El estado de Texas anunció hoy el aumento de 250 a 1.000 soldados de la Guardia Nacional el contingente militar desplegado en la frontera con México por orden del presidente estadounidense Donald Trump para combatir la inmigración irregular.

El gobernador texano, Greg Abbott, anunció el pasado viernes el envío de 250 guardias nacionales, pero esa cifra quedaba lejos de los 4.000 soldados que Trump pretende desplegar de Texas a California pasando por Nuevo México y Arizona, los cuatro estados fronterizos con México.

En una entrevista con la emisora de radio KTSA de San Antonio, Abbott explicó hoy que las unidades desplegadas en zonas de peligro, irán con el equipamiento "necesario" para realizar "el mejor trabajo posible", incluidas armas.

Sin embargo, quiso matizar: "No se mostrarán con bayonetas militares, tratando de enfrentar a cualquiera que cruce la frontera porque ese no es su papel".

En cuanto a la ampliación del número de soldados, el gobernador texano no fijó una fecha para alcanzar el millar de unidades, pero dijo que se realizará en las próximas semanas y que prevé una operación "a largo plazo".

En las últimas 72 horas, Texas ya desplegó 250 efectivos en la frontera con México en cumplimiento de la orden dictada por Trump, que se suman al centenar de guardias nacionales que desplegó el anterior gobernador texano y actual secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, en 2014.

Además de Texas, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, también anunció el aumento del contingente de la Guardia Nacional que desplegará en su frontera de 150 agentes a 338.

Estos movimientos ocurren a raíz de un fuerte incremento de las detenciones de indocumentados ocurrido en últimos meses en la zona fronteriza con México.

En marzo la Patrulla Fronteriza detuvo a 50.308 indocumentados, unos 13.000 más que en febrero (36.695) y más del triple que en marzo de 2017, cuando fueron 16.588. 

Comerciantes ambulantes de la Garita de Otay agradecen al presidente municipal Arturo González Cruz, haya terminado con la extorsión y cobro de cuota que padecían por inspectores y jefes de Reglamentos.

A través de lonas colocadas en diferentes partes de la Garita de Otay, los comerciantes hicieron patente su agradecimiento ya que esas extorsiones afectaban el ingreso para sus familias.

Las extorsiones y cobro de cuotas de los inspectores y jefes de Reglamentos a los ambulantes fue por administraciones municipales anteriores.

Fotogalería del encuentro entre delincuentes, policías y militares en Tamaulipas, que dejo a varias personas heridas y varias patrullas dañadas.

México y Estados Unidos informaron avances en el proyecto para la construcción de un nuevo cruce fronterizo, el Otay Mesa II, en Tijuana, cuyo costo se estima en 100 millones de dólares, con el propósito de aliviar la congestión existente y enfrentar el futuro crecimiento en la circulación de vehículos de pasajeros y de mercancías entre San Diego y Tijuana.

Lo anterior lo informó Cedric Iván Escalante Sauri, Subsecretario de infraestructura, al participar con la representación del Secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú en la Conferencia Bilateral México-Estados Unidos para el Desarrollo de la Infraestructura.

Escalante Sauri dijo que está en proceso de liberación el derecho de vía para la construcción de la conexión carretera hasta el nuevo cruce, para lo cual se empleará el esquema de concesión vía licitación.

En el evento realizado en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Subsecretario explicó que el plan consiste en la construcción de un nuevo cruce internacional y puerto fronterizo, en una superficie total de 314 mil 773 metros cuadrados, ubicado al este del actual cruce en Mesa Otay.

Escalante Suari estuvo acompañado por el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, John Creamer y del Presidente de la CMIC, Eduardo Ramírez Leal, el Subsecretario de Infraestructura dijo que el Otay Mesa II atenderá las áreas de San Diego, California en EU y Tijuana, Baja California en México.

Destacó que en el norte del país se ubican 54 cruces fronterizos y que la infraestructura usada para exportar bienes por tierra alcanzó, en 2017, un valor de 384 mil 734 millones de dólares a través de autotransporte y 79 mil 944 millones de dólares por tren; 56 por ciento fueron exportaciones de México hacia Estados Unidos y 44 por ciento importaciones.

Así también, que la zona Tijuana-San Diego (una de las 8 regiones norteñas), la más importante de toda la frontera, atiende al 30 por ciento de los pasos diarios de automóviles, al 38 por ciento de los autobuses y al 30 por ciento de peatones.

Puntualizó que la zona Nuevo Laredo-Laredo es la más utilizada por los camiones, con alrededor de 2.2 millones de cruces al año.

Las otras regiones son: Mexicali-Calexico, California; Nogales-Nogales, Arizona; Ciudad Juárez-El Paso, Piedras Negras-Eagle-Pass, Reynosa-McAllen y Matamoros-Brownsville.

Un militar mexicano confiesa en un vídeo que le disparó a un niño de 11 años, dejándolo herido, del municipio de La Huacana, en el estado de Michoacán, por "un descuido", informó este jueves el grupo Radio Fórmula.

En el vídeo, que registra hechos ocurridos el pasado domingo, puede verse cómo los pobladores del municipio piden explicaciones al militar por el disparo y este resta gravedad a la situación.

"¿Dénos una explicación, por qué le tiraron (dispararon) al niño?", pregunta una mujer en el vídeo. "Fue un descuido", contesta el militar.

Posteriormente, los pobladores agredieron, desarmaron y retuvieron temporalmente a los militares por este suceso y alegando que lo hacía en defensa propia.

"Son delincuentes, ¿qué autodefensa ni qué ocho cuartos?, eso no existe, son delincuentes y punto", dijo al respecto el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles.

Por su parte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) contestó a Radio Fórmula que durante el fin de semana hubo altercados violentos con los pobladores y que hubo muertos y heridos civiles, entre ellos el mencionado menor de edad, el cual se encuentra en un hospital de Irapuato en estado estable tras recibir el disparo en el glúteo.

La dura situación de violencia que vive el occidental estado de Michoacán ha llevado a que este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo, anunciase el despliegue en julio de 4.050 miembros de la Guardia Nacional, el nuevo organismo de seguridad creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Los grupos delincuenciales no cesan en su intento de alterar la seguridad y cometer actos criminales, por estas razones debemos cerrar filas con toda la determinación para combatirlos con inteligencia y renovada capacidad de fuerza", señaló Durazo.

En un acto junto al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el secretario federal confesó que México vive "un tiempo de emergencia" en materia de seguridad que "llevará tiempo corregir".

La violencia en México es un problema ya sistemático que dura décadas y que inevitablemente también impacta a los niños.

Según el informe "Construyendo una vida mejor para la niñez", elaborado por la organización Save the Children, en México suceden 4,9 homicidios a menores de edad por cada 100.000 habitantes de entre 0 y 19 años.

La cifra supera con creces a las registradas en Siria o Palestina, países que cuentan con una tasa de 1,0 y 2,7 respectivamente.

En el ránking global de calidad de vida de los menores, compuesto por 176 países, México descendió en 2019 tres lugares, pasando del puesto 93 al 96, situándose por debajo de países latinoamericanos como Cuba, Chile o Perú. 

Desde que empezó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal (PF) y las Fuerzas Armadas han sido agredidas en 106 ocasiones por grupos del crimen organizado en 53 municipios.

Dichas localidades están ubicadas en 17 estados de la República; sin embargo, 47% de las agresiones contra las Fuerzas Armadas se han concentrado en Tamaulipas.

Según información obtenida por EL UNIVERSAL a través de solicitudes de información realizadas a la Policía Federal (PF) y la Secretaría Marina-Armada de México (Semar) y la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Nuevo Laredo es el municipio donde más ataques han recibido las autoridades, con 18. En Reynosa, 13; en Camargo, seis; en Matamoros, cinco; en Miguel Alemán, tres, y al menos uno en Aldama, González, Nueva Ciudad Guerrero y San Fernando, Tamaulipas.

De esta manera, Tamaulipas no sólo es la entidad donde más combates se han registrado, sino que posee los cuatro municipios en los que las fuerzas federales de seguridad han tenido que intervenir más ante la amenaza del crimen organizado.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) también sirven para contextualizar la realidad de Tamaulipas: en los primeros meses de 2019 han sucedido 471 homicidios, 4 mil 519 casos de robo y 74 hechos relacionados con el narcomenudeo.

Sin embargo, no sólo en ese estado los presuntos grupos criminales han atacado a la fuerzas de seguridad; en los municipios de Otumba, Estado de México, y Celaya, Guanajuato, se han registrado seis enfrentamientos.

La misma situación ocurrió 18 veces en Acámbaro, Guanajuato; Petatlán, Guerrero; Buenavista y Múgica, Michoacán; Esperanza, Puebla; Guamuchil, Sinaloa; Yecora y Navojoa, Sonora, y Huimanguillo, Tabasco. Mientras el resto de los combates se han distribuido en otros 33 municipios diferentes, se indicó.

La misma información obtenida por esta casa editorial, desglosada día por día desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta marzo de este año, revela que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional han participado en ocho de cada 10 disputas.

En tanto que la Semar sólo ha tenido participación en tres refriegas, y la Policía Federal lo ha hecho en 23 ocasiones.

Sangre derramada. El 31 de diciembre de 2018 ha sido el día más oscuro para el Ejército desde que inició la actual administración; en ese momento un convoy de la Sedena se encontraba en un rondín en Huimanguillo, Tabasco, cuando un grupo de presuntos huachicoleros lo emboscó hasta dejar cinco heridos y un militar muerto.

En total, los choques entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada y las autoridades han dejado un saldo de al menos 18 personas fallecidas y 38 lesionadas.

El Ejército es la institución que más se ha visto afectada con 29 militares lesionados y cuatro asesinados, en el caso de la Semar han sido tres lesionados y un muerto, y en la Policía Federal se registró el deceso de cuatro elementos y otros seis heridos.

Respecto al crimen organizado, los datos oficiales destacan que nueve de sus presuntos integrantes perdieron la vida tras participar en batallas con las fuerzas del orden; siete fallecieron a manos de la Policía Federal y dos por ataques de la Marina.

Sobre el número de civiles abatidos y lesionados, la Sedena no proporcionó información, y argumentó que "a partir de abril de 2014 esta secretaría ya no da continuidad a la estadística sobre este rubro, haciéndolo actualmente la Fiscalía General de la República (FGR)".

Esta respuesta fue dada a pesar de que hace dos meses el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa informar cuántos civiles han sido detenidos, muertos y heridos por haber participado en un enfrentamiento con militares desde dicho año.

Esta resolución se dio luego de que un grupo de académicos, periodistas y organizaciones sociales interpusieron un recurso de revisión en el Inai tras el rechazo del Ejército a proporcionar esos datos.