Las mujeres y niñas embarazadas tras una violación se enfrentan a obstáculos en los hospitales públicos de México cuando intentan ejercer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, amparado por la Norma Oficial Mexicana 046.

Entre las trabas están que el personal médico desconoce cómo atender este tipo de casos o alude a su religión para negarse a practicar la interrupción del embarazo; las víctimas no reciben atención inmediata, les solicitan una denuncia previa, son remitidas a otros hospitales o ciudades, o son revictimizadas.

EL UNIVERSAL registró sólo 442 abortos legales por violación en siete años en el país, de los cuales 114 fueron niñas de 10 a 15 años, como el caso de una menor de 11 años que tuvo que viajar de Los Cabos a La Paz para interrumpir el embarazo.

La carencia de datos oficiales, concretos y sistematizados sobre el tema, apuntan especialistas, obstaculiza la evaluación de la norma creada hace 12 años. Además, señalan que las mujeres ignoran este derecho por falta de difusión.

Desde entonces se han practicado 17 interrupciones legales del embarazo, la mayor parte de ellos a menores de edad, víctimas de violación.

La diputada local Michelle Sánchez Allende, inicialista de las reformas constitucionales en el estado para lograr lo que se ha dado en llamar la despenalización del aborto, explicó que durante la pasada administración estatal, la Secretaría de Salud detectó que el 60 por ciento de los médicos, enfermeras y anestesiólogos estaban en contra de la práctica del aborto, pero ésta cifra bajaba a la mitad, es decir, al 30 por ciento, de eliminarse las trabas legales, porque no querían tener problemas penales.

De entonces a la fecha, afirmó, se practicaron 17 interrupciones del embarazo, de acuerdo a lo estipulado en el Código Penal: por riesgo en la salud de la madre, cuando el producto sufre malformación o por tratarse de una víctima de violación sexual.

Derivado de esto, dijo, el programa Aborto Seguro existe en la entidad desde el año 2020.

Ahora lo que se añadió a las leyes de la entidad es la interrupción legal del embarazo, en el sentido que la maternidad será deseada, hasta la semana 12.

Las mujeres interesadas pueden acudir desde ahora a centros de salud, hospitales generales del estado o instituciones privadas y solicitar el procedimiento. De hecho, se busca que entren al programa Insabi, dando prioridad a víctimas de violación.

Aclaró que no se obligará a nadie del personal de salud a practicar abortos, ya que de lo contrario se caería en violencia institucional en contra de los objetores de conciencia.

Se adelanta que la mayor parte de los abortos a practicar sea a víctimas de la violencia.

También se retiró el número de días de embarazo en casos de violación sexual, que era de 90 días como límite, porque cada vez son más niñas que llegan con avanzado estado de gravidez, más allá de este tiempo, sin poder hacer nada por ellas.

La diputada afirma que no están promoviendo el aborto como método anticonceptivo, sino que se está promoviendo que la Secretaría de Salud facilite todo lo necesario para evitar el embarazo no deseado.

El Congreso de Baja California aprobó está tarde la iniciativa para reformar el Código Penal  y certificar como legal la despenalización del aborto hasta con 12 semanas de gestación, al final se contabilizaron 15 votos a favor, 9 en contra y una abstención.

Las diputadas y los diputados que se manifestaron en contra a través de su voto fueron Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra, María Monserrat Rodríguez  Lorenzo y Manuel Peña Chávez. En abstención votó el Diputado Víctor Hugo Navarro Gutierrez.

 Durante la sesión también se buscó modificar el artículo constitucional donde se especifica que la vida se reconoce desde la concepción, sin embargo dicho dictamen no consiguió los votos suficientes para su aprobación, aunque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya había declarado eso como inconstitucional.

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De nueva cuenta, el Congreso de Baja California se apresta a entrarle a la polémica y las manifestaciones sociales, al avanzar una propuesta en comisiones para despenalizar el aborto. La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIV Legislatura, que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, aprobó con 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución local; Código Penal; Ley de Victimas y Ley de Salud Pública del estado de Baja California, relativo a  despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

En el uso de la voz,  el titular de la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, detalló que la iniciativa de reforma  presentada el 20 de septiembre por las y  los Diputados Liliana Michel Sánchez Allende, María del Rocío Adame Muñoz, Alejandra María Ang Hernández, Dunnia Monserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y Juan Manuel Molina García, busca establecer una posibilidad legal adicional de despenalización de la interrupción legal del embarazo que salvaguarde la salud de la mujer que toma esta decisión.

Además, de establecer nuevos elementos para la configuración del tipo penal de aborto, así como modificar la penalidad del mismo ilícito.

En ese sentido, explicó que la iniciativa tiene por objetivo brindar a las víctimas de delitos sexuales, servicios médicos, con absoluto respeto a sus derechos humanos e instaurar las bases jurídicas generales para la implementación de políticas públicas en materia de interrupción del embarazo, dentro del Sistema Estatal de Salud.

Mencionó que la propuesta reformar el artículo 7 de la Constitución local, los artículos 133 y 136 del Código Penal,  los artículos 30 y 33 de la Ley de Víctimas, el artículo 26 y adiciona los numerales 50 Nonies, Decies, Undecies, Duodecies a la Ley de Salud Pública, todos del Estado de Baja California.

Asimismo señaló que esta reforma  atiende la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Así como a una Alerta de Violencia de Genero contra la Mujer en Baja California, emitida por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En la sesión desarrollada de manera virtual estuvieron presentes los Diputados Juan Manuel Molina García , Presidente; Sergio Moctezuma Martínez López, quien fungió como secretario, Michel Sánchez Allende, Alejandra Ang Hernández, Evelyn Sánchez Sánchez, Julia Andrea González Quiroz y Manuel Guerrero Luna, vocales. Así como la Legisladora  Alejandrina Corral

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhorta al Congreso del Estado para que se armonice la legislación en nuestra entidad para garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, normando la interrupción del embarazo dentro del periodo de doce semanas de gestación.

El ombudsperson, Miguel Mora, subrayó que, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozan del derecho a la protección de la salud, así como el derecho a decidir de manera libre e informada sobre el esparcimiento de los hijos, lo que implica necesariamente el derecho a la autonomía reproductiva en condiciones de igualdad.

De igual manera, el presidente de la CEDHBC hizo hincapié en que, en el ámbito internacional, existen sentencias emitidas por diversas cortes que han reconocido la innegable relación entre los derechos de libertad y el derecho a la salud, en lo relativo a las decisiones sobre la interrupción del embarazo, y que señalan, por ejemplo, que el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes prevalece cuando el embarazo resulta una carga extraordinaria y opresiva o cuando afecta su salud, sus condiciones económicas o las de su familia.

Asimismo, el ombudsperson agregó que, recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres acciones que determinan como inconstitucional considerar como persona al nonato y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas gestantes. Aunado a ello, agregó que la SCJN también determinó inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.

Ante este panorama, Miguel Mora enfatizó que la CEDHBC exhorta al Congreso del Estado para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, llevando a cabo el proceso legislativo necesario para la reforma de las disposiciones en nuestra Constitución Local, Código Penal, Ley de Salud Pública del Estado de Baja California y cualquier otro instrumento normativo relacionado con la armonización de la despenalización del aborto y la prestación de los servicios de salud pública.

El Congreso local de BC en Mexicali, fue bloqueado desde las 7am de este jueves.

El grupo de manifestantes piden que no se despenalice el aborto voluntario.

Empleados y usuarios del Poder Legislativo se quedaron si sesión ordinaria ni extraordinaria; ya que les fue negado el acceso al lugar.

Desde las 7:00 horas de este jueves, antiabortistas negaron el ingreso al recinto parlamentario a trabajadores como un acto de protesta contra la iniciativa morenista que busca reformar la constitución, el Código Penal, la Ley de Víctimas y la Ley de Salud.

Con información de EnLíneaBC