento concluye su primer año de gobierno con avances en reglamentación, planeación, infraestructura, energía y digitalización, consolidando los cimientos administrativos del municipio más extenso del país.

San Quintín cuenta con 35,191.9 kilómetros cuadrados, ocho delegaciones y más de 541 localidades, con una población de 117,568 habitantes. Cano Núñez asumió funciones el 1 de octubre de 2024, tras el periodo del Concejo Fundacional que dio origen a la nueva municipalidad.

La alcaldesa explicó que el territorio enfrenta condiciones de dispersión geográfica que complican la cobertura de servicios y la conectividad entre comunidades. Señaló que durante el primer año se realizaron 965 traslados oficiales y 15 giras institucionales para atender localidades remotas en ambos litorales del municipio.

Cano Núñez destacó que se aprobaron 12 reglamentos municipales y que al cierre de 2025 serán al menos 24 los que conformen el marco jurídico local. Entre ellos se incluyen los de desarrollo urbano, uso de suelo, movilidad, medio ambiente y servicios públicos, considerados necesarios para consolidar la estructura institucional.

En materia de planeación, el ayuntamiento inició la elaboración del Atlas de Riesgos, el Plan de Desarrollo Urbano y Centro de Población (PDUCP) de San Quintín y Bahía de los Ángeles, y el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

“El Atlas de Riesgos nos permite tomar decisiones informadas, planificar obras y mejorar la seguridad de la población. Es una herramienta que nos da competitividad y visión técnica”, declaró la alcaldesa.

El PDUCP establece las directrices para el crecimiento urbano, la protección ambiental y la planeación turística. Incluye zonas de conservación, corredores de servicios y áreas destinadas a la inversión turística en Bahía de los Ángeles y la costa pacífica, vinculadas con actividades de naturaleza, pesca deportiva y hospedaje rural.

El gobierno municipal destinó 47 millones de pesos en obras de infraestructura básica, priorizando agua potable, electrificación y caminos rurales. En total, se ejecutaron 281 acciones que beneficiaron a 53,392 habitantes, se concluyeron 71 proyectos y se realizaron 30 operativos cívico-sociales con participación comunitaria.

La presidenta municipal informó que el programa de Regularización Territorial benefició a 550 familias, con avances en la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Golfo de California.

La alcaldesa refirió que la delimitación territorial de la zona federal marítimo terrestre del Pacífico está totalmente terminada, y en proceso la del Golfo de California, algo que nunca se había realizado en el municipio.

Entre los proyectos estratégicos, Cano Núñez mencionó la gestión de una planta desaladora y una planta fotovoltaica municipal. La primera busca garantizar el abasto de agua potable en comunidades del sur y reducir la presión sobre los acuíferos. La segunda permitirá generar energía limpia para dependencias públicas y alumbrado, reduciendo costos y fortaleciendo la autosuficiencia energética del municipio.

En seguridad pública se realizaron 69 operativos de vigilancia, 14 jornadas preventivas y 281 recorridos de supervisión, con más de 30 mil kilómetros patrullados. Además, se creó una Unidad de Atención a la Mujer para fortalecer la atención a la violencia de género.

Durante el primer año se entregaron 5,077 apoyos sociales por 41.2 millones de pesos, beneficiando a 9,545 personas. También se avanzó en la regularización de 1,500 productores rurales y en la creación de un padrón de pesca ribereña y acuacultura con 260 registros activos.

La administración implementó un sistema digital de gestión y transparencia que permite consultar obras, presupuestos y actas de cabildo en línea. Con ello, San Quintín se incorpora al modelo estatal de ciudad inteligente, con procesos simplificados y trámites digitales.

El municipio mantiene 26 convenios activos con dependencias como SEDATU, CONAGUA, INEGI, Protección Civil y SEMARNAT, y ha movilizado más de 28 millones de pesos en inversión concurrente con los tres órdenes de gobierno.

Cano Núñez señaló que el segundo año de su administración estará enfocado en concluir los instrumentos de planeación, concretar la planta desaladora y avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que combine productividad, orden territorial y gestión digital.

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El Ayuntamiento de San Quintín y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) llevaron a cabo este lunes la primera mesa mensual de trabajo agrario, como parte de un esfuerzo coordinado para atender la regularización de asentamientos humanos en tierras ejidales y nacionales del municipio.

La reunión se realizó en las oficinas centrales de Sedatu en la Ciudad de México y fue encabezada por la secretaria Edna Elena Vega Rangel, así como por la Presidenta Municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez. También participó la directora general de Vinculación del Sector Agrario, María Marlene Acosta Jiménez.

Durante el encuentro se definieron los primeros pasos para avanzar en un plan de trabajo conjunto que permita atender los casos más urgentes de asentamientos irregulares, los cuales representan cerca del 73 % del territorio municipal.

Se acordó integrar una agenda prioritaria, realizar visitas técnicas a campo y establecer mecanismos de seguimiento administrativo que faciliten los procesos de regularización.

Además, se programaron reuniones bimestrales y se instalaron canales directos de comunicación entre los equipos técnicos del municipio y de la dependencia federal.

Cano Núñez recordó que San Quintín obtuvo su autonomía en 2020, después de más de dos décadas como delegación del municipio de Ensenada. Añadió que avanzar en la regularización del territorio permitirá al Ayuntamiento ejercer de forma plena sus funciones, incluyendo el cobro del impuesto predial y la ejecución de obra pública.

Ambas instancias coincidieron en que esta colaboración institucional será fundamental para construir condiciones de certeza jurídica, mejorar la planificación urbana y elevar la calidad de vida en las comunidades asentadas de forma irregular.

La próxima sesión fue calendarizada para el mes de julio, con el fin de revisar los primeros avances y evaluar la aplicación de los acuerdos establecidos.