El Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) rindió un homenaje al representante de la ONU contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazzitelli, quien advirtió que el país enfrentará nuevos desafíos en la materia en los próximos años.

Mazzitelli deja este año la representación de la (ONUDC por sus siglas en inglés) en el país, por lo que fue reconocido por su aportación en las políticas antidrogas implementadas por el gobierno federal desde 2009, cuando llegó.

Ante el titular del Inacipe, Gerardo Laveaga Rendón; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; Leonardo Curzio, periodista, y Carmen Fernández, directora de Centros de Integración Juvenil (CIJ), el diplomático recomendó a las autoridades empujar las evoluciones y no confiar en las revoluciones.

"No confiar en las revoluciones, sino empujar hacia las evoluciones, porque los sistemas tienen que evolucionar y solamente las evoluciones permiten esos procesos donde se lleva acabo el juego de los ciudadanos y de las instituciones, de la dinámica política, es siempre un juego de sumatoria positiva", indicó.

Mazzitelli aseguró que sólo así se logrará, poco a poco, solucionar los problemas y hacer frente a los nuevos que habrá: "Hay siempre nuevos desafíos y México tendrá muchos en los próximos años", remarcó.

El titular del Inacipe, Laveaga Rendón, definió al experto en políticas de drogas como un hombre crítico y con gran experiencia: "Si tuviera que definir a Mazzitelli sería como un hombre cordial, inteligente, generoso, crítico, pero sobre todo, asertivo, una palabra que tiene que ver con la capacidad que todos tenemos de hacer prevalecer nuestro punto de vista sin lastimar al otro", indicó.

Dijo que el representante de la ONU enriqueció con sus puntos de vista diversos debates sobre políticas de drogas y de justicia penal.

"México está muy agradecido con él, porque todas las ideas que posicionó con tanta convicción, forman parte del legado y todos los que tratamos con él tenemos mucho que agradecerte, por lo que a nombre del Inacipe y de la PGR te damos las gracias", expresó.

El comisionado Sales Heredia recordó que trabajó con Mazzitelli sobre temas de drogas, justicia penal, formación policial y violencia de género, bajo un diálogo constructivo, y a partir de la convicción de que leyes e instituciones deben servir a los ciudadanos.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California, cumplimentó una orden de cateo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el estado, para un inmueble, donde se detuvo a cuatro personas y se rescató a un connacional.

Derivado de técnicas de investigación de la Policía Federal Ministerial (PFM), se ubicó un inmueble en las inmediaciones de la colonia Valle del Álamo, del municipio de Mexicali, Baja California.

Los detenidos son Fortino “M”, Leonardo “C”, Juan José “R” y Alma Delia “G”. 

Al desahogar la diligencia, los elementos de la PFM, con el apoyo del personal de Servicios Periciales, localizaron en el domicilio diversa documentación (pasaportes y actas de nacimiento), una escalera hechiza de varilla, dos seguetas, un sistema de corte de acetileno, un arma larga, tres armas cortas, 157 cartuchos útiles, tres cargadores, alrededor de 35 gramos de probable metanfetamina y un vehículo.   

Lo asegurado, los detenidos y el lugar, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa integrando la carpeta de investigación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en acción coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se logró un decomiso de lo que se presume es droga y se detuvo a dos personas.

Oficiales de la Policía de Tijuana realizaban un recorrido por las calles Primero de Julio y Gardenias en la colonia Ejido Ojo de Agua, del Distrito La Presa Rural, se percataron que un camión blanco circulaba con exceso de velocidad, por lo que solicitaron al conductor de la unidad de carga se detuviera, pero este hizo caso omiso.

Se inició una persecución hasta que lograron que frenaran la marcha del camión a la altura de la calle Orquídeas; y cuando los oficiales se acercaron para realizar una revisión ocular, se percataron que en el asiento del copiloto había una arma de fuego tipo fusil AK 47, y posteriormente solicitaron se abriera la caja del camión, en donde encontraron lo que al parecer era droga de distintas clasificaciones.

Por ello se procedió al aseguramiento de Eduardo “N”, de aproximadamente 33 años de edad; así como del copiloto de nombre Rodolfo “N”, de 38, a quienes se detuvo y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para su seguimiento jurídico.

El total del decomiso fue de 128 paquetes de hierba verde, al parecer marihuana; 398 recipientes de diferente color cuyo contenido aparenta ser la droga sintética conocida como cristal, 35 paquetes presuntamente de cocaína y 14 paquetes de una sustancia pastosa posiblemente de la droga conocida como heroína; además de una arma de fuego tipo fusil AK 47.

Durante los últimos 12 años el gobierno federal ha identificado a 406 mil 104 agresores de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país.

Las cifras, recopiladas a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), detallan que los estados con más agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres son Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, expertas advierten que las agresiones se cuentan por miles y que los datos del Banavim, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se quedan cortos.

La ONU denunció este viernes que el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile constituye una violación "grave" de los derechos humanos y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera "inmediata".

"La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad", afirmó el organismo internacional desde su sede en Santiago.

La ONU mostró además su preocupación por "la gran cantidad de muertos y heridos" e hizo un llamado a "alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno".

El estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, el más grave desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha provocado centenares de heridos y detenidos y se ha cobrado la vida hasta el momento de 20 personas, de las cuales seis son ciudadanos extranjeros.

La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se han tornado violentas y han terminado con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares por culpa de los balines y perdigones.

El vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, calificó este jueves la situación de "emergencia sanitaria" y aseguró en declaraciones a Efe que muchos de los heridos necesitarán prótesis de por vida.

"No se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles, se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida", afirmó el doctor.

Las protestas se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, muy cuestionado por la represión con la que se están conteniendo las manifestaciones y quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis, respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes e incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.

Varios organismos internacionales han enviado misiones al país para investigar las más de 2.000 denuncias por violación de derechos humanos que manifestantes han presentado contra las fuerzas de seguridad del país.

En ese sentido, la Fiscalía se encuentra investigando a 14 carabineros por presuntas torturas durante el estado de emergencia y la muerte de cinco personas presuntamente a manos de los militares.

La impunidad en la que quedan los crímenes cometidos contra periodistas es una "vergüenza global", consideró David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

En la inauguración del seminario internacional "Fin de la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas en América Latina", el representante de la ONU criticó que en muchas regiones del mundo los asesinatos de periodistas no se investigan; "la impunidad es un fenómeno global y una vergüenza global", advirtió.

El experto pidió erradicar todos los factores que ponen en riesgo la integridad de los comunicadores. Dijo que se debe acabar con "la corrupción que une a delincuentes con políticos, la vigilancia inexplicable que socava la seguridad que es esencial para el Estado de derecho, la incapacidad de los tribunales para defender a los trabajadores de los medios de comunicación, la denigración de los medios de comunicación y la falta de solidaridad entre los periodistas".

En la inauguración del evento también participó Jesús Ramírez Cuevas, quien rechazó que los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador -cuando señala que la prensa es conservadora, por ejemplo- estigmaticen a los reporteros, sino que son parte de un "debate" sobre las posturas editoriales de algunos medios de comunicación.

Aseguró que este gobierno está comprometido con la libertad de expresión y consideró que los periodistas son "parte fundamental de nuestras sociedades".

Informó que el gobierno federal impulsará un programa para que todos los periodistas tengan acceso a seguridad social, sin importar si está contratado con una empresa o trabaja como freelance.

También informó que próximamente se abrirá un fondo especial para realizar periodismo de investigación. El gobierno aportará recursos públicos, pero también organizaciones internacionales como la Unesco invertirán dinero en este fondo que podrá ser utilizado por periodistas luego de que presenten un proyecto que sea evaluado por un jurado.

En la inauguración de este seminario internacional también participaron Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Moez Chakchouk, subdirector general de Comunicación de la Unesco.