El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el gobierno de la República "lamenta profundamente" la cancelación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que promovió el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que esa medida afecta a miles de jóvenes nacidos en México y que viven en Estados Unidos desde niños, a quienes les dijo: "Estamos a su lado".

"El @GobMX promoverá ante los Poderes de los EEUU una pronta solución permanente que brinde certidumbre jurídica a los jóvenes #DACA", dijo Peña Nieto en la red social.

Peña Nieto, quien realiza un viaje oficial a China, aseguró que la Embajada de México en Estados Unidos y la red consular redoblarán esfuerzos para garantizar la protección y asistencia consular y legal a los jóvenes afectados.

"México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen. El @GobMX les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse plenamente al país. Reitero mi reconocimiento, admiración y solidaridad a los jóvenes DACA que contribuyen al desarrollo del país al que llegaron en su infancia", dijo.

Esta medida afecta a miles de jóvenes nacidos en México y que viven en Estados Unidos desde niños. 

El Gobierno de Estados Unidos ha ampliado el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con el fin de proteger mejor a los 'dreamers', como se conocen a los menores migrantes que cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en el país. 

A la espera del apoyo del Congreso, la nueva ley entraría en vigor a partir del 31 de octubre, ampliando el plan anterior lanzado en 2012 durante la administración de Barack Obama y que ha permitido a unos 600.000 migrantes evitar la deportación y trabajar legalmente. 

La principal novedad es la solicitud por separado que deberán presentar cada una de estas personas para evitar ser deportadas o recibir un permiso de trabajo, pero se aplicará solo a la renovación de solicitudes de DACA, no a las nuevas, a la espera de que se resuelva el recurso presentado para permitir al Departamento de Seguridad Nacional emitir nuevos solicitudes. "

"Los 'dreamer' son parte del tejido de esta nación. Sirven en primera línea de respuesta a la pandemia. Son estudiantes, empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Muchos sirven valientemente en nuestras Fuerzas Armadas. Solo han conocido a Estados Unidos como su hogar", ha destacado el presidente, Joe Biden.

Sin embargo, la nueva legislación no es infalible ya que para sus detractores y muchos jueces, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad suficiente para proteger del todo a aquellos que quieran evitar la deportación.

La nueva norma necesitará en el Senado el apoyo de al menos diez republicanos y todos los demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos, una batalla cuesta arriba en medio del aumento de la polarización en el Congreso en relación a la política migratoria antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los 'dreamers', pero los republicanos del Congreso deberían dejar de bloquear un proyecto de ley que brinda un camino hacia la ciudadanía. No solo es lo correcto, sino también lo inteligente para nuestra economía y nuestras comunidades", ha dicho Biden.

Un grupo de anti-inmigrantes, que anteriormente ha logrado desaparecer las leyes santuario y el derecho a la residencia por familiares ciudadanos, ahora le piden a Joe Biden que reúna a los niños inmigrantes con sus familias, pero fuera del territorio estadounidense. 

 Por otro lado, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés) le pide al presidente de los Estados Unidos que le dé fin al programa de DACA, argumentando que este programa afecta los recursos para los ciudadanos del país, incluyendo el apoyo para los inmigrantes que se encuentran en el territorio de manera legal.

 Esta petición se hizo de manera pública ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), exponiendo la situación que presuntamente, perjudica a la población.

​Los programas actuales retrasan los proceso que benefician a los inmigrantes legales, según FAIR Según las recomendaciones de FAIR, si son aprobadas, agilizaría el proceso de apoyo para la inmigración legal, dijo la organización. 

 “Bajo la administración Biden, la inmigración ilegal se ha disparado a niveles no vistos en 20 años. 

El abuso de asilo es desenfrenado ya que la administración ha mostrado un esfuerzo mínimo para proteger la integridad de nuestro sistema legal de inmigración”, dijo Dan Stein, presidente de FAIR. De acuerdo al LA Times, se ha pedido revocar las prioridades de aplicación restrictivas que excluyen a casi todos los extranjeros deportables y hacer cumplir la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos, como exigir a los oficiales de asilo que apliquen las prohibiciones obligatorias al asilo y estándares de miedo creíbles más altos. 

Por otro lado, se busca también que el DHS mantenga las prioridades de procesamiento de asilo de "último en entrar, primero en salir” para evitar recibir solicitudes fraudulentas que les permitan los inmigrantes entrar al país por cuestiones laborales. 

 “Estas recomendaciones mejorarían a los solicitantes inmigrantes y no inmigrantes elegibles para acceder a beneficios legales de inmigración y minimizar las demoras irrazonables en el procesamiento. 

También eliminarían muchos de los factores de atracción que fomentan el fraude y el abuso del sistema de asilo, lo que ha provocado retrasos históricos”, dijo Stein. 

Un juez federal ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump restaurar por completo una iniciativa de la era de Barack Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, requiriendo a los funcionarios abrir el programa a nuevos solicitantes por primera vez desde 2017, mencionan medios locales.

CBS News menciona que el juez Nicholas Garaufis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Brooklyn, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de inmigrantes que califican para el programa, pero actualmente no está inscrito en él.

Garaufis también ordenó a los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajo aprobados que duren dos años, en lugar del periodo de un año propuesto por la administración Trump durante el verano.

El medio reporta que un millón de adolescentes y adultos jóvenes inmigrantes indocumentados, que califican para DACA en papel, podrían presentar una solicitud a raíz de la orden del viernes.

La acción sigue a otra orden que se emitió en noviembre que encontró que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Chad Wolf, no tenía la autoridad legal para cerrar DACA a nuevos solicitantes o acortar el lapso de validez de los permisos de trabajo y las protecciones de deportaciones que reciben los beneficiarios del programa. Garaufis llegó a esta conclusión después de determinar que el nombramiento de Wolf violaba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, menciona CBS.

Karen Tumlin, una de las abogadas que representan a los beneficiarios y posibles solicitantes de DACA, aplaudió el fallo del viernes y pidió al gobierno que detenga "sus ataques contra los jóvenes inmigrantes hoy en lugar de continuar su batalla perdida en la sala de audiencias durante los últimos días de la administración", indica el medio.

Washington. Un tribunal federal de Maryland ordenó ayer al gobierno de Donald Trump que comience a tramitar nuevos permisos para dreamers, los jóvenes llegados al país de forma irregular junto a sus padres. La corte ordenó también que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevos solicitantes por primera vez en tres años.

El destino de casi 700 mil jóvenes estuvo en el limbo después de que Trump canceló en 2017 el programa que los protegía de la deportación y que había sido creado por su predecesor demócrata, Barack Obama.

La decisión fue impugnada y terminó en la Corte Suprema, que a mediados de junio bloqueó la decisión del Ejecutivo.

El tribunal de Maryland determinó que la rescisión del programa de protección para los dreamers quedó revocada y que debe restaurarse la política antes de la cancelación.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro Hogar Está Aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión.

Las organizaciones se refirieron en específico a la apertura de las solicitudes de protección del programa DACA para jóvenes que nunca hubieran hecho el trámite.

Consultado por la Afp, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) afirmó que las peticiones iniciales que fueron rechazadas después de la decisión de la Corte Suprema se debieron a que estaban incompletas.

La semana pasada, Trump anunció en una entrevista con la cadena Telemundo que iba a impulsar un decreto migratorio que contendría una vía para que los dreamers tengan la ciudadanía.

La campaña de Joe Biden, quien será el rival de Trump en las elecciones de noviembre, denunció que casi un mes después del pronunciamiento de la Corte Suprema el gobierno se ha negado a recibir nuevas solicitudes.

“La decisión de hoy de una Corte Federal de Maryland es otro golpe contra sus despiadados ataques al DACA, los dreamers y sus familias”, destacó la campaña del postulante demócrata.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó este martes rescindir la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras la presión ejercida en contra de esa directiva por varios estados y universidades.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el Gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones por ambas partes, pero en menos de dos minutos el Gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La resolución de este caso significa que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) retornará a sus directrices de marzo, que permiten que los estudiantes extranjeros permanezcan en EE.UU. aún si su universidad opta por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia de la COVID-19. 

La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.

Otro de los centros que se había manifestado en contra de la normativa fue la Universidad Rice, en Houston (Texas, EE.UU.).

Su presidente, David Leebron, señaló que está "encantado" con la decisión de revertir la polémica normativa, que había sido anunciada por el Gobierno hace apenas una semana.

"Pensamos que las reglas originales sugeridas eran crueles y equivocadas y no servían a nuestras universidades, no servían a nuestros estudiantes y francamente no servían a nuestro país", dijo Leebron en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiera un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.

No solo las universidades y autoridades estatales se habían manifestado en contra, sino que también más de una decena de empresas del sector tecnológico, incluyendo Google, Facebook y Twitter, salieron en apoyo de la demanda contra el Gobierno de Trump.

Estas compañías explicaron que los estudiantes internacionales contribuyen "sustancialmente" a la economía de Estados Unidos, por lo que su partida hubiera amenazado la capacidad de las instituciones educativas para mantener sus "estándares de excelencia".

"Los estudiantes internacionales son una fuente importante de empleados para las empresas estadounidenses mientras son estudiantes y después de graduarse. Finalmente, se convierten en valiosos empleados y clientes de empresas estadounidenses, ya sea que permanezcan en los Estados Unidos o regresen a sus países de origen", aseguraron.

De acuerdo a sus cálculos, los alumnos internacionales aportaron durante el curso 2018-2019 un total de 41.000 millones a la economía de Estados Unidos, ocupando más de 450.000 empleos directos.