Seis senadores estadounidenses de ambos partidos dijeron hoy haber alcanzado un acuerdo para abrir una vía a la ciudadanía a los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" y aportar fondos para el muro con México, pero la Casa Blanca no parece haber aceptado por ahora ese arreglo.

"Llevamos cuatro meses trabajando y hemos llegado un acuerdo de principios" para proteger a los "soñadores", indicaron en un comunicado los senadores republicanos Lindsey Graham, Jeff Flake y Cory Gardner; y los demócratas Dick Durbin, Robert Menéndez y Michael Bennet.

Ese acuerdo también afronta los otros tres puntos que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha vinculado a cualquier proyecto de ley para reemplazar el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) que el expresidente Barack Obama promulgó en 2012 con el fin de amparar a los "soñadores".

Esas exigencias son reforzar la seguridad fronteriza, eliminar la llamada "lotería de visados" que beneficia anualmente a ciudadanos de países con una baja tasa de inmigrantes a Estados Unidos, y acabar con la "migración en cadena" que permite a los residentes permanentes facilitar la entrada en el país de sus familiares.

"Ahora estamos trabajando para lograr apoyos para este acuerdo en el Congreso", afirmaron los seis senadores en su breve comunicado conjunto.

Según dijo a Efe una fuente del Senado, que pidió el anonimato, el acuerdo incluye más de 1.000 millones de dólares para proyectar y construir una barrera física en la frontera con México, además de financiación para sistemas de tecnología de seguridad fronteriza.

El pacto también abriría un camino a la ciudadanía para más de un millón de jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, lo que supera la cifra de protegidos por el programa DACA (unos 800.000), indicó la fuente.

Además, permitiría que los padres de los "soñadores" queden protegidos de la deportación y obtengan un permiso de trabajo, aunque sin poder acceder a la ciudadanía, según la fuente.

El acuerdo también propone reasignar la mitad de los 50.000 visados que se conceden cada año dentro de la llamada "lotería de visados", para beneficiar a los que hasta ahora estaban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), como los nacionales de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, indicó la fuente.

La otra mitad estaría reservada a inmigrantes que demostraran cualidades profesionales que merecieran su entrada en Estados Unidos, el famoso "mérito" que defiende Trump.

Minutos antes de que los senadores hicieran su anuncio, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que todavía no se había alcanzado un acuerdo con el Congreso sobre inmigración, aunque ese objetivo está "cerca".

"El presidente tuvo una reunión hoy aquí con algunos miembros de la Cámara Baja y el Senado, republicanos y demócratas, para hablar sobre inmigración. Estamos muy seguros de que podemos llegar a un acuerdo", afirmó Sanders en su conferencia de prensa diaria.

Según el diario The Washington Post, en esa reunión improvisada, Graham y Durbin le presentaron a Trump los detalles de su plan.

No está claro cuál fue la respuesta de Trump, pero según el diario, se mostró poco receptivo cuando los legisladores le propusieron reasignar visados a beneficiarios del TPS.

El Gobierno de Estados Unidos ha ampliado el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) con el fin de proteger mejor a los 'dreamers', como se conocen a los menores migrantes que cuentan ya con cierto nivel de estudios y arraigo en el país. 

A la espera del apoyo del Congreso, la nueva ley entraría en vigor a partir del 31 de octubre, ampliando el plan anterior lanzado en 2012 durante la administración de Barack Obama y que ha permitido a unos 600.000 migrantes evitar la deportación y trabajar legalmente. 

La principal novedad es la solicitud por separado que deberán presentar cada una de estas personas para evitar ser deportadas o recibir un permiso de trabajo, pero se aplicará solo a la renovación de solicitudes de DACA, no a las nuevas, a la espera de que se resuelva el recurso presentado para permitir al Departamento de Seguridad Nacional emitir nuevos solicitudes. "

"Los 'dreamer' son parte del tejido de esta nación. Sirven en primera línea de respuesta a la pandemia. Son estudiantes, empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Muchos sirven valientemente en nuestras Fuerzas Armadas. Solo han conocido a Estados Unidos como su hogar", ha destacado el presidente, Joe Biden.

Sin embargo, la nueva legislación no es infalible ya que para sus detractores y muchos jueces, el Departamento de Seguridad Nacional no tiene autoridad suficiente para proteger del todo a aquellos que quieran evitar la deportación.

La nueva norma necesitará en el Senado el apoyo de al menos diez republicanos y todos los demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos, una batalla cuesta arriba en medio del aumento de la polarización en el Congreso en relación a la política migratoria antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

"Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a los 'dreamers', pero los republicanos del Congreso deberían dejar de bloquear un proyecto de ley que brinda un camino hacia la ciudadanía. No solo es lo correcto, sino también lo inteligente para nuestra economía y nuestras comunidades", ha dicho Biden.

Washington. Un tribunal federal de Maryland ordenó ayer al gobierno de Donald Trump que comience a tramitar nuevos permisos para dreamers, los jóvenes llegados al país de forma irregular junto a sus padres. La corte ordenó también que el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), debe ser restaurado totalmente, lo cual significa que debe abrirse a nuevos solicitantes por primera vez en tres años.

El destino de casi 700 mil jóvenes estuvo en el limbo después de que Trump canceló en 2017 el programa que los protegía de la deportación y que había sido creado por su predecesor demócrata, Barack Obama.

La decisión fue impugnada y terminó en la Corte Suprema, que a mediados de junio bloqueó la decisión del Ejecutivo.

El tribunal de Maryland determinó que la rescisión del programa de protección para los dreamers quedó revocada y que debe restaurarse la política antes de la cancelación.

Varias organizaciones sociales agrupadas bajo la plataforma Home is Here (Nuestro Hogar Está Aquí) denunciaron que pasadas tres semanas de la decisión de la Corte Suprema, el gobierno todavía no había emitido una directiva sobre cómo iba a cumplir con la decisión.

Las organizaciones se refirieron en específico a la apertura de las solicitudes de protección del programa DACA para jóvenes que nunca hubieran hecho el trámite.

Consultado por la Afp, el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS) afirmó que las peticiones iniciales que fueron rechazadas después de la decisión de la Corte Suprema se debieron a que estaban incompletas.

La semana pasada, Trump anunció en una entrevista con la cadena Telemundo que iba a impulsar un decreto migratorio que contendría una vía para que los dreamers tengan la ciudadanía.

La campaña de Joe Biden, quien será el rival de Trump en las elecciones de noviembre, denunció que casi un mes después del pronunciamiento de la Corte Suprema el gobierno se ha negado a recibir nuevas solicitudes.

“La decisión de hoy de una Corte Federal de Maryland es otro golpe contra sus despiadados ataques al DACA, los dreamers y sus familias”, destacó la campaña del postulante demócrata.

En Estados Unidos, unas 700 mil personas, la mayoría de ellas de origen latinoamericano, se benefician del programa DACA.

 El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. 

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales.