El Gobierno de EEE.UU. anunció este jueves cargos contra una treintena de ciudadanos chinos y norcoreanos por canalizar a través de una red clandestina global más 2.500 millones de dólares en pagos ilegales hacia el programa de misiles y nuclear de Pyonyang.

Los acusados, según la acusación, operaban con empleados del banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB, en inglés) y crearon más de 250 empresas pantalla en diferentes países, entre ellos Tailandia, China y Rusia, para procesar pagos con dólares a través del sistema financiero estadounidense con los que financiar el programa nuclear norcoreano.

"EE.UU. recalca su compromiso para alterar la capacidad de Corea del Norte para acceder de manera ilegal al sistema financiero de EE.UU., y limitar el uso de los beneficios de estas acciones ilícitas para respaldar su programa de armas de destrucción masiva", indicó Michael R. Sherwin, el fiscal interino del Departamento de Justicia en un comunicado.

Ninguno de los acusados se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El Gobierno estadounidense señaló también que mediante esta red clandestina Corea del Norte había logrado esquivar las sanciones económicas impuestas en su contra.

El FTB fue incluido en la lista negra de instituciones financieras por parte del Departamento del Tesoro en 2013.

Desde 2015, Washington ha confiscado más de 63 millones de dólares, indicó el documento judicial.

La decisión del Departamento de Justicia subraya el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos lanzados por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien se reunió en varias ocasiones con el líder norcoreano Kim Jong-Un, para acordar la eliminación del programa nuclear del país.

Y revela, además, la incapacidad de la comunidad internacional para asfixiar financieramente a Pyonyang. 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes una operación conjunta con el Gobierno de México para desarticular una red criminal acusada de lavar dinero del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y otros negocios ubicados en territorio mexicano y europeo. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), tras nuevos acuerdos bilaterales para reforzar la lucha contra delitos financieros.

La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, incluidos los integrantes de la familia Hysa —Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon— señalados de operar negocios utilizados como fachadas para el lavado de activos, presuntamente con consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene presencia criminal en las zonas donde operaba el grupo. FinCEN, por su parte, propuso una medida especial para bloquear el acceso de 10 casinos mexicanos al sistema financiero estadounidense por sospechas de operaciones ilícitas.

Entre las empresas sancionadas en México se encuentran Entretenimiento Palmero, Diversiones Los Mochis, Grupo Internacional Canhysamex, H Hidrocarburos, Rosetta Gaming, LH Pro-Gaming, entre otras. De acuerdo con el Tesoro, los negocios eran utilizados para mover grandes cantidades de efectivo, transferir recursos ilícitos a Europa y facilitar operaciones del crimen organizado. 

También fueron incluidos el ciudadano mexicano Gilberto López López y Eselda Baku, residente en México y miembro de la red directiva del grupo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que la operación envía un mensaje claro a quienes colaboran con los cárteles: “Serán responsabilizados”. Las autoridades estadounidenses destacaron la colaboración con México en esta acción, considerada uno de los golpes financieros más amplios contra una red de lavado binacional en los últimos años.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, empresas señaladas recientemente por supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense. La nueva fecha para que entren en vigor las restricciones es el 4 de septiembre de 2025.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reconoció avances por parte del gobierno mexicano para combatir el lavado de dinero relacionado con los cárteles del narcotráfico. Entre las acciones destacadas está la intervención temporal de las instituciones afectadas para asegurar su cumplimiento normativo.

Esta prórroga responde a la coordinación entre ambos gobiernos en materia de combate a las finanzas ilícitas. “México ha tomado medidas adicionales para abordar las preocupaciones planteadas”, indicó el comunicado oficial de FinCEN.

Andrea Gacki, directora de la unidad, señaló que Estados Unidos continuará implementando acciones firmes para proteger su sistema financiero y prevenir el financiamiento de organizaciones criminales. La medida refleja la cooperación binacional contra el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional.

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Tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no existen pruebas que sustenten dichos señalamientos.

En un comunicado, la dependencia reconoció que conocía los reportes de operaciones con empresas chinas, pero indicó que se trataban de transferencias realizadas a compañías legalmente constituidas, sin evidencia de que estén vinculadas con actividades ilícitas. Por ello, solicitó al gobierno estadounidense presentar información contundente que justifique las sanciones.

La SHCP explicó que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al menos 300 empresas mexicanas han realizado transferencias a firmas chinas a través de 10 instituciones financieras del país, dentro del marco de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.

No obstante, Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revisar las operaciones de las instituciones señaladas. Como resultado, se identificaron únicamente irregularidades administrativas, que ya fueron sancionadas con multas que ascienden a 134 millones de pesos.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que no hay elementos que comprueben la participación de CIBanco, Intercam y Vector en esquemas de lavado de dinero relacionados con el narcotráfico.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por facilitar operaciones de lavado de dinero y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y Vector, según lo informó la Oficina de Control de Crímenes Financieros (FinCEN).

La medida bloquea ciertas transacciones y fue emitida bajo la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off, recientemente aprobadas para frenar el flujo de opioides ilícitos. Esta acción marca el primer uso de estas leyes para sancionar a empresas financieras.

CIBanco fue identificado por mantener vínculos con organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. El Tesoro señaló que incluso ayudó a crear una cuenta bancaria con el objetivo de lavar hasta 10 millones de dólares, además de procesar pagos por más de 2.1 millones de dólares para adquirir precursores químicos desde China.

Intercam también fue vinculado con el CJNG, ya que, según el informe, sus ejecutivos se reunieron con presuntos integrantes del cártel para coordinar operaciones de lavado. Entre 2021 y 2024, la institución transfirió más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas implicadas en el envío de precursores químicos.

Por su parte, Vector fue asociado con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. El Tesoro documentó que una “mula” del Cártel de Sinaloa utilizó sus servicios para lavar 2 millones de dólares, y la firma facilitó pagos por más de un millón de dólares a China para la compra de sustancias químicas utilizadas en drogas sintéticas.

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Kanasín.- Elementos de la Policía Municipal de este municipio, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, suspendieron la madrugada de este domingo una fiesta clandestina en la colonia Mulchechén II, en la que había alcohol, cannabis y cristal, y donde se detectó la participación de por lo menos 250 menores de edad.

Este evento ilegal se detectó gracias a una denuncia ciudadana y se logró la detención de cuatro de los organizadores, entre ellos una mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, anoche a las 23 horas se recibió la llamada de una madre que informó que su hija participaba en una fiesta clandestina en la calle 39 No. 396-B con 46 y 48 de la colonia Mulchechén II y en la que aparentemente los asistentes estaban consumiendo alcohol y drogas de diversos tipos.

Ante ello, unidades de la Policía de Kanasín y de la misma SSP llegaron al lugar, donde se entrevistaron con el dueño del predio, quien les informó que le habían solicitado el sitio para la realización de un convivio escolar, por lo que dio la autorización para ingresar y señaló a los cuatro organizadores, quienes fueron asegurados por los elementos policiacos.

Al inspeccionar el sitio se observó la participación de por lo menos 250 menores de edad, a quienes se les pidió desalojar el lugar. En una inspección se detectaron botellas de licor, dosis de cannabis, dosis de cristal, así como pipas y papel arroz para el consumo de drogas prohibidas.

Los organizadores del evento fueron detenidos y se identificaron como Jesús Emanuel P.V., de 21 años de edad; Daniel S. G., de 18 años; Eduardo Yunkin M. K. de 20 años; y Cherry Crisbel M. J., de 27 años, quienes fueron enviados a la cárcel pública para los trámites legales.

De igual manera, se realizó la detención momentánea de otras 10 personas que intentaron impedir la labor policiaca.