Representantes del autotransporte de carga en Baja California advirtieron sobre las posibles consecuencias económicas de un paro nacional convocado para el lunes 26 de octubre, aunque señalaron que aún deben definir cómo participarán las agrupaciones locales.

Alfonso Millán, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, presentó el posicionamiento del organismo, que atribuye la convocatoria a la falta de respuesta a demandas relacionadas con la inseguridad, las extorsiones, el estado de las carreteras y las medidas fiscales.

Entre las peticiones del sector están reforzar la seguridad carretera, atender denuncias por extorsiones y detenciones que consideran injustificadas, mejorar las autopistas de cuota y revisar disposiciones fiscales que elevan los costos operativos.

En particular, los transportistas solicitan aumentar a 420 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder al estímulo por pago de peajes y revisar la reducción de apoyos vinculados al combustible.

Millán advirtió que una suspensión del transporte tendría un impacto relevante en Tijuana, debido a su actividad exportadora y a la dependencia del comercio fronterizo respecto al tránsito constante de carga hacia Estados Unidos.

Por su parte, Alfonso Esquer, vicepresidente de la región Noroeste de Canacar, indicó que las agrupaciones de Baja California sostendrán reuniones para acordar las acciones locales. Explicó que la convocatoria nacional fue recibida recientemente y que todavía no hay una decisión sobre la modalidad de participación.

Los representantes manifestaron su disposición a dialogar con autoridades federales y legisladores para buscar soluciones antes de la fecha prevista para la movilización.

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Líderes del gremio transportista, entre ellos el grupo SPIO, CONATRAM e INDECO, se reunieron este miércoles para establecer un canal de comunicación eficiente con la autoridad municipal. 

Agradecieron al Presidente Municipal Ismael Burgueño, al Secretario de Seguridad Pública Juan Manuel Sánchez Rosales, y al Director de Policía y Tránsito Municipal Juan Carlos Hernández por su apoyo al sector. 

Destacaron la importancia del transporte para la economía regional, nacional e internacional, y buscaron coordinar esfuerzos para facilitar el traslado de mercancías, evitar actos de corrupción y fomentar el cumplimiento de las leyes.

El vicepresidente regional de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), Israel Delgado Vallejo, apuntó que el nivel de crecimiento económico se encuentra amenazado, planteando que el sector transportista enfrenta un déficit de trabajadores.

“Las nuevas generaciones no ven atractivo el sector transportista. Sin camiones, infraestructura, ningún producto se podrá mover. Se requiere consistencia y una mejor infraestructura”, manifestó.

Carlos Jaramillo, precisó que para el estado se prevé 2 mil millones dólares de inversión, resaltando que 85% de empresas que deciden crecer, están en el estado.

En este sentido, el presidente de Index Nacional, Luis Manuel Hernández, precisó que en México, la Industria Manufacturera y de Exportación, genera el 18% del empleo formal en el país, mientras que en la entidad hay mil 100 empresas, que generan 400 mil empleos directos y 600 mil indirectos.

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Después de la pandemia por el covid 19, el sistema de transporte público cambió su dinámica en la capital del estado. Ahora no son unidades de transporte las que hacen falta sino choferes que las conduzcan, aseguró el titular del Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), Jorge Gutiérrez Topete.

En la capital del estado se tiene contabilizado un déficit de 40 conductores para taxis de ruta, en el transporte masivo más de 50 y aproximadamente 100 para unidades de transporte de personal de maquiladoras. Siendo así que son unas 200 vacantes las que existen en la ciudad para conductores de estas tres modalidades de movilidad.

Explicó que el fenómeno es general en toda la entidad, sin embargo, tiene mayor énfasis en Mexicali debido a que la ciudad ya arrastraba un problema de cobertura de transporte público antes de la pandemia y dejarla sin 200 choferes representa profundizar más la problemática.

Uno de los obstáculos que hay para resolver ésta falta de operadores de unidades es la necesidad de las personas interesadas de cumplir con tiempo de residencia en la entidad para expedir la licencia para unidades pesadas, por lo que se están haciendo gestiones con el Gobierno de México para flexibilizar el requisito. 

El funcionario estatal sostuvo que otra estrategia para evitar este problema en el futuro es gestionar un convenio con los Centros de Capacitación para el Trabajo (Cecat) en el estado para generar nuevos choferes constantemente y poder “surtir” la necesidad de estos trabajadores.

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Ante los hechos violentos que sucedieron en el Estado el Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte en Tijuana, Tecate y Rosarito pide garantías de seguridad para poder realizar las rutas las cuales día a día se tiene que prestar , tanto en la industria como el comercio del Estado.

“Es lamentable pensar que la integridad de nuestros operadores este en riesgo, hoy por hoy hacemos el llamado a que nos ayuden, podemos coordinarnos para tener rutas blindadas, ocupamos nos ayuden las autoridades” detalló Alfonso Millán.

Ante los niveles de inseguridad que enfrentan diariamente en el transporte público millones de usuarios, el diputado petista Brígido Ramiro Moreno Hernández presentó una iniciativa para establecer como medida mínima de tránsito que toda unidad que preste el servicio de transporte de pasajeros, ya sea público o privado, deberá contar de manera obligatoria con un sistema de videograbación.

Dicho sistema deberá permitir ver y escuchar todo lo que sucede dentro de la unidad, atender y salvaguardar la seguridad, además proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos.

La propuesta agrega que los concesionarios se coordinarán con las autoridades con la finalidad de rendir un informe periódico del funcionamiento de su sistema de videograbación que permita conocer su correcta implementación y corroborar que la unidad es un lugar seguro para todas las personas usuarias.

En la exposición de motivos de la iniciativa, turnada a la Comisión de Movilidad, el diputado señala que para los concesionarios sería totalmente posible cumplir con dicha obligación, ya que actualmente el acceso a productos tecnológicos es cada vez más fácil y económico, y en el mercado se pueden adquirir, por un precio muy bajo, cámaras de videograbación.

Esto, señala, no sólo traería beneficios para las y los pasajeros, sino para el conductor del transporte y los mismos concesionarios, ya que les permitiría protegerse ante diversas eventualidades que pudieran presentarse.

Argumenta que las unidades de transporte de pasajeros son lugares cada vez más inseguros y aún más para las mujeres, donde el acoso, secuestros, violaciones e incluso feminicidios se han vuelto cada vez más constantes, y a pesar de la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno, la situación se ha intensificado en los últimos meses.

Indica que son verdaderamente alarmantes los niveles de violencia e inseguridad que se enfrentan, y además se han normalizado cada vez más tanto en el transporte público como en el privado.

La propuesta, refiere, busca hacer obligatoria la instalación de dichos sistemas como parte de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial implementada a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Agrega que el marco legal protege a las personas usuarias del transporte, especialmente a quienes pertenecen a un grupo vulnerable como las mujeres y establece principios para garantizar traslados seguros, así como la obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno de salvaguardar la seguridad, la vida e integridad de los pasajeros.

Sin embargo, subraya, los hechos y las cifras muestran que las mujeres corren mayor peligro al hacer uso de esos servicios, por lo que “no debemos ser omisos ante esa situación”.

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