La Secretaria de Salud informó que se está reestructurando los hospitales en Baja California debido a la tendencia favorable de COVID-19 en la región.

El Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico detalló que el 27.73 por ciento es de ocupación COVID-19 y el 72.27 para el resto de los pacientes. 

"Ya estamos en la restitución de las unidades hospitalarias todos los resguardados del sector salud están regresando y se están abriendo las consultas externas" señaló Pérez Rico 

Este día se registra 27.73 por ciento en ocupación hospitalaria COVID-19 en el estado, 70 pacientes hospitalizados, 201 camas y 243 ventiladores disponibles. 

El titular de salud dijo que no registran rezago quirúrgico en Ensenada, sin embargo Tijuana y Mexicali presenta rezago de meses, por lo tanto asegura que acelerarán el proceso para atender a los pacientes.

Tras la denuncia de trabajadoras de la Unidad de Especialidades Mexicas de Baja California (UNEME) en Mexicali que no atendió el ex Secretario de Salud de Baja California, Pérez Rico y la actual administración, el Coordinador General de Gabinete, Alfredo Álvarez Cárdenas, asegura que desde su gestión se ha trabajado en la problemática.

"Si las víctimas presuntamente tuvieran que promover judicialmente lo hicieran", expresó Álvarez.

Sin embargo, señaló que hasta la fecha no se han presentado denuncias por parte de los trabajadores ofendidos. 

Por su parte, el Secretario de Salud del Estado, Adrián Medina Amarillas, dijo que se han tomado acciones y se implementaron protocolos.

Además señaló que algunos trabajadores decidieron cambiarse a otra unidad hospitalaria.

El Secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, declaró que desde la transición de gobierno se percató de una investigación por el mal uso de recetas y narcóticos en el sector salud.

"En los últimos días se ha tornado viral y estoy enterado desde mucho antes porque en la transición detectamos una investigación en curso de la salida anormal de fentanilo del hospital materno infantil de Tijuana", expresó Amarillas.

Indicó que la más reciente acusación fue el mal manejo de recetas médicas durante la gestión del ex Secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico.

"Si hay culpables que están laborando o que haya laborado en la Secretaria de Salud, no vamos hacer tapadera de nadie", manifestó el titular de salud. 

Sin dar a conocer nombres de las personas involucradas, dijo que se trata de varios colaboradores y será la Fiscalía General de la República quien determine la situación.

En relación a los señalamientos del ex Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico a quien acusan por acciones de corrupción, la Gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine la investigación.

"De ese tema nos acabamos de enterar, es un tema que tiene poco, del cual habíamos venido escuchando ciertas cosas y estaremos haciendo la investigación vamos abrir las puertas a la Fiscalía para que se haga la investigación correspondiente", expresó Ávila Olmeda.

Al ex titular de salud se le acusa por mal manejo de recetas y uso sospechoso de grandes cantidades de narcóticos en hospitales durante su gestión en el gobierno que encabezó el ex mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez.

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Como parte de los trabajos de reconversión del Hospital General Regional (HGR) No. 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tijuana, para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19, se determinó trasladar el servicio de Ginecología de ese nosocomio al Hospital de Gineco-Obstetricia con Medicina Familiar (HGO/MF) No. 7.

Por lo tanto, las mujeres que llevan su control prenatal en las clínicas en Tijuana y Rosarito ahora son derivadas al HGO/MF No. 7 por el médico familiar el término del embarazo o en caso de cualquier dato de alarma obstétrica.

De acuerdo con la directora del HGO/MF No. 7, doctora Luz Elena Aburto Márquez, el hospital ya se está haciendo cargo de todos los partos y cesáreas de las derechohabientes, sin importar el número de hospital al que estén adscritas en estos dos municipios.

Asimismo, detalló que se están atendiendo alumbramientos programados, además de aquellas urgencias reales que se registran en mujeres embarazadas.

Por lo anterior, Aburto Márquez exhortó a que las derechohabientes que lleguen al final de su embarazo y que presenten trabajo de parto y datos de alarma ya no acudan al HGR No. 1 y No. 20, ya que no tienen servicio de Obstetricia, por lo que deberán dirigirse al HGO/MF No. 7

La doctora informó que el hospital cuenta con la capacidad para atender el incremento en la atención con 66 camas de hospitalización y un equipo médico integral en las especialidades de: Ginecología, Pediatría, Anestesiología, Oncología, Medicina interna, Nutrición y Enfermería.

Destacó que en esta reconversión hospitalaria el HGO/MF No. 7: se mantiene la consulta de obstetricia y atención consulta de consulta y cirugías Oncológicas.

Además, Aburto Márquez afirmó que los consultorios de Medicina Familiar seguirán operando sin modificación alguna, ofreciendo consultas de Primer Nivel agendadas y con el servicio de Unifila en sus 21 consultorios en los turnos matutino y vespertino.

Se calcula que de 450 partos y cesáreas que se atienden mensualmente en el HGO/MF No. 7, ahora el número puede superar los mil servicios al mes.

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El actual Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico podría ir a prisión de tres a seis años debido a que no compró, importó, ni suministró un medicamento a base cannabis a 27 pacientes que lo requieren. 

Está mañana la señora María Alejandra Arreola, miembro de la Fundación Loto Rojo y madre de una de las 27 pacientes de nombre Arantza Ortiz Arreola, dijo que esta demanda penal la interpuso debido a que el secretario de salud mintió al decir que no contaba con la partida económica. 

En el 2019 un juez de Distrito Federal le otorgó a la fundación una suspensión que obliga a la Secretaría de Salud del Estado a importar de Estados Unidos y proveer de forma gratuita el medicamento a base de cannabis. 

Los abogados de la Fundación consideraron que Pérez Rico mintió en una ocasión al decir que no sabía de esa suspensión, cosa que desmintió el secretario de salud federal actual. 

Además los abogados mencionaron que el secretario mintió nuevamente al asegurar que no contaban con el presupuesto para la adquisición de los medicamentos, situación que también desmintieron debido a que la Secretaría de Pérez Rico recibieron más de 21 mil millones de partido. 

Estas omisiones de la autoridad sanitaria de Baja California pusieron en riesgo a los 27 pacientes debido a que tuvieron que introducir al medicamento a Baja California de manera ilegal.