CNDH teme que la información sin actualizar provoque violación de DH

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Cadena Noticias,  Baja California, Mexico, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhorta a los gobiernos estatales a mantener actualizada la publicación de sus leyes que dan a conocer a través de periódicos y gacetas oficiales y que difunden en sus páginas de internet.

Lo anterior para que la sociedad tenga puntual conocimiento de la normatividad, facultades y ámbitos de competencia de los estados, así como para que esta Comisión Nacional colabore con los poderes públicos, mediante el ejercicio de la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, para consolidar un orden jurídico que observe y garantice de manera irrestricta los derechos humanos.

Las dependencias encargadas de los periódicos y las gacetas oficiales son los órganos de los gobiernos de las entidades federativas que cumplen con la función de publicar leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás ordenamientos y actos expedidos por los poderes locales, con la finalidad de informar a la sociedad sobre su contenido para que sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sin embargo, la CNDH ha identificado que, en algunos casos, los portales de internet de los periódicos y las gacetas oficiales no están actualizados, y en otros, la publicación extemporánea de las normas en las páginas electrónicas de los periódicos oficiales impide que las mismas sean examinadas con el rigor y profundidad que se requiere para verificar si estamos ante posibles violaciones a los derechos fundamentales.

Los periódicos oficiales son sumamente importantes para que este Organismo Autónomo pueda cumplir con la atribución de revisar que los marcos normativos respeten y garanticen los derechos fundamentales. Por ello, diariamente realizamos la revisión virtual en las páginas de internet de estos medios oficiales de difusión, para identificar leyes y reformas que se publican en los estados y la Ciudad de México, así como en el Diario Oficial de la Federación para proceder a su análisis.

Lo anterior permite que la CNDH identifique normas de rango legal que puedan ser susceptibles de vulnerar los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en cuyo caso se elaboran demandas de acción de inconstitucionalidad que se presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determina si las normas son respetuosas o no de los derechos fundamentales de las personas.

Para ejercer esta importante función constitucional en beneficio del pueblo de México, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CNDH cuenta con un plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que se publica la ley o el decreto de reformas que pueda implicar una transgresión a los derechos humanos, por lo que es muy importante que la detección y análisis de las disposiciones normativas se haga de manera oportuna.





Consejeros de la CNDH critican que no se impugne traspaso de Guardia Nacional

En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento.

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El Sol,  Ciudad de México, Mexico, 

Ocho de los nueve consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron este jueves la decisión de no impugnar la reforma aprobada por el Senado el pasado 8 de septiembre que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento de 16 páginas que emitió la CNDH cinco días después de haberse aprobado la reforma y donde adelantó que no presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, sostuvieron.

Esta es la segunda vez que los consejeros se desmarcan de la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra. La primera ocasión fue apenas la semana pasada, previo a la discusión y votación de la iniciativa en el Senado, cuando ante la inacción de la CNDH seis de sus nueve consejeros le solicitaron a la presidenta del organismo impugnar la reforma.

Requerimiento que fue desestimado varios días después por la propia Comisión, ya que desde su perspectiva consideró que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “admisible” dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México.

Aunque la reforma es considerada por organizaciones civiles como Amnistía Internacional y la propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como preocupante, por dejar que los militares tomen el mando en labores de seguridad pública, la CNDH razonó que “dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible”.

El organismo se limitó a justificar la operatividad de las Fuerzas Armadas al señalar que las policías locales y municipales no han podido contener el avance de la delincuencia organizada en el país y recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Sedena y la Guardia Nacional son de las instituciones que más confianza dan a la ciudadanía.

Sin embargo, ahora con dos integrantes más de su lado, los consejeros emitieron un nuevo mensaje en el que se dijeron convencidos de que la reforma tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del país, por lo que todos, salvo María del Rosario Torres Mata, firmaron el documento en contra de lo señalado por la presidenta de la CNDH y se comprometieron a apoyar las iniciativas ciudadanas que busquen revertir la reforma, además de dar acompañamiento a potenciales víctimas de derechos humanos derivadas lo aprobado por el Congreso de la Unión.

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CNDH no promoverá acciones de inconstitucionalidad por GN a la Sedena

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

En México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador, y para hacerlo tenemos un marco legal, que ciertamente hay que reforzar y mejorar, para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada, del sistema republicano y de la división de poderes; siendo responsabilidad de todos los actores públicos, y de la sociedad, defender el Estado democrático de Derecho que lo hace posible”, destacó.

Al difundir su postura sobre la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH, que dirige Rosario Piedra Ibarra anunció que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por las reformas aprobadas.

“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado”, subrayó.

Admisible control de Sedena sobre GN

Argumentó que dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México, es “admisible” el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, expuso.

Señaló que también impulsará acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que "en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada", se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones. 

Aseguró que de diciembre pasado a la fecha, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han dejado de aparecer entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja, por lo que confía que estas reformas se sumen a la estrategia de seguridad del gobierno federal para atender la violencia en el país.

"La CNDH reitera su compromiso de velar por la máxima protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, por lo que permanecerá atenta a la implementación de las reformas aprobadas y a la actuación de la Guardia Nacional, ejerciendo sus atribuciones, sin reservas ni limitaciones, en el marco del respeto a nuestro orden Constitucional", expresó.

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó que con su postura la CNDH evidencia su falta de autonomía para defender los derechos humanos.

“La @CNDH evidencia una vez más su falta de autonomía: abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad vs las reformas a la #GuardiaNacional Las 16 págs. de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de #DDHH”, expresó.

Sostuvo además que “las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”.

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Más de 70 mil migrantes han sido víctimas de tráfico y secuestro en México: CNDH

El organismo llamó a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Más de 70 mil personas en contexto de movilidad han sido víctimas de tráfico y secuestro en México, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que llamó a fortalecer las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para atender a las y los migrantes que transitan por México, especialmente a quienes son víctimas de esos ilícitos, e instó a las autoridades locales a realizar una investigación diligente y profunda.

Aseguró que existen altos niveles de vulnerabilidad a la que son expuestas las personas migrantes y exhortó a las autoridades, especialmente las encargadas de la seguridad pública, a reforzar las acciones para que la migración se realice de manera segura, digna y ordenada.

Además, reiteró lo señalado en su Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, en el que se analizaron las acciones realizadas en los últimos diez años por las autoridades migratorias, de seguridad pública y procuración de justicia, relacionadas con la persecución y sanción de los delitos de tráfico ilícito y secuestro en perjuicio de personas en contexto de migración en México.

Asimismo, aseguró que los operativos contra el tráfico de migrantes han aumentado en promedio 600%; que las entidades con más casos de secuestro en perjuicio de personas en movilidad son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

La CNDH advirtió la necesidad de que México cuente con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de personas migrantes, así como medidas de asistencia, protección y seguridad a las víctimas que atienda sus necesidades especiales.

A través de este Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, la CNDH exhortó a las autoridades mexicanas a emprender acciones precisas de coordinación en los tres órdenes de gobierno e impulsar el combate al tráfico y secuestro de personas migrantes en el que se incluya el fortalecimiento de las tareas de prevención del delito, procuración de justicia y el respeto de los derechos humanos.

Entre las propuestas generales, se encuentra el deber jurídico que tienen las instituciones del Estado para garantizar la seguridad pública, prevenir e investigar la comisión de conductas delictivas, e identificar a los responsables para lograr que se les impongan las sanciones legales correspondientes, garantizando con ello que no queden impunes. Todo ello acompañado de una política pública específica e integral.

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CNDH solicita protección para el periodista Rubén Haro

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) activó la Alerta 6 por las agresiones en contra del periodista Rubén Eduardo Haro Madero, en Cajeme, Sonora.

La madrugada del domingo 17 julio, el propietario del diario digital Las Noticias de la Red, fue atacado a balazos, minutos después de hacer dos transmisiones en vivo de dos ataques armados. Salió ileso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo conocimiento de la agresión, por lo que solicitó el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora para brindar la atención oportuna.

Al tiempo, solicitó a la Coordinación Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que se comunicara con el periodista, a efecto de ofrecerle integrarlo como beneficiario.

Además, emitir medidas urgentes de protección e iniciar la evaluación de riesgo integral y contextualizada, para generar, si así lo desea el periodista, un plan de protección adecuado.

El organismo nacional llamó a las autoridades competentes a actuar con diligencia y agotar las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, tomando en cuenta la voz del periodista y las circunstancias del caso.



Amputan piernas y extirpan útero y ovario a mujer por mala atención médica

La CNDH emitió una recomendación al IMSS

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El Universal,  Mexico, Querétaro de Arteaga, Querétaro, 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, luego de que a una mujer le fueron amputadas sus piernas, se le quitó el útero y le extirparon el ovario derecho en un hospital de Querétaro, en lo que el organismo autónomo consideró que la atención otorgada “no fue oportuna ni adecuada”.

De acuerdo con el expediente CNDH/4/2019/5817/Q, una mujer de 27 años interpuso una queja en contra de personal adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 9 y al Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, en Querétaro, por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) "traslocado" en septiembre de 2018, que le ocasionó una infección y en consecuencia 3 paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho.

La queja refiere que también se le amputaron las piernas, “sin que se le otorgara un seguimiento adecuado a su condición clínica y sin que decidieran la especialidad médica que debía atenderla, considerando si correspondía a traumatismo y ortopedia o bien a angiología, por lo que se le omitió proporcionarle la fisioterapia que requería en ese momento”.

“Conforme a la ampliación de Opinión Médica elaborada por personal de esta Comisión Nacional, el DIU se retiró con pinzas, sin que se realizara legrado uterino instrumental ni con laparotomía que es la recomendación en el caso de DIU traslocado, además de que la víctima continuó con molestias abdominales que desencadenaron una sepsis. Por lo anterior este Organismo Autónomo considera que la atención otorgada a la víctima no fue oportuna ni adecuada”, refiere la recomendación.

Agrega que el retiro del DIU se llevó a cabo por autoridad responsable “a ciegas”.

Días después, la paciente se presentó con dolor lumbar y el padecimiento se anotó como antecedente al procedimiento de retiro de DIU “sin llevar a cabo algún análisis, rayos X o ultrasonido”, por lo que le fue diagnosticada “lumbalgia aguda”, recetando únicamente medicamentos para controlar el dolor, además que no se revisó el retiro del DIU.

Debido a que el dolor lumbar y abdominal continuaba, además de presentar náuseas, vómito y diarrea, el 2 de octubre de 2018, la joven se presentó en el área de urgencias de la UMF 9 por la noche, siendo enviada al HGR 1, donde ingresó con datos de choque hipovolémico 11, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa; perdió el conocimiento y después supo que fue un paro cardiaco y despertó en el HGR 1, dado que fue trasladada de emergencia, además de que se encontraron evidencias de que se llevaron a cabo maniobras de reanimación por 30 minutos.

Tras varios procedimientos mientras permanecía internada, al quinto día, el 7 de octubre de 2018, la mujer seguía grave con fiebre alta, tenía un drenaje abdominal, recuento bajo de plaquetas, salida vaginal de líquido fétido y muerte de tejido en dedos del pie derecho y en tobillo izquierdo, “pronosticándola como grave”, llevándose a cabo el 17 de ese mes la cirugía para realizar amputación.

Al realizarle otras cirugías y al egresar del hospital el 28 de octubre de 2018, el estado de salud de la paciente se describió con lesión renal aguda, colocación de marcapasos temporal, presentaba aún piel tipo con manchas moradas en ambas piernas, “por lo que se consideró realizar posteriormente una segunda amputación, para observar si existía daño cerebral por el tiempo de paro cardiaco le realizaron una tomografía computarizada craneal”.

Egresó del hospital el 1 de noviembre de 2018, siendo trasladada en ambulancia a su domicilio.

“El 15 de junio de 2019, se le realizó la amputación de la pierna izquierda, retirando parte de ésta hasta la pantorrilla”.

La CNDH llamó también a atender la salud emocional de la paciente como parte integral del derecho a la salud porque “no debe dejarse de lado, más en el caso que nos ocupa de una paciente que tuvo como resultado la amputación de ambas piernas”.

“Este tipo de procesos para una mujer joven pueden ser complejos, presentando dolor fantasma, depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos, entre otros”, refirió.

Se resolvió que vulneraron el derecho humano de la joven a la protección de la salud por inadecuada atención médica y su derecho a la salud sexual y reproductiva.

“Era una mujer independiente económicamente que vivía en una casa con sus 2 hijos, tenía un trabajo, proyectaba comprarse su propia casa a través de un crédito con el fin de continuar la relación de pareja que en ese momento tenía, por lo que después de la sepsis que le provocó le realizar histerectomía y amputación de ambas piernas, su vida cambió por completo al tener que adaptarse primariamente a una discapacidad permanente que la limita en su movimiento, incidiendo directamente en su autonomía.

“Actualmente su vida es muy diferente, a pesar de tener una pensión por el IMSS, con ésta no cubre el mínimo vital necesario para aspectos como la salud,alimentación, vivienda, educación y recreación, tanto de ella como de sus 2 hijos, lo que la ha hecho depender económicamente y del cuidado de V4, su abuela y de la pareja de ésta, apoyándola con la vivienda”, describió la CNDH.

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