Nada pasa desapercibido en las redes sociales. Una broma de mal gusto, una foto inapropiada, hablar mal del trabajo, insultar al jefe, escribir con faltas de ortografía o revelar información confidencial son algunas de las causas por las que usuarios de estas plataformas han perdido su puesto de trabajo. Las meteduras de pata son carne de cañón para la audiencia social, que pronto las convierten en virales con sus comentarios y críticas, las comparten en Facebook y Twitter y ya no hay vuelta atrás.

Sin ir más lejos, la semana pasada despidieron a una mujer estadounidense en su primer día de trabajo en una guardería por publicar un vídeo en Facebook en el que afirmaba que “odiaba estar rodeada de niños”. Era una broma, pero nadie la entendió.

Uno de los casos más conocidos es el de Justine Sacco, que antes de iniciar un viaje de Nueva York a Sudáfrica escribió en diciembre de 2013: “Me voy a África. Espero no pillar el sida. Es broma. ¡Soy blanca!”. El tuit provocó miles de comentarios tachándola de racista y le costó su puesto como directora de comunicación de InterActiveCorp (IAC), una importante compañía que se encarga de gestionar la comunicación de portales como Ask.com o Vimeo.

El desafortunado mensaje le arruinó la vida, según explica la joven estadounidense al periodista Jon Ronson, que acaba de publicar el libro So you’ve been publicity shamed , en el que recopila el testimonio de personas que han sido deshonradas en la red.

En todos estos casos coincide un tema: cuidar la reputación online es tan necesario para famosos y políticos como para la gente de a pie. Con todo, y a pesar del derecho al olvido de Google, internet no olvida fácilmente.

Ya sea que por voluntad hayas renunciado o tu patrón te haya despedido o dado de baja, tienes derecho a reparto de utilidades de tu antiguo trabajo, conforme a lo establecido en la ley. 

La Ley Federal del Trabajo estipula que todos los trabajadores que hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año tienen derecho al reparto de utilidades. 

El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que deba presentarse la declaración anual del empleador, es decir, del 1 de abril al 30 de mayo, en caso de que tu patrón se una persona moral, y del 1 de mayo al 29 de junio, si es persona física. 

La cantidad exacta a distribuir depende del número de días trabajados en el año y el monto de los salarios devengados durante el mismo, en función de las utilidades generadas por el empleador. 

¿Quiénes no reciben utilidades? 

Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Tampoco los trabajadores del hogar participan en el reparto de utilidades. 

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar tus utilidades? 

Si la empresa incumple con esta prestación o te paga de forma incompleta, tienes el plazo de un año, a partir de la fecha límite para reclamar el pago de tus utilidades, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

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Hace casi dos décadas, los juegos tradicionales comenzaron una migración hacia la red de redes que el paso del tiempo ha demostrado que es prácticamente irreversible. Los usuarios han abandonado progresivamente las opciones que requerían una presencia física, incluidos los juegos de azar, y se han estabilizado en el mundo en línea, y continúan creciendo constantemente en todo el mundo.

Baste decir que el mercado de juegos de PC en línea ha crecido de $ 21.100 millones en 2011 a 40.100 millones en 2020, registrando un rendimiento de casi el 100% en solo 9 años, con estimaciones de un mayor crecimiento de casi 2.000 millones en 2022. Un fenómeno, según los datos recopilado por la web Statista.com, sin comparación en todo el planeta que tiene el futuro más que asegurado.

Con el transcurrir de los años, y siguiendo este ejemplo, otras actividades que han centrado su modelo de negocio en internet, han conseguido viabilidad y crecimiento. Este caso se ha producido con la llegada de los juegos de redes sociales, también llamados "juegos sociales", ya que han unido dos de los campos más asiduos en su uso interactivo de los últimos tiempos. Greentube, la empresa propietaria del casino online Starvegas, fue la primera en lanzar este tipo de juegos en su plataforma.

Hoy, de hecho, los juegos integrados en plataformas sociales representan un enfoque de suma integradora de enorme éxito, tanto en términos de permanencia del usuario en la plataforma, como en mejora de experiencia del usuario en un sentido más amplio. U

Los usuarios de juegos sociales juegan por diversión, para desafiar a sus amigos en la clasificación y sin un deseo particular de monetizar sus ganancias. No solo basta con jugar y ser uno de los mejores en estos momentos. Compartir sus progresos es un aspecto vital para millones de usuarios de este tipo de servicios en todo el globo terráqueo.

Esta nueva forma de socialización ha sido fruto de la necesidad de millones de personas a interactuar con sus semejantes, buscando una vía de escape a la imposibilidad del contacto físico desde hace más de un año. Un hecho que no ha pasado desapercibido para los oferentes de juegos en línea, ya que, en sus títulos, las redes sociales tienen su hueco primordial.

Esta nueva forma de comunicación ha cambiado lo establecido a la hora de las relaciones humanas. Lejos quedaron los tiempos, en los que internet era una herramienta usada muy esporádicamente por determinados expertos. La red de redes se ha generalizado en todo el planeta, siendo el soporte habitual de infinitos campos.

El jueves 11 de marzo Jorge Camarillo Govea y Armando León Valladolid, socios y Directores de Business Thinking, participarán en un IG LIVE organizado por la Asociación de Publirrelacionistas de Baja California (PRORPBC) en punto de las 18:00 horas en donde nos hablarán sobre las “Redes Sociales en Campañas Políticas”.

El Presidente de PRORPBC, Lic. José G. Avelar Ruíz, considera que las redes sociales jugaran un papel muy relevante en las campañas políticas a realizarse próximamente en Baja California por lo cual invita al público a ver la conferencia gratuita en Instagram Live.

Jorge Camarillo y Armando León son consultores, estrategas y académicos en temas de comunicación y marketing político para redes sociales en todos los niveles de gobierno y sector privado tanto en México como en Centroamérica y Sudamérica.

Camarillo y su socio León han participado en más de 60 campañas políticas y más de 300 campañas comerciales; son ganadores de siete premios ‘Reed Latino’ una de ellas “Mejor Firma de Comunicación Digital 2018” la premiación es organizada cada año por la revista Campaigns & Elections en Español, considerado por The Washington Post, como “los Oscares de la comunicación política.”

Hay que resaltar que en 2011 Jorge y Armando ambos tijuanenses fueron reconocidos por la empresa Facebook en el corporativo de Dublín, Irlanda, por tener un caso de éxito internacional. En el 2017 dada las experiencias acumuladas presentaron el exitoso libro “Las Campañas Políticas y Gobiernos en las Redes Sociales. Cuarto de Guerra 2.0”; con la casa editorial Rodrigo Porrúa.

El programa de conferencias: Elecciones Baja California 2021 que organizo PRORPBC es totalmente gratuito y lo puede seguir en @prorpbc.

El grupo parlamentario del PAN también presentó una iniciativa para regular las redes sociales y propone modificaciones para que las plataformas digitales se responsabilicen de la seguridad de usuarios y de los actos de sus empleados ante posibles faltas o delitos tipificados en el Código Penal, a través de un medio de control conocido como debido cumplimiento o compliance, porque actualmente esos ilícitos no están considerados.

Ante posibles actos de impunidad en las redes sociales mediante la difusión de pornografía infantil, comunicación de contenido sexual y delitos informáticos de los usuarios o de proveedores de servicios, la diputada Jacquelina Martínez Juárez propuso que las empresas digitales estén obligadas a nombrar un ente jurídico (compliance) para responder de manera institucional a requerimientos de la autoridad.

A través de la diputada Martínez Juárez, el blanquiazul señaló que uno de los grandes cambios conceptuales del derecho penal en nuestro país es que, si una persona moral o una empresa quebrantan la ley, el Ministerio Público la puede investigar o imputar delitos, y la iniciativa busca precisamente que se incluya el compliance específicamente para las compañías digitales.

Aseguró que México tiene que ponerse al día en los instrumentos internacionales contra los delitos informáticos cometidos a través de plataformas digitales, aplicaciones o redes sociales, como el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest, elaborado por el Consejo de Europa, con la participación de Canadá, Japón y China como Estados observadores, del cual nuestro país no es parte.

Ante este vacío, la diputada Jacquelina Martínez propone además que el compliance de las plataformas digitales responda a la autoridad cuando se realice: comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen la capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 199 septies.

También se menciona: pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo previsto en los artículos 202 y 202 bis; y en materia de delitos informáticos o cometidos por proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a través de la red de internet, los previstos en los artículos 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6.

Además, le otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atribuciones para realizar acciones de orientación, información e investigación necesarias para garantizar la seguridad y prevenir los delitos en aplicaciones y contenidos a través de la red de internet, así como generar directrices para que las empresas de aplicaciones y contenidos en la web observen el debido control interno para evitar los delitos.

Actualmente el sector financiero ha avanzado más en los instrumentos para combatir el delito dentro de su sector, conocido como fraude cibernético, mediante uso de las computadoras.

Según estadísticas de la Condusef, en el primer semestre de 2019 los fraudes cibernéticos crecieron 35% con respecto a 2018. El monto reclamado de los fraudes ascendió a 5 mil 908 millones de pesos; se bonificó sólo 42% y 87 de cada 100 de estos delitos se resolvieron a favor del usuario.

Sin embargo, no se cuenta con una base de datos ni estadísticas precisas sobre los delitos cometidos a través de internet en las que el Estado se pueda basar para medir el impacto social por el uso de las redes sociales cuando socava el tejido social, el orden político o intensifica la propagación de desinformación e incluso de información falsa.

Lo que se censura o no en redes sociales como Twitter y Facebook debe ser tarea de los tribunales y las instituciones democráticas, no de Ministerios de la Verdad o empresas privadas propietarias de las mismas plataformas.

La actuación de las compañías que operan las redes sociales debe apegarse a un marco regulatorio claro, transparente y que defina las reglas del juego, hoy inexistentes en el mundo digital.

Para ello, la Unión Europea requiere dotarse de normativas y no conformarse solamente con la existencia de guías de actuación redactadas por las propias empresas privadas.

Esa fue la conclusión del debate celebrado en el hemiciclo del Parlamento Europeo sobre el escrutinio democrático de las redes sociales y la protección de los derechos fundamentales, un tema que ha ido tomando fuerza en Bruselas desde el asalto al Capitolio y la cancelación de la cuenta de Twitter del entonces presidente Donald Trump por incitar a la violencia.

"Son las instituciones democráticas, nuestros tribunales, nuestras leyes las que tienen que definir las reglas del juego, definir que es ilegal y qué no es, lo que se tiene que retirar y lo que no se debe retirar", aseguró Ana Paula Zacarias, Secretaria de Estado para Asuntos Europeos de Portugal, quien habló en nombre de la presidencia semestral del Consejo Europeo.

"Sin el escrutinio democrático y un terreno de juego equilibrado, hay un riesgo para los usuarios, así como para la participación pública", pues el poder de moderar los contenidos hoy recae en manos de unos cuantos hombres de negocios que ven sólo por intereses particulares.

Si bien es cierto que el espacio virtual se ha convertido en caldo de cultivo de teorías de la conspiración y la proliferación de noticias falsas, aseguró que las mejores herramientas para contrarrestar estos fenómenos son la educación en medios de comunicación y el alfabetismo digital.

"El hecho de que las plataformas tecnológicas puedan suprimir una cuenta de un presidente basándose en criterios vagos y sin supervisión es algo preocupante", dijo la Comisaria Europea responsable de la cartera de Transparencia, Vera Jourová.

"La incitación a la violencia por parte del Presidente Donald Trump sí merecía acción, pero es hora de controlar el poder infinito de este tipo de plataformas".

La apuesta comunitaria, explicó, es diseñar un marco regulatorio en el que se establezca claramente las obligaciones y responsabilidades de los actores digitales salvaguardando la libertad de expresión y evitando la censura.

La Comisión Europea propone concretamente aumentar la rendición de cuentas de las plataformas en línea, reforzar las acciones para un mayor control de los algoritmos y evitar que las grandes empresas puedan tomar decisiones arbitrarias.

"Hay que centrarnos en las técnicas de manipulación, por eso voy a proponer una legislación sobre la publicidad en línea. Lo que es ilegal en el mundo real tiene que serlo en el virtual".

"Debemos poner orden y acabar con el lejano oeste digital", enfatizó.

El debate tuvo lugar en un momento en el que la Unión Europea trabaja sobre una ley sobre servicios digitales y el marco jurídico sobre el mercado digital.

Bruselas pretende establecer reglas para las plataformas, así como las acciones a tomar para abordar el contenido nocivo o ilegal en línea, como la desinformación y la incitación a la violencia.

Para le eurodiputada socialista Marina Kaljurand, la UE está obligada a actuar debido a que las herramientas actuales contra la desinformación y el discurso de odio son "insuficientes para contrarrestar el asalto a nuestra democracia".