Ángel, de 30 años y de origen hondureño, llegó a México en septiembre de 2017. Su trayecto no fue como el de cualquier viajero. Él huyó de su tierra. Abandonar a su familia, sus costumbres y los pocos bienes materiales que había conseguido gracias a su trabajo no fue fácil, pero las constantes amenazas de muerte de los narcotraficantes lo convirtieron en un prisionero en su casa. La única salida fue cruzar la frontera.

"Yo no tenía ganas de dejar mi país, ni a mi familia. No lo hice porque quisiera. No tuve otra opción. Si estoy aquí no es para hacerle daño a nadie, simplemente vine a defender mi vida, la de mi familia y poder trabajar acá", relata este hombre.

Entre 2013 y 2017, otros 30 mil 249 casos como el de Ángel llegaron a México, todos en búsqueda de una salida a la violencia que emana de sus países. Pero solicitar refugio a una nación ajena es un trámite en el que impera la incertidumbre. Concluir el proceso no asegura una respuesta favorable. De los 15 mil 336 solicitantes que sí llegaron al final, sólo 6 mil 803 lograron quedarse como refugiados.

El resto, es decir, más de 14 mil, abandonaron su sueño o siguen en espera de que el gobierno mexicano los ayude.

Cada año, en promedio, mil 400 extranjeros se dieron por vencidos en su búsqueda de hallar una oportunidad en la República por la vía legal. El tiempo de espera fue el principal detonante. Hasta la última actualización, de diciembre de 2017, 7 mil 834 aún esperan una respuesta. Su futuro en el país está en el limbo. Esta situación se recrudeció desde octubre de 2017, cuando, a causa del sismo del 19 de septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) emitió una suspensión de plazos. Esto quiere decir que, aunque es posible solicitar el asilo en la nación, el tiempo de respuesta, que antes era de 45 a 90 días, ahora no tiene límite.

"El sistema de asilo en México está debilitado, especialmente desde la suspensión de plazos de la Comar. Esta narrativa de ser una nación de puertas abiertas está en teoría, pero no en los hechos", explica Paulo Martínez, encargado de comunicación de la organización civil Sin Fronteras.

La vida de Ángel está en pausa. Durante su paso por un albergue en la ciudad de Querétaro, otro hondureño lo alentó a moverse a la capital. Ahí llegó con organizaciones civiles que cubrieron el papel del gobierno: le brindaron asesoría legal, asistencia sicológica y le dieron un lugar para dormir, pero desde noviembre de 2017 no ha vuelto a tener comunicación con las autoridades. Lleva más de 120 días viviendo en México y sólo ha logrado concretar 15% de su proceso. No puede tener un trabajo y tampoco una nueva vivienda para traer a su hijo y a su esposa.

"En México se habla mucho de lo que se compromete a nivel de derechos humanos, pero a la hora de la práctica todo queda en letra muerta. Las personas se quedan en el limbo esperando la resolución de su trámite. La sociedad civil es la que está ayudando a una asistencia inicial", asegura Carolina Carreño, de la organización Sin Fronteras.

Las organizaciones civiles están cumpliendo con una tarea que no es suya y que les trae más gastos. Al mes, un refugiado les cuesta alrededor de 20 mil pesos. A esto se le tiene que sumar la constante tendencia en aumento. Únicamente en 2017 se registró la mayor cifra de solicitudes de asilo: 14 mil 594. Las proyecciones de la ONU aseguran que este número seguirá en aumento.

"Estamos haciendo una labor que el gobierno debería realizar. Pero esto ha sido histórico y no ha cambiado, al contrario, ha empeorado y no es fácil. El costo de atender personas refugiadas se ha disparado", explica el doctor Marco Galicia, director de Casa de los Amigos, refugio en el que actualmente gastan un promedio de 60 mil pesos únicamente en los gastos básicos de tres refugiados.

Una de las mas grandes deudas que dejo el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, no fue en recurso o capital. Fue el de una tragedia que le dio vuelta a nivel nacional, donde 19 adultos mayores murieron, algunos calcinados, otros a consecuencia del incendio en el asilo Hermosos Atardecer en el ejido Queretaro. Lo cual generó que se abriera una carpeta de investigación con el numero único de caso NUC 0202-2015-26946. El Fiscal regional en Mexicali, Perdro Ariel Mendívil. Asegura haber revisado a conciencia este expediente y se encuentran ya listos para judicializar el caso. Donde indica que hay funcionarios y exfuncionarios a quienes se les fincarán responsabilidades.

“Le recuerdo que la fiscalía general del estado, surge en esta fusión constitucional a partir del primero de noviembre. Uno de los primeros temas que revisamos fue la existencia de asuntos relevantes para la sociedad. Uno de ellos es ese (incendio de asilo) y lo primero que hicimos fue revisarlo con detalle, entonces estamos revisando y tengo instrucciones del fiscal central, del lic. Hiram Sánchez de judicializarlo a la brevedad. Vamos a judicializar esa carpeta contra las personas que objetivamente aparezcan como responsables. A diferencia del tema que está en videos, donde la información es publica y que podemos exponer los datos, en este caso, queremos ser muy discretos. Hay funcionarios, exfuncionarios involucrados, personas que han tenido vínculos con el servicio público y por esa razón vamos a reservarnos la información.”

Con estas declaraciones hechas por Pedro Ariel Mendívil, fiscal regional de Mexicali. Se asegura, dijo, que este tema de la tragedia ocurrida en el valle de Mexicali, caminará y dará avances. Cosa que nunca sucedió cuando Perla del Socorro Ibarra Leyva era la titular de la Procuraduría de Justicia en Baja California y que ahora es magistrada en el poder judicial del estado.

Mayor supervisión por parte de autoridades estatales y federales así como insumos y medicamentos básicos son las principales necesidades detectadas por las autoridades de salud que visitaron la mañana de este jueves las instalaciones del albergue para personas de la tercera edad El Refugio, ubicado en la colonia Salvatierra.

Raúl Osuna, integrantes de servicios médicos municipales en Tijuana explicó que varios médicos visitaron esta mañana en la albergue para atender a las decenas de adultos mayores que alberga el espacio.

“ Las instalaciones no están tan feas lugares peores. Está limpio pero hay bastantes necesidades, la prioridad son medicamentos pañales sillas”, expresó

Pese a la manifestación y reunión que sostuvieron migrantes con autoridades de inmigración a principios de la semana pasada para solicitar se acelerara el proceso de asilo, a la fecha el número de migrantes que han sido llamados ha disminuido denunciaron los hombres y mujeres que se reúnen diariamente a las afueras de la garita del Chaparral.

Desde temprana hora de este martes decenas de migrantes procedentes de Camerún se reunieron a las afueras de las oficinas de inmigración, ubicadas en la garita El Chaparral para esperar ser llamados por las autoridades, sin embargo denunciaron que en los últimos días no han llamado ningún número y este martes sólo ingresaron 10 personas para iniciar su proceso de asilo.

"Llevamos ya casi tres meses desde que llegamos a México y no podemos esperar más tiempo, no alcanza el dinero", expreso un migrante que prefirió omitir su nombre.

El grupo de hombres y mujeres aseguraron que continuarán dándose cita todas las mañanas a las afueras de la garita de El Chaparral hasta ser llamados por las autoridades de inmigración.

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales.