El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves que los inmigrantes cuyas peticiones de asilo se hayan rechazado al entrar al país no pueden apelar esas decisiones en cortes federales, un precedente que podría dificultar los casos de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur.

Por 7 votos a favor y 2 en contra, el Supremo concedió una victoria al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una sentencia que, según activistas y expertos, podría permitir a la Casa Blanca profundizar su campaña para negar el asilo a los indocumentados con poca o nula supervisión judicial.

El caso implicaba a Vijayakumar Thuraissigiam, un miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka que fue detenido poco después de cruzar la frontera con México en San Ysidro (California) y pidió asilo, al argumentar que tenía un "miedo creíble" de persecución si le deportaban a su país de origen.

La petición de Thuraissigiam, como las de miles de indocumentados que cruzan la frontera cada año, fue considerada bajo un proceso llamado de "deportación expedita", que permite al Gobierno agilizar la expulsión de esos migrantes sin la supervisión de los tribunales.

Tras ver rechazada su solicitud, Thuraissigiam presentó una petición de "habeas corpus" ante una corte federal, con el argumento de que las torturas de las que huía y que había relatado a los agentes migratorios se enmarcaban dentro de una campaña de abusos bien documentados contra los tamiles en Sri Lanka.

Aunque el primer juez rechazó su petición, una corte de apelaciones declaró que la ley de 1996 en la que se basa el procedimiento de "deportación expedita" no era constitucional, lo que provocó que el caso acabara en el Supremo.

La decisión, escrita por el juez conservador Samuel Alito, concluye que "un extranjero en el umbral de la entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso" de la Constitución estadounidense.

Solo dos juezas votaron en contra, las progresistas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y esta última, la primera hispana en el Supremo, advirtió de que la sentencia podría tener implicaciones más allá del caso de Thuraissigiam y afectar cómo se trata a los indocumentados que llegan al país.

El Gobierno de Trump ha limitado la capacidad de los indocumentados de solicitar asilo en EE.UU. con una política migratoria que ha generado todo tipo de críticas y demandas, pero el Supremo ha respaldado hasta ahora la legalidad de esa estrategia y el pasado marzo dio luz verde al programa "Permanezcan en México".

Esa política obliga a muchos de los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en México a que se tramiten sus peticiones y se les otorgue una audiencia ante un juez de inmigración. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre próximo.

Esa orden, que entrará en vigor este mismo martes, permitirá a las autoridades estadunidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2 mil 500 detenciones diarias en la frontera, detallaron a la prensa altos funcionarios estadunidenses.

El presidente demócrata ha estado contemplando una acción unilateral desde hace meses, especialmente después de que colapsó un acuerdo entre los dos partidos sobre el tema fronterizo luego que los republicanos lo rechazaron bajo presión de Donald Trump, el virtual candidato presidencial republicano.

Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a mil 500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a mil 500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.

Según detallaron los funcionarios, quienes lleguen a la frontera una vez que se supere ese umbral de 2 mil 500 estarán sujetos a "un estándar significativamente más alto" para calificar para asilo.

En concreto, en esa instancia, los migrantes deberán demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que están en riesgo de sufrir torturas o ser perseguidos si son devueltos a su país de origen.

En cualquier caso, los funcionarios argumentaron que Estados Unidos se adherirá a las obligaciones de la convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien a un país donde puede ser torturado.

Sin embargo, si los migrantes no son capaces de demostrar que califican para asilo bajo este estándar más elevado, serán deportados en cuestión de "horas" o "días", según indicaron los funcionarios.

En ese caso, la situación variará dependiendo de la nacionalidad del migrante o solicitante de asilo.

Aquellos que sean mexicanos o nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, serán devueltos directamente a México en virtud de acuerdos previos de Estados Unidos con las autoridades mexicanas.

Por otro lado, aquellos que lleguen a la frontera desde otras partes tanto dentro como fuera del continente americano, como Colombia o Ecuador, serán expulsados en vuelos de deportación.

La norma contempla excepciones: los no acompañados que viajan hacia el norte no están sujetos a las restricciones, al igual que las víctimas de tráfico de personas, aquellos que enfrentan una emergencia médica aguda o una amenaza extrema para su vida y seguridad.

Además, se seguirán procesando los casos de asilo de las personas que hayan pedido una cita a través de la aplicación móvil CBP One, que ofrece aproximadamente mil 450 citas diarias para pedir asilo.

El presidente firmará la orden ejecutiva, su medida unilateral más agresiva hasta el momento después de ver frustrados los intentos de alcanzar un acuerdo bipartidista en el Congreso, en un evento en la Casa Blanca a las 14:00 hora local (12:00 en CdMx), acompañado por varios alcaldes de la frontera.

Esta orden llega a seis meses de las elecciones, en las que Biden aspira a ser reelegido para un segundo mandato y se enfrentará nuevamente al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, cuya campaña ya ha criticado la medida calificándola de "amnistía".

AMLO llamará a Biden para abordar la medida

En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hablará por teléfono con el mandatario estadunidense sobre su orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México.

“Tenemos pendiente una llamada telefónica con el presidente Biden, probablemente hoy, sobre esto, sobre el tema migratorio. Hemos venido avanzando bien, hay posturas de los dos gobiernos, primero, que mantengamos una relación de respeto a nuestras soberanías, que busquemos una política de buena vecindad", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario no adelantó su opinión en concreto sobre la orden ejecutiva que se anunció en Estados Unidos mientras él hablaba, pero reiteró que su posición ante Washington es "que se atiendan las causas de la migración, que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera".

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Al asegurar que “no es amenaza ni siquiera advertencia” el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que cualquier político de Estados Unidos, sin importar que sean del Partido Demócrata o Republicano y que maltrate a mexicanos será señalado en su conferencia mañanera como politiqueros oportunistas, racistas y discriminadores.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que pese a que en la Unión Americana viven alrededor de 40 millones de mexicanos son maltratados, mientras que los migrantes de Cuba son sólo 4 millones, pero hay políticos de origen cubano tienen una “influencia tremenda” y ejercen una fuerte presión.

Sin dar nombres, acusó que estos políticos cubanos son quienes mantienen el bloqueo económico a la isla, sin importarles que su país de origen o de sus padres sufra, porque “lo ven como un asunto político, electoral”.

“Es un poco lo que quieren hacer algunos políticos texanos o ya están haciendo contra de los migrantes mexicanos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, pero ya les dijimos que el que maltrate a mexicanos, sea el partido que sea, aquí en la mañanera va a ser señalado como un político oportunista, racista, discriminador, ni siquiera político, politiquero.

“Pero es parte de lo mismo, pero nuestro nuestros hermanos cubanos, repito, son 4 millones y nosotros 40 millones ¿y por qué el maltrato a los mexicanos?”, cuestionó.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta". 

En una entrevista en la CNN, Mayorkas utilizó la misma frase que un año antes en plena crisis migratoria para tratar de disuadir a quienes emprenden viaje a Estados Unidos. Una expresión que usó también entonces la vicepresidenta, Kamala Harris.

Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es "el mismo, porque la frontera no está abierta". "No vengan", reiteró.

Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos- y también las normas migratorias por las que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.

Pero sobre todo, recalcó, "no deberían poner sus vidas en riesgo ni en manos" de las mafias que trafican con los inmigrantes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, en inglés) anunciaron recientemente su plan de rescindir el próximo 23 de mayo el Título 42, aunque el pasado 27 de abril un juez de Louisiana suspendió por 14 días los preparativos de la Administración para acabar con esa norma.

El magistrado ha fijado una audiencia para el próximo día 13 de mayo en la que podría adoptar una resolución definitiva sobre el futuro del Título 42.

En los primeros seis meses del actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2021, las autoridades han detenido en la frontera sur a poco más de un millón de inmigrantes, de los cuales 549 mil fueron expulsados del país en aplicación del Título 42, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En la entrevista, Mayorkas aseguró que el gobierno se prepara para los distintos escenarios posibles y por eso ha presentado un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México.

Ante las previsiones de que puede llegar a haber 18 mil migrantes al día cuando se levante la citada norma, reconoció que esa cifra supondría una importante "presión" para el sistema pero por eso, aseguró, se están preparando desde hace meses y trabajan también con sus socios del sur porque este, recalcó, es un "problema regional" que requiere del esfuerzo de todos.

Mayorkas está siendo el principal blanco de los republicanos por la cuestión migratoria e incluso miembros de ese partido han amenazado con promover en el Congreso un proceso de destitución contra él, pero aseguró en la entrevista que no está preocupado por ese tema, sino concentrado en sus tareas.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de coordinar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común ante el flujo "sin precedentes" de migrantes que está llegando a la frontera común.

Ambos acordaron la visita a Washington este lunes del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para seguir trabajando en estas cuestiones. 

Sentados en el suelo y bajo el sol esperan ser aceptados en Estados Unidos, las familias de Bielorrusia, Ucrania y Rusia que han tenido que salir de su país a raíz del conflicto. 

Este sábado, un hombre de Ucrania que no habla inglés ni español, dijo a CADENA NOTICIAS a través de un traductor de su teléfono móvil que llevan entre tres a cuatro días esperando el asilo en el vecino país y que lamentablemente han sido discriminados.

La familia que residía en Kiev, Ucrania, ha permanecido horas en la garita de San Ysidro y únicamente las autoridades de CBP han pedido sus pasaportes. 

Las familias esperan que pronto se solucione las solicitudes de asilo pues están atravesando una situación difícil.

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Autoridades federales asentadas en Baja California, brindarán apoyo a los migrantes que se encuentren en proceso de asilo y este mediodía se darán a conocer en detalle las acciones, adelantó la Secretaría del Bienestar.

Cabe explicar que Tijuana es la ciudad con mayor número de extranjeros solicitando protección del gobierno norteamericano.

A nivel binacional ya hay acuerdos para que ambos gobiernos, de México y Estados Unidos, reanuden el programa "Quédate en México” (MPP por su sigla en inglés) en medio de crecientes dudas de si logrará garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo, que tendrán que esperar en el país vecino el proceso de sus casos en Estados Unidos. 

El programa, una de las insignias de la administración anterior presidida por Donald Trump, fue derogado por el gobierno de Joe Biden, pero un juez federal ordenó reanudarlo, y desde entonces Estados Unidos ha estado negociando con el gobierno mexicano sobre los parámetros en los que volvería a implementarse la iniciativa.