La Red Sobrevivientes de Abuso cometidos en entornos eclesiásticos de Chile solicitó este lunes a la Iglesia Católica entregar "nombres y antecedentes de los crímenes cometidos por religiosos en todo el mundo a la Justicia de cada país".

En una declaración pública, la agrupación calificó la cumbre celebrada en los últimos días en el Vaticano por iniciativa del pontífice de "una tardía movida de marketing donde abundan las palabras altisonantes".

"Faltan del todo medidas concretas que terminen con décadas de sistematizar el abuso y sus redes de protección al interior de dicha institución", agrega el texto, que también descalifica las medidas propuestas por el papa Francisco en la reunión.

Los sobrevivientes chilenos se suman, además, a otras agrupaciones similares en un llamamiento a las Naciones Unidas y a sus países miembros a que reconozcan al Vaticano como un "estado genocida por la elaboración, aplicación y mantenimiento a través del tiempo de un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores".

En la cumbre, criticada también por una revelación sobre la destrucción de archivos sobre los autores de abusos sexuales, el papa presentó 21 propuestas que, según el arzobispo de Malta Charles Scicluna, son "una hoja de ruta".

Entre ellas, se incluyen la creación de un "vademécum práctico" que establezca los pasos que la Iglesia debe seguir tras una denuncia, crear estructuras de escucha y colaborar con los medios de comunicación, entre otras.

Tales propuestas, según las víctimas chilenas, "son medidas ya existentes, mecanismos obsoletos que sólo buscan blindar a la institución, a sacerdotes y monjas abusadores, atentando nuevamente contra de las víctimas, a las que se les niegan los más elementales derechos y garantías de un debido proceso".

También en la declaración critican que el centro de la reunión haya sido "el dolor institucional y el daño a la imagen de la Iglesia Católica, relegando a los sobrevivientes y a sus organizaciones a una posición marginal".

Sobre esa base exigen "a la institución comandada por el papa que entregue nombres y antecedentes de los crímenes cometidos por religiosos en todo el mundo a la Justicia de cada país".

En Chile, actualmente, la Fiscalía investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, mientras el número de víctimas asciende a 255, según los más recientes datos del Ministerio Público.

Entre los presuntos implicados figuran algunos obispos acusados de encubrimiento de los abusos, lo que ha desatado una crisis en la Iglesia chilena, al punto que siete prelados han debido dejar sus cargos por decisión del papa Francisco, que hasta ahora no ha llenado las vacantes. 

Nuevamente el sacerdote Ismael “N” es acusado de violación, y es vinculado a un proceso penal por la fiscalía especializada en delitos contra la mujer por razón de género.

El sacerdote ya está en prisión por otro caso de violación en marzo del presente año, por lo que la fiscalía solicitó la orden de aprensión en su contra, por el delito de pederastia agravada en contra de una niña de 10 años de edad.

Esta vez los hechos ocurrieron cuando el sacerdote Ismael "N" era el párroco de una iglesia católica Perpetuo Socorro en el poblado Ciudad Morelos en el Valle de Mexicali.

Presuntamente el sacerdote Ismael "N", se aprovechó la relación de confianza que tenía con la madre de la menor víctima, quien realizaba funciones de catequista en la iglesia mencionada y el sacerdote, buscaba encuentros a solas con la menor, en las que agredía sexualmente a la menor de 10 años.

Por lo que este Martes fue vinculado a proceso nuevamente,

Además de estos dos casos existe una tercera investigación por otra denuncia de abuso sexual que ocurrió mientras el sacerdote Ismael "N" era el párroco de una iglesia en San Luis Río Colorado, Sonora, por el cual se le está integrando una investigación.

 El Vaticano publicó hoy un vademécum para aclarar a sus clérigos en todo el mundo qué hacer en caso de tener constancia de abusos sexuales a menores, una medida con la que se quiere ayudar a tratar y atajar estos escándalos.

El documento se esperaba desde que terminó la cumbre sobre los abusos, a la que el papa Francisco convocó en febrero del 2019 a las conferencias episcopales de todo el mundo.

Se trata de una lista de pautas de carácter técnico que indican los procedimientos que deben seguirse en caso de recibir o conocer una denuncia de abusos sexuales a menores, para lo que se repasa la legislación ya vigente en la actualidad en la Santa Sede.

El objetivo es avanzar en el tratamiento de los abusos sexuales a menores y acabar con esta "herida profunda y dolorosa que debe ser curada", se lee en la introducción del documento.

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis F. Ladaria Ferrer, explicó que la intención es ayudar a los miembros del clero en todo el mundo en "la delicada tarea" de gestionar estos casos, que a veces afrontan con incertidumbre sobre la praxis.

El texto no es normativo, no cambia la legislación sobre el tema, sino que ha sido pensado para ayudar a los entes eclesiásticos a "comprender y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la justicia" sobre esos delitos.

El secretario de la Congregación, Giacomo Morandi, dijo que el documento "no promulga ninguna nueva norma" pero que la verdadera novedad es que "por primera vez el procedimiento se describe de forma organizada", desde la denuncia de un caso hasta el juicio.

El manual está sujeto a futuras actualizaciones en función de eventuales cambios legislativos en el Vaticano o a las peticiones que se puedan recibir por parte de los clérigos.

Monseñor Morandi lamentó que el fenómeno de los abusos "está presente en todos los continentes", como han demostrado los casos de Chile, Estados Unidos, Australia, por ejemplo, y la Santa Sede aún recibe "denuncias de hechos antiguos" y recientes.

Por eso defendió este esfuerzo de claridad en su tratamiento, aunque cree que no será suficiente "sin una formación adecuada, un discernimiento cuidadoso, una prevención serena, pero decidida".

El vademécum empieza definiendo el delito: "todo pecado externo contra el sexto mandamiento (no cometerás actos impuros) del decálogo cometido por un clérigo con un menor", entendido como toda persona menor de los dieciocho años de edad.

Sin embargo se subraya que su tipología es "muy amplia" y abarca numerosos supuestos: desde relaciones sexuales "consentidas o no consentidas" al contacto físico con intención sexual, masturbación, producción de pornografía o inducción a la prostitución.

Además recuerda que el documento papal "Sacramentorum sanctitatis tutela" (2010) ya introdujo tres nuevos delitos contra menores por "adquirir, retener y divulgar imágenes pornográficas por parte de un clérigo con un fin libidinoso".

En sus quince páginas se estipula detalladamente qué hacer cuando un clérigo recibe información sobre un caso de abuso, cómo valorar su verosimilitud, cuándo y cómo abrir una investigación previa sobre los hechos y el modo de cooperar con las autoridades civiles.

El presidente de la Red de Víctimas de Italia, Francesco Zanardi, explicó a Efe que este instrumento "puede ser útil" de puertas para adentro, pero no ataja algunos de los problemas de fondo.

Por ejemplo señaló que la descripción de delito basada en el sexto mandamiento sitúa a Dios como principal víctima y defendió que estos casos sean gestionados prioritariamente por las autoridades judiciales del país donde se producen.

Independientemente de que el Vaticano emprenda un juicio penal o canónico contra el acusado.

Un ministro de Nueva Jersey acusado de agredir sexualmente a sus feligreses ha lanzado una defensa creativa: afirma que les estaba chupando demonios al realizarles una felación.

El reverendo Dr. William Weaver, de 69 años, enfrenta una demanda de cuatro ex feligreses, tres hombres y una mujer, que afirmaban que el ministro presbiteriano los agredió sexualmente cuando acudieron a él para recibir asesoramiento espiritual el pasado 22 de julio de 2019. Los documentos obtenidos por Newsweek revelaron que durante las sesiones de asesoramiento Weaver le pidió a los tres hombres que se desnudaran y se acostaran. Luego colocaría una moneda de ángel en sus cabezas, así como piedras sagradas en sus manos y tobillos, antes de practicarles sexo oral.

Weaver supuestamente le dijo a sus víctimas que necesitaba «chupar» a los demonios a través de su semen y que el ritual había venido de la tradición de los nativos americanos. Al menos una víctima también informó que Weaver lo besó en la boca durante la «ceremonia».

Al 9 de junio de 2020, el ex-ministro se ha negado a disputar los reclamos presentados contra él en los tribunales.

La demanda por las cinco personas en dos casos separados que se desarrollan en los condados de Middlesex y Union sigue en pie.

Weaver incumplió en ambos casos.

«No está disputando los reclamos, no está disputando el caso», dijo el abogado de Toms River, Robert Fuggi, quien representa a los demandantes en ambas demandas. «Podremos seguir adelante y emitir un juicio en su contra».

La demanda también nombra a la Iglesia Presbiteriana de Linden, la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Y el Presbiterio Elizabeth con sede en Plainfield, que supervisa 41 iglesias presbiterianas en los condados de Hunterdon, Middlesex, Somerset y Union.

A diferencia de Weaver, las entidades de la iglesia respondieron a las demandas y negaron las acusaciones en los documentos de la corte.

La diócesis de Villarrica informó este viernes que el papa Francisco confirmó la retirada del estado clerical al sacerdote chileno Belisario Valdebenito tras hallarlo culpable de al menos tres casos de abusos sexuales a menores.

El ya ex párroco había recibido en diciembre de 2017 una denuncia en su contra por actos de pedofilia y un mes después el obispo encargado de la diócesis sureña, Francisco Javier Stegmeier, puso en marcha una investigación interna para determinar la verosimilitud de las acusaciones.

Desde la institución clerical se informó en mayo de 2019 a la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe que la finalización de la investigación en contra de Valdebenito concluyó "con la certeza moral" de que era culpable de la comisión del delito de abusos sexuales a menores.

La dimisión del clérigo fue directamente puesta en manos del pontífice, quien en diciembre del año pasado aceptó la dispensa de las obligaciones clericales del cura.

La Fiscalía Nacional de Chile informó el pasado diciembre que la última actualización del catastro de investigaciones cifra en 223 las personas vinculadas con el clero que están bajo investigación, con un total de 159 causas abiertas.

Las indagaciones implican a 271 víctimas afectadas, de las cuales 120 eran menores en el momento que ocurrieron los hechos.

La Iglesia católica chilena atraviesa en los últimos tiempos por una crisis causada por los abusos sexuales cometidos por numerosos miembros de la misma, lo que ha provocado la renuncia de obispos y otros dignatarios, la expulsión de otros y decenas de juicios que involucran a religiosos.

El último caso, que se ventiló a inicios de agosto, involucró a Renato Poblete, un emblemático jesuita fallecido en 2010, que según una investigación ordenada por la propia Compañía de Jesús, violó o abusó de más de una veintena de mujeres, varias de ellas menores, durante casi 50 años, entre 1960 y 2008.

El sacerdote Luis Esteban "N", de 32 años, fue vinculado a proceso penal este domingo, por su posible responsabilidad en la violación de una niña a la que daba clases de catecismo y por el delito de corrupción de menores.

El cura asignado al templo de Nuestra Señora de la Soledad, anexo a la Presidencia Municipal, presuntamente abusó de la menor cuando la preparaba para su Primera Comunión.

Este domingo, en una audiencia oral privada, que se prolongó por cerca de nueve horas, un juez penal decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del cura.

En la causa penal 1p1619-1062 el Ministerio Público enumeró diversos datos de prueba en la imputación en contra de Luis Esteban "N" y la conducta que habría desplegado en contra de la víctima, valiéndose de su jerarquía y condición religiosa.

El juzgador determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y después de ellos seguirían los preparativos hacia un juicio oral.

La Fiscalía y el Poder Judicial mantuvieron en reserva los detalles del caso.