El empresario mexicano Alonso Ancira abandonará este lunes la prisión de Palma de Mallorca en la que se encuentra recluido, luego de depositar el millón de euros fijado como fianza por la Audiencia Nacional de España.

Fuentes de la dependencia judicial señalaron a EL UNIVERSAL que el dueño de Altos Hornos de México S.A (AHMSA) estará en libertad controlada, ya que deberá cumplir con las medidas cautelares que el juez le ha impuesto para evitar su fuga de España y garantizar su proceso con fines de extradición a México.

Ancira, quien podría abandonar la prisión a lo largo de la tarde de este lunes hora local, estará obligado a comparecer cada dos días en el juzgado más cercano a su domicilio y tendrá que facilitar un celular para permanecer siempre localizable, luego de que el juez Santiago Pedraz le retirara el pasaporte bajo la prohibición expresa de abandonar territorio español.

El pago de la fianza librará al presidente de AHMSA de la cárcel en la que llevaba recluido más de un mes, pero no afectará al proceso judicial que el empresario deberá enfrentar en España por presuntos delitos de fraude fiscal y corrupción y que podría concluir con su entrega a las autoridades mexicanas.

Ancira fue detenido a finales de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de una orden internacional de búsqueda y captura girada por el gobierno mexicano por supuesto lavado de dinero, entre otros ilícitos.

El empresario rechazó su extradición a México durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez Pedraz, por lo que éste decretó su encierro en una cárcel de la isla balear en la que fue capturado por la policía española con el concurso de la Interpol.

El pasado 28 de junio, el magistrado accedió a la solicitud de la Fiscalía de la Audiencia Nacional e impuso a Ancira una fianza de un millón de euros como requisito para salir de prisión, además de fuertes medidas cautelares.

Ancira rechazó su entrega a las autoridades mexicanas durante el interrogatorio al que fue sometido tras su detención por el juez Pedraz, que le preguntó si aceptaba su extradición a México, a lo que el empresario respondió negativamente.

La policía española capturó a Ancira a finales de mayo en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.

Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectaron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore vinculadas a la constructora brasileña Odebretch y al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, que se halla en paradero desconocido y sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.

Entre los delitos supuestamente cometidos por Ancira está la venta irregular a Pemex de una planta chatarra de Agronitrogenados, por la cual la petrolera pagó un sobreprecio de más de 500 millones de pesos.

Sin embargo, el letrado del empresario mexicano, Ismael Oliver, mantiene su plena inocencia y resalta que su captura no está justificada en términos jurídicos, ya que es fruto de una vendetta orquestada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Transcurridos 32 días desde su detención en España, México dispone de 8 días más para presentar ante las autoridades españolas la documentación que acredite su extradición, tras lo cual iniciará el proceso judicial en la Audiencia Nacional que se pronunciará sobre la extradición de Ancira solicitada por las autoridades mexicanas.

La justicia española accede por lo general a la entrega de los prófugos reclamados por la justicia mexicana y que son detenidos en el país europeo por delitos en su mayoría relacionados con la corrupción y el fraude fiscal.

El Consejo de Ministros del Gobierno español deberá ratificar la extradición de Ancira en el caso de que ésta sea aprobada por la Audiencia Nacional tras un proceso que se prolongará varios meses.

Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), salió de prisión tras acordar con Petróleos Mexicanos (Pemex) realizar un pago de 216 millones de dólares, derivado de la venta a sobre precio de la planta Agro Nitrogenados. 

Sin embargo a pesar de que la actual administración anunció el pacto, el empresario mantiene una demanda en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que el considera una “violación a sus derechos humanos”: exponerlo en la conferencia mañanera como “beneficiario del régimen”, protegido de Salinas y como empresario que no apoyó su campaña. 

A través de un amparo con número de expediente 1014/2020 Ancira asegura que desde que fue detenido, el Presidente ha violado sus derechos humanos y cita una fecha donde esto fue evidente: el 17 de noviembre del 2020. 

“El Presidente en la conferencia de prensa (comúnmente denominada mañanera) del 17 de noviembre de 2020, en la que expresó”: "Bueno, él pues simpatizaba, y era lógico, con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo desde la época de Salinas de Gortari, bueno, esa empresa era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. 

Entonces, él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción”, dice el documento. Y agrega que López Obrador dijo que se benefició cuando se rompió la piñata y cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos a particulares, sobre todo a los allegados a Carlos Salinas de Gortari. 

Ancira señala que el Presidente incluso mencionó que en la elección presidencial no lo apoyó. 

En esa misma conferencia que molestó a Ancira y generó que interpusiera un recurso ante el Consejo de la Judicatura Federal, explicó que la compra de la planta se llevó a cabo en la Cámara de Diputados cuando el llamado Pacto por México, de Enrique Peña Nieto. 

“Entonces la planta, que valía 150 millones de dólares, cuando mucho, porque estaba en ruinas, si acaso lo que tenía valor era el terreno y el muelle, hay quienes hablan de que valía 50 millones de dólares cuando mucho, hacen un avalúo a modo y terminan pagando 370 millones de dólares, 200 millones de dólares más”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera. 

El recurso se interpuso a pesas el pasado 12 de marzo de este año ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México y continúa su proceso a pesar del pacto que logró Ancira con el gobierno federal y el último movimiento registrado fue del pasado 20 de abril de este año, es decir un día después de que saliera de prisión. 

En mayo de 2019 Ancira fue detenido en España. Apenas en febrero de este año fue extraditado a México y solo paso dos meses en prisión. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo entre Pemex, la FGR y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), quien abandonó el Reclusorio Norte al comprometerse a pagar más de 216 millones de dólares por concepto de reparación del daño por la compraventa irregular de la planta de Agro Nitrogenados.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo explicó que no se cancela el proceso judicial contra el empresario sino que queda condicionado a la reparación del daño.

“Me informaron que no se cancela el proceso judicial, se suspende, y queda condicionada a que se pague la reparación del daño, que se devuelva los 216 millones de dólares”.

El Mandatario destacó el acuerdo porque es un “hecho posiblemente inédito” o llevaba mucho tiempo que no se registraba.

Recordó que desde el sexenio pasado se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares, creo que pagaron en 275 y valía 75, habían pagado 200 millones de dólares adicionales.

Aseguró que esos 200 millones de dólares servirán para que Pemex lo invierta y se destine a fertilizantes, que se están entregando a campesinos, de manera gratuita, a los productores en Guerrero, en Puebla, Tlaxcala y en Morelos.

“El uso de ese dinero tendrá ese uso, para fertilizantes para ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento en su producción”.

Adelantó que vienen más recuperaciones y está semana dará a conocer lo que se está recuperando por pagos excesivos de contratos donde se cobraba demás en los reclusorios federales.

El gobierno de España entregó en extradición al gobierno de México al empresario Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de "lavado" de dinero, informaron fuentes oficiales.

Ancira Elizondo salió la mañana (madrugada en México) de este miércoles de la cárcel de Palma de Mallorca, para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que lo traslada en una aeronave oficial.

Dado la distancia del trayecto, la aeronave realizará una escala para la recarga de combustible, señalaron las fuentes consultadas.

Se prevé que la tarde noche de este miércoles arribe al país Alonso Ancira, ya sea a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México o en Toluca, Estado de México.

Alonso Ancira Elizondo, acusado del delito de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), en el año 2015.

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La Audiencia Nacional de España decidió autorizar la extradición a México del presidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), Alonso Ancira. En el auto judicial fechado el 27 de mayo la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional encargada de evaluar la extradición de Ancira, María Riera Ocariz, notificó al Ministerio fiscal y a las partes que procede la entrega del empresario a las autoridades mexicanas por los delitos de fraude y corrupción que se le imputan, señalaron a EL UNIVERSAL fuentes cercanas al caso.

A pesar de que la defensa del empresario mexicano había argumentado que los presuntos delitos habían prescrito y que su cliente era un perseguido político, los jueces españoles estimaron que Ancira debe ser extraditado a México. La defensa del empresario mexicano puede recurrir ante la Audiencia Nacional, pero en el caso de que el fallo se confirme, que es lo más probable, será el gobierno español a través del Consejo de Ministros el que apruebe finalmente la entrega de Ancira a las autoridades mexicanas.

Ancira, quien se autodefinió como perseguido político y un "daño colateral" de la persecución contra la anterior administración de Enrique Peña Nieto, se encuentra en libertad bajo fianza y con la prohibición de abandonar territorio español. La policía española capturó a Ancira a finales de mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.

 La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el juez central de instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España resolvió decretar la libertad bajo fianza a Alonso Ancira y le fijó una garantía de un millón de euros.

A través de un comunicado, informó que se resolvió también que debe comparecer cada dos días ante el juzgado o tribunal que conozca de la causa o en el domicilio que fije, la prohibición de salir del territorio de España, además determinó el retirarle los pasaportes que ostente (México y Estados Unidos de América) y facilitar un teléfono celular a fin de estar localizado.

Aclaró que lo anterior, no significa, de ninguna manera, que la persona quede exonerada de los delitos de los que le acusa la Fiscalía General de México.

"Es muy importante resaltar que el procedimiento de extradición continuará su curso normal y el único efecto de la libertad otorgada consiste en que Alonso Ancira podrá seguir el procedimiento en libertad en tanto cumpla con todos los requisitos establecidos", señaló.

La solicitud de libertad provisional bajo fianza fue otorgada básicamente porque la Ley mexicana lo permite y por razones de proporcionalidad en esta medida cautelar.

El pasado 28 de mayo, el dueño de Altos Hornos de México, S. A., Alfonso Ancira, fue detenido en Mallorca, España, donde actualmente está sujeto a un proceso de extradición.

Las autoridades mexicanas lo requieren para acusarlo por "lavado de dinero", derivado de la supuesta venta irregular de la planta de Agronitrogenados Petróleos Mexicanos durante la gestión de Emilio Lozoya.