Las autoridades del condado de Hillsborough de Florida, Estados Unidos, detuvieron a un hombre de 62 años por múltiples casos de acoso sexual a menores registrados durante los últimos 50 años. 

Un total de nueve probables víctimas se han presentado ante las autoridades para denunciar actitudes sexuales inapropiadas por parte de Thomas David Lair desde 1972 hasta 2020. 

La mayoría de las víctimas tenían entre 6 y 9 años cuando ocurrieron los incidentes. 

Los detectives revelaron que Lair supuestamente abusó sexualmente de varias mujeres jóvenes, muchas menores de 12 años, después de hacerse amigo de ellas y sus familias desde 1998 hasta 2020.

Pero descubrieron que los casos que involucran al sospechoso se remontan supuestamente hasta 1972, cuando Lair era un preadolescente. 

*Con información obtenida de EFE

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La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Poniente, obtuvo la vinculación a proceso de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los elementos de prueba recabados por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Los cuales, fueron considerados suficientes para establecer la probable participación de Jesús Efraín “N” en el hecho que se investiga.

De acuerdo con la indagatoria, el 28 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, el imputado se encontraba en un domicilio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Quintas del Rey, tercera etapa, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos a una menor de 14 años que se encontraba dormida, sin su consentimiento.

Al término de la audiencia, el Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará la investigación complementaria para robustecer las pruebas en su contra.

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La Fiscalía Regional de Tijuana informó que un juez de control vinculó a proceso a José Miguel “N” por los delitos de violación impropia y violencia familiar, tras los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre de 2025 en un domicilio del fraccionamiento Santa Fe Quinta Sección.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 10:45 horas, el imputado ingresó sin consentimiento a la vivienda de su expareja, ubicada en la privada Solana. Una vez dentro, la agredió verbal, física y sexualmente, luego de mantener con ella una relación de tres meses.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el juez determinó vincularlo a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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Integrantes del Colectivo CESODI se congregaron frente a los juzgados familiares de Tijuana para denunciar la creciente violencia institucional, el abandono y la revictimización que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales, específicamente en el caso de la menor “Aranza” y su madre, Marlene Padilla.

La madre de la menor expresó su profunda preocupación y tristeza ante lo que calificó como un grave fallo del sistema judicial: “Desde que mi hija tenía tres años, hemos denunciado el abuso por parte del padre, pero la justicia no ha protegido a mi hija. Hoy, ella vive con miedo y en peligro, y la justicia parece favorecer al agresor”.  

Por su parte, Shamanta Yunuel Sesma Valdez, cofundadora de CESODI, señaló que el pasado 28 de julio, la familia fue revictimizada por funcionarios judiciales, en particular por el actuario Oscar Ledezma, quien mostró un trato prepotente y una actitud que, desde su perspectiva, refleja una falta de perspectiva de género y protección infantil en el proceso.

La madre de Aranza lamentó que, en medio de denuncias penales y familiares desde hace años, la justicia haya fallado en proteger a la víctima, permitiendo que el agresor siga en libertad. “No es justo que la justicia proteja al agresor y que mi hija siga viviendo con miedo, siendo víctima de violencia física y sexual, mientras que la justicia parece haberle dado la espalda”, afirmó.

CESODI también recordó que desde hace tiempo han solicitado la creación de salas especializadas para atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, pero hasta ahora no han recibido respuesta, evidenciando la falta de interés de las autoridades en proteger a la infancia.

Finalmente, anunciaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja ante las omisiones en las investigaciones y la falta de protección efectiva para “Aranza”. La denuncia busca no solo justicia para la menor, sino también llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las prácticas judiciales que garantice la protección infantil y los derechos de las víctimas.

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La Fiscalía General del Estado, logró una sentencia condenatoria de más de 22 años de prisión contra Alberto Campos Anaya, declarado responsable de cometer delitos graves en contra de una menor de 13 años.

La sentencia, de 22 años, 11 meses y 7 días de prisión, también incluye la suspensión de sus labores como maestro de secundaria, el pago de una multa y la reparación del daño a la víctima. Además, se negó cualquier beneficio libertario al condenado.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, que cursaba el segundo año de secundaria, participaba en juegos de volleyball en los que el imputado era el entrenador. Tras ganar los partidos, el maestro realizaba convivios y fiestas en su domicilio, donde los alumnos se quedaban a dormir. Durante estos encuentros, Alberto Campos Anaya realizó tocamientos lascivos sobre la menor y la incitó a beber alcohol, abusando sexualmente de ella en varias ocasiones.

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La Agencia Estatal de Investigación de Baja California ejecutó la captura en Tijuana de José María “N” el 3 de junio, tras una orden emitida por la Fiscalía de Michoacán por delitos de violación equiparada y abuso sexual contra una menor de 16 años.

La detención fue posible gracias a la colaboración entre autoridades de ambos estados. Por lo tanto, se iniciaron los trámites administrativos correspondientes para que agentes del Grupo de Aprehensiones del estado de Michoacán realicen la recepción y traslado del detenido, y lo pongan a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

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