Pacientes con enfermedades crónicas no reciben atención, hospitales saturados
Mientras el Covid-19 ha cobrado más de 35 mil vidas en México, la pandemia ha causado víctimas colaterales, personas con otros padecimientos que no se contagiaron del virus pero que no fueron atendidas en hospitales públicos debido a la pandemia.
Si bien los informes del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indican que la saturación hospitalaria no ha rebasado el 50 por ciento, pacientes con padecimientos distintos al Covid-19 o sus familiares contaron a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) cómo les niegan servicios por saturación o por miedo de contagios del nuevo coronavirus.
La pérdida de empleos también ha significado que personas con enfermedades crónicas ya no puedan recibir atención debido a que perdieron su inscripción al Seguro Social. De acuerdo con cifras del IMSS, de marzo a junio se han perdido 1 millón 113 mil 677 empleos.
El 2 de julio el subsecretario Hugo López-Gatell dijo al diario estadounidense The Washington Post que entre marzo y mayo hubo tres veces más muertes que en otros años en la Ciudad de México y que el aumento en la mortalidad incluye a pacientes de otros padecimientos como ataques cardíacos que no podían recibir atención médica debido a la saturación de los hospitales.
Solo en Ciudad de México, de acuerdo con un análisis de la revista Nexos, en los primeros cinco meses de 2020 hubo 48 mil 14 muertes, 45 por ciento más del promedio de muertes en los mismos meses de los cuatro años anteriores.
Estas son algunas historias de pacientes cuya enfermedad se ha complicado o incluso han fallecido porque no recibieron atención médica a tiempo.
Sin atención médica de urgencia
Carlos Fernando Vera tenía trombosis venosa profunda que se complicó en medio de la pandemia. Acudió al Hospital General de Cuernavaca y después al Hospital General de Cuautla de la Secretaría de Salud y le negaron la atención, murió en casa de un paro respiratorio.
Carlos se trataba en el centro de salud de Yautepec, municipio de Morelos donde residía. De acuerdo con Gloria, su esposa, hace meses el angiólogo urgió a Carlos a operarse la pierna, sin embargo, en ese momento, personal del hospital le dijo que no contaban con camas disponibles.
A principios de marzo, Gloria llevó a Carlos al Hospital General de Cuautla perteneciente a la Secretaría de Salud al notar hinchazón y llagas con mal olor en una de sus piernas, al llegar le dijeron que no podrían atenderlo pues estaban saturados con pacientes de Covid-19.
Los médicos le entregaron a Gloria una orden para llevarlo al Hospital General de Cuernavaca. Sin embargo, allí tampoco lo atendieron con el argumento de que podría contagiarse de Covid-19.
“Lo que preocupaba a los doctores es que iba a agarrar el Covid y me dijeron: ‘va a ser peor porque si de esto (la infección) se está curando y le cae eso, de eso ya no va a sobrevivir’, porque él ya estaba malo”, cuenta Gloria.
En su desesperación Gloria intentó buscar un hospital privado, pero la operación costaba 55 mil pesos y la estadía por noche 3 mil, montos imposibles de cubrir para la familia.
Luego de ser rechazado en el Hospital General de Cuautla Carlos regresó a su casa ya en condición grave. Gloria cuenta que para entonces su esposo ya no escuchaba ni comía. El 23 de mayo falleció en su casa víctima de un paro respiratorio.
“Hay veces que yo me siento culpable de no haber tenido el dinero y no haberlo salvado”, dice Gloria con la voz entrecortada.
Sin quimioterapias
María Antonieta, de 63 años, es una geriatra recién jubilada que trabajó para el Sector Salud durante varias décadas. En febrero, en sus primeros días de jubilación notó un sangrado proveniente de un pecho, lo que de inmediato la hizo alarmarse y acudir a un hospital particular. En ese momento le dijeron que tenía cáncer de mama y requería una operación urgente, pero la intervención y las quimioterapias costarían, eso le dijeron, alrededor de un millón de pesos.
Al no contar con ese dinero, María acudió la primera semana de marzo al hospital López Mateos del ISSSTE, donde le informaron que no tenían permitido usarningún quirófano o sala porque ya todo el hospital está reservado para Covid. No le dieron opción de ir a ningún otro hospital que no fuera Covid.
Después de días de desesperación, María Antonieta acudió a la asociación civil Fucam donde la atendieron al día siguiente de su primera consulta y la operaron.
“‘Te operamos ya porque no sabemos si mañana podamos seguir operando’ y eso es textual lo que nos dijo el médico, ‘te opero mañana mismo porque no sé si mañana me dejen seguir operando’”, cuenta el hijo de María Antonieta a MCCI.
A tres meses de la operación, María aún no ha conseguido que se le haga una sola quimioterapia ya que en el ISSSTE le dicen que también están canceladas. De acuerdo con su hijo, les habían dado como fecha probable para reanudar el tratamiento junio, sin embargo, al iniciar julio seguían sin cita.
Sin cirugía
A sus 78 años, Silvia, que padece insuficiencia renal, tenía prevista una operación de vesícula en el Hospital La Raza del IMSS, pero la pandemia cambió sus planes.
A finales de febrero, cuando se reportó el primer caso de coronavirus en México, los doctores de La Raza le informaron que la operación debía posponerse hasta que terminara la pandemia.
En esa última consulta en La Raza le ordenaron estudios con los cuales se programaría su cirugía de vesícula. Sin embargo, cuando regresó a ese hospital en los primeros días de marzo, le impidieron la entrada.
“Llegamos a la cita y por la puerta donde entra uno, le dicen ‘no, no hay entrada, no hay nada’, pero así muy tajante. Les decimos que tenemos cita, pero nos dicen que está completamente cancelado todo, todo se va a reprogramar y hasta que no acabe esto nada de nada”, cuenta Alfonso, el hijo de Silvia.
Hasta el día de hoy, a cuatro meses del primer caso de Covid-19, la familia de Silvia ha gastado unos 100 mil pesos en estudios como biopsias y tomografías que se ha realizado de manera particular por recomendación de su médico del IMSS.
Los doctores todavía no le asignan una fecha, mientras Silvia está siendo tratada con medicamentos, pero la operación sigue siendo necesaria.
Sin trabajo sin IMSS
A Elizabeth Tamayo le prometieron que conservaría su trabajo a pesar de la cuarentena. Tenía cinco años laborando en el servicio de limpieza del restaurante La Recova (Corporativo Gastronómico Campel S.A. de C.V.), ubicado en la capital del estado de Campeche.
El 25 de marzo, dos días después del inicio de la Fase 2 de la pandemia, el restaurante cerró puertas y envió a los empleados a casa. Su jefe le comentó a Elizabeth que no perdería su afiliación al IMSS, pues sabían que su hijo Roberto, de 29 años, acudía tres veces por semana a realizarse hemodiálisis por insuficiencia renal crónica.
A finales de abril, Elizabeth ya no recibió su quincena. Cuando fue a recoger su pago, su jefe le dijo que la cuarentena los había perjudicado económicamente. Sin embargo, le volvieron a prometer que su afiliación al IMSS permanecería. El martes 16 de junio ya no quisieron recibir a Roberto en launidad médica familiar 14 del IMSS en Campeche. Los enfermeros le comentaron que ya no estaba dado de alta, pero como ya era conocido hicieron una excepción. Esa fue la última hemodiálisis que recibió.
Durante tres días, Elizabeth trató de localizar al personal administrativo del restaurante para que la dieran de alta en el seguro social, pero nadie le respondió. El viernes 19 de junio llevó a su hijo a la clínica 10 del IMSS donde tampoco lo quisieron aceptar. Ese mismo día a las 13 horas, su hijo falleció sin recibir atención.
En días posteriores, Víctor Manuel Campos, representante legal del restaurante, se comunicó con la familia de Roberto para dar una explicación.
“Estoy investigando cómo pudo suceder esta situación (…) La situación económica de la empresa es muy difícil (…) Pagar sueldos y seguro social de 120 empleados mientras los restaurantes se encuentran cerrados es económicamente imposible”, escribió por Facebook al tío de Roberto.
Crédito: Mexicanos contra la corrupción