La iglesia católica llamó al gobierno federal a mejorar la política migratoria "fallida", a través del diálogo y la negociación sin caer en chantajes o amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el título "Un sistema migratorio fallido", el editorial publicado en el semanario religioso Desde la Fe consideró que las autoridades nacionales deben esforzarse más por mantener íntegros los derechos humanos de los migrantes. 

"Ante este drama, corresponde a las autoridades mexicanas mayores esfuerzos en la atención de los migrantes y continuar promoviendo el diálogo y la negociación transparente en las relaciones bilaterales, sin caer en el chantaje o la amenaza", argumentó el texto.

Tras recordar la muerte de un padre migrante y su hija al intentar cruzar el Río Bravo, la arquidiócesis de México afirmó que esto "es consecuencia innegable de un sistema migratorio fallido, cuya inflexibilidad lleva cada vez a más hermanos a decidir entre su futuro o su vida".

Por ello, reiteró el artículo, tanto la iglesia mexicana y la de Estados Unidos han señalado que cada persona que muere en su intento por alcanzar el sueño americano, "clama justicia al cielo, pero también soluciones humanas para todos aquellos que tienen el legítimo deseo de lograr mejores condiciones de vida".

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), se estima que tan sólo en los primeros seis meses de este año, el flujo de personas migrantes supera 232% a los números registrados durante todo 2018, y unos 360 mil indocumentados se encuentran dispersos en suelo nacional o ya ingresaron a los Estados Unidos.

"El sistema migratorio, tanto en nuestro país como en la Unión Americana, nos habla de un fracaso, pero también de la necesidad urgente de atender las causas profundas de esta crisis migratoria, pues la única barrera que podría detener el flujo de migrantes es el desarrollo económico, político, cultural y social en sus países de origen", destacó el editorial.

La arquidiócesis que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes mencionó que algunas diócesis se encuentran sobrepasadas por la cantidad de migrantes que transitan por su territorio, "entre los problemas más comunes de esta población están el agotamiento, deshidratación, heridas a causa del crimen organizado y en ocasiones por las autoridades migratorias", por lo que la iglesia seguirá brindando auxilio a los migrantes, de manera cada vez más organizada.

En el editorial se hace un llamado a las autoridades norteamericanas para impulsar el trabajo conjunto con los gobiernos del Triángulo Norte y el Gobierno de México a fin de erradicar la violencia y mejorar las economías locales desde las cuales la gente se ve obligada a emigrar.

"Y a todos los mexicanos –especialmente a quienes nos decimos cristianos– nos toca erradicar la xenofobia, reconocer y ayudar, no con acciones simplistas, a las familias que huyen de la violencia, de la persecución y de la pobreza extrema y que, lo mínimo que esperan en nuestro país, es ser tratadas con compasión y amor, pero sobre todo con dignidad", finalizó.

Con la suspensión temporal del fin del Título 42 por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, en Tamaulipas se presagia una peor crisis migratoria ante el estancamiento de miles de extranjeros. La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa González Azcarraga, lamentó la decisión de las autoridades de los Estados Unidos, pues Tamaulipas será una de las entidades donde se va agudizar la crisis ya existente.

"El Gobierno de México lo permite, los últimos venezolanos que llegaron eran más de cinco mil que llegaron por Matamoros. Están en el derecho de libre paso, la crisis ya es muy aguda y así seguirá".

La diputada de Tamaulipas, manifestó que hay muchos deportados que ya buscan quedarse en México, sin embargo otro problema es que la Comisión de Atención a Refugiados se encuentra rebasada y sin recursos económicos. En Tamaulipas hay miles de migrantes varados en toda la frontera, desde Nuevo Laredo, Reynosa y hasta Matamoros, pero hay pequeños grupos que se han quedado en ciudades como Victoria y Tampico.

El titular del Instituto del Migrante de Tamaulipas, Juan José Rodríguez Alvarado, dio a conocer que por la frontera con Texas, diariamente se deportan a 200 personas. En este año las repatriaciones van a llegar a los 50 mil, mientras que se estima que hay unos 10 mil extranjeros varados.

"Tenemos en Senda se Vida Uno y Senda de Vida Dos, campamentos instalados y tenemos a 4 mil 557 extranjeros esperando el procedimiento para internarse en Estados Unidos".

"En Matamoros tenemos los albergues San Juan, Caminando Sin Fronteras Uno y Dos y puntos donde se está concentrando, tenemos tres mil 700 personas, en su mayoría Haitianos y Venezolanos".

Hay que señalar que hay cientos de migrantes, muchos niños, que están durmiendo en casas de campaña elaboradas con cartón y bolsas de plástico, y cuando llueve están entre el agua y lodo.

Llegarán miles a fin de año

El coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana y director del albergue Movimiento Juventud 2000, José María García Lara, señaló que con la eliminación del título 42 podrían arribar cientos de migrantes a la frontera a finales de este año 2022, una situación que podría convertirse nuevamente en campamentos improvisados sobre la vía pública, como ocurrió a finales del año 2021 en la garita de El Chaparral con migrantes mexicanos y centroamericanos.

Actualmente los albergues se encuentran en su capacidad máxima, por lo que directivos temen que también se instalen a las afueras de sus instalaciones. El coordinador de la alianza migrante, reiteró que es importante que los tres órdenes de gobierno deben informar a los países involucrados al programa del título 42 pues salen desde su lugar de origen sin información actualizada.

"La gente lo va a interpretar a su manera y la gente va a buscar la manera de llegar a las zonas fronterizas porque muchas regresaron a su país", expresó García Lara.

Por su parte, el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, estima que grupos de migrantes se aglomeren en la garita e incluso las personas que están en los albergues también acudan a solicitar asilo.

"Se va a utilizar ese método que se había utilizado antes del título 42, de presentarse en la garita y solicitar asilo pero todavía está la moneda en el aire porque hay una moción que presentaron quince estados en Estados Unidos en contra de la suspension", detalló Lucero.

El albergue habilitado en la Unidad Deportiva Reforma ubicado en la zona de Otay, en la ciudad fronteriza continuará abierto en lo que resta del año y no descartan mantenerlo activo en el mes de enero del 2023 por la posible llegada masiva de migrantes.

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México seguirá siendo un país de paso y la dinámica migratoria continuará, por lo que se requieren instituciones más fuertes, solidarias y sensibles, y la participación de los tres niveles de gobierno, sin embargo, la política migratoria, es de atribución federal, sostuvo José Luis Pérez Canchola, titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana.

El expositor invitado por el Grupo Madrugadores que coordina Mario García, expuso que en el país se tienen leyes para atender el tema migratorio, pero son obsoletas, basadas en la desconfianza de las personas, que no ayuda, y los diputados no trabajan en reformar las leyes para atender esta problemática.

Pérez Canchola recordó varias etapas del gobierno estadunidense en el tema y su actuación agresiva contra los migrantes, hablando sobre un Bill Clinton que en el 95, ordenó la deportación de personas sólo por estar tatuados, mientras que grupos radicales estadounidenses se pusieron a ejecutarlos durante la noche o madrugadas, lo que provocó que a su vez los migrantes se organizaran y se volvieran más radicales para repeler estos ataques.

Seńaló que esta situación puede pasar en Tijuana, porque se ha detectado muchos jóvenes en el Chaparral que están vulnerables, y también la presencia de personas armadas, polleros, distribuidores de drogas y secuestradores dijo, están pasando cosas terribles.

Por ello la importancia de la actuación de las autoridades, en el caso de la Alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, quien ya rentó un espacio que está siendo adecuado para en un lapso de una semana, poder trasladar familias, siendo prioridad mujeres, nińos y embarazadas, pero es responsabilidad de la federación insistió, por lo que deberían ser trasladados al Centro de Integración del Migrante, instancia que dio marcha atrás a la atención de los migrantes del Chaparral, debido a un brote de contagios, aseveró.

La situación está ahí, la migración solo agranda y complica el panorama, por lo que aseveró es importante la participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, pero que sean responsables y sensibles a la situación, tal y como lo está haciendo el actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien instruyó suspender la deportación de mujeres embarazadas y mujeres con bebés.

Pérez Canchola seńaló que incluso el Gobernador de Michoacán, Estado que recibió en el 2020 remesas por 3 mil millones de dólares, no aporta un peso para ayudar a sus paisanos que se encuentran en el Chaparral, seńalando vía telefónica que ya están aquí, que ya no es su problema.

Al inicio del arribo de migrantes al Chaparral, el 18 de febrero eran 200, se podían contar, su punto más álgido se concentraron 2 mil personas, siendo más del 50% mujeres y nińos, actualmente la cifra puede oscilar entre las mil 500 personas, ya que muchos ya han sido atendidos por las autoridades estadunidenses, y otras más optaron por regresar a sus lugares de origen, concluyó. 

Congresistas demócratas, capitaneados por el senador Robert Menéndez y la representante Linda Sánchez, presentaron este jueves la propuesta de reforma migratoria del presidente Joe con un punto central: la regularización de los 11 millones de indocumentados que se estima viven en Estados Unidos. Biden, un texto legislativo extenso (353 páginas) y muy ambicioso

El proyecto es la concreción de la promesa electoral de Biden y la puesta en marcha de las primeras acciones ejecutivas en materia migratoria del presidente. "Tenemos el imperativo moral y económico de pasar una reforma migratoria grande, inclusiva y atrevida, que no deje a nadie atrás", dijo Menéndez, en una videoconferencia con periodistas.

El núcleo de la ley es el camino de ocho años hacia la ciudadanía para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que vivían en EU a la fecha del 1 de enero, un hito que conseguirían tras recorrer una senda que incluye revisión de antecedentes y pago de impuestos. Antes de la ciudadanía, dispondrían de permisos de residencia y trabajo temporal durante cinco años, después podrían aplicar a residencia permanente (Green Card) antes de optar por la naturalización tres años más tarde.

El camino es mucho más expedito para algunos grupos, como los trabajadores agrícolas o los dreamers, que podrían optar a la residencia permanente de inmediato y sólo esperar tres años para la ciudadanía.

La propuesta va más allá. Además de recuperar el modelo familiar de migración, amplía el número de visados de trabajo que se pueden expedir y provee una partida multimillonaria (4 mil millones de dólares en cuatro años) para fondos que se destinarán a la lucha contra la violencia y la corrupción en países centroamericanos, entre otros.

Para lo que no hay ni un centavo es para el muro. Biden cumple con su objetivo de hacer realidad la que es la mayor apuesta por una reforma migratoria desde hace casi una década. "Me comprometo a trabajar con los líderes de la Cámara Baja y el Senado para corregir las negligencias de la administración anterior y devolver la justicia, la humanidad y el orden a nuestro sistema migratorio", dijo Biden en un comunicado.

La actuación tan rápida en el tema migratorio es, en parte, un intento de los demócratas de resarcirse de la poca acción real que consiguieron bajo el mandato de Barack Obama. Cuando todavía no se ha cumplido un mes de la nueva administración, Biden ya ha hecho cambios estructurales.

Pero sus opciones de éxito son escasas: si bien tiene fácil contar con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, necesita que 10 republicanos del Senado le den su voto, algo complicado. Por el momento, el texto tiene el apoyo de una veintena de senadores y más de 80 congresistas: todos demócratas.

Menéndez confesó que ha empezado a contactar con republicanos para ver el apoyo que podría tener la propuesta en esa bancada, sin especificar la respuesta recibida. Aun para algunos demócratas la ley es demasiado ambiciosa y no da pie a poder conseguir el apoyo necesario en el Senado, lo que ha abierto las dudas sobre si la Casa Blanca estaría dispuesta a despedazar el texto en varios proyectos. "Sabemos que el camino por delante pedirá negociar con otros, pero no vamos a hacer concesiones de antemano", dijo Menéndez.

En la Cámara Baja, la propuesta tampoco ha sido bien recibida por los republicanos, que en un comunicado afirmaron que "va a revivir las políticas fracasadas del gobierno de Obama-Biden y va a hacer que los estadounidenses estén menos seguros".

La precaución fue la tónica entre las asociaciones promigrantes, que si bien aplaudieron la propuesta son conscientes de la dificultad y necesidad de lucha para que salga adelante. Grupos conservadores se han negado en rotundo en las provisiones más importantes del texto.

La presentación del proyecto de ley llegó en la víspera de que se abriera el proceso para empezar la readmisión de solicitantes de asilo expulsados de EU a México bajo el programa Quédate en México. A partir de hoy, los que tengan casos activos pueden inscribirse en un portal de internet gestionado por Naciones Unidas para tramitar su regreso a territorio estadounidense y esperar ahí su cita con la justicia migratoria y presentar su caso.

El canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no será tercer país seguro, puesto que la estrategia migratoria que se ha implementado es exitosa.

En conferencia de prensa, comentó que desconoce si este tema será planteado durante la reunión que sostendrá en su visita a Washington, pero aseguró que la postura de México es no aceptarlo, porque es "injusto" y no es "equitativo".

"No queremos aceptarlo, porque va en contra de los intereses de México, por qué nos vamos a encargar de las solicitudes de asilo de los migrantes en otro país, es como si le dijéramos a Estados Unidos: hazte cargo de un problema de México. Es injusto, no es equitativo, eso sí va a impedir que los migrantes puedan hacer gestión en Estados Unidos, si nosotros tomáramos esa decisión, la mayor parte de la opinión pública no estaría de acuerdo, es injusto para nuestro país", enfatizó.

Añadió que la estrategia migratoria está funcionando porque se logró reducir el flujo migratorio en 56%; resaltó que México ha estado invirtiendo en Honduras, El Salvador y Guatemala porque "hemos sostenido que la gente no tenga que migrar por pobreza, se van a crear 60 mil empleos, en El Salvador se van a crear 20 mil con el programa de Sembrando Vida", indicó.

Las autoridades migratorias de EE.UU. detuvieron este miércoles en procesadoras de alimentos del estado de Misisipi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década, anunció el fiscal del distrito sur del estado sueño, Mike Hurst.

"Hoy en siete diferentes lugares de seis ciudades de Misisipi, los agentes ejecutaron ordenes de registro administrativas y criminales que resultaron en la detención de aproximadamente 680 inmigrantes ilegales", declaró Hurst, del Partido Republicano, en una rueda de prensa.

El fiscal afirmó que se trata de la mayor redada en al menos una década y, además, aseguró que es "la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado de la historia de EE.UU.".

"Somos país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes y continuaremos haciéndolas cumplir (...) Damos la bienvenida a la gente de otros países, pero tienen que obedecer nuestras reglas, tienen que venir aquí legalmente. O, si no, entonces no deberían venir", manifestó Hurst.

Los 680 inmigrantes que fueron detenidos pasarán ahora a custodia del Servicio de Inmigración (ICE), que decidirá si los encierra en un centro de detención hasta que sean deportados a sus países de origen o si, por el contrario, los pone en libertad mientras las cortes deciden si deben quedarse o no en el país.

El agente Jere T. Miles, a cargo de la operación, explicó que los hijos de los inmigrantes detenidos pasaran a la custodia de algún familiar en EE.UU. y, en otros casos, los padres serán puestos en libertad para que puedan cuidar de los menores mientras se resuelven sus peticiones de asilo.

"Cada caso será manejado de manera individual, dependiendo de las circunstancias", explicó Miles.

Los arrestos se produjeron en el lugar de trabajo de los inmigrantes, entre los que se incluía una planta de procesamiento de pollos de la empresa Peco en la localidad de Bay Springs.

Peco confirmó en un comunicado que el ICE inspeccionó esa planta de pollos y otras dos de las instalaciones que tiene en Misisipi: una en Canton y otra en Sebastopol.

"Estamos colaborando plenamente con las autoridades en su investigación y estamos viendo la posible interrupción de nuestras operaciones", señaló la empresa en un comunicado recogido por la cadena de televisión local WDAM.

La compañía aseguró que cumple con todas las leyes migratorias y usa el programa federal "E-Verify" para evitar contratar indocumentados.

En su rueda de prensa, las autoridades aseguraron que el objetivo de las redadas son tanto los inmigrantes indocumentados como las empresas que los contratan.

Bajo el Gobierno de Donald Trump se han incrementado las detenciones de inmigrantes en sus lugares de trabajo: en el año fiscal 2018, el ICE inició 6.848 investigaciones sobre ese tema, lo que supone un incremento de más del 300 % con respecto al periodo anterior, cuando hubo 1.691 investigaciones.