Organizaciones sociales, civiles, partidos políticos y ciudadanos en general están convocados a manifestarse pacíficamente este lunes, frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana para exigir la liberación inmediata del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

La concentración, que tendrá lugar en el edificio de la FGR en la Zona del Río, busca denunciar las formas en que se llevó a cabo la detención del exfuncionario el pasado 16 de julio en Ensenada, y exigir un proceso judicial justo, transparente y sin motivaciones políticas.

Los asistentes realizarán una concentración pacífica con mantas, pancartas y voces unidas, además de entregar formalmente escritos como cartas, amparos ciudadanos o peticiones dirigidos a la Fiscalía demandando la pronta liberación de Ruffo Appel y el respeto al debido proceso.

La convocatoria está abierta a asociaciones civiles, organizaciones empresariales, líderes de opinión, y a toda la ciudadanía que crea en el Estado de Derecho y rechace el uso selectivo de la justicia. 

“¡No permitiremos que se use la justicia como herramienta política. Basta de atropellos!” expresaron los organizadores.

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El diputado federal con licencia, Fernando Castro Trenti, afirmó que durante el mandato del exgobernador Ernesto Ruffo Appel se cometieron diversas irregularidades, incluyendo casos de robo de elecciones y la presencia de su familia con vínculos a hechos delictivos. 

Enfatizó que, en su opinión, no es lo mismo que a un funcionario le quiten la visa que estar sujeto a un proceso por huachicol fiscal.

El ahora aspirante a la gubernatura por Morena recordó una situación concreta relacionada con el hermano del exfuncionario, Claudia Ruffo Appel, quien se convirtió en un problema grave en los noventas y una historia que, según él, "le llegó el tiempo a la familia resolver". Además, aseguró que el exmandatario tendrá que rendir cuentas por sus vínculos, razones y motivos.

"No prejuzgo, les toca, no se les desea nada mal a nadie", expresó el ex priista, dejando en claro que su intención no es emitir juicios definitivos, sino que las autoridades correspondientes sean quienes determinen las responsabilidades.

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En una rueda de prensa convocada por 15 ex gobernadores de la oposición, los exfuncionarios señalaron su profunda preocupación por la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien calificaron como un preso político. Los ex mandatarios manifestaron su inconformidad y lamentaron que este tipo de acciones puedan poner en jaque la estabilidad democrática del país.

Durante la conferencia de prensa, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, afirmó que México atraviesa por un momento de gran fractura social y que la economía no crece de manera adecuada. Señaló que la corrupción ha drenado cientos de millones de pesos en bolsillos de quienes han dirigido tanto el país como diversos estados, mientras la inseguridad continúa siendo un problema persistente bajo el gobierno de Morena.

Cárdenas expresó que, aunque respetan la ley, la narrativa del líder de Morena, quien ha declarado que la ley es la ley, está contribuyendo a que el país se desmorone. Enfatizó que hoy es Ernesto Ruffo, pero mañana puede ser cualquiera que le inventen una acusación y caiga en la cárcel.

Los ex gobernadores coincidieron en que este proceso judicial está elevando el costo y el riesgo de ser oposición en México. Por ello, hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse amedrentar y a dar un paso adelante en defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Asimismo, recordaron que ellos fueron partícipes de una transición ejemplar, sin violencia ni revolución armada, logrando un cambio de régimen desde la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha llevado a proceso a ocho personas posiblemente vinculadas con una red de contrabando de hidrocarburos, en el marco de una investigación de alta complejidad.

La Fiscalía expuso datos de prueba sólidos que sustentaron la vinculación a proceso en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto "N", así como de Ricardo "N" y José "N", por su posible participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además, Juan "N" y Luis "N" enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando. Por su parte, José María "N", Guillermo "N" y Adriana "N" fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos.

Durante la audiencia inicial, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que retrasó la resolución definitiva. Sin embargo, el juez otorgó la vinculación a proceso y ordenó la prisión preventiva oficiosa en diferentes centros penitenciarios: para Ernesto "N", José "N", Ricardo "N", Juan "N" y Luis "N" en el CEFERESO 1 Altiplano; para Guillermo "N" y José María "N" en sus domicilios; y para Adriana "N", en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Las detenciones se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resultado de una investigación que revela operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo. La investigación indica que estos individuos participaban en un esquema de contrabando de hidrocarburos, que consiste en introducir combustible al país mediante declaraciones aduaneras falsas o incompletas, reportando menos de lo transportado o disfrazando el producto para evadir impuestos.

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Tras la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la fiscalía está realizando un trabajo serio y que la investigación es de carácter federal. 

"Es una investigación federal que ya lleva más de un año y es todo lo que sabemos al respecto", expresó la mandataria 

Durante la conferencia "mañanera", afirmó que la información oficial la ha proporcionado la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que por el momento no puede ofrecer más detalles sobre el caso.

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Esta tarde, diferentes sectores de la sociedad, incluyendo ciudadanos, organizaciones sociales y políticos, se congregaron de manera pacífica frente a la Fiscalía General de la República en Tijuana para exigir la pronta liberación del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.

Durante la manifestación, el ex secretario de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella, expresó su opinión sobre los acontecimientos recientes. 

"El lunes de la semana pasada, cuando surge el famoso segundo audio en donde señala la disposición de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de colaborar con autoridades estadounidenses para resolver un problema de carácter personal, en ese mismo día se estaba modificando a la juez de la causa que investigaba al exgobernador Ernesto Ruffo Appel y modificando los criterios. Se estaba creando una cortina de humo que terminó ejecutándose de una forma muy perversa el pasado viernes, dando un golpe tremendo a los bajacalifornianos que no están de acuerdo con la lamentable situación que está enfrentando la entidad."

Capella también criticó la reputación de la gobernadora. "Es increíble que la gobernadora sea conocida por todos los rincones de México precisamente por las situaciones equivocadas. Un día sí y otro también hay escándalos. Esto se ha generado a partir del 10 de mayo de 2025, cuando tuvieron la osadía, de una manera absurda, de notificar que su visa había sido retirada", comentó.

Por su parte, el exgobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, afirmó que Ruffo tendrá que demostrar su inocencia ante las pruebas que se han tratado de exhibir. "Su abogado solicitó que el juicio fuera abierto, pero que por cuestiones de seguridad nacional no se puede", explicó. 

Además, señaló que escuchó en una conferencia matutina a la presidenta Claudia Sheinbaum que Ruffo tendrá que demostrar su inocencia, y cuestionó que la legislación debería ser al revés. "Confío en que Ernesto Ruffo, a quien conozco hace 40 años, es un hombre honesto y de valores firmes. Apoyo moralmente esta manifestación, que considero una expresión de inconformidad, molestia y enojo", y aseguró que podría calificarse como una forma de prisión política.

Entre los manifestantes, el diputado federal César Damián Retes expresó su opinión sobre el caso, comparándolo con otros investigados por temas similares. "Sin tomar en cuenta a otros investigados por huachicol fiscal, como Mario Delgado y Adán Augusto, quienes están tranquilamente en la Ciudad de México, a Ernesto Ruffo lo aprehenden y tratan de hacer todo un juicio político."

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