La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que dos agentes activos y un exelemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023.

De acuerdo con la institución, los imputados enfrentarán el proceso penal por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa, derivados de las investigaciones sobre el caso.

En contraste, el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel "N", y otro exmando de la corporación no fueron vinculados a proceso, resolución con la que la Fiscalía manifestó su desacuerdo.

La FGE informó que analiza la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes para impugnar la decisión judicial, al considerar que existen elementos que deberán ser revisados por instancias superiores.

Asimismo, precisó que el propio juez de la causa aclaró que el hecho de que ambos exmandos no hayan sido vinculados en esta etapa del procedimiento no significa que sean inocentes, sino que corresponde a una determinación procesal dentro de la investigación.

Según los antecedentes del caso, los dos jóvenes desaparecieron en enero de 2023, después de haber sido vistos en las inmediaciones del Bar Shots, ubicado sobre la calzada Francisco L. Montejano, en Mexicali, donde presuntamente fueron privados de la libertad.

Desde entonces, ambas víctimas continúan en calidad de no localizadas, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

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La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de tres agentes de la Policía Municipal, dos suspendidos y uno en funciones, por su presunta participación en la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrida en 2022.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, presentó los elementos de prueba y alegatos al Juez de Control para que determinara la continuidad de la medida cautelar de prisión preventiva y seis meses para fortalecer la investigación en contra de los imputados Hiram Sinhue “N”, Manuel Alberto “N” e Isaac Sergio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con las investigaciones, el 10 de julio de 2022, las cuatro víctimas, todas del sexo masculino y procedentes de Tijuana, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal cuando circulaban sobre la carretera al Aeropuerto de Mexicali. Desde ese momento, fue la última vez que se tuvo contacto con ellos, desconociéndose hasta la fecha su paradero.

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En un operativo conjunto de la Agencia Estatal de Investigación y SEDENA, se logró la detención de cuatro elementos de la Policía Municipal de Ensenada, acusados de homicidio por disparo de arma de fuego. Los detenidos, Carlos Javier “N”, Raúl Miguel, Esteban “N” y Bryan Isaac “N”, son sospechosos de participar en un ataque armado ocurrido el 8 de febrero de 2024, en el que la víctima fue blanco de disparos mientras se encontraba en su vehículo en el estacionamiento de la ferretería ‘La Principal’.

Además de causar una herida a un transeúnte que se encontraba en el lugar por razones aún no esclarecidas. Según los informes iniciales, la víctima estaba en su automóvil, cuando un grupo de hombres, en el que se encontraban los acusados, abrió fuego contra él, hiriendole de gravedad. 

La Fiscal General, Ma. Elena Andrade Ramírez, indicó que las investigaciones continuarán para identificar si hay más individuos involucrados en el caso.

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Para que se respeten derechos humanos de policías sujetos a procedimiento, sea de separación, de responsabilidad administrativa o jurisdiccionales, bajo el principio de justicia imparcial, el diputado Víctor Morán propuso unas reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Como Presidente de la Comisión de Justicia, Seguridad y Protección Civil, a nombre propio y de la Fracción de Morena en el Congreso, Víctor Manuel Morán Hernández propuso que se garantice, en cualquiera de esos tipos de procedimientos, los agentes de las corporaciones de seguridad pública cuenten con defensor de oficio, en caso de no contar con abogado particular.

Asimismo, propuso que deberán agotarse todos los recursos de localización del sujeto a proceso, antes de emitirse el emplazamiento por edictos.

El legislador observó que en el numeral 132 Fracción IX, se ordena que los miembros adscritos a las corporaciones de seguridad pública tendrán derecho a recibir asesoría por parte de la Defensoría Pública del Estado, pero, en el Artículo 155 Fracción II, de la misma Ley, se brinda “el derecho al miembro de defenderse por sí o por persona de su confianza”.

Esto, observa, pudiese culminar en una interpretación incorrecta por parte de las autoridades administrativas, comisiones o consejos de seguridad pública que conozcan de los procedimientos relativos, o en una confusión inducida al miembro sujeto a proceso.

El diputado subrayó que, tomando en consideración que los procedimientos de separación o responsabilidad en su caso, esencialmente tienen un carácter punitivo o de castigo, lo ideal, y en aras de que la situación jurídica de los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad pública no se vea modificada sin el respeto a sus derechos humanos, se le brinde oportunidad a un debido proceso y acceso a la justicia.

Por otra parte, sobre el artículo 177 de la referida Ley, observa que, de modo genérico, dispone que, en caso de que el miembro policial sujeto a proceso no se encuentre en su domicilio, o bien, el mismo sea inexistente, en la primera ocasión, y sin preámbulo, será notificado por estrados.

“No existe necesidad de iniciar el procedimiento por “estrados” al realizar una búsqueda única en el domicilio del miembro policial, sino que es correcto y promotor de derechos humanos el agotar búsquedas exhaustivas, para garantizar la notificación personal, por excelencia, del miembro policial”, señaló.

Luego de exponer unas jurisprudencias que sustentan esta aseveración, propuso que se agoten todos los medios de localización, para dar prioridad a la garantía de audiencia; debido proceso y acceso a la justicia.

Para ello, sugirió los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, entre muchas otras fuentes.

La Policía de Atlanta (Georgia, EE.UU.) confirmó este domingo que ha despedido a un agente blanco que mató a tiros este viernes al joven negro Rayshard Brooks, y que ha detenido a al menos 36 personas tras una noche de intensas protestas que incluyeron el incendio de un restaurante.

Un portavoz de la Policía de Atlanta, Carlos Campos, dijo a primera hora del domingo a varios medios que el agente que disparó a Brooks, identificado como Garrett Rolfe, ha sido despedido, mientras que su compañero Devin Bronsan, que participó en un forcejeo con la víctima, se encuentra de baja administrativa.

Rolfe tiene 27 años, la misma edad que el afroamericano que murió debido a sus disparos, y trabajaba en el Departamento de Policía de Atlanta desde 2013, explicó el portavoz a ABC News.

La muerte de Brooks, en plena ola de protestas en EE.UU. por la violencia policial contra los afroamericanos, causó una profunda conmoción en Atlanta y provocó este sábado la dimisión de la jefa de Policía de la ciudad, Erika Shields.

Brooks falleció a tiros la noche del viernes en el aparcamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy's, tras resistirse a ser detenido, forcejear con los dos agentes blancos, quitarles una pistola de descarga eléctrica e intentar huir, según el Buró de Investigación de Georgia (GBI, en inglés).

La Policía acudió a la zona tras recibir un aviso de que un hombre, Brooks, estaba "dormido en un vehículo aparcado delante de la ventanilla" del restaurante, lo que dificultaba la recogida de alimentos a otros clientes, explicó el GBI.

UNA CONVERSACIÓN DE MEDIA HORA

Un video de la cámara que llevaba adherida al uniforme uno de los agentes, publicado este domingo por la Policía, muestra que los oficiales hablaron durante casi media hora con Brooks antes de que comenzara la confrontación.

Brooks, de pie ante los agentes en el aparcamiento, se mantuvo calmado, confirmó que había bebido "una copa y media" y cooperó con los agentes, a los que pidió que le dejaran aparcar allí su auto y caminar hasta casa de su hermana.

Los agentes confirmaron que estaba ebrio con una prueba de alcoholemia y Bronsan intentó ponerle las esposas, pero Brooks se sacudió y los tres acabaron en el suelo, con los policías advirtiéndole de que iban a darle una descarga eléctrica si se resistía.

Otro video este sábado por el GBI muestra cómo Brooks, tras quitarles la pistola de descarga eléctrica y huir de los agentes, alargó su brazo hacia atrás y apuntó aparentemente con ese objeto a Rolfe, que le perseguía.

Rolfe agarró entonces su arma y disparó a Brooks, que cayó al suelo y fue trasladado luego al hospital local, donde murió.

El GBI pidió que el público "no se apresure a la hora de llegar a conclusiones" sobre lo ocurrido, pero el caso de Brooks intensificó la indignación en las calles de Atlanta, que ya protestaba -como cientos de ciudades de EE.UU.- por la muerte de otros afroamericanos a manos de la policía, como ocurrió con George Floyd en mayo.

A última hora del sábado, un grupo incendió el restaurante Wendy's en cuyo aparcamiento se produjo el incidente y otros manifestantes bloquearon temporalmente una autopista, lo que resultó en al menos 36 arrestos, indicó a Efe este domingo un portavoz de la Policía de Atlanta.

Manifestantes y curiosos se acercaron la mañana del domingo al Wendy's, que quedó chamuscado y con apenas las paredes exteriores en pie, informó la cadena local WSB.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) suma cinco expedientes, en lo que va de 2020, abiertos de manera oficiosa, para investigar el uso de la fuerza excesiva y no justificada durante intervenciones policiales. En algunos casos, la brutalidad policiaca devino en la muerte del detenido. 

El ombudsperson, Miguel Ángel Mora Marrufo, precisó que el caso más reciente se registró en el municipio de Ensenada durante la detención de un adolescente que realizaba actividades de comercio, por lo que la CEDHCB inició el expediente 2372/2020.

Asimismo, el Organismo comenzó el expediente 13/20, con fecha del 9 de enero, para investigar la muerte de una persona durante una detención, por parte de policías municipales, en la plaza Santa Cecilia en la Zona Centro de Tijuana.

Aunado a ello, la CEDHBC abrió de manera oficiosa el expediente 1457/2020, con fecha del 28 de marzo, para la investigación de hechos ocurridos en el bulevar Salvador Rosas Magallón, de Tijuana, en los que una persona detenida por agentes de la Policía Municipal perdió la vida durante el arresto.

Con relación a este expediente, la CEDHBC cuenta con elementos para concluir la investigación. A partir de las indagatorias realizadas por el Organismo, se han ido dilucidando una serie de circunstancias que permiten determinar un uso excesivo de la fuerza y, por lo tanto, dicha investigación está por concluirse, lo que significaría un posicionamiento del Organismo Público Autónomo respecto a ese expediente y su seguimiento pertinente.

Respecto a hechos registrados el 18 de mayo en Playas de Tijuana, en el que un hombre arrestado por policías municipales perdió la vida, la CEDHBC abrió, con fecha del 19 de mayo, el expediente de Queja 393/20/1VG.

Asimismo, con relación a los sucesos registrados el 7 de junio en la Zona Centro de Tijuana, en los que se señala un uso excesivo de la fuerza por parte de policías municipales, el Organismo abrió el expediente 2319/2020 para la investigación de los hechos.

La CEDHBC ha registrado, en lo que va del 2020, 175 Quejas con relación a la seguridad pública municipal. Los principales derechos humanos presuntamente vulnerados han sido: Derecho a la Seguridad Jurídica, Derecho al Trato Digno, Derecho a la Libertad y Derecho a la Legalidad.

La distribución de Quejas entre las autoridades señaladas ha sido: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con 106 Quejas; la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, con 31 Quejas; la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, con 24 Quejas; la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, con 9 Quejas; y la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Tecate, con 5 Quejas.

Finalmente, Mora Marrufo puso a disposición de todas las personas en Baja California el número telefónico de la CEDHBC, 6644503534, las distintas plataformas de redes sociales y el correo electrónico institucional, informacion@derechoshumanosbc.org, para presentar quejas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos.