Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León sancionar al hospital privado Christus Muguerza Conchita por incomunicación y malos tratos cometidos en contra de una de sus pacientes.

El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del estado de Nuevo León determinó que en marzo de 2015 el hospital en el que la familia de la paciente, de entonces 57 años de edad, la ingresó por una infección en vías urinarias incurrió en estos actos y le ocasionó diversas complicaciones de salud por negligencia médica.

Al considerar que las conductas del hospital sí fueron actos de autoridad, el tribunal concedió el amparo a la familia de la paciente y ordenó a la Secretaría de Salud estatal imponer al hospital una multa, cuyo mínimo es de 40 mil pesos, tomando en consideración que su conducta fue grave.

Durante su estancia en el hospital, la familia de la paciente fue restringida para acudir a visitarla y vigilar que se le diera la atención médica necesaria bajo el argumento de que pretendían acudir fuera del horario de visitas.

Incluso, el hijo de la víctima fue desalojado del hospital por personal de seguridad del lugar luego de exigir ver a su mamá, por lo que presentó el amparo por incomunicación y malos tratos, pues una vez que pudo ver a su madre ésta ya presentaba úlceras en la piel debido a que no la movían de la posición en la que se encontraba.

Finalmente, la familia de la paciente solicitó su traslado a otro hospital privado, mismo que se les concedió mediante otro amparo y al llegar al nuevo hospital se indicó que debido a la falta de atención al paciente desarrolló daño renal crónico y en febrero de este año, con 59 años de edad, la señora falleció.

El amparo que promovió su hijo por la incomunicación y malos tratos en contra de su madre continuó en trámite hasta que mediante el recurso de revisión número 437/2016 los magistrados resolvieron en agosto pasado conceder la protección de la justicia federal a la familia de la paciente para que se les repare integralmente el daño sufrido.

La resolución indica a la Secretaría de Salud que se deberá brindar atención psicológica adecuada a los familiares de la paciente por personal e instituciones especializadas en la atención de víctimas. Que el Hospital Christus Muguerza Conchita indemnice a los familiares por daño moral que deberá incluir los gastos relacionados con la atención psicológica que pudieron recibir así como una indemnización compensatoria para reparar el daño ocasionado.

"Determine a cargo del Hospital Christus Muguerza Conchita, a favor de los familiares de la quejosa, por el daño moral que sufrió por ser víctima de incomunicación y maltrato que ocasionaron lesiones, una indemnización compensatoria que repare el daño, sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales de la paciente, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave", indicaron los magistrados del tribunal.

En consecuencia, mediante un incidente de ejecución, que actualmente ya está tramitando la familia de la víctima, se deberá hacer el cálculo por el daño moral y material en que incurrió el hospital.

Durante la sesión en la que los magistrados emitieron el fallo, observaron que la aseguradora que prestaba el servicio a la paciente, Seguros Banorte, también es responsable de vigilar la calidad y el nivel de las instituciones médicas que atienden a sus asegurados así como dar seguimiento a las quejas por el servicio, lo que no aconteció en este caso.

Sin embargo, la familia tramitó por otra vía legal la reparación del daño contra Seguros Banorte y aún no ha sido emitida resolución alguna.

En una desgarradora búsqueda de justicia, Antoinette Eddings clama por reparaciones después de sufrir complicaciones graves postquirúrgicas que han puesto su vida en riesgo, así lo informó la paciente quien anunció una batalla penal, y ante instituciones como derechos humanos, Coepris, la Conamed y organismos médicos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

La paciente relató que todo comenzó cuando se sometió a una cirugía de reducción de senos en la Clínica Ciplastic a manos del Dr. Hermes Avila Pelayo, quien fue dada de alta a la semana de la cirugía.

Durante más de 5 semanas consecutivos, señaló, visité las oficinas de la Clínica, además les envié fotografías, audios, mensajes e hice llamadas al Dr. Hermes Avila Pelayo, que me cobró casi 7 mil dólares, y las respuestas de su oficina fueron inadecuadas, fueron insuficientes, irresponsables e insensibles, fuera de toda ética médica y violentando completamente mis derechos, señaló.

La situación, dijo Eddings, se deterioró rápidamente, cuando al día siguiente de la cirugía, notó que su incisión se había abierto y sangraba, un hecho que comunicó inmediatamente al equipo médico a través de fotografías, sin embargo, la respuesta fue lenta e inadecuada, sumiéndola en un estado de dolor y angustia constantes.

Eddings refirió que los días siguientes estuvieron marcados por una falta de atención adecuada, donde las heridas no solo se abrieron más, sino que también desarrolló infecciones severas, lo que resultó en un sufrimiento incesante. 

"A pesar de los numerosos mensajes y fotografías enviados a la clínica, describiendo el empeoramiento de mi condición y la secreción de líquido amarillo grueso de las heridas, las medidas tomadas por los médicos de Ciplastic fueron insuficientes y tardías" dijo.

La paciente indicó que fue solo después de un ultrasonido autoiniciado que reveló una infección severa, que recibió algún tipo de tratamiento dirigido, aunque aún ineficaz, donde la intervención final de otro médico, quien diagnosticó una infección por candida albicans y ajustó el tratamiento, se marcó un punto de inflexión en su recuperación.

Desilusionada y traicionada por la falta de cuidado y atención por parte de la Clínica Ciplastic, Eddings inició procesos jurídicos penales, mercantiles y ante múltiples instancias para buscar justicia y reembolso por los daños sufridos y los costos incurridos, incluyendo los tratamientos de emergencia y la cirugía reconstructiva necesaria debido a las consecuencias de la operación inicial.

Explicó que los costos podrían alcanzar más de 20 mil dólares por la gravedad en la que se encuentra y los costos post operatorios.

Puntualizó que una de las metas principales, es evitar que esa Clínica y médicos como Hermes Ávila Pelayo continúen dañando a personas que ponen su confianza y seguridad en sus manos.

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Una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la vida tras una negligencia de la institución, aseguran sus familiares quienes se manifestaron este miércoles a las afueras de la clínica 1 en la ciudad de Tijuana. 

Yuliana Morales Mejía, familiar de la paciente mencionó que fue en el mes de junio cuando la intervinieron en una operación de vesícula tras la detección de piedras.

A unas semanas de la operación acudió a la clínica debido a dolores que presentó en el área de la vesícula y médicos le comentaron que eran síntomas normales posterior a la intervención quirúrgica.

La sobrina de la paciente, relató que a finales del mes de noviembre los síntomas fueron más severos y los médicos únicamente le recetaban medicamentos por una supuesta infección.

Fue hasta el mes de diciembre cuando le realizaron una tomografía en la que detectaron que habían dejado una gasa en su cuerpo cuando los médicos de nombre Martín García y Antonio Tadeo practicaron la cirugía.

"Hasta ahora no han dado respuesta no se han presentado con nosotros más que una simple disculpa y no hicieron más en el caso", dijo entre llanto Yuliana. 

La paciente estuvo internada desde el 16 de diciembre del 2023 y falleció este martes 23 de enero, por lo que sus familiares interpusieron una denuncia por negligencia médica en contra del IMSS ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

"Pedimos que se haga justicia por ella y por las demás personas que jamás pudieron alzar la voz", expresó Morales.

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Incrementan los testimonios de adultos mayores, discapacitados, mujeres, niñas y niños, hombres de todas las edades, que son maltratados por personal del Hospital General de Ensenada, tema que, en ocasiones, ha derivado en la muerte de personas.

En julio del 2022, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado reportaba que, en Ensenada, había por lo menos medio centenar de quejas ante ese organismo, entre temas de deficiencias administrativas, diagnóstico, por tratamiento quirúrgico, atención médica y malos tratos entre otros. 

Son cada vez más recurrentes los casos en los que llegan mujeres embarazadas que no son atendidas adecuadamente y que tienen que dar a luz en condiciones de extremo peligro para sus vidas y para las de sus hijos.

Ruben N, varón de 38 años, relató que al tratar de recibir atención médica por síntomas de infarto, no le fue permitido ni siquiera, acceder al primer control médico, desde la entrada le indicaron que podrían revisarlo después de dos horas.

El paciente sufrió infarto, pero iba llegando a una clínica particular que pudo atenderlo y salvarle la vida, lo que le costó a su familia, cientos de miles de pesos, hipotecar la única propiedad que posen.

Para la familia de la señora Gloria N de 68 años de edad, la historia fue similar, en donde la mujer de la tercera edad llegó con grave dolor abdominal, no le permitieron ingresar ni a la primera auscultación médica, y tuvo que ser intervenida de emergencia por una obstrucción intestinal en un hospital privado, lo que ha representado graves problemas económicos para toda la familia.

En la mayoría de los casos, hay varios patrones; la falta de capacitación desde el primer contacto con la gente, quien no está preparado ni profesionalmente para derivar adecuadamente a los pacientes, ni emocionalmente porque el trato a la población por lo general es déspota, grosero y de mala gana, indican los testimonios.

Otro de los patrones comunes, dicen, es la falta de compromiso de personal médico de emergencias, de quienes observan que constantemente se ven molestos, cansados y sin la intención de ayudar a recuperar la salud de las personas. 

Hicieron un llamado urgente al director general de la institución, Juan José Godínez Montaño, de quien refieren, es imposible tener acceso a comunicación para expresar situaciones.

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Una peluquería de perros en Pittsburgh está siendo demandada luego de dejar morir a un perro que ataron por el cuello mientras le cortaban las uñas.

Según los informes, AJ Ross llevó a su mascota Kobe, de la tercera edad, a un servicio de baño y peluquería a una sucursal de PetSmart sin imaginar que le devolverán a su perro muerto.

A través de redes sociales se compartieron imágenes captadas por las cámaras de vigilancia en las que se mostró al perro desvanecerse sobre la plancha debido a que el collar que le pusieron le causó asfixia. 

El video mostró a Kobe poniendo resistencia mientras le cortaban las uñas, pero al parecer estaba ansioso porque la correa que le pusieron en el cuello le estaba colapsando la respiración.

Las empleadas del lugar le hicieron hacia atrás las patas para poderle cortar las uñas, lo que hizo que el perro quedara suspendido sobre la mesa, sin la posibilidad de bajar la cabeza o nivelarse a la altura del tubo al que fue amarrado.

Minutos más tarde de que lo ataron, el perro cayó muerto sobre la plancha todavía con la correa ajustada por el cuello. De inmediato, el personal del lugar se dio cuenta que algo estaba mal con él e intentaron despertarlo, pero todo fue inútil. 

Su dueña no pudo estar presente durante el servicio ya que, por restricciones covid, se le impidió estar dentro del lugar. La mujer salió a hacer algunas diligencias y cuando regresó, Kobe ya había muerto y sólo se lo entregaron en las manos, pero inicialmente sólo le dijeron que estaba desmayado.

“Él estaba sin vida en mis brazos. No tenía voz. No hubo ningún sentido de urgencia después de que esto sucedió. Me mintieron una vez que lo recogí”, dijo AJ Ross.

El incidente sucedió en 2020, pero las imágenes recientemente salieron a la luz con el objetivo de agilizar una demanda en contra del establecimiento por parte de la dueña AJ Ross.

En una entrevista, la mujer dijo que todavía está traumatizada por lo que le sucedió a su mascota Kobe, de 12 años, tras la visita a la peluquería.

Junto a la demanda, las evidencias podrían conducir a un cambio en el funcionamiento de establecimientos de este tipo en todo el país, según dijo AJ en una publicación hecha en Twitter. 

“Si bien este ha sido un proceso extremadamente traumático y emocionalmente agotador, mi esperanza de justicia en este caso está inherentemente conectada con la verdad y la transparencia. Creo y espero que este video fomente cambios permanentes en #PetSmart en las prácticas de contratación y preparación en todo país”, dijo la dueña del poodle.

Según declaraciones de Ross, que es periodista en la cadena CBS, presentó una demanda en contra de PetSmart alegando que la correa que le pusieron dos empleadas le provocó estrangulamiento y la muerte.

Julie Miller y Elizabeth Doty, las trabajadoras que atendieron al perro, fueron despedidas tras el fatal accidente y ahora enfrentan la demanda por cargos de crueldad animal.

“El caso civil es sólo para traer responsabilidad a esta situación, justicia si se puede haber alguna pequeña medida de eso”, dijo Ross. “Pero nada va a traer de vuelta a Kobe”, agregó.

Por su parte, el establecimiento está sido demandado por negligencia, negligencia per se, contratación y supervisión negligentes, imposición intencional de angustia emocional, violación de las prácticas comerciales desleales, incumplimiento de la garantía implícita de buena fe y fraude, entre otros cargos.

PetSmart tiene al menos 47 reportes de incidentes hechos ante Asuntos del Consumidor sobre muertes causadas por peluqueros. 

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Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a un cirujano profesional, después de que una de sus pacientes murió a causa de complicaciones postoperatorias, luego de que se le realizaron diversas cirugías estéticas, en una clínica ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. 

La Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que, en la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, el juzgador calificó de legal la misma, mientras que el Ministerio Público formuló la imputación por el delito de homicidio.

La defensa de Eduardo Arturo 'N' o Eduardo 'N' o Arturo 'N', solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que persistirá la medida cautelar dictada hasta la reanudación de la audiencia. 

De acuerdo con la investigación, iniciada en diciembre de 2020 en la Fiscalía de Investigación Territorial Venustiano Carranza, el cirujano sometió a una intervención quirúrgica a una mujer, quien presentó complicaciones postoperatorias y tiempo después falleció en una clínica del ISSSTE. 

El agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y tras reunir los datos de prueba suficientes, solicitó una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación. 

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