A las presiones de los gobiernos por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se le sumó la demanda de los sindicatos canadienses de incrementar los salarios y disminuir la pobreza, ya que 52% de los mexicanos viven en dicha condición, dijo el presidente de uno de los sindicatos más importante de Canadá, Unifor, Jerry Dias.

Para los empresarios canadienses —quienes estuvieron muy activos en participación en este sábado durante la ronda de negociaciones— "no hay forma de competir" con los mexicanos por los bajos salarios que tienen, un hecho que también provoca que la mitad de la población viva en la pobreza.

"El problema de la renegociación no es Canadá, sino México y que sus negociadores se niegan a revisar el piso de los salarios ", afirmó Dias.

En entrevista durante el cuarto día de negociaciones de la primera ronda, el representante de Unifor dijo que en algún momento la economía mexicana deberá ceder en el tema laboral, porque es parte de los procesos de una negociación.

"No podemos tener un acuerdo trilateral donde el salario mínimo en México es 0.90 dólares la hora, no podemos tener un acuerdo tripartito por debajo de cuatro dólares la hora", explicó.

Por lo que, dijo, debiera cambiar el tratado para poder generar empleos y protegerlos en Canadá y Estados Unidos, porque con las reglas actuales continúa la migración de buenos trabajos hacia México.

"Las cosas tienen que fijarse, pero tampoco debemos tener miedo de salirnos de la mesa de negociación", destacó el empresario.

Además, agregó, resulta triste que en Canadá se cierran fábricas y ninguna se vuelve a abrir, pero después se abren en México.

La petición del representante de Unifor —que agremia a 310 mil trabajadores canadienses— contrasta con lo dicho en el primer día de negociaciones por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien dijo que el tema de los salarios no es parte de la renegociación, porque es un tema interno de cada país.

Jerry Dias ha estado activo en el movimiento obrero durante casi cuatro décadas. En los últimos cinco años ha participado en la defensa de los derechos de los trabajadores y para lograr mejoras para la seguridad.

En el primer día de la ronda, la cual comenzó el 16 y concluirá el 20 de agosto, fuentes del sector aseguraron que los estadounidenses no pidieron el aumento a los salarios en la mesa laboral trilateral del miércoles pasado.

Un grupo de congresistas estadounidenses demócratas y republicanos enviaron, hoy martes, una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden agendar una discusión diplomática con el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, para atender el tema de las violaciones al T-MEC en que se incurren en materia energética.

La misiva que firmaron veinte congresistas explica que el gobierno mexicano realiza cambios que afectan al sector energético y que van en contra del espíritu y la letra del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los legisladores estadounidenses explican que están agradecidos de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, expusiera a su contraparte, la Secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, en mayo pasado estas preocupaciones.

Sin embargo, el incremento de cambios a las leyes y reglamentos en materia energética en México “requieren su inmediata atención y una solución oportuna”.

Porque esto afecta a los inversionistas estadounidenses que ya tienen inversiones en territorio mexicano y a futuros proyectos en el sector energético.

Por ejemplo, el primero de febrero de 2021, el presidente López Obrador introdujo una legislación para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó rápidamente el Congreso mexicano, pero que da preferencia a Comisión Federal de Electricidad, que “es menos eficiente y tiene plantas de generación más contaminantes”, lo que afectará la competencia, aumentará costos de producción de las industrias e incrementará las emisiones contaminantes.

“El incremento en los costos de la energía en México impactará a las cadenas regionales de valor, reducirá la competitividad en Norteamérica en momentos en que el gobierno y las compañías estadounidenses enfocan sus esfuerzos en la recuperación económica”, expusieron.

Lo mismo sucedió en el sector de hidrocarburos en donde se hicieron cambios a leyes y reglamentos que regresan a Pemex el control de la distribución, almacenamiento, importación y exportación de combustibles y del petróleo, modificaciones legales que aprobó el Congreso, lo que revirtió los cambios de 2013, al devolverle el monopolio a la petrolera del Estado.

Por ello, piden a Biden agende una discusión diplomática con el presidente de México para establecer no solamente las reglas del juego que darán un piso parejo a las compañías que operan en México, sino que también permitirán una competencia en el mercado de energía que proteja los trabajos estadounidenses, para también tener mejores costos y menos emisiones contaminantes.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) afirmó que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no es la panacea para la recuperación del comercio exterior ni de las inversiones.

Con el arranque de este acuerdo comercial hoy 1 de julio de 2020, se "rompen paradigmas porque incluye nuevas disciplinas como el comercio digital, medio ambiente y laboral, entre otros".

Para el Comce "el T-MEC no es la panacea inmediata para que las empresas dedicadas al comercio exterior, superen las afectaciones que ha generado la disminución al intercambio comercial y la baja en inversiones productivas".

Explicó que tras 26 años de experiencia con el Tratado Comercial para América del Norte (TLCAN), se cuenta con una visión estratégica para superar los momentos de incertidumbre que vivimos.

Afirmó que "redoblaremos nuestras labores con las más de 70 contrapartes que tenemos a escala internacional para mantener activas las acciones orientadas a promover el comercio exterior, la atracción de inversión a nuestro país y la transferencia de tecnología".

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para el 1 de diciembre de este año habrá una solución al problema de inseguridad porque su gobierno ya logró controlar la tendencia al alza de los homicidios dolosos.

"Es muy delicado el problema, habrá solución pronto, el 1 de diciembre terminamos de sentar las bases de la transformación, en este año habrá resultados", aseguró en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos, quien -con datos oficiales- señaló 2019 cerrará como el año más violento y que si no tenía pensado cambiar a su gabinete de seguridad ante los magros resultados.

-"Eso si calienta", reviró el titular del Ejecutivo, al reconocer que el tema de seguridad es una asignatura pendiente que su administración no ha podido resolver.

"La explicación es que se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia, no se atendieron las causas, no se crearon empleos, los salarios de los mexicanos son los más bajos del mundo, se abandonó a los jóvenes, se impuso la impunidad, no había autoridad, no había una línea o una frontera que dividiera a la autoridad y la delincuencia, estás enterado del caso García Luna. Estas bandas no surgieron el año pasado".

Con gráficas y estadísticas sobre los homicidios dolosos en el país, el presidente López Obrador señaló que han logrado detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva.

"Si aumentó, pero no igual como venía sucediendo año con año... estamos consiguiendo controlar la tendencia en el aumento de estos delitos", insistió.

Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El proyecto de resolución a las impugnaciones presentadas contra esta ley fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán quien propuso al Pleno invalidar en su totalidad la norma porque el Congreso de la Unión no respetó los tiempos para legislar e incurrió en omisiones dentro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya se pronunciaron en contra del proyecto ¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aplica a todos los trabajadores gubernamentales a nivel federal, estatal, municipal, que se encuentren adscritos en dependencias, administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos así como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma constitucional del año 2009 en la que se estableció en el artículo 127 que ningún servidor público podía ganar más que el Presidente de la República y que para regular esto el Congreso debía promulgar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Según el artículo 127 constitucional estos servidores públicos "recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades".

Esta remuneración incluye "toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales".

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más que su superior y que el titular del Ejecutivo a menos que desempeñe diversos empleos públicos o que realice un "un trabajo técnico calificado o por especialización en su función".

En este caso, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que realizan trabajos especializados o que tienen más de un empleo en el gobierno, podrían ganar un máximo de hasta 160 mil pesos aproximadamente, considerando que el Presidente Andrés Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.

¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?

Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero fue hasta el año 2011 que el Senado envió la iniciativa aprobada y dictaminada a los Diputados para su análisis.

Sin embargo, los Diputados tardaron siete años para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se establece cómo se fijará el salario del Presidente de la República para tomarlo como tope máximo salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los salarios deben ser adecuados y proporcionales a las responsabilidades que tienen los servidores públicos pero también "digno que les permita desarrollar sus planes de vida y garantizar lo mismo para su familia", señala el ministro Pérez Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, transporte, comida, vestido, educación, recreación, entre otros elementos entre los que se cuentan algunos que el titular del Ejecutivo no paga con su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampoco consideraron en la Ley de Salarios que el artículo 94 constitucional establece que los sueldos de ministros, magistrados, jueces y consejeros federales no pueden ser reducidos mientras permanezcan en el cargo.

¿Es lo mismo la ley de salarios o de remuneraciones de los servidores públicos y la ley de austeridad?

No, la ley de salarios regula, como su nombre lo dice, las percepciones de los servidores públicos, mientras que la ley de austeridad regula los límites a los gastos y determina los ahorros que tendrán los entes públicos, es decir, cómo usarán sus presupuestos, no las nóminas.

¿Qué pasaría si invalidan la ley de salarios?

Para que la Corte invalide la ley, como propone el ministro Alberto Pérez Dayán, se requieren ocho votos a favor. Sin embargo, hasta el momento tres ministros ya se pronunciaron en contra de todo el proyecto, por lo que resta un voto en este sentido para que la ley no sea invalidada.

De ocurrir esto, en el siguiente periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión contará con 90 días para realizar una nueva ley con las consideraciones que incluye el ministro.

¿Qué pasaría si cuatro ministros votan en contra del proyecto de Pérez Dayán?

Hasta ahora tres ministros indicaron que en abril pasado la Ley de Salarios fue reformada y que, por ello, ya se trata de una nueva norma.

En consecuencia, si un cuarto ministro vota en este sentido, la ley quedará vigente y para impugnarla nuevamente se tendría que alegar como acto reclamado el decreto de noviembre de 2011 y su reforma publicada en abril pasado.

El término para reclamar la reforma de abril ya venció.

 Mediante el Plan Nacional de Desarrollo se buscará recuperar el salario pero no sólo mediante un ingreso mínimo, sino para que las personas con menores ingresos puedan superar la línea en la que no les alcanza para mantener a sus familias, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al señalar que, "los salarios tan bajos no nos convienen a nadie".

EL UNIVERSAL dio a conocer que un mexicano necesita cumplir una jornada laboral de 36 horas para surtir la despensa de una familia de cuatro integrantes; esto en comparación con los trabajadores de otros países como Estados Unidos, donde se requieren 10.4 horas de trabajo, o Canadá donde se necesitan 12.8.

Luisa María Alcalde señaló que el Plan Nacional de Desarrollo está relacionado con la recuperación del salario, no sólo por la vía del salario mínimo sino de recuperación para que "sobretodo los que no les alcanza ni siquiera para mantener a sus familias en lo más básico, que es la canasta básica, puedan superar esa línea", dijo.

Entrevistada después de asistir al foro nacional "Planeando juntos la transformación de México", en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, Alcalde Luján dijo que la reforma laboral que impulsa el gobierno federal busca fortalecer la negociación colectiva y que de esa forma, se fortalezcan los salarios en el país con una política económica que, "más bien pretendiera mantener los salarios y las prestaciones laborales estancadas".

"El cambio radical es permitir que la gente se organice, que haya contratación colectiva auténtica y hacer un impulso para que las empresas empecemos a entender que los salarios tan bajos no nos convienen a nadie, ni en términos de productividad ni de fortalecimiento del mercado interno", dijo.

Destacó que en los últimos meses ha habido un "impacto positivo" con respecto al ingreso de los mexicanos pero, dijo, esta debe ser "una tendencia hacia el alza"; pidió comprender que "no se pueden cambiar las cosas de un momento a otro" y que se necesitan fortalecer a las empresas para que los mayores ingresos que estas obtengan se reflejen en mejores salarios para las personas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Luisa María Albores, lamentó que según datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a 40% de los mexicanos no le alcanza su salario mensual para acceder a la canasta básica.

"Si vemos los datos del Coneval esa es una realidad, más del 40% de los mexicanos, si tuviera trabajo, aunque ocupen todos sus recursos del mes no le alcanza para comprar la canasta básica, eso es muy triste".

Expresó que los mexicanos trabajamos más horas que otros países para acceder a productos básicos porque el salario no alcanza, pero destacó que este es el primer sexenio donde hubo un incremento al salario mínimo.

"Estamos arrancando, pero el licenciado López Obrador ha sido muy claro: no habrá un hogar pobre al que no le llegue un programa del bienestar y eso va a contribuir a aminorar la brecha" (entre las horas trabajadas y el acceso a la canasta básica).

Por ello, la nueva política del gobierno federal tiene que ver con la reducción de la pobreza a través de los 25 programas integrales.