Para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2021, se propone un total de 882 programas presupuestarios, es decir ocho menos respecto al presente ejercicio del 2020.

De acuerdo con la estructura programática que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Cámara de Diputados, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), hicieron 71 movimientos para integrar el proyecto del 2021.

Con ello, se eliminarían ocho vigentes; se dieron de alta 17, eliminaron 22, fusionaron cuatro, con la escisión de uno.

En el documento se expone que la creación de los nuevos, son necesarios para atender el desempeño de actividades que responden a cambios en leyes y disposiciones normativas, así como para la implementación de estrategias y acciones previstas en la Planeación Nacional del Desarrollo (PND).

Por el lado de la reducción en el número total de programas presupuestarios, se explica se debe a la depuración de los programas para los que no se prevé asignación de recursos en el ejercicio fiscal 2021 y por la reorganización de algunos que generarán fusiones o la absorción de ciertos componentes y actividades de programas que desaparecen por parte de otros que se mantienen vigentes.

Destaca la reclasificación de 10 programas de la modalidad "otros subsidios" a la modalidad de "sujetos a reglas de operación", que permitirán fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de recursos públicos destinados a mejorar el bienestar social a través de dichos programas.

Los que se eliminan en el presupuesto 2021

Entre los que se eliminarán para el próximo año, se encuentra uno a cargo de la oficina de la Presidencia de la República denominado Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal, y a la vez se da de alta otra llamado Apoyo a las actividades de Ayudantía y Logística de la Oficina de la Presidencia de la República.

Se argumenta que esto como de la reincorporación de los elementos del Estado Mayor Presidencial a sus Unidades de origen en las Fuerzas Armadas y la creación de las Áreas de Ayudantía y Logística como nuevos cuerpos civiles para apoyo del titular del Ejecutivo Federal.

Entre los programas afectados, se menciona el de Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión al pasar de 39 a 36 programas para el 2021.

En la SHCP, se elimina el programa Comercialización de billetes de lotería, a cargo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública que está en proceso de desincorporación.

Esto en cumplimiento del artículo segundo del Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, publicada el 14 de enero de 1985, decreto que fue publicado en el DOF el 14 de enero de 2020.

Agricultura y Desarrollo Rural, propone desaparecer los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas, Fomento Ganadero y del Sistema Nacional de Investigación Agrícola así como Crédito Ganadero a la Palabra, derivado de que no se asignaron recursos en el PEF 2020.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes propuso que deje de operar el programa de Conservación de infraestructura ferroviaria, que se adiciona en el Ramo 47 entidades no sectorizadas y se elimina del Ramo 09 para 2021.

En la Secretaría de Economía ya no tendrá el programa para el Fondo Minero, que pasa a la Secretaría de Educación Pública y el programa de Proyectos de inmuebles.

Desaparece el programa para el Seguro Popular, debido a que para el ejercicio 2021 ya no estará vigente por la desaparición de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en atención a la reforma a la Ley General de Salud Pública, a través de la cual se creó el Instituto de Salud para el Bienestar para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

En energía se planteó que ya no opere el programa de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional; desde su creación el Cenace no ha asignado ni ejercido recursos en dicho programa, por lo que se considera que mantenerlo es innecesario en la programación.

A partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre del 2024 no se podrán hacer contrataciones de personal en el gobierno federal.

La disposición incluye a las dependencias, los órganos administrativos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal (APF), los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios.

Así lo ordenó, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a todos los oficiales mayores y titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de la APF.

Por medio de un oficio emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, se establece que no podrán ocupar plazas presupuestarias de carácter permanente ni eventuales.

Tampoco podrán contratar personal que preste servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

No estarán sujetos a la fecha establecida los movimientos de servicios personales que deriven de la emisión o reformas de leyes previo dictamen específico que emita la Unidad de Política y Control Presupuestario.

La operación de Consulados y Embajadas también están excluidos de esta disposición así como las contrataciones en términos de la legislación laboral y las funciones que desempeñan las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las que se encuentren bajo su coordinación sectorial.

Además, la Guardia Nacional, y las acciones que realice el organismo público descentralizado Servicios de Salud del IMSS Bienestar para la prestación gratuita de los servicios de salud para personas sin seguridad social, no se sujetarán a esta restricción.

El oficio firmado por la titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Alejandra Cañizares Tello, señala que las dependencias y entidades apoyadas en servicios personales que cuenten con recursos provenientes de vacancia, deberán realizar el traspaso al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada mes.

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Carlos Manuel Urzúa Macías, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público de México durante el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció el 19 de febrero de 2024. La noticia fue confirmada por autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes informaron que Urzúa Macías fue encontrado sin vida en su domicilio al sur de la Ciudad de México.

Carlos Urzúa nació el 9 de junio de 1955 en Aguascalientes. Era licenciado en Matemáticas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tenía maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Desde 2004 formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores y era miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.

Además de su destacada carrera académica, Urzúa fue secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal durante el periodo 2000-2003, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, se convirtió en el primer Secretario de Hacienda de la administración de López Obrador, ocupando el cargo desde el 13 de diciembre de 2018 hasta el 9 de julio de 2019.

Su renuncia se hizo pública a través de una carta en la que expresó su desacuerdo con algunas decisiones de política pública tomadas por el presidente, mencionando la imposición de funcionarios sin conocimiento de Hacienda Pública y la falta de sustento en algunas decisiones.

Después de su tiempo en el gobierno, Carlos Urzúa retomó sus funciones como profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey. Su fallecimiento representa la pérdida de una figura prominente en la economía y la administración pública de México.

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores, no están considerados para la capitalización del Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Ello, como parte de las recientes modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que tiene como objetivo fortalecer el FEIP a través de la recepción, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el Gobierno Federal o forman parte de sus activos.

La SHCP también aseveró que la reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública.

Y es que, luego de aprobadas dichas modificaciones el viernes pasado en la Cámara de Diputados, algunos legisladores comentaron que entre esos activos se encontraban los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro en Banco de México y que no han sido reconocidas por el trabajador.

“De este modo, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del Gobierno Federal”, subrayó la SHCP a través de un comunicado.

Precisó que el FEIP podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente, a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera, con lo que podrá aprovechar la capacidad de emisión del Gobierno, ya que actualmente no es posible depositar otros activos que no sean efectivo.

De ahí que, dijo, se tendrán dos fuentes de ingresos adicionales a las ya existentes para capitalizar al Fondo y que ésta o cualquier administración en el futuro disponga de recursos suficientes para amortiguar caídas en los ingresos presupuestarios y un mecanismo para capitalizar este fondo de forma más rápida, si así lo decide.

Apuntó que las transferencias de activos financieros del Gobierno Federal, se darían cuando la SHCP identifique que existe un mejor resultado con respecto al balance financiero aprobado hacia los últimos días del año en curso, tal que por motivos de tiempo no sea posible reasignar.

De hecho, comentó que este ahorro o remanente ya se ha materializado en el pasado por motivos no anticipados debido a subejercicios del gasto o ingresos adicionales, que terminan aumentando las disponibilidades de caja en la Tesorería de la Federación.

La iniciativa pretende utilizar este remanente de recursos para capitalizar al FEIP y brindar mayor transparencia sobre el uso de estos recursos, por lo que la ley permitirá que el Gobierno Federal deposite activos financieros propios en dicho Fondo, ya sea efectivo o algún otro instrumento financiero.

Destacó que en esta operación seguirá aplicando la normatividad de la Administración Pública Federal y aquella sobre las Empresas Productivas del Estado y las Entidades Paraestatales. A saber, precisó, la SHCP no podrá, bajo ningún caso, exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión y se deberá contribuir al equilibrio presupuestario; no podrá utilizar activos financieros de las empresas públicas u otros organismos para este fin.

Así que, “de ninguna manera significa que el Gobierno sustraiga activos de otras tesorerías o reservas del sector público, ya que únicamente se regulan los activos de la Tesorería de la Federación que maneja el Gobierno Federal”. Además, aseveró, “el FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central a cargo de la Secretaría de Hacienda. Por tanto, sus recursos provienen exclusivamente de aportaciones del Gobierno Federal”. La Secretaría de Hacienda subrayó que esta reforma forma parte del cambio que el Gobierno de la República iniciará este mismo año como parte de la instrucción presidencial de quitar riesgos al nuevo gobierno a partir de 2025.

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La Secretaría de Hacienda aseguró que alcanzar un crecimiento económico de 3 por ciento es posible gracias al consumo interno y a otros impulsores, como la preservación del salario real y el empleo. 

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, recordó que en la medida que ha ido avanzando el año diversos analistas y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han elevado las proyecciones de crecimiento para la economía nacional y se han ido encaminando a las proyecciones de la dependencia. 

“Hoy lo que estamos viendo que es distinto y que es lo que nos da cierta holgura para estar poniendo nuestra estimación de crecimiento en la parte alta del rango, que es 3 por ciento, es porque estamos viendo que el IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) de aquí a fin de año, si nada cambia, si aumenta cero por ciento de aquí a diciembre el producto (interno bruto) va a estar ligeramente arriba de 2 por ciento”, indicó. 

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la actual administración y para dar detalles del Paquete Económico 2023, el funcionario añadió que el consumo interno ya está recuperado plenamente con respecto al nivel pre pandemia. 

Aseveró que los impulsores de consumo interno son positivos, como el salario real, que se ha protegido; la nómina, que el último dato de empleo también fue bastante significativo; el empleo sigue aumentando; los salarios promedio de la población formal, y también de la informal, están creciendo; y, en general, los indicadores se han recuperado. 

“La demanda total está en 102 por ciento con respecto al nivel pre pandemia, el empleo está en 103.3 por ciento, el consumo 102.7 por ciento, el consumo privado 102.9 por ciento. Por eso es que el producto, medido por el IGAE, está en 99.9 por ciento”, mencionó Ramírez de la O. 

Así, apuntó, lo que hace pensar que el 3 por ciento es alcanzable es que el consumo interno ya cobró su propio dinamismo, independientemente de una desaceleración en Estados Unidos, y que el consumo interno da suficiente impulso.

Respecto al consumo externo, el titular de Hacienda destacó que la exportación automotriz aumentó 15 por ciento en dólares, gracias a que hay un inicio de alivio en el suministro de microchips y otros componentes que estaban estrangulando la cadena de provisión.

Añadió que en Estados Unidos las cifras de empleo son positivas, a lo que se suman los estímulos que el gobierno estadunidense dio a la población; no obstante, reconoció que todo puede pasar, pues puede haber, como una mayor guerra, “pero nosotros estamos obligados a hacer un margen de planeación con la última información, con las últimas tendencias y con lo mejor que puede darnos el discernimiento de equipos que tienen mucha experiencia haciendo estos trabajos”, expuso Rogelio Ramírez de la O. 

Elevar deuda sin control requería elevar impuestos 

La Secretaría de Hacienda enfatizó que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador es no aumentar la deuda pública como proporción del producto interno bruto (PIB), por lo que las acciones han estado encaminadas a este propósito, con el objetivo de no hacer lo mismo que gobiernos anteriores, pues eso implicó alza de impuestos y no repercutió en mayor recaudación. 

“La postura de este gobierno fue: no vamos a tomar más deuda con respecto al producto (interno bruto), porque aumentó en la última administración de 31 por ciento a 45 por ciento. (Hacer lo mismo) hubiera requerido estar aumentando impuestos y ya vimos que en la anterior administración, y en la anterior a la anterior, hubo aumentos”, indicó el secretario de Hacienda. 

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores recordó que en la administración de Felipe Calderón se aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y se creó el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU). 

El funcionario añadió que en la administración de Enrique Peña Nieto se aumentó el IVA, se creó el impuesto a dividendos, así como una serie de impuestos especiales, que no dieron por resultado incremento en la recaudación, pues solamente fue de poco menos de 2 puntos porcentuales del PIB. 

“Esta administración se da cuenta que la economía de las dos administraciones precedentes viene creciendo muy modestamente, no es para minimizar el esfuerzo, pero es el hecho y con más impuestos, hubiera sido una carga adicional haber generado mayor recaudación vía tasas de impuestos entonces, por eso es que esta administración fijó dos posturas: no aumento de deuda sobre PIB y no aumento de tasas de impuestos. Esto quiere decir que tenemos que hacer lo que podamos con el nivel de gasto que tenemos en el presupuesto”, dijo. 

El titular de Hacienda reconoció que estamos en un ciclo de aumento de tasa de interés y puede ser peligroso tomar más deuda, pero enfatizó que de haber hecho lo que hicieron otras administraciones habría llevado al cociente deuda/PIB hasta 58 por ciento, lo que si no fue “catastrófico”, ´si era “inaceptable, para un gobierno que había dicho que no se iba a elevar la deuda. 

Así, en el año 2018 la deuda contra PIB era de 44.5 por ciento y aumentó en 2020 a 52 por ciento, pero en 2021 bajó a 49.9 por ciento, hoy está en 48.9 por ciento, “y está proyectada para seguir bajando en la medida de lo posible, pero nuestro compromiso es seguirla bajando y seguir dando la señal de que estamos conscientes de que esta métrica se tiene que respetar y se tiene que honrar frente a la ciudadanía, es una promesa de campaña pero también ya tiene una significación para los analistas, los mercados y las agencias calificadoras”, aseveró.

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La oposición en el Senado criticó lo que llamó "fracaso" de la política hacendaria del gobierno, el derroche de más de 300 mil millones de pesos en subsidios para gasolinas, el incremento desmedido del presupuesto para programas sociales "que sólo generan más pobres", la “ordeña” sin medida de los fondos de estabilización, la corrupción en Segalmex y una estimación “optimista” de crecimiento de la economía de tres por ciento para 2023, alejada de los pronósticos internacionales.

En la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno, Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, criticó el optimismo del secretario de Hacienda de proponer que la economía crecerá el siguiente año en un rango de 3 por ciento, cuando las condiciones financieras en el mundo han dado un giro de 180 grados, que alteran todas las previsiones anteriores. 

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, cuestionó al secretario de Hacienda sobre las irregularidades detectadas en Segalmex y Liconsa por 8 mil 636 millones de pesos.

“¿Qué ha hecho o qué hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? ¿Estos hechos que darán pie a investigaciones administrativas y en su caso penales?, sobre esto ¿qué nos puede decir, señor secretario?”.

La priísta Nuvia Mayorga lamentó que el crecimiento económico sea el gran pendiente del gobierno, que la inflación se encuentre al alza, de 8.7 por ciento en agosto, el mayor nivel en 20 años y que se maneje el falso discurso de que no existe alza en los combustibles, cuando el subsidio ha costado cerca de 300 mil millones de pesos.

Víctor Fuentes, senador del PAN, afirmó que la política hacendaria es un fracaso.

“La economía señor secretario, no crece, está estancada, lo que sí crecen son los impuestos; se pretende cada vez más recaudar Impuesto sobre la Renta e IVA. Este gobierno se endeuda bastante -más que el gobierno de Peña Nieto-, se ha endeudado 3 mil millones de pesos más. La inversión tampoco crece. Y ahora que continúen los paleros”.

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech, cuestionó que el gobierno aumentó el presupuesto de los programas sociales sustancialmente al pasar de casi 713 mil millones de pesos en 2018 a más de 946 mil millones en 2022 y a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) apenas se les asigne un presupuesto de 240 millones de pesos para 2023, cuando a finales de 2018 recibieron 4 mil 515 millones de pesos.

Señaló que, por falta de apoyos en 2021 se perdieron más de 390 mil Pymes.

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