El ex presidente y periodista salvadoreño Mauricio Funes Cartagena, uno de los cuatro ex mandatarios centroamericanos que gobernaron en distintas fases de 2004 a 2014 que están enjuiciados por presunta corrupción, fue encontrado este martes culpable de enriquecimiento ilícito por un tribunal civil de El Salvador y ahora podrá ser procesado penalmente, anunciaron fuentes judiciales de ese país.

El veredicto, dictado por la Cámara Segunda de lo Civil, también afectó a Diego Funes, hijo del gobernante.

En un mensaje en su cuenta en Twitter desde Nicaragua, donde vive como asilado político, el ex jefe de Estado rechazó el fallo.

El periodista, quien fue presidente del 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014 tras ganar unos comicios como candidato por el ex guerrillero e izquierdista Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN), huyó de su país en agosto de 2016 y recibió asilo político en Nicaragua en septiembre de ese año.

La decisión de asilarse fue adoptada luego de que la Fiscalía General de El Salvador allanó su residencia en San Salvador en una indagatoria por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, asociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.

Sin embargo, la Fiscalía nunca le acusó por esos hechos pero mantuvo abierta la investigación.

La condena de este martes en la Cámara se registró luego de que Funes presentó una declaración de patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que fue la que lo envió a juicio civil.

La Cámara determinó que el ex mandatario nunca pudo justificar el origen de 206 mil 660 dólares, mientras que su hijo fue incapaz de demostrar el origen lícito de 212 mil 484 dólares, por lo que entre los dos deben devolver 419 mil 145 dólares al Estado salvadoreño.

Tras resolver que ambos quedan inhabilitados para ejercer cualquier función pública por diez años, la Cámara remitió su dictamen a la Fiscalía para que inicie una investigación penal.

En un mensaje que publicó en Twitter, Funes escribió: "Rechazo la condena injusta y arbitraria que acaba de dictar la Cámara Segunda de lo Civil. No se puede condenar a imputados que no sustrajeron dineros del Estado y que su patrimonio es lícito solo porque existe una presión de la derecha para hacerlo",

También anunció que apelará la sentencia.

"No tiene lógica que devuelva al Estado dineros que provienen de una fuente que no es la hacienda pública. Un ex funcionario debe devolver dinero que sustrajo del Estado y no lo que ha obtenido lícitamente. Tampoco es justo que mi hijo que no fue funcionario le pague al Estado", recalcó.

La brasileña Vanda Pignato, ex primera dama, fue absuelta.

Funes está en el ojo de las tormentas por corrupción política de ex presidentes que azotan a Centroamérica.

A finales de octubre de 2016, el ex presidente salvadoreño Antonio Saca González, quien gobernó de 2004 a 2009, y seis de sus allegados fueron encarcelados en El Salvador porque la Fiscalía les acusó de presuntamente desviar 246 millones de dólares de las arcas estatales a 14 cuentas bancarias privadas.

Saca, quien sigue preso, se convirtió así en el tercer ex mandatario salvadoreño en líos por corrupción. Francisco Flores, presidente de 1999 a 2004, murió en enero de 2016 tras pasar varias fases encarcelado a la espera de juicio por peculado, desobediencia y enriquecimiento ilícito.

El panameño Ricardo Martinelli Berrocal, gobernante de Panamá de 2009 a 2014, cayó preso en junio anterior en Estados Unidos y está encarcelado en Florida, luego de que la justicia panameña pidió su extradición por un escándalo de escuchas telefónicas. Martinelli huyó en enero de 2015 de Panamá a EU al ser implicado con varios de sus ex ministros en procesos de supuesto peculado y otros delitos.

El general en retiro guatemalteco Otto Pérez Molina, quien asumió la presidencia de Guatemala en enero de 2012 para un periodo que debería concluir en enero de 2016, debió dimitir a inicios de septiembre de 2015 y quedó preso casi de inmediato como presunto jefe de una red criminal a la que se atribuye una supuesta millonaria defraudación aduanera.

La Fiscalía General de la República (FGR) debe informar el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como el número de denuncias que han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador; lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.

Así lo ordenaron autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras atender un recurso de revisión interpuesta por un particular, a quien le fueron negados esos datos bajo el argumento de que se encuentran clasificados como confidenciales.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que “la Fiscalía General de la República le respondió al solicitante que no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”.

“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, subrayó Acuña Llamas.

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no pueden constituir una regla absoluta, pues existen casos en los cuales la difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación; por ello, deben estudiarse las posibles excepciones a la regla general, privilegiando la transparencia y el derecho de acceso a la información.

En este contexto, el INAI llevó a cabo una prueba de interés público ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre la idoneidad la ponencia advirtió que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que, en su caso, se siguen contra exservidores públicos y actual presidente; asimismo, permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió.

En el caso de la necesidad, indicó que si se negara el derecho de acceso a la información, se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades investigadoras, así como respecto del desempeño de los exservidores públicos y actual presidente; así como, conocer en qué concluyeron sus imputaciones, lo cual no puede quedar delimitado al ámbito privado de las personas identificadas en la solicitud, en virtud de la relevancia que tiene para la sociedad.

En cuanto a la proporcionalidad, se determinó que las personas públicas, como las encargadas de dirigir a un país o a un Estado, deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia, dado el interés social legítimo de recibir información respecto de dichos personajes, para un libre debate público sobre el seguimiento a las imputaciones (denuncias, averiguaciones previas y/o carpetas de investigación) y el resultado de las mismas.

Del ejercicio de ponderación realizado, la ponencia concluyó que, si bien la información requerida actualiza en principio la clasificación invocada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el interés público sobre lo requerido supera la confidencialidad y contribuye a la rendición de cuentas.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la FGR y le instruyó proporcionar la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado a fin de no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó oficialmente la abrogación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvo a cargo de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, hoy detenida, acusada por presunto ejercicio indebido del servicio público en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este programa ha sido señalado como uno por los cuales se desviaba dinero público en la llamada “Estafa Maestra”.

En un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Bienestar, aseguró que la Cruzada no cumplió con su objetivo de alimentar a la población en pobreza extrema. 

Se argumenta que en diciembre de 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría a la cruzada, en la que señalaba que ésta no había cumplido con su objetivo, por lo que sugería a la dependencia federal, incluso, suspenderla.

La ASF, indica el anteproyecto, señaló que persistieron las deficiencias en los diseños normativo, programático, presupuestal y de evaluación de la cruzada, observadas desde su puesta en marcha en 2013, y que sólo se atendieron las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, es decir, 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 en condición de pobreza extrema.

“El 16 de diciembre de 2019, la ASF, presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la "Auditoría de Desempeño número 288-DS" sobre la CNCH señalando específicamente en el dictamen de dicha auditoría que debido a que, al cierre de 2018, la citada Cruzada no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", reiteraba la sugerencia a la Secretaría de Bienestar de que corrija, modifique o suspenda la CNCH.

“En el resultado 14 de la auditoría señalada, el citado órgano fiscalizador señaló que, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Focalización de Desarrollo, la población identificada en condición de pobreza extrema alimentaria se incrementó en 12.9%, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 873 mil en 2018”.

El decreto señala que en esta auditoría, se informó que la Cruzada Nacional contra el Hambre solo atendieron todas las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, lo que representó únicamente el 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 personas en condición de pobreza extrema, que se registraban en ese momento.

“Lo que implica que la CNCH no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema".

Con base en estos argumentos, el presidente López Obrador consideró que “ya no resulta necesario seguir contando con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente decreto”.

En el decreto se instruye que la Secretaría de Bienestar deberá de proporcionar cuando se le solicite, la información que sobre en sus archivos, sobre los procedimientos y asuntos pendientes, relativos a las actividades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y sus componentes.

Desde una cama de hospital en la que recibe atención por haber dado positivo a Covid-19, el expresidente Vicente Fox mantiene comunicación en sus redes sociales.

Incluso saboreó la imagen de un pan que la senadora Lily Téllez publicó en Twitter.

“¡Humm!... con helado de vainilla. Aunque aquí en el hospital no lo sirven!!”, posteó el exmandatario.

Lily respondió a Fox deseándole pronta recuperación.

“Lily, gracias mil!! Ahí la llevamos...", expresó el expresidente.

Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún son atendidos en el Hospital Ángeles de la ciudad de León, al que ingresaron el viernes pasado por dar positivo a Covid-19.

Fox comenzó a tuitear desde las primeras horas de este domingo y estuvo atento a diversas publicaciones y en respuesta a los buenos deseos para su recuperación.

Arribó a Ensenada el material que será utilizado en la consulta popular próxima a realizarse el 1 de agosto, sobre que se lleve a cabo juicios a ex presidentes de México.

El vocal ejecutivo del Distrito 03, David Rodríguez García informó que se instalarán 213 mesas, con escrutadores, presidentes y secretarios ciudadanos, que además, cuidarán de los protocolos contra Covid-19.

“Es una consulta popular que una vez que fue validada por la Suprema Corte de Justicia de la Unión, y se ha ordenado llevarse a cabo las actividades operativas. La principal es la instrumentación de las mesas receptoras”, explicó.

El funcionario, dio a conocer que se integraron unidades territoriales conformadas por secciones (89 en total); con un máximo de 2 mil ciudadanos que recibirán a quienes deseen participar en la consulta.

De las secciones, se van a instalar las casillas en los mismos sitios donde fueron ubicadas en la pasada jornada electoral, aunque en espacios más reducidos.

“Se tendrá un conteo rápido de tal manera, que el consejero se dará un resultado o tendencia. El 40% de la lista nominal para que sea vinculatoria la consulta. En el caso del distrito son más de 300 mil personas a votar”, enfatizó.

El Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer a los medios de comunicación y población en general que, a partir del día de este jueves 15 de julio y hasta el próximo domingo 1 de agosto, estarán nuevamente en periodo de veda electoral. 

Lo anterior debido a la Consulta Popular próxima a realizarse.

En este tenor, afirman, estarán tomando las medidas pertinentes en cuanto a la agenda oficial para respetar el proceso mencionado y, asimismo, no incurrir en delitos electorales, por lo que únicamente se tocarán temas de salud, educación, seguridad, cultura y protección civil.

Asimismo, se informa que, durante este periodo, no podrá realizarse ninguna entrevista referente a las acciones de gobierno.