La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) informó que 10 ex funcionarios públicos señalados por el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro sí fueron imputados en la audiencia del viernes, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.
Esto, a pesar de que las defensas de las víctimas acusaron que no se había llegado a esta etapa del proceso, porque no conocían los términos del acuerdo reparatorio alcanzado entre el gobierno capitalino y Grupo Carso.
Esta tarde, durante un mensaje a medios, el vocero de la FGJ CdMx, Ulises Lara, informó que no se han solicitado órdenes de aprehensión contra ninguno de los imputados.
“Es importante señalar que hasta el momento, la fiscalía no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ninguno de los imputados; se ha cuidado el debido proceso y se han celebrado diversas reuniones bilaterales con las partes y sus defensas para construir acuerdos”, dijo.
A la audiencia, fueron citadas por el tribunal 10 personas, de las cuales asistieron nueve.
“Como lo informamos, desde la audiencia inicial se corrió traslado de la carpeta de investigación a la representación jurídica de los imputados para garantizarles el derecho a una adecuada defensa. Cabe señalar que la carpeta consta de 59 tomos con 30 mil 737 fojas útiles, lo que representa un tiempo razonable para su lectura y análisis”, aseguró el vocero.
Agregó que en el Sistema Penal Acusatorio, tratándose de delitos culposos, existe la posibilidad del Acuerdo Reparatorio Integral para las Víctimas y que en ese sentido, antes de la primera audiencia, una de las partes relacionadas con estos sucesos se acercó a la fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia, con la intención de buscar un acuerdo reparatorio.
“Como lo anunciamos oportunamente, la representación legal de CICSA y el gobierno de la Ciudad de México firmaron un acuerdo que cubre la reparación y reforzamiento, no sólo del segmento colapsado, sino del total del tramo elevado, desde la estación Tezonco hasta la terminal Tláhuac”, detalló.
En el mismo sentido, Lara López señaló que se han mantenido reuniones a efecto de llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas directas e indirectas (fallecidos, lesionados y núcleos familiares).
“No obstante que las defensas tenían acceso a la carpeta de investigación, con conocimiento pleno de que un acuerdo reparatorio es información reservada para las partes intervinientes, que puede construirse por separado o por cada una de las partes con las víctimas y que no hay correlación entre cada uno de dichos acuerdos, una de las defensas solicitó el sobreseimiento, es decir, la suspensión del proceso judicial y que su representado se beneficiara del acuerdo existente”, explicó.
El también coordinador general de asesores de la FGJCdMx indicó que por un lado se alegó que dicho acuerdo favorecía a todos los imputados, solicitaron el recurso de revocación para obtener copia del mismo y pidieron se impusiera una multa al Ministerio Público por incumplimiento.
“Sin embargo, todo lo anterior, les fue negado por el juez, quien señaló que el Ministerio Público había cumplido con su mandato y ordenó que no se integre a la carpeta dicho acuerdo reparatorio, así como que se mantenga su confidencialidad”, puntualizó.
La nueva fecha de audiencia, fijada para el mes de marzo de 2022, es una decisión estrictamente del juez; sin embargo, la Fiscalía solicitará se reagende, a efecto de que el acceso a la justicia sea pronto y expedito.
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