La conductora de televisión Laura Bozzo consiguió que un juez federal frenara, por ahora, la orden de mantenerla en prisión preventiva justificada durante su proceso por evasión fiscal por 12 millones de pesos, a cambio deberá pagar más de dos millones de pesos.

En el amparo que Bozzo solicitó contra la medida que le fue impuesta en agosto pasado cuando la conductora fue vinculada a proceso por el delito fiscal y la orden de detenerla, presentó una ampliación de demanda.

Al revisar la ampliación de su demanda, el juez determinó que debido a que el delito que la Fiscalía General de la República le imputa no merece prisión peventiva de oficio, procede concederle una suspensión provisional para que la conductora no sea privada de su libertad hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

“Los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese delito, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, señaló el juzgador.

Sin embargo, el juez indicó que para conservar la suspensión Laura Bozzo debe pagar una garantía por dos millones 600 mil pesos.

“La medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. Además con fundamento en los artículos 128, 164, 165, 166, 167 y 168 de la Ley de Amparo, dicha medida suspensional surtirán efectos desde luego, pero dejarán de tenerlo si la quejosa no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba una garantía de 2,600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Bienestar, o en cualquiera de las formas que establece la ley.

“Monto que se fija en forma discrecional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, tomando en consideración el daño patrimonial que dio origen a la causa de origen, siendo la cantidad de $12,760,071.00 (doce millones setecientos sesenta mil setenta y un pesos 00/100 moneda nacional), las condiciones personales manifestadas por la propia quejosa, tanto en la demanda como durante la tramitación del juicio de amparo, y las advertidas del informe justificado del Juez responsable, del que se aprecia la renuencia de la ahora quejosa a comparecer al procedimiento en cuestión y, desde luego, para evitar una posible conducta evasiva por parte de la quejosa de que se trata”.

También le ordenó presentarse ante el juez de Almoloya que ordenó detenerla en todas las audiencias que sean necesarias durante su proceso y entregar su pasaporte o pasaportes.

“Esta última medida de aseguramiento, ante la notoriedad de la directa quejosa, los medios en que se desenvuelve y las diversas nacionalidades que ostenta, lo que resulta un hecho notorio para este juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de una figura pública, por lo que se considera una medida justificada y suficiente para garantizar su comparecencia al procedimiento de origen, pues se considera que puede contar con los medios para salir del país”, detalló el juzgador.

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Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, El Altiplano, negó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) la orden de aprehensión contra Rosario Robles, quien fungió como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social por el probable delito de delincuencia organizada y lavado de dinero por 77 millones de pesos relacionado a la “Estafa Maestra”.

Esto por su probable intervención en los hechos con apariencia de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir o en encubrir documental en la que- a su consideración- da cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

El juzgador rechazó la petición del Ministerio Público Federal, en acato a la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México, que le concedió un amparo a la exfuncionaria el 3 de abril en donde solicitó reponer el procedimiento.

Así como determinar si procedía o no librar la orden de captura, o ser citada a una audiencia para ser notificada respecto a la existencia de la orden.

En la resolución, el Tribunal solicitó al juez reponer el procedimiento y determinar si debe o no librar el mandamiento judicial o analizar otra vía legal para que la exfuncionaria se presente a una audiencia y afronte la justicia.

En esa ocasión los magistrados manifestaron que los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda no ofrecieron argumentos para combatir el amparo otorgado a Robles.

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en Tijuana, lograron capturar al imputado Luis Enrique “N”, quien contaba con orden de aprehensión activa por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado en la Ciudad de México.  

Luis Enrique “N”, alias “El Ardilla” es considerado probable responsable de los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, cometido a propósito de un robo, en contra de Jorge, quien resultó sin vida y su amigo del sexo masculino quien resultó lesionado por los agresores.

El 9 de junio de 2012, alrededor de las 3:00 horas de la mañana, luego de salir de un bar abordaron sus respectivos vehículos, y en el recorrido se detuvieron, estando en la calle Flores Magón en la alcaldía Álvaro Obregón, llegó intempestivamente a bordo de una motocicleta el hoy imputado Luis Enrique “N”, en compañía de otro sujeto, con la intención de asaltarlos.

Los sujetos despojaron a sus víctimas de sus pertenencias, y en determinado momento comenzaron a forcejear con el arma de fuego que portaba Luis Enrique “N”, y este acto seguido, detonó el arma en distintas ocasiones en contra de Jorge, quien perdió la vida al instante a causa de las lesiones producidas por los impactos del arma de fuego, al darse cuenta su amigo acudió a prestarle auxilio, pero es recibido a tiros por Luis Enrique “N”, y antes de huir, aparentemente, lo lesionó en el glúteo y la espalda. 

Las investigaciones de la autoridad ministerial, llevaron a la identificación del presunto agresor, el cual fue localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde fue capturado y trasladado a la Ciudad de México para que responda a los señalamientos en su contra, ante la autoridad correspondiente en la capital del país.

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En un operativo conjunto, elementos del Ejército mexicano y la Agencia Estatal de Investigación detuvieron en Urique, Chihuahua, al primo hermano José Noriel Portillo Gil, El Chueco, junto a dos personas más, a quienes les aseguraron tres armas de fuego, 598 mil 200 pesos en efectivo, cartuchos útiles y droga 

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que los tres sujetos fueron aprehendidos en Bahuichivo, municipio de Urique. 

Los detenidos en términos de flagrancia son: Otón 'P, de 60 años de edad, Noel Antonio 'D', de 39 años y Paciano 'P', de 34 años, este último encargado de la distribución y venta de droga en la región, primo hermano de El Chueco. 

Los tres fueron consignados a la Fiscalía General del de la República por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En total fueron aseguradas tres armas de fuego calibre .9 mm, 31 cartuchos útiles, ocho envoltorios plásticos cristalinos y un envoltorio con cinta canela, los cuales contaban con un polvo blanco con las características propias de la cocaína, con un peso de 1.52 kilogramos, una bolsa plástica conteniendo en su interior una hierba verde seca y olorosa con las características propias de la mariguana, con un peso por determinar, sí como la cantidad de 598 mil 200 pesos en moneda nacional. 

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El Ministerio Fiscal solicita 5 años de prisión y 10 millones de euros de multa para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los delitos de corrupción en los negocios y estafa en el fichaje del delantero Neymar da Silva, para el que también pide 2 años de cárcel y otros 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios.

En cambio, exonera al también expresidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente cuando ocurrieron los hechos, al entender que pese a firmar los contratos presuntamente fraudulentos para fichar al delantero del Santos, entre 2011 y 2013, no formó parte activa de las negociaciones.

¿Cuándo es el juicio a Neymar?

El juicio oral empezará el próximo 17 de octubre, en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, durará hasta el 31 de octubre y en él comparecerán como acusaciones particulares el fondo brasileño DIS y la Federación de Asociaciones de Atletas Profesionales de Brasil (FAAP).

 Hasta el momento del traspaso al Barça, DIS era poseedor del 40% de los derechos económicos de Neymar, tras el acuerdo que alcanzó en 2009 con el futbolista, ahora en el PSG, y a quien pagó el equivalente a 2 millones de euros.

¿Por qué fue un fraude el fichaje de Neymar con el Barcelona?

Sin embargo, y aunque el Barcelona acabó desembolsando 25,17 millones al Santos por los derechos del jugador y otros 60 millones por diversos conceptos a N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar dirigida por el padre de Neymar, DIS solo percibió 6,8 millones, por su 40%.

Esta empresa reclama ahora una indemnización por daños y perjuicios de 150 millones de euros, 5 años de prisión para el jugador y otros 8 años de prisión para Rosell y Bartomeu.

Igualmente, la FAAP considera que, en aquella operación presuntamente fraudulenta entre el Barcelona y el Santos, también fueron vulnerados sus derechos, establecidos con fines sociales y consistentes en un pequeño porcentaje de los derechos de traspaso.

Además de Neymar, Rosell y Bartomeu están acusados el padre y la madre del jugador, para quienes la fiscalía pide 2 años y 1 año de prisión por sendos delitos de corrupción en los negocios, y el exdirigente del Santos Odilio Rodrígues, para el que pide tres años de cárcel por el delito de estafa.

El traspaso de Neymar lleva un recorrido judicial desde hace años, con varios frentes abiertos que le han ocasionado numerosos problemas jurídicos y financieros al FC Barcelona. 

Un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de televisión Inés Gómez Mont por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por 6 millones 600 mil pesos, por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio fiscal 2015. 

La conductora promovió un amparo contra el mandamiento judicial librado el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021. 

Sin embargo, el juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal rechazó otorgarle la protección de la justicia en mayo de este año. 

Ante esta situación, la presentadora interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido a trámite por un Tribunal Colegiado, el cual en los próximos meses resolverá si confirma, revoca o modifica la sentencia del juez de amparo que negó protegerla contra la orden de captura girada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte. 

Esta es la segunda orden de aprehensión que pesa contra Gómez Mont, quien desde hace meses es buscada junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 3 mil millones de pesos. 

El matrimonio es buscado a nivel internacional, debido a que Interpol emitió una “ficha roja”.

En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura. 

La indagatoria derivó por la supuesta utilización de empresas que sirvieron para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado. 

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