La Alcaldía de Tulsa (Oklahoma) impuso un toque de queda nocturno que afecta a los alrededores del lugar que el sábado acogerá el primer mitin del presidente de EE.UU, Donald Trump, desde que se empezaran a aplicar las políticas de confinamiento para combatir la COVID-19.

Esta medida, destinada a evitar posibles actos de violencia por las protestas que se prevén ante la visita del presidente a Tulsa, estará en vigor este viernes y sábado, solo se aplicará entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en los aledaños del BOK Center, el estadio cubierto donde tendrá lugar el evento, y afectará a un área de unas 24 cuadras de edificios.

La orden del alcalde, el republicano George T. Bynum, que declaró una "emergencia civil" en la ciudad, asegura que responde a informes de que "personas de grupos organizados que han estado involucrados en comportamientos destructivos y violentos en otros estados planean viajar a Tulsa para causar disturbios en los alrededores del mitin".

El Departamento de Policía de la ciudad dijo este jueves estar trabajando para convertir el área en más segura durante lo que definieron como "un evento sin precedentes para la ciudad de Tulsa"

"Como parte de nuestros preparativos para el mitin del presidente Trump de este sábado, estamos trabajando para hacer que el área sea segura para la seguridad de todo el mundo", dijo en Twitter la Policía.

El mitin de mañana, el primero del presidente desde el inicio del confinamiento en el país en marzo, ha despertado cierto receló tanto por la fecha inicial -en un principio se iba a celebrar hoy, Juneteeth o festividad de la Emancipación de los afroamericanos- y el lugar elegido.

Y es que en 1921 Tulsa fue escenario de uno de los actos más violentos contra la comunidad afroamericana desde la abolición de la esclavitud, en el que grupos de blancos atacaron un barrio negro en el que destrozaron unos 1.200 hogares.

Esto sumado a que el Juneteenth de 2020 será probablemente uno de los más importantes desde su nacimiento en 1866 -un año después del fin efectivo de la esclavitud-, ya que entronca con la creciente ola de protestas e indignación por la violencia policial contra los afroamericanos, creó cierta crispación, por lo que el equipo de Trump pospuso el evento al sábado.

Sin embargo, el mandatario no parece haber querido disipar las posibles tensiones, pues este viernes publicó en Twitter un mensaje en el que parece amenazar a aquellos que se manifiesten en contra de su visita a la ciudad.

"A cualquier manifestante, anarquista, agitador, saqueador o vida triste que venga a Oklahoma entiende: no serás tratado como lo fuiste en Nueva York, Seattle o Mineápolis ¡Será una escena muy distinta!", escribió Trump esta mañana.

Otra de las preocupaciones que ha despertado este mitin es la de que se convierta en el epicentro de un brote de la COVID-19 en la ciudad, ya que se espera que asistan hasta 19.000 personas a las que no se les exigirá ni respetar la distancia física de seguridad ni usar mascarilla.

Sin embargo, antes de entrar al recinto se les tomará la temperatura, se les dará gel y se les regalará una mascarilla de uso opcional.

Durante el proceso para demandar una entrada al evento, lo que sí se les ha exigido es eximir al presidente de toda culpa en caso de resultar enfermos.

El juicio penal contra Donald Trump se abrió este lunes en un tribunal de Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo de los acusados, lo que amenaza con agitar la campaña presidencial de 2024.

El juez que instruye el caso, el colombiano Juan Manuel Merchan, dio inicio al juicio tras leer los cargos contra el magnate republicano de 77 años.

"Esto es un asalto a Estados Unidos. Nunca había ocurrido nada parecido", dijo el magnate republicano a su llegada al tribunal donde será juzgado por ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para supuestamente comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial y proteger así su campaña de 2016, que finalmente ganó contra la demócrata Hillary Clinton.

Para el republicano, casi seguro candidato de su partido para la presidencial del 4 de noviembre, el juicio es una "persecución política" orquestada por los demócratas para impedirle lograr su anhelado sueño de volver a la Casa Blanca.

El magnate no está acusado por el pago en sí para ocultar una relación sexual que él siempre ha negado, sino por haberlo disfrazado como gastos legales de la Organización Trump, la empresa familiar, lo que puede acarrearle una condena de hasta cuatro años de cárcel.

Sin embargo, la sentencia no sería obstáculo para que se presente a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que se enfrentará por segunda vez al demócrata Joe Biden, que le derrotó en los comicios de hace cuatro años.

También podría llegar a ser presidente, aunque sería una situación sin precedentes.

Selección del jurado

El juicio se inicia con la selección de los doce jurados que tendrán la responsabilidad de declarar por unanimidad al magnate "culpable" o "no culpable", un proceso que puede llevar varios días.

Los doce finalistas y seis suplentes serán seleccionados después de responder a un minucioso cuestionario sobre sus simpatías políticas en una ciudad con el corazón mayoritariamente demócrata y, sobre todo, sobre su imparcialidad y capacidad para definir la suerte de uno de los políticos más influyentes de los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en el mundo.

El millonario está acusado de 34 falsificaciones de documentos contables de la Organización Trump para camuflar como "gastos legales" los pagos realizados a Stormy Daniels, que adelantó de su bolsillo el entonces abogado de Trump y hombre de confianza, Michael Cohen, actualmente enemigo jurado y quien será uno de los testigos claves de la acusación.

El juicio tendrá que demostrar qué sabía Trump de dichos pagos, por los que Cohen ya fue condenado.

Juicio histórico

Este es uno de los numerosos frentes abiertos del magnate neoyorquino que amasó su fortuna en el sector inmobiliario y la construcción de los campos de golf que denuncia ser víctima de "una caza de brujas".

Probablemente, sea el único juicio que se celebre antes de las elecciones del 5 de noviembre, pese a los intentos de los abogados de retrasar su celebración.

El candidato republicano también tiene pendientes otros juicios por tratar de revertir los resultados de la presidencial de 2020 y de su gestión de documentos clasificados que se llevó a su casa cuando dejó la Casa Blanca.

"Lo que está en juego es mucho, porque Trump y sus abogados han logrado hasta ahora retrasar los (otros) juicios", dice a la AFP Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond.

Pero lejos de impactar en su carrera fulgurante a la presidencia, cada problema con la justicia parece reforzar su popularidad entre sus seguidores.

El sábado por la noche, en un mitin en Pensilvania, Trump se volvió a declarar víctima de una persecución judicial y política de los demócratas.

"Nuestros enemigos quieren quitarme mi libertad porque nunca los dejaré que les quiten la suya", dijo a sus seguidores.

Trump aseguró que declarará en el juicio, que puede durar entre seis y ocho semanas.

El tribunal de Manhattan, en el sur de Nueva York, se encuentra bajo máxima alerta. Se esperan manifestaciones tanto de seguidores como de opositores al exmagnate, además de medios de comunicación de todo el mundo.

A diferencia de otros estados, en los tribunales de Nueva York las cámaras de televisión no están autorizadas, por lo que solo la prensa escrita contará el desarrollo de este juicio que suscita un gran interés.

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este lunes inconstitucional la expulsión del ex presidente Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia.

El dictamen se conoce la víspera del "supermartes", cuando 15 estados, incluido Colorado, celebran primarias para las presidenciales de noviembre. 

En respuesta, el magnate calificó de "gran victoria" para Estados Unidos la decisión de Corte Suprema, pues ha mencionado en diversas ocasiones que es un perseguido político.

Los magistrados del Tribunal Supremo, donde los conservadores ostentan mayoría, argumentan que según la Constitución, es responsabilidad del Congreso y no de los estados hacer cumplir la Sección 3 de la Enmienda 14, la cual fue utilizada por el Tribunal Supremo de Colorado para fallar en contra de Trump.

En concreto, el Tribunal Supremo de Colorado consideró que Trump participó en un intento de "insurrección", lo que lo descalifica para ocupar cargos públicos, según lo establecido en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.

Esta enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil en Estados Unidos, tuvo como objetivo prevenir que los sureños rebeldes de la Confederación, quienes habían jurado lealtad a la Constitución para luego traicionarla, pudieran acceder al poder.

"Concluimos que los estados pueden descalificar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales. Sin embargo, los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la Presidencia", reza el fallo.

Aunque los jueces ofrecieron diferentes razones, la decisión fue unánime y marca la intervención más directa del Tribunal Supremo en unas elecciones desde la decisión Bush v. Gore, que resolvió una disputa sobre los votos en Florida y finalmente otorgó la victoria a George W. Bush, quien ejerció la presidencia entre 2001 y 2009.

El pasado 8 de febrero, los jueces del Tribunal Supremo celebraron una audiencia para escuchar los argumentos de las partes sobre el caso de Colorado y ya entonces se mostraron reticentes sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional la expulsión de Trump de las primarias de ese estado, especialmente de cara a las elecciones de noviembre.

Tanto los jueces más progresistas como los más conservadores expresaron su incomodidad durante sus intervenciones con la idea de que estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.

El fallo se produce sin que los jueces hayan estado presentes dentro del tribunal, ya que no tienen previsto celebrar una audiencia hasta el 15 de marzo.

Los magistrados han hecho caso, por tanto, a las presiones por el apretado calendario electoral y a las peticiones del Partido Republicano de Colorado, que le había pedido actuar antes del 'supermartes' que se celebra mañana.

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Colorado determinó en diciembre que la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución inhabilita al republicano por la "insurrección" del asalto al Capitolio, cuando una horda de trumpistas atacó el Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria de Biden.

El fallo del Tribunal Supremo, adoptado por unanimidad, pondría fin a los intentos de Illinois y Maine para sacar a Trump del proceso de primarias del Partido Republicano, pero todavía está pendiente la decisión.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que le propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador no dejar el cargo y hacerle "una curvita al asunto". Rocha Moya expresó que aunque él no quiere que el presidente se vaya, López Obrador está firme en su postura de respetar la no reelección, en línea con la visión "maderista".

Durante la inauguración del Acueducto Picachos-Concordia, el gobernador destacó la visión "humanista" del presidente y, en tono jocoso, compartió su propuesta con la audiencia presente. La referencia a "una curvita al asunto" sugiere la posibilidad de reconsiderar la decisión de no buscar la reelección.

Cabe destacar que Francisco I. Madero, presidente de México en el periodo revolucionario, es conocido por su lema "Sufragio Efectivo, No Reelección". La referencia de Rocha Moya destaca la adherencia de López Obrador a estos principios históricos.

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La corte de apelaciones de Washington determinó este martes que el ex presidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar el asalto al Capitolio.

"A los efectos de este caso penal, el ex presidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", apuntó la Corte.

Con esto, el ex presidente de Estados Unidos está un paso más cerca de un juicio penal sin precedentes.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones están relacionadas con sus responsabilidades oficiales como presidente.

"Cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento", abundó la Corte.

IF IMMUNITY IS NOT GRANTED TO A PRESIDENT, EVERY PRESIDENT THAT LEAVES OFFICE WILL BE IMMEDIATELY INDICTED BY THE OPPOSING PARTY. WITHOUT COMPLETE IMMUNITY, A PRESIDENT OF THE UNITED STATES WOULD NOT BE ABLE TO PROPERLY FUNCTION!

Donald Trump Truth Social 11:25 PM EST 2/05/24

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 6, 2024

El fallo, que Trump seguramente apelará, rechaza su intento de evitar un juicio por acusaciones de que socavó la democracia estadunidense y la transferencia de poder, incluso mientras consolida su posición como favorito para ganar la nominación presidencial republicana.

El caso permanecerá en suspenso al menos hasta el 12 de febrero para dar tiempo a Trump a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los abogados de Trump argumentaron que los ex presidentes tienen derecho a amplias protecciones legales y no pueden ser procesados penalmente por acciones oficiales a menos que primero sean impugnados por la Cámara de Representantes y destituidos por el Senado.

Trump fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes, pero en cada ocasión los republicanos del Senado emitieron votos suficientes para absolverle de los cargos.

Los jueces se centraron en la amplia naturaleza de la reclamación de Trump en una audiencia celebrada el 9 de enero, interrogando a un abogado de Trump sobre si incluso un presidente que ordenó a comandos militares asesinar a un rival político podría escapar de un proceso penal sin la acción inicial del Congreso.

Trump ha expresado repetidamente su reclamo de inmunidad en la campaña electoral y en las redes sociales, diciendo en una publicación del 18 de enero: 

"TODOS LOS PRESIDENTES DEBEN TENER INMUNIDAD PRESIDENCIAL COMPLETA Y TOTAL, O LA AUTORIDAD Y LA DECISIVIDAD DE UN PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SERÁN DESTRUIDAS Y DESAPARECERÁN PARA SIEMPRE", escribió tal cual en su red Truth Social.

La acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de usar falsas afirmaciones de fraude electoral para presionar a legisladores estatales, funcionarios del Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente Mike Pence para frustrar la certificación de los resultados electorales.

Es uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta Trump y uno de los dos que alegan injerencia en las elecciones de 2020.

Trump se ha declarado inocente de cuatro cargos de delito grave y ha acusado a los fiscales de un esfuerzo políticamente motivado para dañar su campaña.

El argumento de la inmunidad fue rechazado previamente por la jueza de distrito Tanya Chutkan en diciembre, lo que llevó a Trump a apelar.

Incluso si el argumento de Trump no es aceptado por los tribunales, es probable que la apelación logre su objetivo de retrasar el juicio previsto para el 4 de marzo, potencialmente hasta después de las elecciones de noviembre. El caso está en suspenso mientras Trump apela.

Si Trump gana las elecciones, podría intentar indultarse a sí mismo u ordenar al Departamento de Justicia que archive el caso.

Trump puede pedir al pleno del tribunal del Circuito de Washington y a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisen la sentencia, lo que podría dar lugar a semanas o meses de retraso adicional.

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Hasta este 16 de noviembre, 424 de los 500 legisladores federales que integran la Cámara de Diputados, es decir, el 84.8 por ciento, se han registrado para buscar la reelección para el período 2024-2027. 

Los diputados que deseen participar en los próximos comicios electorales para repetir el cargo, deberán presentar una carta de intención. El plazo vence en el último minuto del domingo 19 de noviembre. 

¿Quiénes son los diputados que buscan la reelección en 2024?

Entre los legisladores enlistados hasta el momento destacan la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Marcela Guerra, así como los líderes parlamentarios del PAN, Jorge Romero; del PRI, Rubén Moreira; del PVEM, Carlos Puente; del PRD, Luis E. Cházaro, y del PT, Alberto Anaya.

El diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el legislador petista y vocero de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña; el padre del piloto Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez, así como las panistas, Margarita Zavala y Mariana Gómez del Campo.

Hasta ahora, ni el coordinador de Morena, Ignacio Mier, ni el de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, han entregado su carta de intención.

Tampoco está en la lista Carolina Viggiano, legisladora y secretaria general del PRI, ni su correligionario Augusto Gómez Villanueva, decano de la 65 Legislatura de la Cámara de Diputados.

En la lista de quienes buscan ser reelectos para tres años más se encuentran diputados afines a Marcelo Ebrard como: Javier López Casarín y Juan Carlos Natale, del PVEM; Emmanuel Reyes, Carol Antonio Altamirano, Daniel Gutiérrez, Carlos Manzo e Inés Parra, de Morena, e incluso Selene Ávila, quien anunció su renuncia a la bancada guinda tras la negativa de sus ex correligionarios a destinar recursos del Presupuesto 2024 a la reconstrucción de Acapulco.

Entre los integrantes de la mayoría morenista anotados para la reelección destacan también, el vicecoordinador, Leonel Godoy; Pablo Amílcar Sandoval, Sergio Gutiérrez Luna, Andrea Chávez, Karla Yuritzi Almazán, Laura Imelda Pérez, Guadalupe Chavira y Julio César Moreno.

Por el PAN, los vicecoordinadores, Jorge Triana y José Elías Lixa, además de Ana Teresa Aranda, Juan Carlos Romero Hicks, Gabriel Quadri, Héctor Saúl Téllez y María Elena Pérez-Jaén, entre otros.

Los priistas: Ildefonso Guajardo, Blanca Alcalá, Ismael Hernández Deras, Cynthia López Castro, Paloma Sánchez y Brasil Acosta; los petistas: Alfredo Femat, Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval, así como del PVEM: Karen Castrejón, Marco Antonio Natale, Luis Armando Melgar y María del Carmen Pinete. 

Por Movimiento Ciudadano se han apuntado Julieta Mejía, Sergio Barrera y Zulema Adams; mientras que del PRD irían también Marcelino Castañeda, Francisco Huacus, Elizabeth Pérez y Gabriela Sodi.

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