El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió el jueves al Congreso que archive una ley aprobada inesperadamente esta semana que eleva las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y advirtió que la vetará en caso de que le sea enviada para su promulgación.

La noche de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los legisladores avalaron por amplia mayoría la Ley para la Protección de la Vida y de la Familia, que castiga con hasta 25 años, desde un máximo previo de 10 años, el aborto y endurece las condiciones para realizarlo en caso de que la vida de la madres esté en peligro.

Giammattei dijo que la ley viola la Constitución y dos convenciones en las que Guatemala es signataria.

"Me he comunicado con la presidenta del organismo legislativo para solicitarle que el Congreso mande a archivar esta ley y, en caso contrario, he decidido que si esa ley llega a mi despacho la misma será vetada", dijo el mandatario en un video transmitido en sus redes sociales.

La norma fue condenada por grupos de la comunidad LGBTIQ y por el procurador de derechos humanos de la nación centroamericana, Jordan Rodas, quien dijo que promovería una acción de inconstitucionalidad. Activistas se han manifestado en las calles en su contra.

La ley prohíbe fomentar "en la niñez y adolescencia" programas de diversidad sexual, "la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad", según su texto.

Señala además que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente "por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género".

La recomendación del Ejecutivo de archivar la ley debe ser discutida la próxima semana en el Congreso.

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Entre gritos de “Guanajuato es provida”, el Congreso del Estado volvió a rechazar la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta fue descartada por quinta ocasión en un periodo de siete años, manteniendo vigente el marco penal que castiga el aborto inducido con penas de seis meses a tres años de prisión.

En la sesión del 4 de diciembre se sometieron a votación tres dictámenes: dos impulsados por diputadas de Morena, Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia, y uno de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco. Las iniciativas buscaban reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y garantizar su autonomía corporal, siguiendo parámetros establecidos por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El marco presentado subrayaba que los derechos sexuales y reproductivos obligan a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar el acceso a servicios de salud, información y decisiones libres sobre la reproducción. La permanencia del aborto como delito —señalaban las promoventes— perpetúa estigmas, inhibe la atención médica oportuna y expone a mujeres y personas gestantes a situaciones de riesgo.

La diputada Sandra Alicia Pedroza recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el Código Penal de Guanajuato vulnera derechos fundamentales, por lo que instó al Congreso a corregir la legislación. Aseguró que su propuesta busca evitar la criminalización y disminuir la mortalidad materna. “Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de perseguir”, sostuvo.

En contraste, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la postura provida señalando que su voto parte de la protección de la vida desde la concepción. Argumentó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por abortar y que mantener la penalización permite a las autoridades actuar ante casos de abuso, explotación o redes que lucren con embarazos no deseados.

Las iniciativas también destacaban que la autonomía reproductiva se ve vulnerada no solo por la criminalización del aborto, sino también por prácticas como impedir el acceso a anticonceptivos, ejercer coacción sexual, discriminar por orientación sexual o identidad de género y limitar la autodeterminación de personas con discapacidad.

Pese a estos argumentos, la mayoría del Congreso optó nuevamente por mantener sin cambios la legislación vigente. Con esta votación, Guanajuato continúa siendo uno de los estados donde el aborto inducido sigue penalizado salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer, y el debate legislativo queda abierto para futuras discusiones.

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En el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo en América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un exhorto a que las 21 entidades federativas en México que aún no han despenalizado el aborto cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Además, el Inmujeres reiteró que es importante que en todo el país se fortalezca la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos como elementos fundamentales para empoderar a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y reproductivos.

​“Desde el Inmujeres celebramos los avances significativos alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto y, conscientes de los desafíos que aún hay por resolver, celebramos la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de septiembre, que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto autoprocurado y voluntario”, destacó el Inmujeres.

Asimismo enfatizaron que las mujeres o personas gestantes podrán solicitar la realización de un aborto en cualquier institución de salud federal, sin que ellas o el personal médico que lo practique sean sancionados.

El Inmujeres finalizó su comunicado destacando que es importante avanzar hacia un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con autonomía sobre sus cuerpos y ejerciendo plenamente sus derechos.

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Al menos 30 parejas del mismo sexo fueron bendecidas en una misa celebrada por sacerdotes alemanes en la ciudad de Colonia en una protesta contra el arzobispo conservador local, el cardenal Rainer Maria Woelki.

Recientemente, Woelki, el líder católico de la ciudad, y funcionarios suyos hicieron críticas contra un sacerdote de la ciudad de Mettmann donde en marzo de este año se celebró una ceremonia de "bendición para los amantes" en la que incluyeron parejas del mismo sexo.

"Es principalmente gracias a las bases de la Iglesia que la Iglesia se abre cada vez más (...) El arzobispo Woelki y el Vaticano, por otro lado, están a años luz de la realidad social", afirmó Sven Lehmann, comisionado alemán para la apertura a la comunidad LGBT+

Lehmann añadió que este tipo de protestas son un símbolo importante de la demanda de reconocer y aceptar a las parejas del mismo sexo en la Iglesia Católica Romana.

Por otra parte, además de las parejas incluidas en las bendiciones de este miércoles, otros varios cientos de personas cantaron juntos el éxito de los Beatles "All You Need Is Love" frente a la iglesia de Colonia, según DPA.

Los creyentes católicos en la arquidiócesis de Colonia han protestado durante mucho tiempo contra su arzobispo, a quien han acusado de que pudo haber encubierto informes de abuso sexual del clero.

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Desconocidos sustituyeron la bandera arco iris izada en la estación de Neubrandenburgo, en el este de Alemania, por una bandera con una esvástica, un acto de "glorificación" de la ideología nazi condenado el sábado por la ciudad.

La policía, alertada por un transeúnte a primera hora de la mañana, se apoderó de la bandera y lanzó el sábado una llamada a testigos para localizar a los autores del delito. La bandera arco iris, que evoca la paz y la diversidad LGBT, ya había sido robada varias veces en el pasado en la estación de esta ciudad de más de 60 mil habitantes de la antigua RDA comunista, situada al norte de Berlín.

"Con la puesta en escena pública de símbolos y signos de extrema derecha, se alcanza una nueva dimensión en la glorificación de la ideología inhumana del nacionalsocialismo", subrayó la ciudad en un comunicado. "No se trata de una tontería o de una broma de jóvenes", prosiguió, y consideró que los autores deberán ser identificados y castigados por las autoridades "con toda la severidad requerida por la ley".

Se abrió una investigación por utilización de símbolos contrarios a la Constitución, delito que puede castigarse con penas de hasta tres años de prisión. La ley alemana prohíbe formalmente el uso de eslóganes de la época nazi o la exhibición pública de esvásticas u otros símbolos del Tercer Reich.

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En 2022, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+ documentó 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos de personas de la comunidad; la mayoría de las víctimas entre 25 y 29 años, su mayoría mujeres trans y hombres homosexuales.

Recientemente, condenó el asesinato de Ulises Nava, defensor de los derechos de las personas diversas, quien fue atacado con un arma de fuego en Aguascalientes.

''Exigimos a las Fiscalías Estatales, así como a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, acciones específicas para la investigación, persecución, prevención, sanción y reparación del daño”

Este homicidio se suma a los de Juventino en Sinaloa, Michel en Puerto Vallarta, Rubén y Omar en Sonora y Natalia en Tlalpan, todos ellos registrados en el último mes y relacionados con sus preferencias sexuales.

La organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida, entregó un reporte que expone un aumento de más del 11.5% en los asesinatos de odio en contra de personas de la comunidad LGBT+ en México durante el 2022.

Amnistía Internacional señala que México, Colombia, Brasil, Honduras y Guatemala concentran el mayor número de ataques en contra de miembros de la comunidad de la diversidad sexual, esto a pesar de los esfuerzos de sus gobiernos para prevenir la discriminación.

México y sus avances legales a favor de la comunidad LGBT+

En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil han impulsado agendas de inclusión que han logrado hacer reformas a favor de la comunidad LGBT+, el más reciente es la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo en distintos estados del país.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de las infancias trans al permitir la rectificación de las actas de nacimiento en la sección de género, y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han reconocido las personas trans y no binarias en las identificaciones que expiden.

En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizó el primer censo de forma oficial a la comunidad LGBT en México, que asciende a cerca de 5 millones de personas, el 5.1% de los habitantes mayores de 15 años.

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