La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga el presunto "lavado" de más de 524 millones de pesos que se hizo a través de dos sindicatos fantasma, indican los resultados de la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de esa dependencia, que detectó que uno de ellos tiene 40 afiliados y el otro 28, quienes pagaban cuotas de 2% de su salario.

Las dos agrupaciones, una registrada en un falso domicilio en el Estado de México, y la otra en la capital del país, fueron utilizadas como fachada o pantalla, puesto que no existen más que en el papel.

Ambos sindicatos realizaron más de mil 195 operaciones bancarias en 18 estados entre 2014 y 2017.

La cadena de cafeterías Starbucks México previno a sus clientes de una falsa y fraudulenta oferta sobre un supuesto regalo de 500 pesos con un engañoso motivo relacionado con su aniversario.

"Recientemente, hemos registrado una oferta fraudulenta en ciertos canales digitales. Starbucks México no está participando en esta actividad promocional y no estamos de ninguna manera relacionados con esta oferta. Cualquier vale generado a partir de esta promoción no es válido para su uso en nuestras tiendas", dijo la empresa en un comunicado.

En el escrito dirigido a los miembros de My Starbucks Rewards, la firma agregó que su prioridad es proteger a sus clientes y cuidar su experiencia.

"Nuestras promociones se dan a conocer únicamente a través de nuestras redes oficiales en Facebook, Instagram y Twitter; o en tiendas y correos electrónicos a miembros de My Starbucks Rewards", aseveró.

En la imagen del la oferta fraudulenta se dice que Starbucks está regalando 500 pesos de cupón gratis para todos, para celebrar su 50 aniversario y pone un link para obtener el cupón.

Aunque se trata de un asunto de máxima prioridad, será hasta el miércoles que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE y los diferentes sindicatos de maestros se sienten a dialogar en torno a la falta de pago de una parte de los maestros interinos, que hasta el momento genera la expectativa de que no iniciará el nuevo ciclo escolar este lunes 26 de agosto.

El gobierno del estado dio a conocer que durante este fin de semana se han dado negociaciones a nivel central en la capital del país, a donde han acudido tanto sindicalistas como autoridades educativas, en un intento por resolver las diferencias y porque el arranque del ciclo escolar es una prioridad.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación y Bienestar Social hizo circular un video en el cual se afirma que al personal de base no se le debe nada y que no tienen motivo para no regresar a las aulas.

De manera extraoficial se abrió la posibilidad de que se descuente a los trabajadores que no asistan a clases. Frente a esta posición, los maestros adelantaron que sí acudirán a los planteles, pero no darán clases.

Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) acordaron un incremento salarial ordinario de 3.37%, así como un aumento de 1.80% a prestaciones de los trabajadores petroleros.

Como parte de la revisión salarial y contractual de este año, se acordó también "armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración", aunque no se dieron detalles.

La información dada a conocer en un escueto comunicado, Pemex sostiene que, a través del Contrato Colectivo de Trabajo la empresa y sus trabajadores seguirán forjando una relación constructiva.

Pemex, añade el texto, reconoce el compromiso de los trabajadores por el rescate de la soberanía energética.

Después de cinco semanas de iniciadas las negociaciones para la revisión Salarial y del Contrato Colectivo de Trabajo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) empresa y sindicato firmaron dichos acuerdos "tomando en consideración el proyecto de rescate de la empresa de los mexicanos" y que consisten en:

Un incremento al salario ordinario del 3.37%, así como del 1.80% para prestaciones.

Estos acuerdos permitirán consolidar la política de máxima eficiencia administrativa y disciplina financiera y reflejan las justas demandas de los trabajadores.

El comunicado subraya que "también se acordó armonizar los gastos de la empresa hacia la dirigencia sindical, con el marco de austeridad que distingue esta administración".

Pemex y sus trabajadores, sostiene la empresa productiva de Estado, seguirán forjando una relación constructiva e institucional para fortalecer a la empresa impulsando su eficiencia y competitividad, para consolidarse como la palanca del desarrollo de la industria energética nacional en beneficio de todos los mexicanos, que permitirá afrontar los retos a futuro hasta alcanzar la soberanía energética.

Los beneficios alcanzados en la revisión salarial y contractual de este año beneficiarán a sus 127 mil 600 trabajadores, entre empleados de confianza, sindicalizados y a sus casi 100 mil jubilados.

Mario Alberto Cervera López, exjuez de Compostela, Nayarit, fue detenido por la Fiscalía estatal para presentarlo ante un juez por su presunta participación en el fraude con el que Infonavit despojó de sus casas a por lo menos 60 mil derechohabientes en 8 estados del país.

Cervera López fue citado a comparecer a una audiencia de imputación a principios de mes, pero no asistió a ésta y envió un justificante médico para explicar su inasistencia a la audiencia; sin embargo, la Fiscalía investigó el hecho y comprobó que la atención médica la había recibido el hermano del exjuez por lo que se consideró que intentaba evadir la justicia.

El viernes por la noche, personal de la Fiscalía logró ejecutar una orden de aprehensión contra Cervera López para ponerlo a disposición de un juez de control que consideró su arresto legal a pesar de que el exfuncionario promovió un amparo para tratar de no ser detenido.

Cervera López fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva para evitar que intente escapar de nuevo; por el momento se le acusa de cometer fraude específico.

Aunque por este caso hay vinculadas a proceso al menos 7 personas –entre ellos dos exmagistrados y otro exjuez– sólo a Cervera López y un abogado de la firma Molrod, Silber y Asociados se les ha dictado prisión preventiva.

El pasado 8 de mayo también fueron citados a una audiencia de vinculación a proceso los exjueces Braulio Meza Ahumada y Justino Rodríguez Barajas, sin embargo no comparecieron, por lo que también podrían solicitarse órdenes de aprehensión en su contra.

Según la investigación de la Fiscalía nayarita, los jueces involucrados actuaron firmando juicios maquilados fuera de los juzgados por un par de despachos de abogados contratados por Infonavit y presuntamente recibieron sobornos por hacerlo.

Además, funcionarios del poder judicial han señalado a los ex magistrados Pedro Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado de haber presionados para resolver los juicios irregulares en favor de Infonavit apelando un convenio de "economía procesal" firmado entre el Poder Judicial de Nayarit y el instituto de vivienda.

Este convenio fue firmado en octubre de 2013 por Enríquez Soto, quien entonces fungía como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y José Lorenzo Natera, actual síndico del municipio de Gómez Palacio, Durango, entonces director jurídico de Infonavit.

Para la Fiscalía de Nayarit ese convenio es irregular porque nunca pasó por el pleno del Supremo Tribunal de Justicia para ser aprobado, ni se publicó en el periódico oficial, además de que su contenido favorece al Infonavit, lo que implica una violación al principio de igualdad que debe imperar en todo juicio.

La reforma laboral quedará en letra muerta si no se destina el presupuesto suficiente para su implementación y no desaparece el outsourcing, advirtieron especialistas.

Académicos y abogados laborales consultados por EL UNIVERSAL coincidieron en que la reforma en materia de justicia laboral enfrenta grandes retos, como es la falta de personal para vigilar que se cumpla la democracia sindical, la capacitación del personal en este nuevo modelo de justicia que se impulsa, los recursos para la operación de los centros estatales de conciliación y arbitraje, así como la tercerización del empleo, que impide a los trabajadores ejercer sus derechos laborales de manera plena.

Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que uno de los grandes pendientes del proyecto de legislación secundaria de la reforma laboral que está a discusión en el Senado es la regulación del outsourcing, puesto que no se garantiza la estabilidad laboral; además, al tener contratos eventuales por tres meses los trabajadores no pueden acceder a la contratación colectiva ni formar parte de un sindicato.

Consideró "inviable" adaptar este modelo de justicia laboral de Estados Unidos a la realidad mexicana, ya que es "muy costoso" y se requieren recursos para la capacitación de los abogados y de los jueces para su aplicación.

Resaltó que se necesita sumar la participación de la sociedad civil para fortalecer la vigilancia en los procesos de democracia sindical y en la elección de nuevos dirigentes para asegurar el voto libre y secreto, porque en la actualidad las autoridades laborales no tienen la capacidad para supervisar estos procedimientos.

Alfonso Bouzas, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que aunque el proyecto de legislación contiene aspectos "muy positivos" —como la democracia en los sindicatos, con lo que se busca terminar con el corporativismo y los "grandes capos sindicales"—, se requiere impulsar la regulación de la tercerización del trabajo.

"Se tiene que hacer una legislación para regular el outsourcing. Hay un interés innegable para que se respeten los derechos de los trabajadores contratados por esta vía. Las relaciones laborales se han corrompido profundamente", apuntó.

Comentó que el principal obstáculo al que se enfrentará la reforma laboral es la resistencia de los líderes sindicales y del sector empresarial, que es "bastante conservador y no está acostumbrado a negociar, sino a pactar con los sindicatos blancos".

Oscar de la Vega, abogado laboral del despacho De la Vega y Martínez, consideró que a pesar de que este proyecto de legislación es "un paso adelante" en materia laboral, enfrenta muchos desafíos, como el presupuestal.

"Para aplicar los cambios se requiere de mucho presupuesto para que las juntas locales de conciliación y arbitraje atiendan el rezago de casos que tienen, a fin de que cumplan con el plazo de cuatro años. Vamos a ver si coincide con la realidad, porque en el papel suena bien, pero la realidad es otra", enfatizó.

Reyes Soberanes, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), subrayó que de no corregir la reforma que se discute, habrá afectación en la productividad de las empresas, puesto que se generará mucho activismo sindical ante la apertura de crear más sindicatos para un contrato en un centro de trabajo.

"Se generarían más sindicatos y habrá disputa por la posición, lo cual agotará más el ambiente laboral y la productividad", resaltó. Las centrales sindicales, explicó, deberán continuar con su trabajo de encauzar la inconformidad de la gente y cuando se afecte la productividad.

Consideró que sería positivo que antes de que se apruebe la reforma laboral en el Senado de la República, los legisladores deberían entrar en contacto con los empresarios, ya que hay preocupación por la afectación que puede haber respecto a la productividad.

La semana pasada, dirigentes empresariales afirmaron que les inquieta y preocupan algunos de los cambios que se hicieron a la reforma laboral en la Cámara de Diputados, por lo que buscarán que se hagan ajustes antes de que se concluya el proceso en el Senado de la República.

Héctor de la Cueva Díaz, coordinador General del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), resaltó que falta una reforma laboral con mayor alcance mediante la cual se consoliden los derechos de los trabajadores a fin de eliminar el empleo precario en formas como la subcontratación, el pago por honorarios y por hora determinada.

"Es muy importante que [a] este cáncer [outsourcing] que ha ido expandiéndose en el país para rebajar derechos laborales y precarizar el empleo se le [pongan] suficientes candados para que no haya abuso de los patrones en la subcontratación y otras formas de simulación", indicó.