Eliminar la figura del esquema de subcontratación provocará la pérdida de al menos 2 millones de trabajos, lo que devastará la economía mexicana, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, el impacto puede ser mayor, ya que se estima que en México hay 4.1 millones de trabajadores bajo el esquema de outsourcing, lo que representa alrededor del 20% de todo el empleo formal del país.

La Confederación afirmó que "la prohibición de la figura de la subcontratación podría convertirse en un golpe devastador para la economía, la competitividad y para millones de familias".

Además de que tendrá un impacto social la prohibición de la subcontratación porque precarizará la calidad de las fuentes de empleo, además de que se incrementará la informalidad.

"Coincidimos con las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que ha advertido que en el corto plazo se perderían medio millón de empleos y la informalidad pasaría del 56% a un nivel cercano al 70%".

Para la Coparmex la subcontratación u outsourcing permite a las empresas contratar con flexibilidad, por lo que afirmó que el gobierno deberá fortalecer los mecanismos legales para sancionar conductas abusivas e irregulares y añadió: "Se debe extirpar el tumor, en lugar de extraer todo el órgano vital".

Ante el inicio del primer periodo ordinario del 2021 del Congreso actual, la Coparmex afirmó: "exhortamos al Poder Legislativo a analizar y discutir con objetividad esta iniciativa y, sobre todo, a que en el afán de solucionar problemas que no son una regla general, no se termine por afectar a los trabajadores que se pretende proteger".

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".

Las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral tanto en la administración pública como en el sector privado. 

Avalado con 25 votos a favor y dos abstenciones del grupo parlamentario del PAN, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.

“Así que este cambio revierte y termina con modelo perverso, insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales; yo diría, compañeras y compañeros senadores, fuera de protagonismos, de oportunismos, del desconocimiento de los objetivos y fines últimos de esta reforma, lo que hoy estamos aprobando es histórico, corrige el rumbo y ahora será el rumbo precisamente de la justicia, del bienestar, de la dignidad para todos los trabajadores y para todos los mexicanos”, puntualizó el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo.

 En su turno, al fundamentar el voto de su bancada en abstención, el coordinador panista Erandi Bermúdez propuso aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta enero de 2022, con el fin de garantizar el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores y empleadores.

 La reforma aprobada ya por la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

 Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados. “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece. Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

 Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes. 

La iniciativa presidencial que prohíbe la subcontratación de personal (outsourcing) es una medida recaudatoria muy fuerte que amenaza con elevar el costo laboral, sobre todo de pequeñas y medianas empresas que hacen uso de ese servicio, advirtió Ricardo Martínez, abogado especialista en materia laboral.

“Es una reforma trascendental que, por un lado, va a beneficiar a trabajadores para que puedan recibir la PTU (participación de los trabajadores en las utilidades), pero por otro lado encarece el costo de las empresas”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El socio fundador de la firma De la Vega y Martínez Rojas dijo que la reforma tiene un alto contenido fiscal, pues cuando las empresas dejen de usar el outsourcing, también dejarán de tener derecho a deducir el IVA que pagaban al proveedor de ese servicio, con lo que el gobierno va a obtener mayor recaudación.

“Vamos a ver que muchísimas empresas que deberán poner en su nómina a los trabajadores que tenían subcontratados va a ser más oneroso, porque les va a costar el IVA, la PTU y en materia de seguro social también va a haber un encarecimiento”, explicó.

Además, consideró que la iniciativa no toma en cuenta que México depende de los pequeños y medianos negocios, que representan 80% del padrón de empresas adscritas al IMSS.

“La subcontratación ayudaba mucho al pequeño y mediano empresario, porque no puede tener contadores o abogados. Se usa mucho la subcontratación, y prohibirla se oye grave”, señaló.

“Con el gran desempleo que nos dejó el Covid-19, con más de 700 mil empleos perdidos, me parece que es una medida muy fuerte que puede generar más desocupación y que muchos que están en la formalidad se vuelvan informales, que es lo que no queremos”, agregó el especialista.

Esta reforma deja una opción a empresas, dijo, y es la contratación de servicios u obras especializadas que no caigan en el objeto principal de la contratante ni en su actividad preponderante.

Martínez recomendó que lo primero que debe hacer cualquier empresa es analizar su objeto social y los objetos de sus contratos, y de ahí evaluar qué puede contratar todavía a través de servicios especializados.

Es un trabajo muy delicado, agregó, y se debe realizar con mucho cuidado, porque si las autoridades fiscales consideran que es una simulación, le van a quitar a la empresa la posibilidad de deducir el ISR y de acreditar el IVA.

“Queda poco tiempo. Esta reforma, como lo han anunciado claramente, va a entrar en vigor para el 1 de mayo, cuando empiece a correr el plazo de los tres meses”, dijo.

Para el especialista, la iniciativa viola el artículo quinto Constitucional, que permite a los gobernados dedicarse al trabajo, industria, comercio que más le acomode y que sea lícito, como lo puede ser la subcontratación.

Además, consideró que también viola el artículo 25, porque evidentemente va contra la iniciativa privada y la libertad de contratación.

“Aquí están prohibiendo una actividad que en todo el mundo es lícita, y que la propia Organización Internacional del Trabajo ha manifestado que es legal. Entonces, aprobar la reforma diciendo que se prohíbe la subcontratación, abre una gran avenida para los amparos”, recalcó Ricardo Martínez.

Habrá empresas muy afectadas, señaló, como por ejemplo todas las que se dedican a la tercerización como tal, pues la iniciativa es un golpe muy fuerte a una industria muy importante y que es legal.

“Lo malo es que la reforma no ataca el problema de fondo, que son los defraudadores, los simuladores, todos esos que usan figuras extrañas para poner a los trabajadores en sociedades, que los ponen como honorarios profesionales, que los ponen fuera de la ley y que no pagan. Eso no lo están atacando”, lamentó.

En el país, seis de cada 10 empresas no podrían contratar de manera directa y sumar a sus plantillas a las personas con las que colaboran mediante empleo eventual subcontratado, dijo Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup.

A causa de ello, tendrían que optar por otras vías de reclutamiento semiformales, como por honorarios o asimilados a salarios, afirmó. "Las contrataciones por estas vías semiformales generarían cumplimiento en el pago de impuestos, pero alejarían a las personas de acceder a la seguridad social y prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo para un empleado formal", señaló.

Sólo 30% de las empresas podrían captar a los empleados eventuales subcontratados como parte de su plantilla de trabajadores, en tanto que 10% simplemente los tendría como colaboradores externos. "La subcontratación legal es segura, ya que la persona es contratada como empleado, con sueldo y prestaciones reales, y queda así registrado en el IMSS e Infonavit desde su primer día. Además, la subcontratación del personal temporal genera ahorros y es más eficiente para la mayoría de las empresas, por ello las compañías micro, pequeñas y medianas recurren al outsourcing", indicó.

En total, las empresas micro, pequeñas y medianas tienen una participación en la subcontratación de 53.2% (4.4%, 17.6% y 31.2%, respectivamente), de acuerdo con cifras del Inegi. Hasta diciembre de 2020, en este tipo de empresas se concentraron más de 34 millones de empleos (5.1 millones en micro, 7.5 millones en pequeñas y 21.5 millones en medianas), conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Por otra parte, de 19 millones 773 mil personas que están contratadas en un esquema formal adscrito al IMSS 14% es personal eventual, es decir, más de 2 millones y medio del personal eventual urbano, que representa 13%, en tanto que más de 250 mil son eventuales del campo, que representan 1%.

"Las empresas de subcontratación generan empleo formal temporal. Necesitamos empleo formal, permanente y temporal, porque actualmente sólo 20 millones de personas realizan sus pagos de impuestos para sostener a más de 120 millones de mexicanos, y si no incrementamos la cifra de formalidad en el empleo siempre nos van a quedar a deber los servicios que requerimos", explicó Márquez.

Dijo que una de las razones por las que empresas como ManpowerGroup están a favor de una mejor regulación es la eliminación de prácticas ilegales que no sólo han hecho daño al sector, sino también a los trabajadores y al sector público, pues los evasores se quedan con dinero que debería haber llegado a instituciones como el IMSS.