En el 2015, Bryce Casavant, un oficial del Servicio de Conservación de Columbia Británica en Canadá acudió a un llamado para detener a una hembra de oso pardo que había entrado a una casa móvil. 

Cuando llegó al lugar, el oficial no dudó en disparar a la osa, pero se dio cuenta que el animal no se encontraba solo, ya que también estaban dos oseznos.

 Al ver a los pequeños, Casavant se negó a matar a los ositos a pesar de que era una orden que había recibido. Los pequeños animales fueron llevados al Centro de Recuperación de la Isla del Norte, un hospital veterinario para que fueron resguardados.

Sin embargo, la decisión que tomó el oficial lo llevó a ser suspendido de su servicio. Tiempo después, se investigó el hecho y se determinó el despido definitivo de Bryce Casavant.

 Cuando la noticia trascendió a varios medios, miles de personas reaccionaron ante el despido del oficial y crearon peticiones en línea para pedir su reincorporación a su trabajo, pero todo fue en vano.

 Pero cinco años después de lo sucedido, el Tribunal de Apelación de Columbia Británica retomo el caso de Bryce y dictaminó que el despido del oficial debió ser abordado por la Ley de la Policía, ya que en ese momento el hombre estaba actuando como un agente provisional especial.

 Por lo tanto, su despido quedo anulado, sin embargo, esta decisión no obliga al Servicio de Conservación reincorporarlo a su puesto. Aunque parece que Bryce Casavant no tiene mucho interés de regresar a su antiguo trabajo, ya que actualmente labora en el Ministerio de Bosques, esto de acuerdo a unas declaraciones que hizo a Global News. Por otra parte, los pequeños osos que rescató el oficial, que en ese momento tenían cinco meses, fueron enviados a la Asociación de Recuperación de Vidal Silvestre de la Isla Norte donde se les brindó atención médica y cuidaron de ellos hasta que estuvieron listos para ser liberados. 

En las primeras horas de este viernes, trabajadores de la empresa G-Global, ubicada en el Parque Industrial Pacífico en Tijuana, llevaron a cabo una manifestación pacífica en rechazo a las condiciones laborales y a las acciones arbitrarias por parte de la empresa. La protesta se llevó a cabo en medio de denuncias de despidos injustificados, amenazas y retención de empleados que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales.

Según explicó el abogado Vicente Piña, los empleados despedidos están protestando porque la compañía no ha pagado las utilidades que por ley les corresponden, además de enfrentar amenazas por parte del personal de la empresa. “Los trabajadores fueron despedidos injustamente por solicitar sus derechos, y en algunos casos, fueron retenidos en contra de su voluntad por negarse a firmar renuncias voluntarias”, afirmó Piña.

Entre los afectados hay mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, el abogado explicó que varios trabajadores fueron retenidos en un cuarto cerrado, donde les retiraron sus uniformes, credenciales y teléfonos celulares. Uno de los empleados que se negó a firmar la renuncia voluntaria fue amenazado y despedido de manera ilegal.

El pasado lunes y martes, los trabajadores presentaron denuncias en el Centro de Conciliación Laboral, logrando 72 citatorios para una audiencia programada para el 12 de junio a las 4:00 de la tarde. En dichas reuniones, el apoderado legal de la empresa, Joel Gómez, aseguró que nadie había sido despedido y que la compañía, que ahora opera bajo un contrato colectivo sin firma del trabajador, estaba en quiebra, pero que respetaría la antigüedad de los empleados. Sin embargo, también informó que no pagarían utilidades, caja de ahorro ni liquidaciones.

En el transcurso del día, la empresa cumplió con sus amenazas y retuvo a ocho trabajadores que se negaron a firmar la renuncia voluntaria. Una de las trabajadoras, con un año y medio en la empresa, fue despedida en el acto por participar en el paro laboral. La encargada de recursos humanos le pidió que firmara un cheque para recibir una supuesta liquidación, pero el monto de 4,579 pesos no corresponde a su antigüedad ni a las prestaciones que por ley le corresponden; además, el contador explicó que tampoco incluía prima dominical, vacacional ni utilidades, dejando en duda la legalidad del pago.

Los empleados, quienes denuncian que la empresa ha cambiado su razón social y ahora opera con un contrato colectivo de trabajo, pero sin la firma de los empleados y violando sus derechos y prestaciones laborales.

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En un video publicado en su cuenta de Facebook, Gina González, una trabajadora del Congreso, denunció su despido supuestamente injusto a manos del diputado Danny Fidel Mogollón Pérez. González, relató que tras solicitar permiso a su jefa inmediata, cuyo nombre no reveló, excedió el tiempo permitido y, al regresar a su oficina, se encontró con el legislador quien, sin titubear, la destituyó de su puesto, afirmando que “le sirviera de ejemplo a todos sus compañeros”.

La ex-empleada mencionó que el horario estipulado en su contrato establece una jornada de trabajo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que Mogollón obliga a su personal a laborar desde la mañana hasta altas horas de la noche, sin remunerar horas extras. “Siento que eso no es justo, él no se pone en nuestro lugar porque nunca lo ha hecho”, exclamó González en el video.

Además, González criticó la actitud del diputado en reuniones, donde según ella, ha faltado al respeto a su equipo y ha mostrado una clara falta de empatía hacia sus subordinados. “Debería ser un ejemplo como jefe y no lo es”, apuntó.

La trabajadora manifestó su decisión de no permanecer en silencio y advirtió que, si algo llegara a sucederle debido a su denuncia pública, responsabilizaría directamente al diputado Mogollón. “Ya no me pienso callar”, afirmó.

Cabe mencionar que el diputado del Congreso de Baja California, solicitó licencia el pasado mes de octubre tras ser señalado por agredir a su esposa.

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Respecto a la protesta de personal de enfermería del Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Tijuana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución informó que la medida se tomó en apego a la normatividad vigente y con base a la investigación realizada por la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS.

Lo anterior, luego de que los trabajadores exigieron transparencia ante el despido que consideran injustificado en relación a dos enfermeras que participaron en la intervención quirúrgica de la paciente que falleció el pasado mes de diciembre presuntamente porque olvidaron retirar unas gasas del cuerpo de la paciente.

El IMSS dijo a través de un comunicado que entiende la preocupación de las y los trabajadores, sin embargo, el caso fue investigado y se demostró que en ningún momento hubo falta de insumos, recurso humano o equipamiento alguno, que influyera en el desenlace, tal y como lo señalaron durante la protesta de este lunes.

Además aseguraron que hasta el momento no ha habido suspensión en los servicios en la atención a la población derechohabiente. 

El IMSS resaltó que adicionalmente, han reforzado la capacitación del personal médico y de enfermería.

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Padres de familia de la comunidad estudiantil de la primaria Juan de Dios Pesa, ubicada en Coronango, exigen la destitución de la maestra Yolanda Orea.

La docente está a cargo del grupo B del tercer grado, y la escuela se ubica en San Francisco Ocotlán. 

Denuncian que la maestra ejerce violencia en contra de los alumnos e incluso les cobra cinco pesos a todos aquellos niños que le llegan a ver el escote o las piernas.

Los padres de familia reforzaron su demanda con el argumento de que durante los pasados tres años, ya habían presentado quejas y denuncias ante la SEP.

Incluso, también habían acudido a la Fiscalía General del Estado, donde presentaron la denuncia formal.

Algunos de los manifestantes relataron que la maestra amenaza a los niños con golpearlos, les tira la comida e incluso ha llegado a ejercer violencia física en su contra.

En el extremo, se dijo que en el salón hay un bote en el que los niños tienen que depositar cinco pesos si son supuestamente sorprendidos por la maestra mirándole las piernas o el escote. 

Los familiares reclamaron que la docente no ha sido suspendida de sus funciones, pues las autoridades únicamente la han reubicado de escuela en escuela.

Al momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado no ha informado si tomará cartas en el asunto, como lo ha hecho en otros planteles ante diversas denuncias y protestas por parte de los padres. 

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Un operativo de parte de Bomberos de Mexicali se realizó la tarde de este martes en la parte oeste de la ciudad para rescatar a un perro que había quedado dentro de una zanja debido a trabajos de construcción en esa parte de la capital del estado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la carretera a la colonia Santa Isabel y calle Campesinos, en el fraccionamiento Villas del Campo. A un costado de donde se encontraba la zanja con el animalito se ubica una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la que se realizan trabajos de mejoramiento; precisamente por dichos trabajos había una zanja en el suelo.

Fue alrededor de 15:00 horas que se dio el llamado de emergencia solicitando que se rescatará al perro criollo que se había introducido a la cavidad y que no lograba salir de ahí. Bomberos de la estación Baja California a bordo de la maquina número 5 acudieron al llamado y lograron el rescate.

El perro se encontró en buen estado de salud, sin heridas, solo con una ligera deshidratación a causa de las altas temperaturas que se registraron en Mexicali este martes.