El Tribunal Supremo español condenó el martes a 30 años de prisión a un exsacerdote por abusar de siete menores en un internado católico hace casi una década, cuando trabajaba como su tutor.

Las acusaciones de abusos a menores por parte del clero católico y el posible encubrimiento por parte de la Iglesia han salido a la luz en los últimos meses en España, años después que escándalos similares sacudieron a la Iglesia en países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.

Las autoridades eclesiásticas no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios. El exsacerdote había negado haber actuado mal.

La autoridad religiosa de la provincia central de Ciudad Real expulsó al sacerdote en 2019 y denunció el caso a los fiscales, tras una investigación interna sobre los abusos cuando daba clases particulares a estudiantes adolescentes varones.

En su sentencia, el tribunal dijo que se había aprovechado de su posición para tocar inapropiadamente los genitales de los niños, por ejemplo, mientras fingía estar jugando en una piscina o en habitaciones privadas con el pretexto de un "tratamiento" médico.

El tribunal dictaminó que los tocamientos eran "de carácter claramente sexual", además condenó al hombre a pagar una multa de 52.920 euros y una indemnización de 2.000 euros a cada una de las víctimas.

El diario El País denunció en diciembre más de 1.200 presuntos casos de abusos por parte del clero durante siete décadas y el Parlamento encargó posteriormente al Defensor del Pueblo del país que llevara a cabo una investigación.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, dijo el martes en un comunicado que su oficina ya había atendido a 201 víctimas, en su mayoría hombres, en los dos primeros meses de la investigación, cuyas conclusiones serán presentadas al Parlamento.

"Estamos satisfechos con el ritmo al que están llegando los testimonios y con el número de víctimas que se han dirigido a nosotros, pero lo que realmente nos importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, seriedad, discreción y confidencialidad", dijo.

La Iglesia católica española dijo a principios de 2022 que estaba profundamente entristecida por los abusos y que colaboraría con las autoridades y aportaría transparencia, ayuda y reparación a las víctimas. También ha iniciado investigaciones diocesanas que están siendo supervisadas por un bufete de abogados privado.

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El maestro Ricardo Roberto Acuña Ángeles, que se fugó de Baja California por el delito de pederastia agravada, fue capturado este fin de semana en Cancún, Quintana Roo.

El jueves, la Fiscalía General de Baja California ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por el detenido que era buscado por su participación en los delitos de abuso sexual y pederastia agravada en contra de alumnas de la primaria Leona Vicario ubicada en la capital del estado, Mexicali. 

En el operativo en el que se detuvo a Ricardo Roberto Acuña Angles, a quien se le había girado orden de aprehensión, participaron agentes de la FGE Quintana Roo, Coordinación Nacional Antisecuestro y Secretaría de Marina, quienes ubicaron al sujeto en el fraccionamiento Jardines del Sur.

Luego de la captura, el detenido fue trasladado a Baja California, donde se definirá su situación jurídica, al ser investigado por el abuso sexual de 14 alumnos.

Casi un mes duró en la cárcel el sacerdote católico de la Iglesia “San José” del municipio de Cuatrociénegas, en la zona centro-de Coahuila, denunciado por la Diócesis de Saltillo, por el delito de acoso sexual en contra de una pequeña feligrés de 14 años de edad.

El cura indeminizó a la afectada con la cantidad de 76 mil 976 pesos del acuerdo reparatorio y así, el padre abandonó la cárcel de Saltillo, donde estuvo recluido todo lo que va del mes de junio.

Fue el día 29 de mayo pasado, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, reveló que la demarcación religiosa a su cargo demandó a su subalterno, Andrés, de 33 años de edad, porque una feligrés, lo señaló, con pruebas, de enviarle mensajes con proposiciones indecorosas a su teléfono celular.

Histórico

En un hecho sin precedente en la Iglesia Católica de Coahuila, el prelado demandó ante el agente del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) al inculpado quien, durante el proceso, aceptó su culpabilidad.

La Fiscalía informó que la indagatoria la llevó a cabo la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales contra Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Centro del Estado.

En la Audiencia para Resolver el Acuerdo Reparatorio propuesto por la Defensa del Imputado, el Juez autorizó el arreglo por la cantidad de 76 mil 976 pesos por cumplir con la procedencia y Reparación Integral de Daño a la Víctima con las varias condiciones:

Primero ofrecerá una disculpa pública a la afectada y a su familia en la Sala del Juzgado. Se le impuso orden de restricción al padre Andrés quien tiene prohibido acercarse a la víctima.

Tampoco podrá ejercer acción legal en contra de la menor ni de sus parientes.

Además acudirá al Taller de Masculinidad por la Paz en el CAIF en Saltillo, ciudad donde vivirá a partir de ahora pues tiene prohibido, por mandato judicial, volver al “Pueblo Mágico” de Cuatrociénegas. ­

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Mia Valentina es una niña de 12 años que tiene 23 semanas de gestación producto del abuso sexual que ejercía sobre ella la pareja de su madre.

La niña tiene tres hermanos más, uno de 15, una de 9 que presenta discapacidad y uno de siete, todos ellos quedaron a cargo de su abuela, la señora Paola, que ahora tiene que sacarlos adelante, esto luego de denunciar a su propia hija por el abuso que ejerció en contra de Mia Valentina, al permitir que su pareja la violara.

“Es muy difícil porque no tengo trabajo, le he pedido al gobierno ayuda, herramientas para trabajar para sacar adelante a los cuatro niños, nomás me dan despensas, si van a mi casa van a encontrar cajitas de sopa y frijoles, pero no tengo con qué hacerlas. Necesito herramientas para trabajar, yo sé cocinar, sé trabajar, ahorita no tengo nada, solo con la ayuda de mi padre y uno que otro vecino que me echa la mano es que puedo”, dijo la señora Paola.

La señora Paola pide ayuda, pues con su hija en la cárcel, su nieta embarazada y los otros tres menores, tiene que realizar diariamente gestiones legales que le permitan obtener la guardia y custodia de los cuatro niños y el bebé.

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“Me dicen sí te vamos a ayudar, no estás sola, pero a quien le piden de comer mis niños es a mí y sí estoy sola, la verdad estoy muy preocupada, la niña tiene 23 semanas, no sabemos cómo le vamos a hacer ahora que nazca el bebé, estoy muy desesperada hago un llamado a las autoridades porque lo único que han hecho es humillarme”, agregó.

Paola comenta que en cada tramite realizado se han vulnerado sus derechos y los de su nieta de 12 años embarazada, además de que culpa a las autoridades encargadas del caso de humillación y violación a sus derechos humanos.

Por esta razón, pide en primer lugar, ayuda para brindarles comida a sus cuatro nietos y el bisnieto que viene en camino, herramientas de cocina para comenzar a trabajar y artículos de bebé ya que no cuenta con los recursos necesarios.

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El subdirector de la escuela primaria federal Urbano Flores, Gerardo “N”, fue detenido este jueves por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, luego que se confirmó que la niña Valentina “N”, quien falleció el pasado 9 de junio, sufrió abuso sexual.

También se informó que la directora del plantel fue suspendida de sus funciones, de manera preventiva.

Valentina, de 11 años de edad, fue encontrada sin vida el pasado jueves 9 de junio en su casa, cuando la familia se alistaba para salir a la escuela. Los primeros reportes señalaron que la menor se quitó la vida, pero la autopsia confirmó que sufrió abuso sexual.

Posteriormente se dio a conocer que otra alumna de la misma escuela denunció que ambas habían sido víctimas de abuso por parte de un profesor, por lo cual intervino la fiscalía estatal.

Medios locales indicaron que padres de familia indicaron que ya no llevarán a sus hijos a esa escuela, ubicada en el municipio de Santillo.

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Valentina, de 11 años de edad, fue encontrada sin vida el pasado jueves 9 de junio en su casa, cuando la familia se alistaba para salir a la escuela. Los primeros reportes señalaron que la menor se quitó la vida, pero la autopsia confirmó que sufrió abuso sexual.

Posteriormente se dio a conocer que otra alumna de la misma escuela denunció que ambas habían sido víctimas de abuso por parte de un profesor, por lo cual intervino la fiscalía estatal.

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