La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de la conductora de televisión Ingrid Coronado para que la sentencia a su favor por daño moral incluya una indemnización monetaria por el uso no autorizado de fotos suyas y de su hijo en una revista de espectáculos. 

La Primera Sala del máximo tribunal del país determinó este miércoles que el derecho a la propia imagen tiene fundamento en la dignidad humana y sí debe ser protegido por el Derecho de Autor. 

El litigio comenzó el año pasado cuando una revista de espectáculos de editorial Notmusa publicó imágenes de la conductora de televisión sin su consentimiento. 

Por lo que Ingrid Coronado decidió demandar a la empresa ante instancias civiles, quienes reconocieron que se le causó un daño moral, pero se negaron a establecer la obligación de una reparación económica con el argumento que no había ninguna violación al derecho de autor. 

Esta determinación fue recurrida por la conductora de televisión ante la SCJN, la cual resolvió hoy en un proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en el que se establece que el derecho a la propia imagen debe considerarse un derecho fundamental, y como tal, incluido implícitamente en el artículo primero de la Constitución. 

Debido a ello, en este asunto en particular corresponde pagar a Ingrid Coronado una indemnización, pues la revista obtuvo un lucro explotando la imagen de la conductora de televisión, por lo que debe responder económicamente para resarcir el daño causado. 

“A diferencia de los derechos de autor, que nacen de la creación literaria o artística, el derecho a la propia imagen está indisolublemente ligado a la individualidad de la persona”, detalla el proyecto. 

Luego de esta sentencia del máximo tribunal del país, el caso se remitió al tribunal de origen para que reelabore su sentencia, tomando en cuenta la la indemnización y se fije un monto. 

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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En un giro legal intrigante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando revertir un amparo que permitía el matrimonio o concubinato con dos o más personas. Esta medida, otorgada hace tres años en Puebla, se basó en la protección constitucional de diversas formas de familia. 

No obstante, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone revocar esta sentencia, argumentando que las relaciones poliamorosas no son socialmente predominantes y podrían generar desigualdades. El debate destaca la necesidad de regulaciones claras en caso de que el poliamor crezca en la sociedad, planteando el riesgo de desventajas, especialmente para mujeres y niños. 

La resolución propuesta destaca las advertencias internacionales sobre la poligamia, señalando que puede derivar en desigualdades graves y afectar negativamente el bienestar económico de mujeres e hijos. La legalidad del poliamor en México está en una encrucijada.

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La senadora Laura Ballesteros (MC) propuso reformar los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución para establecer los requisitos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como contar con cuando menos 15 años de experiencia en actividad jurídica, por ejemplo.

“No podemos permitir que a este tribunal constitucional lleguen personas que no cuentan con la capacidad, ni con la experiencia requerida para el cargo, por el solo hecho de ser leales al Presidente de la República, un poder no puede ser sumiso a otro. En la Corte se ocupa capacidad y experiencia, no abyección”, aseguró la legisladora.

El proyecto establece que para ser ministro, el aspirante no debe haber sido titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del SAT, comisionado o consejero de algún órgano constitucional autónomo, gobernador o gobernadora del banco central.

O estar a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, titular de una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de una empresa productiva del Estado, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, o magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el país es fundamental, para hacer valer la tan ansiada justicia que nos deben y la democracia que seguimos construyendo, pero sobre todo para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos”, dijo Ballesteros en tribuna.

La iniciativa presentada por la senadora de MC, también establece que para la designación de ministros de la SCJN, se tomarán en consideración las conclusiones de los foros ciudadanos de expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

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Ante el pleno del Senado, Lenia Batres Guadarrama rindió protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este 14 de diciembre, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el Senado le notificó sobre la designación de Lenia Batres como nueva ministra de la SCJN, en sustitución de Arturo Zaldívar, quien hace unas semanas presentó su renuncia al cargo. 

Conforme a lo estipulado en la Constitución, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, le tomó protesta a Batres Guadarrama, quien permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años. 

Lenia Batres fue designada por el titular del Poder Ejecutivo, luego de que en el Senado no se alcanzara la mayoría calificada para elegir a una de las integrantes de la segunda terna enviada por López Obrador. 

“Designo de manera directa a la C, Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, cargo que durará 15 años a partir de esta fecha, como lo establece el artículo 94 párrafo décimo cuarto de la Constitución, lo que por este conducto hago del conocimiento de esta soberanía”, se lee en el oficio enviado por el Presidente. 

📌 La presidenta de la Mesa Directiva del #SenadoMexicano, @AnaLiliaRivra, toma protesta a @LeniaBatres como ministra de la @SCJN. pic.twitter.com/LFGIWpAA3A

— Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

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