Gómez Mont y su esposo están acusados de presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 mil millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

La conductora y socialité, Inés Gómez Mont, acusada de enriquecimiento ilícito junto con su esposo Víctor Álvarez Puga, dijo que tiene miedo ante la solicitud de más órdenes de aprehensión en su contra.

Las acciones penales en su contra, asegura, "ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON".

Gómez Mont denuncia mala fe en su contra

Gómez Mont, quien es sobrina del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, destacó que hay tres "puntos" que han sido reportados en la prensa. El Primero, dijo, "que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra".

El segundo, que el 10 de septiembre de 2021, "autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha", pero afirmó que las autoridades están más interesadas en que ella y su marido sean juzgados por la "opinión pública".

En el tercer punto que denunció, Inés Gómez Mont aseguró que el Juez Zeferín Hernández, "quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad".

Juez ordena que Gómez Mont y Álvarez Puga vayan a cárcel de máxima seguridad

"Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada", afirmó la conductora.

Anteriormente, Inés Gómez Mont dijo que "en su vida había visto 3 mil millones de pesos".

Más allá de la farándula, Inés Gómez Mont es presidenta de la fundación que lleva su nombre, FIGMA, que se describe como una organización que ayuda a madres solteras. Por su parte, su marido es director del despacho Álvarez Puga & Asociados y tiene una serie de empresas dirigidas al rubro de la ayuda social. Una de las más significativas es su participación en la Cruzada Nacional contra el Hambre, además de ser creador de programas de estudio y ayuda para personas de escasos recursos.

A Álvarez Puga se le relaciona con "el rey del outsourcing", Sergio López Castro, de quien aprendió el esquema que hoy está penado por la ley luego de una reforma propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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Un juez supremo de Perú ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable", por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.

En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el ex vicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.

Álvarez aseguró que esa posibilidad es una "hipótesis negada" y agregó que "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano".

En su resolución, Checkley revocó la orden de comparecencia con restricciones que se había impuesto a Chávez, porque -según señaló- "existe un evidente incumplimiento (...) respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días".

El magistrado también determinó que el peligro de fuga es "palpable", así como el riesgo de "frustración" del juicio.

Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva, por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena veinticinco años de cárcel por el delito de rebelión.

La ex primera ministra salió en libertad luego del que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.

Tras la decisión mexicana, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.

Igualmente, el Ejecutivo peruano tampoco le ha concedido hasta ahora a Chávez el salvoconducto para viajar a México, al condicionarlo a una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático y político, al considerar que el país norteamericano la ha desvirtuado.

Este jueves, el primer ministro Álvarez aseguró que su país denunciará a México "oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano" sobre una presunta injerencia en temas internos, que Lima atribuye a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se buscará que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias, sea enviado a México.

Álvarez Puga tiene vigente una orden de aprehensión en su contra en nuestro país por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de lavado de recursos de procedencia ilícita, presuntamente desviados del erario.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria dio a conocer que esta mañana solicitó al Gabinete de Seguridad información sobre la situación de este empresario.

“Estamos esperando toda la información de la Fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad y espero que en unas horas podemos tener toda la información”, expuso.

-¿Algo sobre su extradición, todavía no se sabe?, se le preguntó.

“La idea es que se envíe a México”, respondió la titular del Ejecutivo Federal.

FGR es la encargada del caso

“Es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices (Inés Gómez Mont)”, agregó.

Registros del Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos indican que Álvarez Puga se encuentra retenido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North, un centro de detención de migrantes operado por el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

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La Policía Municipal de Tijuana logró la captura de cuatro personas que contaban con órdenes de aprehensión activas, incluyendo una requerida en Estados Unidos por un delito grave.

El primer caso ocurrió en la colonia Libertad, donde los agentes detuvieron a José Jhovanni “N”, de 34 años, por infringir el Reglamento de Tránsito. Al verificar sus datos, se confirmó que tenía una orden de captura vigente en los Estados Unidos, donde es señalado como presunto responsable del homicidio de una mujer en Union Gap. Además, en el vehículo que conducía, los policías encontraron 15 envoltorios con una sustancia similar a droga, que fue asegurada como evidencia.

En la colonia Villas del Álamo, los oficiales detectaron a Rodrigo “N”, de 38 años, quien fue detenido por violar el Bando de Policía y Gobierno. Al realizar la consulta, se confirmó que tenía tres órdenes de aprehensión activas por delitos de robo calificado y robo con violencia.

En otro operativo en el Distrito Florido-Mariano, agentes detuvieron a Ihan Osvaldo “N”, de 25 años, por faltas administrativas; sin embargo, al verificar su identidad, se encontró que también contaba con una orden de aprehensión por robo calificado con violencia.

Finalmente, en la colonia Tercera Etapa del Río, fue arrestado Carlos José “N”, de 50 años, quien infringía las reglas del Bando de Policía y Gobierno. La revisión de sus datos reveló que tenía una orden de aprehensión vigente por el robo de un vehículo.

Los cuatro detenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos judiciales correspondientes.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana informó sobre la detención de cuatro personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diversos delitos, como parte de los operativos para reforzar la seguridad en las colonias de la ciudad.

En la colonia Santa Rosa, oficiales intervinieron a José “N”, de 40 años, quien al ser verificado resultó con orden activa por abuso sexual. En otro hecho, en la colonia San Luis, se aseguró a Víctor Hugo “N”, de 39 años, identificado como generador de violencia, con orden por homicidio.

Asimismo, en la Zona Centro fue detenida Alba Yulissa “N”, de 27 años, sorprendida infringiendo el Bando de Policía y Gobierno. Al consultar sus datos, se confirmó que tenía orden vigente por lesiones. Finalmente, en la colonia Juárez, oficiales detuvieron a Gerardo “N”, de 29 años, prófugo de la justicia por narcomenudeo.

La dependencia municipal señaló que los cuatro detenidos fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, donde se dará seguimiento a los procesos legales correspondientes.

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la existencia de una orden de aprehensión contra el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El pronunciamiento se dio luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informara sobre la detención del deportista en Los Ángeles, California, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización señalada como grupo terrorista extranjero.

#FGRInforma | Julio “C”, quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, fue detenido este día por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California. 1/2 pic.twitter.com/jkawkeuD2N

— FGR México (@FGRMexico) July 3, 2025

Según la FGR, la orden de captura en México data de marzo de 2023 y ya se ha establecido contacto con las autoridades estadounidenses para avanzar en el proceso de deportación del hijo del exboxeador Julio César Chávez.

Cabe recordar que Chávez Jr. había perdido recientemente una pelea ante Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. Su situación legal se complica tras ser vinculado con actividades delictivas que podrían derivar en su extradición a México.

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