La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se pronunció por regular el outsourcing abusivo y acusó que ésta práctica se ha convertido en un cáncer que ha crecido en los últimos años y ha contaminado y precarizado el mercado laboral.

Al participar en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la próxima reforma sobre el outsourcing en México, Luisa María Alcalde dijo que el registro de empleados con salario mínimo, pese a obtener más recursos, se ha convertido en deporte nacional.

Agregó que muchas empresas han implementado este tipo de prácticas para abaratar la mano de obra no cumplir con los derechos laborales de sus empleados, defraudar a los empleados y al fisco e incluso lavar dinero.

Pidió castigo y que no haya impunidad. "No podemos seguir solapando mecanismo que afecten los derechos de los trabajadores", explicó Alcalde.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, también se pronunció por regular la subcontratación en México y ejemplificó el caso de una empresa, de la cual no quiso acordarse el nombre que tenía solamente registrados a 18 trabajadores con salarios de 189 pesos, y terminó anotando a más de 900 trabajadores con salarios de 794 pesos.

Habló de las afectaciones de la subcontratación en las arcas del Seguro Social y dijo que en los últimos años se han perdido 21 mil millones de pesos, y ese cálculo, aunque conservador, pudo haber servido para adquirir medicamento, equipo médico o incluso construir nuevos hospitales.

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".

Las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral tanto en la administración pública como en el sector privado. 

Avalado con 25 votos a favor y dos abstenciones del grupo parlamentario del PAN, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.

“Así que este cambio revierte y termina con modelo perverso, insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales; yo diría, compañeras y compañeros senadores, fuera de protagonismos, de oportunismos, del desconocimiento de los objetivos y fines últimos de esta reforma, lo que hoy estamos aprobando es histórico, corrige el rumbo y ahora será el rumbo precisamente de la justicia, del bienestar, de la dignidad para todos los trabajadores y para todos los mexicanos”, puntualizó el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo.

 En su turno, al fundamentar el voto de su bancada en abstención, el coordinador panista Erandi Bermúdez propuso aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta enero de 2022, con el fin de garantizar el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores y empleadores.

 La reforma aprobada ya por la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

 Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados. “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece. Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

 Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes. 

En el país, seis de cada 10 empresas no podrían contratar de manera directa y sumar a sus plantillas a las personas con las que colaboran mediante empleo eventual subcontratado, dijo Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

A causa de ello, tendrían que optar por otras vías de reclutamiento semiformales, como por honorarios o asimilados a salarios, afirmó. "Las contrataciones por estas vías semiformales generarían cumplimiento en el pago de impuestos, pero alejarían a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para un empleado formal", señaló.

Sólo 30% de las empresas podrían captar a los empleados eventuales subcontratados como parte de su plantilla de trabajadores, en tanto que 10% simplemente los tendría como colaboradores externos. "La subcontratación legal es segura, ya que la persona es contratada como empleado, con sueldo y prestaciones reales, y queda así registrado en el IMSS e Infonavit desde su primer día. Además, la subcontratación del personal temporal genera ahorros y es más eficiente para la mayoría de las empresas, por ello las compañías micro, pequeñas y medianas recurren al outsourcing", indicó.

En total, las empresas micro, pequeñas y medianas tienen una participación en la subcontratación de 53.2% (4.4%, 17.6% y 31.2%, respectivamente), de acuerdo con cifras del Inegi. Hasta diciembre de 2020, en este tipo de empresas se concentraron más de 34 millones de empleos (5.1 millones en micro, 7.5 millones en pequeñas y 21.5 millones en medianas), conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por otra parte, de 19 millones 773 mil personas que están contratadas en un esquema formal adscrito al IMSS 14% es personal eventual, es decir, más de 2 millones y medio del personal eventual urbano, que representa 13%, en tanto que más de 250 mil son eventuales del campo, que representan 1%.

"Las empresas de subcontratación generan empleo formal temporal. Necesitamos empleo formal, permanente y temporal, porque actualmente sólo 20 millones de personas realizan sus pagos de impuestos para sostener a más de 120 millones de mexicanos, y si no incrementamos la cifra de formalidad en el empleo siempre nos van a quedar a deber los servicios que requerimos", explicó Márquez.

Dijo que una de las razones por las que empresas como ManpowerGroup están a favor de una mejor regulación es la eliminación de prácticas ilegales que no sólo han hecho daño al sector, sino también a los trabajadores y al sector público, pues los evasores se quedan con dinero que debería haber llegado a instituciones como el IMSS.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), especializadas en subcontratación, descartaron la posibilidad de salir del país en caso de aprobarse la iniciativa del ejecutivo que prohíbe su actividad.

"No, de ninguna manera significa que las empresas como las que estamos en la Asociación se fueran del país. Se perdería una cantidad importante de la que es nuestra labor diaria, de nuestra facturación, porque nuestras actividades se verían reducidas de forma importante, pero no significa que se desaparezcan", afirmó Héctor Márquez, presidente de la AMECH.

"Seguramente muchas de nuestras empresas tenemos algunas especializaciones, podríamos seguir dando algunos servicios, y lo que estamos precisamente es trabajando, promoviendo es para no solo dar dichos servicios, sino que podamos seguir apoyando el mundo del empleo, en lo que es el trabajo temporal", agregó el también director de relaciones institucionales de ManpowerGroup.

La AMECH presentó su propuesta para la regulación de la subcontratación en México que contempla fundamentalmente la regularización del trabajo temporal, la precisión y ampliación de los servicios especializados, que en sus atribuciones también incluya el apoyo a la actividad principal de la empresa.

Sobre el proceso de análisis y negociación que se está llevando a cabo en el Congreso, Márquez comentó que "definitivamente la iniciativa inicial que fue enviada, ya no va a ser la misma que sea dictaminada. Se está esperando una nueva iniciativa, esa propuesta no se ha mandado por parte del gobierno a la Cámara de Diputados".

Mientras tanto, se han llevado a cabo varias sesiones importantes para seguir hablando del tema de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), así que mientras no termine la negociación en este tema, no se habrá terminado de redactar la nueva iniciativa, explicó.