La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, calificó la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel como "el acto más ruin y cobarde que ha hecho el gobierno de Morena". 

Mata Lozano criticó las políticas del gobierno estatal y federal, señalando que "estamos en la peor crisis de estado gracias a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y sus actos delictivos". 

"¿Saben quién sí debe estar en la cárcel? Rocha Moya por sus vínculos con el crimen organizado, así como la gobernadora del estado por colaborar con Estados Unidos y entregar información confidencial de seguridad", expresó la líder panista en un video en las redes sociales. 

Enfatizó que "ellos son los responsables de esta crisis y hoy hay hartazgo, hay indignación y encabronamiento".

"Hoy con más fuerza exigiremos la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar y vamos a defender la justicia y el estado de derecho del ex gobernador Ernesto Ruffo", concluyó Lizbeth Mata Lozano.

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Tras los incidentes ocasionados por las lluvias de la tormenta Rachel, Hassan Franco Ruiz, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, cuestionó la respuesta de las autoridades y afirmó que hace falta mayor atención y comunicación con las familias afectadas.

Franco Ruiz reconoció que la complejidad de Tijuana se relaciona, entre otros factores, con un crecimiento urbano que avanza más rápido que la infraestructura. Sin embargo, consideró que también existe apatía de las autoridades, dijo no dan la cara ni explican qué acciones realizarán.

Señaló que resulta insuficiente declarar que una zona no es habitable sin considerar que allí viven familias que enfrentan las consecuencias de las lluvias. Añadió que muchas áreas de riesgo corresponden a asentamientos irregulares e invasiones, y sostuvo que las autoridades debieron actuar antes para prevenir afectaciones.

El dirigente panista advirtió que los próximos fenómenos meteorológicos podrían agravar la situación y mencionó la posibilidad de que el fenómeno de El Niño represente un nuevo desafío. Por ello, llamó a anticipar medidas y atender a las comunidades expuestas.

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A casi una semana del traslado de Ernesto Ruffo Appel a Ensenada, regidores, legisladores y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) lo visitaron este fin de semana en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria.

En una publicación, el PAN de Baja California informó que compartieron un espacio con el exgobernador para conversar sobre democracia, libertad y la historia política de la entidad. El partido señaló que cree en el diálogo y la participación, y destacó la importancia de mantenerse cerca de quienes han contribuido a la vida democrática de Baja California.

Por su parte, el diputado federal César Damián Retes difundió un video en redes sociales en el que aparece abrazando a Ruffo. Retes le expresó su cariño y dijo que lo había extrañado. Al preguntarle cómo se sentía, el exmandatario respondió que tiene 74 años, que cada mañana se persigna y luego comenzó a reír.

“Los amigos se hacen presentes, sobre todo en los momentos difíciles”, comentó el legislador.

El diputado ha manifestado que Ruffo nunca hubiera estado preso si no hubiera sido por los audios que se filtraron en el que la gobernadora Marina del Pilar estaba entregando información de seguridad nacional a Seguridad Nacional de Estados Unidos para que le regresaran la visa.

Retes también reitera que la justicia debe utilizarse para castigar a adversarios; por lo que Ruffo presentó ante la autoridad y debe enfrentar su proceso con presunción de inocencia y respeto al debido proceso.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que desconoce los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos contra su exesposo, Carlos Torres, y sostuvo que serán las autoridades correspondientes las que informen sobre el caso.

“Carlos, mi exesposo, emitió su postura, y este gobierno no va a ser vocero de estas circunstancias; serán las autoridades las que den más información al respecto”, declaró.

Sobre Vida Orgánica, empresa en Tijuana señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre las sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ávila Olmeda afirmó que dejó la sociedad en 2023 y cedió sus derechos. 

Añadió que instruyó a la Secretaría de la Honestidad y a la Oficialía Mayor a revisar los contratos de las empresas mencionadas.

La mandataria dijo confiar en las autoridades mexicanas y señaló que continuará la coordinación entre ambos países. También lamentó que, a su juicio, las instituciones de seguridad y justicia puedan utilizarse con fines políticos, aunque indicó que corresponde a las instancias competentes aclarar los hechos.

Respecto a su visa, explicó que el trámite para recuperarla está pendiente desde el año pasado, cuando fue revocada. Dijo desconocer si los señalamientos recientes podrían afectar el proceso. La visa de Ávila Olmeda y la de Carlos Torres fueron revocadas en 2025.

Además, la gobernadora defendió las acciones de su administración contra la delincuencia organizada y mencionó alrededor de 130 detenciones de personas a las que calificó como criminales de alto nivel, además de decomisos de drogas y armas.

“Este gobierno ha combatido a todos los grupos de la delincuencia organizada. Somos uno de los estados con más decomisos de sustancias y armas. Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia y lo vamos a seguir haciendo siempre”.

Por último, afirmó que durante sus cinco años de gobierno ha enfrentado calumnias, infamias, mentiras y difamaciones, y que está dispuesta a afrontar los próximos 11 meses de gestión, que consideró decisivos para cerrar la administración con resultados y proyectos.

“No nos vamos a distraer en otras cuestiones ni en politiquería. Voy a seguir trabajando; si ya resistí cinco años a infamias, puedo resistir los próximos 11 meses”, expresó.

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Hassan Franco Ruiz, secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, sostuvo que la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirma, a su juicio, señalamientos que ya se conocían en el el estado.

“Estamos viviendo un narco gobierno”, declaró el dirigente panista, quien acusó al gobierno de haberse aliado con organismos vinculados al crimen organizado para mantenerse en el poder. También afirmó que la justicia debe actuar en México, sin depender de instancias extranjeras.

Franco Ruiz reiteró que el PAN ha solicitado la salida de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Esto, luego de que la mandataria estatal señalara que permanecerá en el cargo durante los meses que restan de su administración.

Sobre sus declaraciones respecto a no aparecer en la lista mencionada, el dirigente consideró que, si existiera algún acuerdo, este no se explicaría únicamente por la figura del esposo de la gobernadora, sino que según su postura involucraría a la propia mandataria. Reiteró que, a su juicio, se trata de un “narco gobierno”.

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El Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.

La administración estatal puntualizó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. También subrayó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.

El Gobierno estatal agregó que Marina del Pilar no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y aseguró que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.

Revisarán contratos con empresas sancionadas

La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si alguna de las empresas señaladas por la OFAC ha celebrado contratos con el Gobierno de Baja California. En caso de encontrarse antecedentes, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que proceda conforme a la ley.

La revisión ocurre después de que Estados Unidos sancionara a 21 personas y 25 empresas que relaciona con estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre ellas se encuentra Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro señaló como un presunto operador político vinculado con la facción de “Los Rusos”.

Gobierno estatal no hablará por los señalados

El Gobierno de Baja California sostuvo que las personas incluidas en las sanciones deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y serán estas las encargadas de informar sobre las investigaciones.

“El Gobierno del Estado no hablará en su nombre”, puntualizó la administración, que aseguró que continuará enfocada en seguridad, desarrollo y bienestar de Baja California.

Las sanciones anunciadas por Estados Unidos constituyen medidas financieras y los señalamientos formulados por el Departamento del Tesoro no equivalen por sí mismos a una sentencia penal.