Las medidas concretas prometidas por el papa Francisco ante los casos de abusos llegaron hoy con un importante documento en el que se obliga a todos los miembros de la Iglesia a denunciar cualquier caso de abusos sexuales y también el encubrimiento por parte de los obispos.

Esta es la medida principal del "motu proprio" (documento papal) de Francisco llamado "Vos estis lux mundi" (Vosotros sois la luz del mundo) y publicado este jueves, que también exige a todas las diócesis del mundo la creación antes de junio de 2020 de un sistema accesible a cualquiera que quiera realizar una denuncia.

El tercer punto de este documento establece que por primera vez se da total protección y asistencia a los denunciantes y a las víctimas.

"No hay delitos ni penas nuevas, lo que se busca garantizar es la recogida de noticias de datos, la gestión de denuncias y la fidedigna transmisión de las denuncias", explicó a Efe el secretario del Pontifico Consejo para los Textos Legislativos, el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa.

Arrieta Ochoa subraya que una de las principales novedades es la obligación de denuncia, que antes era una cuestión moral, de conciencia, "pero ahora está establecido legalmente".

Asimismo será obligatorio el establecimiento de oficinas, portales de internet y líneas telefónicas para que se puedan recibir las denuncias. Las diócesis tienen hasta junio de 2020 para ponerse al día.

Y se aplicará, como reza el artículo 1, para todos los delitos en los que "se obligue a alguien, con violencia o amenaza o mediante abuso de autoridad, a realizar o sufrir actos sexuales; realizar actos sexuales con un menor o con una persona vulnerable; producir, exhibir, poseer o distribuir, incluso por vía telemática, material pornográfico infantil".

También incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el caso de acoso a seminaristas o novicios.

Pero también para los delitos de encubrimiento, de los que en el pasado han sido acusado numerosos obispos.

"Cualquier clérigo o religioso que conoce esta conducta por parte un obispo estará obligado a denunciar e informar a la Santa Sede para que tome medidas disciplinarias o penales", agregó Arrieta.

Los informes sobre los obispos "siempre se pueden enviar a la Santa Sede, directamente o a través del Representante Pontificio", añade el documento. 

Otro punto relevante es la protección de los denunciantes y de las víctimas, que, según la nueva ley, no pueden ser objeto de "prejuicios, represalias o discriminación", así como nadie puede imponerles la obligación de silencio con respecto al contenido, por lo que pueden hablar con ellos quienes quieran, incluida la prensa.

También se les garantizará "asistencia médica, terapéutica y psicológica, según sea el caso".

Por otra parte, algo que habían pedido los obispos de todos los países, la normativa establece reglas claras sobre el procedimiento a seguir en caso de denuncia.

Las denuncias recogidas tendrán que ser inmediatamente comunicadas al obispo o al superior de la congregación u orden de la diócesis donde se han producido los hechos, pero también se permite que se informe a otros obispos.

El documento del papa establece sobre todo "la responsabilidad del obispo" en estos casos.

La normativa es importante sobre todo para evitar los encubrimientos, ya que en el caso de que la persona señalada tanto por abusos como por encubrir sea un obispo o un cardenal, el informe se enviará o al obispo metropolitano o al más antiguo del país y se tendrá que informar urgentemente al dicasterio, el ministerio correspondiente de la Santa Sede, y así mismo se informará a la Secretaria de Estado.

"Pero siempre será un obispo, que debe responder directamente al papa, y con la ayuda de fieles laicos, quien se encargue de esta primera investigación preliminar", explicó Arrieta. El responsable de la investigación después de 30 días envía a la Santa Sede "una relación informativa sobre el estado de las investigaciones", que "debe concluirse en el plazo de 90 días", que pueden ser prorrogables solo por razones justas.

Además, desde el inicio hasta el cierre de las investigaciones preliminares en la diócesis no tendrán que pasar más de 90 días, aunque se podrá por motivos justificados aumentar el plazo.

Nuevamente el sacerdote Ismael “N” es acusado de violación, y es vinculado a un proceso penal por la fiscalía especializada en delitos contra la mujer por razón de género.

El sacerdote ya está en prisión por otro caso de violación en marzo del presente año, por lo que la fiscalía solicitó la orden de aprensión en su contra, por el delito de pederastia agravada en contra de una niña de 10 años de edad.

Esta vez los hechos ocurrieron cuando el sacerdote Ismael "N" era el párroco de una iglesia católica Perpetuo Socorro en el poblado Ciudad Morelos en el Valle de Mexicali.

Presuntamente el sacerdote Ismael "N", se aprovechó la relación de confianza que tenía con la madre de la menor víctima, quien realizaba funciones de catequista en la iglesia mencionada y el sacerdote, buscaba encuentros a solas con la menor, en las que agredía sexualmente a la menor de 10 años.

Por lo que este Martes fue vinculado a proceso nuevamente,

Además de estos dos casos existe una tercera investigación por otra denuncia de abuso sexual que ocurrió mientras el sacerdote Ismael "N" era el párroco de una iglesia en San Luis Río Colorado, Sonora, por el cual se le está integrando una investigación.

 El Vaticano publicó hoy un vademécum para aclarar a sus clérigos en todo el mundo qué hacer en caso de tener constancia de abusos sexuales a menores, una medida con la que se quiere ayudar a tratar y atajar estos escándalos.

El documento se esperaba desde que terminó la cumbre sobre los abusos, a la que el papa Francisco convocó en febrero del 2019 a las conferencias episcopales de todo el mundo.

Se trata de una lista de pautas de carácter técnico que indican los procedimientos que deben seguirse en caso de recibir o conocer una denuncia de abusos sexuales a menores, para lo que se repasa la legislación ya vigente en la actualidad en la Santa Sede.

El objetivo es avanzar en el tratamiento de los abusos sexuales a menores y acabar con esta "herida profunda y dolorosa que debe ser curada", se lee en la introducción del documento.

El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis F. Ladaria Ferrer, explicó que la intención es ayudar a los miembros del clero en todo el mundo en "la delicada tarea" de gestionar estos casos, que a veces afrontan con incertidumbre sobre la praxis.

El texto no es normativo, no cambia la legislación sobre el tema, sino que ha sido pensado para ayudar a los entes eclesiásticos a "comprender y a cumplir de la mejor forma las exigencias de la justicia" sobre esos delitos.

El secretario de la Congregación, Giacomo Morandi, dijo que el documento "no promulga ninguna nueva norma" pero que la verdadera novedad es que "por primera vez el procedimiento se describe de forma organizada", desde la denuncia de un caso hasta el juicio.

El manual está sujeto a futuras actualizaciones en función de eventuales cambios legislativos en el Vaticano o a las peticiones que se puedan recibir por parte de los clérigos.

Monseñor Morandi lamentó que el fenómeno de los abusos "está presente en todos los continentes", como han demostrado los casos de Chile, Estados Unidos, Australia, por ejemplo, y la Santa Sede aún recibe "denuncias de hechos antiguos" y recientes.

Por eso defendió este esfuerzo de claridad en su tratamiento, aunque cree que no será suficiente "sin una formación adecuada, un discernimiento cuidadoso, una prevención serena, pero decidida".

El vademécum empieza definiendo el delito: "todo pecado externo contra el sexto mandamiento (no cometerás actos impuros) del decálogo cometido por un clérigo con un menor", entendido como toda persona menor de los dieciocho años de edad.

Sin embargo se subraya que su tipología es "muy amplia" y abarca numerosos supuestos: desde relaciones sexuales "consentidas o no consentidas" al contacto físico con intención sexual, masturbación, producción de pornografía o inducción a la prostitución.

Además recuerda que el documento papal "Sacramentorum sanctitatis tutela" (2010) ya introdujo tres nuevos delitos contra menores por "adquirir, retener y divulgar imágenes pornográficas por parte de un clérigo con un fin libidinoso".

En sus quince páginas se estipula detalladamente qué hacer cuando un clérigo recibe información sobre un caso de abuso, cómo valorar su verosimilitud, cuándo y cómo abrir una investigación previa sobre los hechos y el modo de cooperar con las autoridades civiles.

El presidente de la Red de Víctimas de Italia, Francesco Zanardi, explicó a Efe que este instrumento "puede ser útil" de puertas para adentro, pero no ataja algunos de los problemas de fondo.

Por ejemplo señaló que la descripción de delito basada en el sexto mandamiento sitúa a Dios como principal víctima y defendió que estos casos sean gestionados prioritariamente por las autoridades judiciales del país donde se producen.

Independientemente de que el Vaticano emprenda un juicio penal o canónico contra el acusado.

Un ministro de Nueva Jersey acusado de agredir sexualmente a sus feligreses ha lanzado una defensa creativa: afirma que les estaba chupando demonios al realizarles una felación.

El reverendo Dr. William Weaver, de 69 años, enfrenta una demanda de cuatro ex feligreses, tres hombres y una mujer, que afirmaban que el ministro presbiteriano los agredió sexualmente cuando acudieron a él para recibir asesoramiento espiritual el pasado 22 de julio de 2019. Los documentos obtenidos por Newsweek revelaron que durante las sesiones de asesoramiento Weaver le pidió a los tres hombres que se desnudaran y se acostaran. Luego colocaría una moneda de ángel en sus cabezas, así como piedras sagradas en sus manos y tobillos, antes de practicarles sexo oral.

Weaver supuestamente le dijo a sus víctimas que necesitaba «chupar» a los demonios a través de su semen y que el ritual había venido de la tradición de los nativos americanos. Al menos una víctima también informó que Weaver lo besó en la boca durante la «ceremonia».

Al 9 de junio de 2020, el ex-ministro se ha negado a disputar los reclamos presentados contra él en los tribunales.

La demanda por las cinco personas en dos casos separados que se desarrollan en los condados de Middlesex y Union sigue en pie.

Weaver incumplió en ambos casos.

«No está disputando los reclamos, no está disputando el caso», dijo el abogado de Toms River, Robert Fuggi, quien representa a los demandantes en ambas demandas. «Podremos seguir adelante y emitir un juicio en su contra».

La demanda también nombra a la Iglesia Presbiteriana de Linden, la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) Y el Presbiterio Elizabeth con sede en Plainfield, que supervisa 41 iglesias presbiterianas en los condados de Hunterdon, Middlesex, Somerset y Union.

A diferencia de Weaver, las entidades de la iglesia respondieron a las demandas y negaron las acusaciones en los documentos de la corte.

La diócesis de Villarrica informó este viernes que el papa Francisco confirmó la retirada del estado clerical al sacerdote chileno Belisario Valdebenito tras hallarlo culpable de al menos tres casos de abusos sexuales a menores.

El ya ex párroco había recibido en diciembre de 2017 una denuncia en su contra por actos de pedofilia y un mes después el obispo encargado de la diócesis sureña, Francisco Javier Stegmeier, puso en marcha una investigación interna para determinar la verosimilitud de las acusaciones.

Desde la institución clerical se informó en mayo de 2019 a la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe que la finalización de la investigación en contra de Valdebenito concluyó "con la certeza moral" de que era culpable de la comisión del delito de abusos sexuales a menores.

La dimisión del clérigo fue directamente puesta en manos del pontífice, quien en diciembre del año pasado aceptó la dispensa de las obligaciones clericales del cura.

La Fiscalía Nacional de Chile informó el pasado diciembre que la última actualización del catastro de investigaciones cifra en 223 las personas vinculadas con el clero que están bajo investigación, con un total de 159 causas abiertas.

Las indagaciones implican a 271 víctimas afectadas, de las cuales 120 eran menores en el momento que ocurrieron los hechos.

La Iglesia católica chilena atraviesa en los últimos tiempos por una crisis causada por los abusos sexuales cometidos por numerosos miembros de la misma, lo que ha provocado la renuncia de obispos y otros dignatarios, la expulsión de otros y decenas de juicios que involucran a religiosos.

El último caso, que se ventiló a inicios de agosto, involucró a Renato Poblete, un emblemático jesuita fallecido en 2010, que según una investigación ordenada por la propia Compañía de Jesús, violó o abusó de más de una veintena de mujeres, varias de ellas menores, durante casi 50 años, entre 1960 y 2008.

El sacerdote Luis Esteban "N", de 32 años, fue vinculado a proceso penal este domingo, por su posible responsabilidad en la violación de una niña a la que daba clases de catecismo y por el delito de corrupción de menores.

El cura asignado al templo de Nuestra Señora de la Soledad, anexo a la Presidencia Municipal, presuntamente abusó de la menor cuando la preparaba para su Primera Comunión.

Este domingo, en una audiencia oral privada, que se prolongó por cerca de nueve horas, un juez penal decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del cura.

En la causa penal 1p1619-1062 el Ministerio Público enumeró diversos datos de prueba en la imputación en contra de Luis Esteban "N" y la conducta que habría desplegado en contra de la víctima, valiéndose de su jerarquía y condición religiosa.

El juzgador determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y después de ellos seguirían los preparativos hacia un juicio oral.

La Fiscalía y el Poder Judicial mantuvieron en reserva los detalles del caso.