La cancillería mexicana dijo el miércoles que activó mecanismos de protección consular ante supuestas prácticas negligentes o violatorias de los derechos humanos en centros de detención migratoria de Estados Unidos contra mujeres mexicanas.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México precisó que su consulado general en Atlanta mantiene comunicación con una organización que denunció una serie de "histerectomías no autorizadas" en mujeres hispanohablantes.

"Dichas operaciones, según los primeros informes aún no corroborados, habrían sido realizas sin pleno consentimiento y bajo custodia de las autoridades de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en Irwin, Georgia", dijo la cancillería del país latinoamericano.

"Dicha representación diplomática ha solicitado información detallada a las autoridades a fin de esclarecer las posibles afectaciones a ciudadanas mexicanas", agregó.

Además, la SRE sostuvo que su consulado en la ciudad fronteriza sureña El Paso, en Texas, se "mantiene en contacto con la presunta víctima" se abuso sexual por parte de agentes del ICE para brindarle todo el apoyo necesario.

"El gobierno de México expresa su rechazo absoluto de cualquier violación a los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior", agregó la SRE sin dar mayores sobre las presuntas víctimas.

Cada año, miles de mexicanos y centroamericanos realizan una larga travesía hacia el norte en busca de un mejor futuro en Estados Unidos. Sin embargo, muchos son deportados, otros secuestrados y algunos mueren en el peligroso trayecto.

El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió de sus funciones a dos de sus agentes federales, a raíz de las investigaciones iniciadas el pasado 28 de agosto, por su actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, en el que migrantes fueron agredidos.

La suspensión ocurre luego de que se hiciera viral un video del periodista Benjamín Alfaro en que se observa cómo un uniformado golpea la cabeza de un migrante mientras éste está en el piso.

El INM informó que esta decisión se adoptó con base en la Ley de Migración, la cual establece de manera puntual que “la actuación de los servidores públicos del instituto se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en la presente ley”.

l organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró que no tolerará ninguna conducta ajena o distinta a los protocolos y políticas del instituto en pro de la salvaguarda y respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.

Además, refrendó su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, “siempre apegada al marco legal, los derechos humanos y principios humanitarios, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad”.

Ambos agentes federales de migración suspendidos fueron notificados de manera formal, el pasado 29 de agosto y al mismo tiempo se dio vista de esta determinación al Órgano Interno de Control del INM, para los efectos legales a que haya lugar.

 Se requiere de recursos de los Estados y países de origen de migrantes, para poder darles atención sin desviar las acciones de gobierno que le corresponde a los tijuanenses, indicó la Alcaldesa de Tijuana, Karla Patricia Ruiz Macfarland.

Luego de que el Director de Atención al Migrante, anunciará que en dos meses llegarán más migrantes afganos y haitianos, la primer edil indicó que hay que diferenciar a las personas, es decir, hay gente que llega y comete actos no correctos, además de que demandan atenciones y hasta vivienda.

‘’Muchas veces por ayudar a estas personas, descuidamos muchas cosas, lo que realmente debemos atender a favor de los tijuanenses’’, y aunque se espera la presencia de más elementos de la Guardia Nacional, en cuestión de recursos, se pronunció a favor de que otros Estados y países, ayuden para tener a los migrantes de manera más ordenada, esto debido a que ya no hay dinero en las arcas del Ayuntamiento para la atención de este tema.  

Desesperada y herida tuvo que huir Elda Sandoval con sus dos hijos de su lugar de origen a causa de las golpizas que recibía de su ex pareja. 

La mujer originaria de Guatemala relató a CADENA NOTICIAS que fueron constantes los golpes que sufrió y ante la falta de atención de las autoridades en su país tuvo que huir a México.

Decidió llegar a Monterrey e iniciar su vida junto a sus hijos, lamentablemente su ex pareja los encontró y tuvo que huir nuevamente. 

Hace un mes llegaron a Tijuana y por la falta de dinero tienen que acampar en el Chaparral junto al resto de migrantes que se encuentran en la zona desde hace meses. 

Para Elda el sueño americano no es prioridad, lo único que busca es un lugar seguro para empezar de cero, sin embargo no descarta cruzar al vecino país.

"Me quedaría acá porque de nada me sirve regresar, lo que le pido a Dios que me den asilo" expresó 

El caso de Elda quedó impune en Guatemala y Monterrey, por ello, asegura que no regresará pues teme por la seguridad de sus hijos de 7 y 10 años de edad.

"Tampoco quieren regresar, mi anhelo es que sigan estudiando y no arriesgarlos de que su padre nos encuentre en algún lugar" manifestó Sandoval

Los menores de edad que han tenido que huir con sus padres de su lugar de origen también han tenido que abandonar sus estudios y en Tijuana llevan meses sin actividades escolares.

Algunos abandonaron los estudios desde que estaban en sus países por falta de dinero y ahora que se encuentran en el campamento migrante en El Chaparral dicen estar esperanzados en cruzar a Estados Unidos para reiniciar sus estudios.

"Estaba estudiando pero ahí en la escuela vendían droga, se metía la pandilla, me querían involucrar y me alejaba pero me dijeron que me iban a matar y a toda mi familia" expresó Marco de 13 años de edad, también dijo esperanzado que al cruzar la frontera continuará con sus estudios. 

Por otra parte, una madre migrante mexicana mencionó en entrevista que desde enero sus hijos dejaron de estudiar. 

"Mi deseo y anhelo ante Dios es cruzar al otro lado o si no se puede regresar a Monterrey ver de qué manera puedan ponerse a estudiar" lamentó Verónica

Basados en el respeto a los derechos humanos de los aproximadamente 2 mil migrantes y 800 menores que se encuentran confinados en el campamento El Chaparral, autoridades del Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Gobernación Federal, continúan buscando estrategias que resuelvan su situación.

Aunque la autoridad local ha dado atención a esa población migratoria, es prioritario brindar apoyo y salvaguardar los derechos de las personas en contexto de movilidad, por ello la Secretaria de Bienestar, Melba Adriana Olvera Rodríguez, se reunió con el subsecretario de Migración, Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez y la subsecretaria de Atención con Organismos de la Sociedad Civil del Estado, Bárbara Pacheco Contreras.

La funcionaria municipal indicó que “la reunión que tuve con el subsecretario, Alejandro Encinas fue para ver el tema de la migración que existe en el campamento de la garita El Chaparral, ya que todas las decisiones que hemos tomado son enfocadas al tema de respeto de sus derechos, por lo que hemos brindado atención con apoyo de Sistema DIF, la Dirección Municipal de Salud, de Atención al Migrante y el Instituto Municipal de la Mujer, a fin de asistir a las cientos de familias, niños y jóvenes que están varados en esta ciudad fronteriza”, expuso Olvera Rodríguez.

La atención brindada consiste servicios médicos y aplicación de vacunas a través de Unidades Móviles, consultas psicológicas, orientación sobre las medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19, prevención de accidentes, violencia y equidad de género, asesorías jurídicas, sobre todo a aquellas personas que requirieron trámites de asilo político a Estados Unidos; trámites de documentos de identidad a niñas, niños y adolescentes mexicanos de padre o madre de origen extranjero, entre otros.

La mayoría de los migrantes son originarios de Honduras y otros países centroamericanos, de la parte sur de México, Haití y Cuba, los cuales pretenden asilo político del país vecino.