EE.UU. desmantela dos redes que defraudaban a anunciantes en internet
Las autoridades de Estados Unidos anunciaron hoy el desmantelamiento de dos redes dedicadas a defraudar a anunciantes en internet e imputaron a ocho personas, en su mayoría ciudadanos rusos, como presuntos responsables.
Tres de los acusados han sido detenidos a petición de Estados Unidos en Malasia, Bulgaria y Estonia y están a la espera de extradición, mientras que el resto no han sido capturados, informó en un comunicado la fiscalía federal de Brooklyn, en Nueva York.
Según el fiscal del distrito, Richard P. Donoghue, los supuestos cibercriminales "utilizaban sofisticados programas informáticos e infraestructuras en todo el mundo para explotar la industria de la publicidad digital a través del fraude".
Las autoridades explicaron que entre 2014 y 2016 los acusados operaron una red de publicidad fraudulenta, recibiendo dinero de anunciantes cuyo contenido no se colocaba en páginas web reales, sino en sitios fabricados con visitas simuladas a través de un sistema informático.
Para ello, la red alquiló más de 1.900 servidores en Estados Unidos y otros lugares que utilizaba para "crear la ilusión de que usuarios reales de internet estaban viendo los anuncios en esas páginas ficticias".
Según los cálculos de la fiscalía, distintos anunciantes pagaron en total más de 7 millones de dólares por publicidad que nunca fue vista por internautas.
Mientras, entre 2015 y 2018, algunos de los acusados operaron otro sistema fraudulento parecido, en este caso utilizando más de 1,7 millones de ordenadores infectados con programas malignos, señala la acusación.
Por esa vía, la red se habría embolsado más de 29 millones de dólares por anuncios que realmente no eran vistos por nadie.
Según el comunicado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) cooperó con autoridades de varios países para desmantelar estas redes y para identificar cuentas bancarias en Suiza y otros lugares vinculadas con el caso.
Seis de los ocho acusados son rusos y otros dos son kazajos, todos con edades de entre 30 y 40 años.
Entre otros, se enfrentan a cargos de fraude, intrusión en ordenadores, robo de identidad y blanqueo de dinero.