En el mundo del espectáculo no todo es risa y diversión, más aún, tratándose de la comedia, pues existen personalidades que fueron acusados de abuso sexual y hasta la fecha siguen sin poder limpiar del todo su nombre.

1. "Chuponcito"

José Alberto Flores Jandete, nombre real de "Chuponcito", fue acusado de acoso sexual y extorsión por parte de su hija y su expareja.

Su hija, Carla Guadalupe Oaxaca Aranzola, quien fue su asistente delató a su padre por acosar a sus amigas, mientras que su expareja, Bárbara Estrada, lo denunció por extorsión.

Debido a las acusaciones, el 17 de junio de 2012 en su canal de YouTube se despojó por primera vez en 42 años de su maquillaje.

2. "Tío Rober"

El comediante, Roberto Andrade, mejor conocido como "Tío Rober", fue acusado de abuso sexual por Sofía Díaz a través de un TikTok en marzo del presente año. La joven conoció al cómico en un show de comedia cuando ella tenía 19 años y él 39 y dijo que a pesar de ser su seguidora, no permitió que Andrade cometiera estas acciones.

No obstante, Andrade desmintó las acusaciones, y aseguró que responderá por las vías legales por cualquier perjuicio que esto pudiese ocasionar contra su persona.

3. “La Licenciada Pamela”

El comediante e imitador Esteban Ríos, quien es un conocido comediante de Monclova, Coahuila, fue acusado por el delito de violación en agravio de una joven de 20 años con capacidades diferentes.

De acuerdo con el Centro de Empoderamiento de la Mujer de la zona, un juez penal giró la orden de aprehensión luego de que la madre de la joven interpusiera la denuncia.

El personaje de “La Licenciada Pamela”, ha sido confundido con “Pamela Chup”, creado por el youtuber Chary Mitotes y con “La Licenciada Pamela Juanjo” de Omar Chaparro. A raíz de esto, el youtuber emitió un comunicado en sus redes sociales donde se deslinda del comediante e imitador Esteban Ríos.

4. Renato Guillén

El standupero, Renato Guillén, fue denunciado a través de Twitter por violación y acoso sexual. La usuaria de @AquiDania detalló mediante un hilo su testimonio el 18 de marzo de 2021. 

La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Poniente, obtuvo la vinculación a proceso de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los elementos de prueba recabados por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Los cuales, fueron considerados suficientes para establecer la probable participación de Jesús Efraín “N” en el hecho que se investiga.

De acuerdo con la indagatoria, el 28 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, el imputado se encontraba en un domicilio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Quintas del Rey, tercera etapa, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos a una menor de 14 años que se encontraba dormida, sin su consentimiento.

Al término de la audiencia, el Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará la investigación complementaria para robustecer las pruebas en su contra.

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El papa León XIV aceptó el sábado la renuncia de un obispo español enfermo que está bajo investigación de la Iglesia por presuntamente haber abusado sexualmente de un joven seminarista en la década de 1990, primera vez que el nuevo pontífice destituye a un obispo acusado de abuso.

En un comunicado de una sola línea, el Vaticano indicó que León XIV había aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años. No se especificó el motivo, pero Zornoza presentó su renuncia al papa el año pasado al cumplir 75 años, la edad normal de jubilación para los obispos.

Sin embargo, no había sido aceptada hasta que el periódico El País publicó a principios de este mes que Zornoza ha sido investigado recientemente por un tribunal eclesiástico. El diario, que desde 2018 ha expuesto décadas de abuso y encubrimiento en la Iglesia católica española, indicó que Zornoza fue acusado de abusar de un joven exseminarista cuando era un joven sacerdote y dirigía el seminario diocesano en Getafe.

El artículo, citando una carta que el exseminarista escribió al Vaticano durante el verano, señalaba que Zornoza lo manoseó y dormía regularmente con él desde que tenía 14 años hasta los 21. La carta del exseminarista agregó que Zornoza escuchó su confesión y lo persuadió para que viera a un psiquiatra para "curar" su homosexualidad.

La diócesis de Cádiz negó las acusaciones contra Zornoza, pero confirmó que la investigación es llevada a cabo por el tribunal eclesiástico en Madrid conocido como la Rota. En un comunicado del 10 de noviembre, la diócesis informó que Zornoza estaba cooperando con la investigación y había suspendido "temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", decía el comunicado.

Se cree que es el primer caso conocido públicamente de un obispo retirado y sometido a investigación por presunto abuso sexual desde que la Iglesia española comenzó a enfrentar en los últimos años, un legado de décadas de abuso y encubrimiento que ha sacudido a la otrora firmemente católica España.

León XIV no ha nombrado por el momento a un líder temporal para la diócesis.

En 2023, la primera pesquisa oficial de abuso en España reveló que el número de víctimas podría ascender a cientos de miles, basándose en una encuesta que formó parte de un informe de la oficina del Defensor del Pueblo de España. El Defensor del Pueblo realizó una investigación independiente de 18 meses sobre 487 casos que involucraban a presuntas víctimas que hablaron con el equipo de ese órgano constitucional.

Los obispos católicos de España ofrecieron disculpas, pero desestimaron las interpretaciones del informe del Defensor del Pueblo como una "mentira", argumentando que muchas más personas habían sido abusadas fuera de la Iglesia.

La jerarquía católica española luego hizo su propio informe, afirmando en 2024 que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Luego lanzó un plan para compensar a las víctimas, después que el gobierno de España aprobara un plan para obligar a la Iglesia a pagar reparaciones económicas.

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La Fiscalía Regional de Mexicali logró, con base en sólidos elementos de prueba, la vinculación a proceso de Antonio “N”, presunto responsable de delitos de acoso sexual y amenazas en agravio de una menor de edad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenidos Poniente expuso que el imputado abordó a la víctima el pasado 10 de octubre en un puesto de comida en la colonia Mayos. Ahí, según la investigación, Antonio “N” le propuso actos de índole sexual y la amenazó con una navaja para obligarla a guardar silencio.

El informe detalla que el sospechoso, acompañado de otra persona, se acercó a la menor y le preguntó cuánto cobraba por servicios sexuales. Al responder ella que no se dedicaba a eso, ambos reaccionaron de forma agresiva y exhibieron un arma blanca. La menor relató el hecho a su madre, quien reportó la situación al 9-1-1, iniciándose así la investigación.

El juez consideró suficientes los elementos de prueba presentados por la fiscalía y dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Antonio “N”. Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

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Integrantes del Colectivo CESODI se congregaron frente a los juzgados familiares de Tijuana para denunciar la creciente violencia institucional, el abandono y la revictimización que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales, específicamente en el caso de la menor “Aranza” y su madre, Marlene Padilla.

La madre de la menor expresó su profunda preocupación y tristeza ante lo que calificó como un grave fallo del sistema judicial: “Desde que mi hija tenía tres años, hemos denunciado el abuso por parte del padre, pero la justicia no ha protegido a mi hija. Hoy, ella vive con miedo y en peligro, y la justicia parece favorecer al agresor”.  

Por su parte, Shamanta Yunuel Sesma Valdez, cofundadora de CESODI, señaló que el pasado 28 de julio, la familia fue revictimizada por funcionarios judiciales, en particular por el actuario Oscar Ledezma, quien mostró un trato prepotente y una actitud que, desde su perspectiva, refleja una falta de perspectiva de género y protección infantil en el proceso.

La madre de Aranza lamentó que, en medio de denuncias penales y familiares desde hace años, la justicia haya fallado en proteger a la víctima, permitiendo que el agresor siga en libertad. “No es justo que la justicia proteja al agresor y que mi hija siga viviendo con miedo, siendo víctima de violencia física y sexual, mientras que la justicia parece haberle dado la espalda”, afirmó.

CESODI también recordó que desde hace tiempo han solicitado la creación de salas especializadas para atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, pero hasta ahora no han recibido respuesta, evidenciando la falta de interés de las autoridades en proteger a la infancia.

Finalmente, anunciaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja ante las omisiones en las investigaciones y la falta de protección efectiva para “Aranza”. La denuncia busca no solo justicia para la menor, sino también llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las prácticas judiciales que garantice la protección infantil y los derechos de las víctimas.

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La Agencia Estatal de Investigación de Baja California ejecutó la captura en Tijuana de José María “N” el 3 de junio, tras una orden emitida por la Fiscalía de Michoacán por delitos de violación equiparada y abuso sexual contra una menor de 16 años.

La detención fue posible gracias a la colaboración entre autoridades de ambos estados. Por lo tanto, se iniciaron los trámites administrativos correspondientes para que agentes del Grupo de Aprehensiones del estado de Michoacán realicen la recepción y traslado del detenido, y lo pongan a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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