Un Tribunal Colegiado ordenó a un juez federal reponer el procedimiento y dictar nueva sentencia contra Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, y su hermano Aurelio, por delitos de secuestro en diversas modalidades, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y resistencia de particulares, relacionados con cinco casos de secuestro registrados entre 1996 y 1997.
A los sentenciados se les impuso una pena de 40 años de prisión y 700 días de multa, así como la reparación del daño a sus víctimas, en febrero de 2017.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal otorgó un amparo a los quejosos con el que revocó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales y ordenó emitir una nueva suficientemente fundada y motivada, sin tomar en cuenta 14 declaraciones de integrantes de la banda de plagiarios, incluidos los sentenciados, las cuales fueron anuladas por ilegales.
Asimismo, el tribunal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y practique el Protocolo de Estambul a los hermanos Arizmendi, para establecer si efectivamente fueron torturados, como violación al debido proceso.
“De ser así, se verifique si tuvieron incidencia en la etapa procedimental y en su caso al momento de resolver en definitiva, establezca la exclusión probatoria que eventualmente de ello derive”.
Entre 1996 y 1997, los hermanos Daniel y Aurelio Arizmendi López cometieron e cinco secuestros, por los cuales cobraron rescates por un total de 10 millones de dólares y 8 millones de pesos, de acuerdo con la sentencia de amparo dictada por el Tribunal Colegiado.
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En España, un joven de 22 años acusado de matar a la ex pareja de su madre al defenderla de los maltratos físicos que éste le ocasionaba, se enfrenta a tres años de prisión, señalaron medios locales.
De acuerdo con el sitio Levante, el hijo fue señalado "por un delito de lesiones en concurso medial con un homicidio por imprudencia grave". La condena fue solicitada por el Ministerio Fiscal por la agresión ocurrida en noviembre de 2019 en Torrent.
No sólo eso, sino que al joven se le reclamó—por concepto de responsabilidad civil—pagar un indemnización para los familiares del fallecido que ascienden a los 220 mil euros.
Silvia Moya, abogada del joven, pidió que se le dé libre absolución al hijo al argumentar que el día de los hechos, la ex pareja de la mujer y él forcejearon cuando intentaba evitar que su madre continuara siendo agredida.
Asimismo manifestó que los golpes que presentaba el hombre son autolesiones que se causó mientras decía que les iba a arruinar la vida.
El 25 de noviembre de 2019, la ex pareja de la mujer llegó al domicilio de ella, y derivado del consumo del alcohol y otras sustancias, comenzó a golpear la puerta, todo ello delante de su hija de siete años.
Posteriormente, consignó Levante, "la agarró fuertemente del cuello y la empujó causándole lesiones", según declaró el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
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Un video viral, que muestra a una madre soltera condenada a muerte por delitos relacionados con las drogas, está generando un debate en Internet sobre los derechos de las mujeres y la pena capital en Malasia.
Según informan medios locales, Hairun Jalmani, de 55 años, fue sentenciada la semana pasada a la pena de muerte por el Tribunal Superior de la ciudad de Tawau, tras ser declarada culpable de posesión y distribución de drogas. En el 2018 se le encontraron 113,9 gramos de metanfetamina.
En el clip, publicado por Seehua Daily en su cuenta de TikTok, se puede ver a Jalmani esposada e inconsolable, suplicando que la ayuden, mientras una agente de Policía la escolta. Hasta el momento, el video ha sido visto más de 180.000 veces.
En la sección de comentarios, múltiples usuarios expresaron su simpatía por la madre soltera y especularon sobre la desesperación que podría haberla llevado a realizar actividades relacionadas con las drogas.
Según la Ley de Drogas Peligrosas, promulgada en 1952, los culpables de poseer más de 50 gramos de metanfetamina se enfrentan a una pena de muerte inapelable. Los críticos resaltan que el peso de esas duras condenas suele recaer en los marginados, especialmente en mujeres vulnerables con dificultades socioeconómicas, como se cree que es el caso de Jalmani.
Cuando se cree que se ha visto todo, llega la historia de una mujer, de 66 años, que fue condenada por no tener relaciones sexuales con su esposo.
En 2019, la mujer identificada como Bárbara, fue considerada como culpable de provocar el divorcio con su marido y aunque no hubo sanción económica, si fue condenada pues su delito fue no tener intimidad.
De acuerdo con el juez que dictó su sentencia, se le acusa de “violación grave y continuada de los deberes y obligaciones matrimoniales, haciendo intolerable el mantenimiento de la vida en común".
Tras esto, la mujer ha presentado una demanda contra el Estado francés ante la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) para pedir un cambio en la sentencia, según informan medios locales.
La mujer sostiene que la decisión de los jueces supone "una condena de otra época" ya que en la ley francesa no existe la obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.
¿Esta sentencia implica que cualquier mujer casada debe soportar las exigencias sexuales de su esposo cuando ella no está de acuerdo?
Por su parte, la abogada que la representa, Lilian Mhissen, explicó que están luchando por eliminar esa lectura "arcaica" que han hecho los magistrados de distintas instancias y además, considera "sorprendente" que la condena haya sido emitida por tres mujeres. "En 2021, el matrimonio ya no puede ser sinónimo de servidumbre sexual", sostuvo.
Asimismo, Bárbara considera que la sentencia "es un retroceso en el derecho de las personas a disponer de su cuerpo", algo que encaja directamente "en la cultura de la violación".
Desde 1992, la mujer ha padecido de varios problemas de salud que la llevaron a la incapacidad, y en el último tiempo, ha contado con la asistencia de diferentes asociaciones feministas, recoge Euronews. Según las personas que la apoyan, en caso de ganar el proceso no pedirán una indemnización, pero sí se podría hacer presión para un cambio en la legislación.