En el año de 1978, José López Portillo, quien era el presidente de México en aquellos años, emitió un decreto en donde se establecía la entrega al estado de Baja California de un inmueble específico para alojar los poderes ejecutivos de la entidad. En este decreto, dentro de un transitorio se menciona que, “cualquier otro uso que se le diera al inmueble sería motivo de revocación del decreto”. Por ello, la donación que recibió Baja California tiempo atrás se encontraba condicionada a dicho destino y a dicho uso exclusivo de ese inmueble.
Por parte de Carlos Atilano, en conjunto con abogados de la ciudad, realizaron un amparo, juicio de garantías, para establecer el decreto mediante en el cual el Gobierno del Estado encabezado por Jaime Bonilla daba en donación a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) sin contar con una justificación social o legal.
“Nosotros queremos mucho a la universidad y estamos de acuerdo en su crecimiento, pero tiene un vasto territorio donde se pueden construir sus instalaciones. No vemos porque privar a toda la ciudadanía un espacio que además es histórico, pues tiempo atrás abogados, arquitectos, contadores realizábamos en una zona céntrica un sinfín de trámites" menciono el ex candidato a la gubernatura de Baja California.
Atilano detalló que pronto se tendrán resultados de este amparo interpuesto, ya que se encuentra en manos del Juez de Distrito, a espera de que sea devuelto a la población el inmueble, en donde actualmente se imparten clases.
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