La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que la interrupción del embarazo se trata de un problema social, porque criminaliza a las mujeres más pobres; y sanitario, pues las empuja a asistir a clínicas clandestinas, en las cuales suelen haber consecuencias terribles. 

En una reunión con una delegación de legisladoras estadounidenses, la senadora aseveró que la discusión no se debe poner entre una filosofía moral contra la defensa de los derechos de las mujeres, ya que no llegará a nada. 

Señaló que durante los últimos 15 años, las mujeres mexicanas han impulsado cambios importantes en favor de sus derechos, lo cual se ha conseguido al alternar esfuerzos desde el ámbito político, jurisdiccional y legislativo. Gracias a ello, aseveró, se logró elevar a rango constitucional el principio de paridad de género. 

Otro avance destacado, continuó, es la no criminalización del aborto en algunas entidades federativas, lo cual se logró gracias a la presión social, las reformas legislativas y las decisiones jurisdiccionales. 

“Hoy se empieza a respetar la decisión de las mujeres sobre el aborto antes de las 12 semanas y ya es un derecho vigente en la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero y Sinaloa”, señaló.

Además, informó que hay esfuerzos por parte de legisladoras para que no se criminalice el aborto a nivel federal, iniciativas que se encuentran en comisiones. A pesar del lento ritmo legislativo, dijo Sánchez Cordero, no hemos abandonado el tema y buscamos el mayor consenso. 

A pesar de estos avances, comentó, las movilizaciones y los esfuerzos legislativos se han visto obstaculizados por inercias y resistencias de una cultura patriarcal, así como por la ignorancia y grupos que le dan un enfoque religioso a este tema, cuando se trata de un asunto de salud pública. 

La senadora de Morena destacó la realización de este ejercicio de intercambio de experiencias, el cual confió que será fructífero para garantizar los derechos de las mujeres de Norteamérica. 

La representante Micaela L. Cadena, vicepresidenta del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Nuevo México, se dijo a favor del acceso al aborto para todas las mujeres, ya que todas las personas deben tomar sus propias decisiones en materia de salud y sobre su futuro. 

En ese tenor, denunció que las mujeres con dinero siempre tienen la posibilidad de acceder a una interrupción del embarazo, mientras que el resto deben “navegar” entre la discriminación y desigualdades para acceder a la salud. 

Al hablar en representación de la delegación de legisladoras norteamericanas, destacó los esfuerzos para derogar diversos ordenamientos que criminalizaban el aborto; sin embargo, se encuentran con resistencias en la Suprema Corte de su país. “Creemos firmemente en el respeto a la decisión de todas las personas, sin la interferencia de ningún político”, enfatizó.

Tenemos mucho que aprender de México y América Latina, aseveró Micaela Cadena, especialmente de los movimientos liderados por mujeres brillantes y maravillosas que elevan sus voces para garantizar su participación en los espacios de decisión. 

La delegación de parlamentarias estuvo integrada por las senadoras Linda M. López, integrante del Comité de Comités del Senado del estado de Nuevo México; Julie Gonzalez, presidenta del Cucus de la Mayoría en el Senado de Colorado; y Stephanie S. Hamilton, integrante del Comité Judicial del Senado de Arizona. 

Además, las representantes Julie Von Haefen, integrante del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte; y Erin Zwiener, presidenta del Caucus sobre Medio Ambiente, Clima e Industria Energética de la Cámara de Representantes de Texas. 

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El Tribunal Supremo del estado de Arizona prohibió el aborto en casi todos los casos al recuperar una ley impugnada de 1864, que ilegaliza dicho procedimiento, excepto en aquellos casos en los que abortar salva la vida de la persona gestante.

La más alta instancia judicial de Arizona falló contra el aborto, con penas de hasta cinco años de prisión por incumplimiento, después de que en 2022 el entonces gobernador republicano, Doug Ducey, firmara ya una ley que prohibía el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo.

En 1971, la asociación Planned Parenthood, en favor de los derechos reproductivos y que ofrece abortos, demandó al estado y consiguió acabar con la ley de 1864, puesto que un juez falló a su favor, pero ahora la situación volvió a cambiar.

El Supremo falló a favor del obstetra Eric Hazelrigg, quien junto al fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, intervino en la defensa de la ley de 1864. Hazelrigg dirige una red de centros de crisis del embarazo, instalaciones donde se aconseja a las mujeres embarazadas que no aborten.

"En ausencia del derecho constitucional federal al aborto, no hay ninguna disposición en la ley federal o estatal que prohíba (la ley de 1864) su aplicación. En consecuencia, (la ley de 1864) es ahora aplicable", sentenció el juez de la Corte Suprema de Arizona John R. López IV.

De esta forma, Arizona se une a los casi dos docenas de estados que han prohibido y restringido el acceso al aborto desde que el Tribunal Supremo del país tumbó en 2022 la sentencia Roe v. Wade, que protegía el aborto a nivel federal.

La reciente decisión llegó en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo noviembre, en la que el aborto es uno de los asuntos más controvertidos y las encuestas indican que una mayoría de estadounidenses se oponen a la prohibición del procedimiento.

Por otro lado, el fiscal general de Arizona, Kris Mayes, calificó dicha sentencia de “desmesurada” y considera que “afrenta a la libertad”: "No nos equivoquemos, al anular una ley aprobada este siglo y sustituirla por otra de hace 160 años, el Tribunal ha puesto en peligro la salud y la vida de los ciudadanos de Arizona", aseguró.

También el presidente de EU, Joe Biden, cree que la prohibición es “cruel” y, en un comunicado emitido por la Casa Blanca, afirmó que “este fallo es el resultado de la agenda extrema de los funcionarios electos republicanos que están comprometidos a arrebatar la libertad de las mujeres”.

“Millones de personas en Arizona vivirán pronto bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa, que no protege a las mujeres ni siquiera cuando su salud está en peligro o en casos trágicos de violación o incesto”, añadió el mandatario.

Paralelamente, el Supremo estadounidense tiene en su calendario un caso contra la píldora abortiva y escuchará también argumentos en una querella contra el veto casi total al aborto en Idaho.

Esta prohibición en Arizona entrará en vigor dentro de 14 días.

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El virtual candidato presidencial republicano Donald Trump opinó este lunes que la legalidad del aborto debería quedar en manos de cada estado y descartó una prohibición a nivel nacional.

En un video de unos cuatro minutos en su red social, el expresidente reiteró que está orgulloso de haber designado una mayoría de jueces conservadores en el Tribunal Supremo de Justicia que, en 2022, anuló las protecciones a la interrupción del embarazo.

"Mi opinión es que ahora, en lo que se refiere al aborto, estamos donde todos querían estar desde un punto de vista legal", escribió Trump en su 'Truth Social'.

"Los estados determinarán mediante votación o legislación, o tal vez ambas vías, y lo que decidan será la ley", añadió.

La declaración probablemente decepcionará a los grupos más militantes que pujan por una veda del aborto a nivel nacional, especialmente dado que con anterioridad la campaña presidencial de Trump mencionó una prohibición del procedimiento después de la decimoquinta semana de gestación a nivel nacional.

Trump reiteró su apoyo a excepciones que permitan el aborto en casos de violación, incesto o cuando esté en peligro la vida de la madre. Añadió, asimismo, que está de acuerdo con procedimientos como la fertilización in vitro.

"Muchos estados serán diferentes", explicó el exmandatario conservador. "Tendrán un número diferente de semanas (permitidas para interrumpir la gestación) y algunos serán más conservadores que otros", añadió.

Para Trump "cada uno debe seguir lo que siente, o en muchos casos, su religión o su fe".

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En el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo en América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un exhorto a que las 21 entidades federativas en México que aún no han despenalizado el aborto cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Además, el Inmujeres reiteró que es importante que en todo el país se fortalezca la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos como elementos fundamentales para empoderar a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y reproductivos.

​“Desde el Inmujeres celebramos los avances significativos alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto y, conscientes de los desafíos que aún hay por resolver, celebramos la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de septiembre, que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto autoprocurado y voluntario”, destacó el Inmujeres.

Asimismo enfatizaron que las mujeres o personas gestantes podrán solicitar la realización de un aborto en cualquier institución de salud federal, sin que ellas o el personal médico que lo practique sean sancionados.

El Inmujeres finalizó su comunicado destacando que es importante avanzar hacia un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con autonomía sobre sus cuerpos y ejerciendo plenamente sus derechos.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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