Marina del Pilar se deslinda de Carlos Torres tras sanciones de Estados Unidos
El Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, por presuntos vínculos con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa.
La administración estatal puntualizó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que el único interés que comparten es el bienestar de su hijo. También subrayó que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas por la OFAC.
El Gobierno estatal agregó que Marina del Pilar no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y aseguró que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.
Revisarán contratos con empresas sancionadas
La gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a verificar si alguna de las empresas señaladas por la OFAC ha celebrado contratos con el Gobierno de Baja California. En caso de encontrarse antecedentes, los expedientes serán remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que proceda conforme a la ley.
La revisión ocurre después de que Estados Unidos sancionara a 21 personas y 25 empresas que relaciona con estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre ellas se encuentra Carlos Torres, a quien el Departamento del Tesoro señaló como un presunto operador político vinculado con la facción de “Los Rusos”.
Gobierno estatal no hablará por los señalados
El Gobierno de Baja California sostuvo que las personas incluidas en las sanciones deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y serán estas las encargadas de informar sobre las investigaciones.
“El Gobierno del Estado no hablará en su nombre”, puntualizó la administración, que aseguró que continuará enfocada en seguridad, desarrollo y bienestar de Baja California.
Las sanciones anunciadas por Estados Unidos constituyen medidas financieras y los señalamientos formulados por el Departamento del Tesoro no equivalen por sí mismos a una sentencia penal.